Pilar de Lara, una magistrada menuda y de maneras suaves, llegó en
2007 al juzgado de instrucción número 1 de Lugo y encontró una causa de
la que nadie quería oír hablar. Trataba sobre un cabo de la Guardia
Civil que, a cambio de favores bajo las sábanas, ofrecía a prostitutas
brasileñas pasar por alto su situación irregular. De Lara, con 37 años
entonces, venía de bregar en un juzgado de Mieres con el narcotráfico y
casos como el de
Trashorras,
el exminero responsable de los explosivos del 11-M. Lugo parecía un
destino tranquilo, una melancólica capital de provincia con una pertinaz
lluvia desdibujando las murallas romanas.
De Lara interrogó a centenares de prostitutas, ordenó escuchas a sus
clientes y registró comisarías. Levantando piedras, encontró un trazo
escalofriante: una red de corrupción que desde los burdeles se extendía
por la columna vertebral de Galicia como un sarcoma. La juez averiguó
que mandos policiales hacían la vista gorda ante los abusos del
proxeneta del Queen’s (los fundamentos del llamado
caso Carioca);
y desde ese mismo prostíbulo dio con una pandilla de empresarios que,
sabiendo que jugaban en terreno seguro, se vanagloriaban de tener
alcaldes a sueldo para conseguirles contratos y favores (la
Operación Pokémon).
Las pesquisas de De Lara están extendiéndose ahora a Asturias y
Cataluña (Operación Manga). En total, más de un centenar de imputados
por delitos de trata, abusos sexuales, tráfico de drogas, blanqueo,
malversación, sobornos… Algunos de la talla de los
alcaldes de Lugo,
Santiago y
Ourense o el
jefe de Policía Municipal de esta última localidad.
El premio a la osadía de esta juez ha sido vivir aislada y rodeada de
imputados que le han declarado la guerra. Amenazas, ataques políticos y
confabulaciones policiales se han sucedido para intentar que De Lara
abandone la ciudad.
El patrón suele repetirse: un juez recién llegado empieza a escarbar
en lugares en los que no pasaba nada porque nadie removía nada. Pero
resulta que sí había algo. Entonces el togado se convierte en el
enemigo. Los más expuestos a estas presiones del entorno son magistrados
de base que trabajan apoyándose en pocos medios y muchas tripas. Jueces
que no responden a un perfil ideológico y que pueden ser tanto
veteranos como bisoños. Individuos aislados que, cada uno desde su
rincón del mundo, están poniendo al descubierto la corrupción que inunda
todos los estamentos de un país: de sus burdeles a sus palacios.
Más detalles sobre cómo se llega a tener una ciudad en contra. El
acoso empezó por las prostitutas que declararon ante la juez. Mensajes
de matones: “Márchate de Lugo o la poli irá a por ti”. De Lara,
implicada con las mujeres hasta el punto de avalarlas a la hora de
encontrar empleo o residencia, se esforzó para que ninguna se echara
atrás. Luego las amenazas llegaron a ella y a su hija. Con la policía
tampoco puede trabajar después de haber imputado a parte de su cúpula;
por eso se apoya en la Guardia Civil de fuera de la provincia. Un agente
confesó que le habían ofrecido 22.000 euros por demandar a la juez, y
los foros policiales de Internet están llenos de insultos hacia De Lara y
la otra magistrada decidida a limpiar Galicia, Estela San José,
responsable de la Operación Campeón y a la que la presión sobre su vida
privada ha llevado a un traumático divorcio y a querellas contra
agentes. Incluso la Confederación Española de Policía denunció manejos
para presionar a De Lara y boicotear su investigación. Los políticos
tampoco se han quedado cortos al acusarla de contemporizar con la
intención de que las imputaciones más sonadas coincidan con citas
electorales. El PSG se agarra a la única mácula que presenta el
historial de independencia de De Lara: su matrimonio con Roberto
Menéndez Mato, miembro del PP local, al que conoció en Asturias. En la
Audiencia provincial a la juez tampoco le sobran aliados. Las presiones
han sido tan acusadas que en 2011 un grupo de ciudadanos de Lugo
(incluidos simpatizantes del 15-M e IU poco sospechosos de connivencias
con el PP) organizaron una manifestación en apoyo de De Lara y San José.
Para no dejar flancos expuestos, la juez se ha construido una vida
monacal: ida y vuelta de casa al trabajo en sesiones hasta la madrugada,
aunque tenga la gripe A o por la fatiga llegue a desvanecerse. La
prensa local la vigila hasta el punto de señalar que abusa del Red Bull
en sus jornadas maratonianas. A ella esas intromisiones le molestan. En
parte porque lo que de verdad le gusta es el té y en parte porque rehúye
a los medios. Las únicas declaraciones que se le conocen se encuentran
en un reportaje en el que pedía más medios para los juzgados. Hay quien
sospecha que esa falta de recursos no es casual y que no hay demasiado
interés en equiparla para investigar. En su juzgado se ha visto a
funcionarios adelantar el dinero del tóner de las impresoras, en gran
medida porque es una mujer cuya dedicación se aprecia. En su círculo de
fieles, aparte de su amiga San José, destacan dos agentes de la Guardia
Civil y una secretaria judicial. Ellos son su escudo contra la presión.
Porque la presión es la clave. “El miedo social hace que algunos
jueces prefieran dedicarse a perseguir solo delitos de perfil más bajo.
Eso genera una forma de corrupción”. Lo dijo en una conferencia en 2008
Miguel Ángel Torres, instructor del
caso Malaya,
la mayor operación contra la corrupción en España. Torres ahora dirige
procesos rutinarios en un juzgado de Granada. El magistrado ha confesado
a sus íntimos haberse sentido solo durante fases de la Malaya en las
que se le señalaba a él como el enemigo en lugar de a los saqueadores de
Marbella. Torres, un hombre impenetrable, siente que los jueces,
fiscales y policías que investigan a personalidades con contactos se
encuentran desprotegidos por el Estado ante la presión ambiental. Según
quienes le conocen, es especialmente crítico con el Consejo General del
Poder Judicial (CGPJ) y las instancias judiciales cercanas al poder
político.
A mayor contenido político, más presión. Y no solo proveniente de los
implicados. Lo sabe Josep Maria Pijuan, instructor del caso Palau, el
expolio de una de las mayores instituciones culturales de Cataluña a
manos de su gestor, Félix Millet. Algunos medios revelaron que Pijuan,
al poco tiempo de ser nombrado instructor del caso, recibió subvenciones
de la Generalitat a través de una fundación que dirigía. La información
sembraba la sospecha de que el dinero sirviera para que el magistrado
no investigara con demasiado brío, pero los hechos no han sustentado
este temor. Los indicios sobre la vertiente política del caso —el pago
de comisiones de Ferrovial a Convergència a través del Palau— se han
asentado durante la instrucción de Pijuan, que ha impuesto una fianza de
3,2 millones al partido dominante en Cataluña.
El caso de este juez es peculiar: no llegó y se encontró una
sorpresa, sino que fue a buscarla. Pijuan, un hombre de 60 años que se
dice abiertamente de izquierdas y muy catalanista, llevaba una
existencia plácida en la Audiencia Provincial de Barcelona, pero pidió
la plaza en cuanto quedó vacante el juzgado 30, el que investiga el
saqueo del Palau. Su vuelta a las trincheras en 2011 ha impulsado la
investigación después de que su antecesor, Juli Solaz, fuera criticado
por su lentitud. Pijuan es dueño de una fuerte personalidad, pero exhibe
un carácter abierto que en alguna ocasión le ha generado problemas por
su franqueza ante los micrófonos. Su temperamento incisivo (hay quien
dice inquisitorial) en los interrogatorios también es célebre.
Es, en definitiva, un hombre que se enfrenta al trabajo con el aplomo
de quien ha lidiado años con temas muy políticos. Y que volvió porque
le gusta estar en la punta de lanza contra la corrupción, insistiendo en
la necesidad de crear un equipo de especialistas que trabajen
conjuntamente y alejados de la figura del juez estrella.
Son propuestas que llegan en un momento en que la misma figura del
juez instructor pende de un hilo. Alberto Ruiz Gallardón, ministro de
Justicia, ha dado los primeros pasos para
reformar la Ley de Enjuiciamiento Criminal
y que pase a ser el fiscal —teóricamente independiente, pero en la
práctica nombrado por el Gobierno— quien dirija la investigación. Buena
parte de la judicatura teme que el fiscal tenga aún más problemas para
plantarse ante el juego político. Jacobo Pin, joven instructor del caso
Fabra contra el presidente de la diputación de Castellón por cohecho,
tráfico de influencias y cuatro delitos fiscales, puede dar fe sobre lo
difícil que es sustraerse a esa supervisión.
Cuando llegó con 27 años al juzgado de Nules a bordo de su Jaguar,
muchos de los que seguían el caso Fabra con la esperanza de que el
sumario no se pudriera en un cajón torcieron el morro. El caso había
conocido ya ocho togados, todos de paso en el diminuto juzgado de Nules
hacia otros destinos. El presidente del PP de Castellón seguía en su
cargo mientras su poderoso equipo de abogados conseguía dilatar una
instrucción endemoniada en un clima de caciquismo asfixiante. Y Pin
tampoco parecía el héroe dispuesto a enfrentarse a esa maquinaria.
Miembro de una buena familia (un hermano diplomático y otro médico),
hijo de un conocido abogado de Castellón vinculado al PP, y nacido en la
localidad castellonense de Burriana, a 10 kilómetros de Nules, había
elegido el destino para no alejarse de casa. Solo tenía que darle salida
rápido al molesto dossier Fabra para disfrutar de una plácida vida de
recién casado.
Tras los primeros días quedó claro que, por mucho que hubiera trabajado con una ONG en Bolivia —según afirmó
al recoger un premio por su expediente académico,
su ambición es dedicarse a los derechos humanos— el juez no reunía los
atributos que se le suponen a un aventurero. Su estilo procesal era
seco, muy pegado a la letra. En sus autos e interrogatorios no resultaba
interpretativo ni especialmente arrojado. Pero poco a poco comenzó a
abrirse camino entre los tomos de la causa. Mostró diligencia al pedir
información a los bancos, activó resortes de la investigación
esclerotizados, aplicó con rigor los fundamentos jurídicos… Y empezó a
ganarse problemas, a desayunar con entrevistas en las que Fabra decía no
tener “ninguna manía al juez Jacobo Pin”, a sufrir movimientos
invasivos de Carlos Domínguez, presidente de la Audiencia de Castellón y
amigo del ya exdirigente del PP.
Hasta que soltó el bombazo. Pin hizo algo tan inaudito para el juez de un pueblecito, como es p
edir amparo al CGPJ contra sus superiores.
Es en ese escrito al órgano de dirección de los jueces donde se le
descubre una firmeza desconocida. No se aleja de los caminos en los que
se siente cómodo —todos los puntos los sostienen argumentos legales—,
pero sus conclusiones son apabullantes: desde Castellón están “tratando
de imponer indirectamente el sobreseimiento del presunto delito del
cohecho”, que Pin quería sumar a los que acumulaba Fabra. La petición de
Pin es clara: “Deje de perturbar mi independencia”. Contra lo
previsible, el CGPJ no archivó la petición de amparo y
el Tribunal Supremo ha ordenado que el político sea juzgado también por cohecho.
Son pequeños triunfos que los magistrados graban como muescas en la
culata de sus pistolas. El juez José Castro se ha anotado ya unas
cuantas. El instructor del
caso Palma Arena ha adelgazado en los últimos tiempos, pero no por las mismas razones que Iñaki Urdangarin, su imputado más famoso.
Por prescripción médica, Castro, de 67 años,
ha cambiado las motos de gran cilindrada por la bicicleta.
Viéndole pedalear los cinco kilómetros desde el juzgado a su adosado en
la playa, a este cordobés podría adivinársele una tranquila vida de
jubilado. Pero que nadie se llame a engaño: le siguen gustando las
emociones.
Abuelo separado y con novia, tiene un hijo abogado y otro procurador,
muy aficionados al deporte, como él. Dueño de un perrito yorkshire, por
ello Castro no deja de ser un lobo solitario que rehúye los actos en
grupo. No se deja ver mucho por los bares y restaurantes de Palma,
aunque le gusta tomar un café con todas las partes para limar asperezas
tras sus interminables interrogatorios. El cordobés es un personaje
cercano que se hace llamar Pepe y no deja que le traten de usted. Guarda
una buena relación con funcionarios y policías, quienes aprecian que no
se pierda un registro, sea en casa del expresidente de Baleares, Jaume
Matas, o en las chabolas de Son Banya. No está adscrito a ninguna
asociación de jueces, pero no le hace falta: Castro es una de esas raras
figuras de consenso que de vez en cuando surgen en una profesión rica
en puñaladas. Incluso los que no le aprecian por su vivo temperamento o
su carácter inquisitivo le respetan en función de una solvencia y
obsesión por la verdad que le ha ocasionado más de un disgusto. El más
reseñable quizá se lo dio su amigo el inspector José Gómez Navarro
Pepote, condenado a nueve años de prisión por extorsionar a la jefa de
un clan de la droga. Cuando el caso llegó a su juzgado, Castro se
inhibió para juzgar, pero testificó sin sentimentalismos. El proceso le
dejó profundamente herido, y no solo porque se sintiera traicionado: la
visión de cómo la corrupción era capaz de empapar cualquier corazón le
asqueó.
Todo un veterano en el último tramo de su carrera, Castro ahora solo
atiende el caso Urdangarin y cubre guardias. Conoce la Justicia desde su
base porque antes de acceder a la judicatura fue funcionario de
prisiones. Cumpliendo el patrón, cuando en 1990 se instaló en el juzgado
de instrucción 3 de Baleares, las islas eran un destino tranquilo.
Hasta que comenzó a emerger la corrupción, con Jaume Matas como
protagonista indiscutible. Los poderes políticos pronto intentaron
hacerle ver al juez quién mandaba. Pero él no se dio por enterado. La
lucha en torno al cacique de las islas fue encarnizada, con la Fiscalía
General del Estado volcada para evitar una imputación que se acabó
convirtiendo en ineludible.
De sus últimas pesquisas sobre una de las fuentes de enriquecimiento
ilegal de Matas, la construcción del velódromo Palma Arena, salió en una
fina labor de cruce de datos fiscales y cuentas la pieza separada que
lanzó el proceso de Urdangarin. Antes de imputar al duque, cuentan sus
próximos que se lo pensó mucho. Temía una tormenta ingobernable, pero
algo entre el sentido del deber y el gusanillo del reto le pudo. Sus
detractores dicen que ese gusanillo es toda una serpiente: el ego de un
hombre al que le gusta disparar al sol.
El respeto que Castro concita en propios y extraños le ha aislado de
presiones, aunque los medios de comunicación más conservadores se hayan
lanzado a investigar la compra de su casa sin demasiados resultados. A
pesar de su afabilidad, no concede entrevistas y no habla nunca de los
casos en que trabaja. Prefiere charlar de las alineaciones del Real
Madrid. Su medio de comunicación oficial son sus autos y sentencias,
auténticos eventos en las islas. En un tono llano pero cargado de
ironía, el magistrado se esfuerza porque el texto le resulte accesible
al ciudadano. Matas aún está digiriendo algunas de las estocadas que le
dejó en su auto de imputación: “Es claro que Matas ha venido a burlarse
de los simples mortales”.
Sus interrogatorios también son célebres. El juez se muestra
respetuoso, pero no admite componendas. Insiste hasta conseguir la
respuesta más precisa posible con un lenguaje directo. No tiembla ante
lances que otros considerarían temerarios. “Vamos a ver, señora”, se
plantó ante las evasivas de Ana María Tejeiro, mujer del socio de
Urdangarin, “lo digo para deshacer, porque dice usted: ‘no, hombre,
porque como [la infanta Cristina] era quien es’, pues da la impresión de
que doña Cristina no está imputada porque es quien es, y yo le digo que
me ayuden a imputarla, si es que se tiene que imputar ¿eh?, si es que
se tiene que imputar, para que no parezca que no lo está por ser quien
es ¿entiende?”.
Pero la temeridad no suele salir gratis. Lo sabe Baltasar Garzón,
juez que reunía todos los requisitos de la inexpugnabilidad: un puesto
en la Audiencia Nacional, proyección pública, prestigio internacional…
Nada de eso le evitó ser expulsado de la carrera judicial mientras
luchaba para desenmarañar la tupida trama Gürtel, un dolor de muelas
para el partido en el Gobierno. Su sucesor en el caso, Antonio Pedreira,
demostró que la salud entra igualmente en la apuesta por la justicia.
El juez sufre ahora en una cama, minado por la enfermedad.
Mercedes Alaya
sabe también cómo puede resentirse un cuerpo sometido a presión. Su
neuralgia del trigémino está relacionada con la tensión. La llamada
“enfermedad del suicidio” implica indescriptibles dolores en los ojos,
la mandíbula, y hasta el pelo, desencadenados por el mero roce del aire.
Hace cinco meses que, cada vez que
la juez de los ERE toca un papel, empieza a padecer.
A Alaya se la espera en Sevilla como una aparición mariana. “Los
médicos han dado con la tecla de su enfermedad”, aseguran en los
juzgados, pero el estado de salud preciso de la mujer que ha
revolucionado Andalucía con una investigación que persigue la corrupción
en cinco consejerías del Gobierno autonómico durante la última década
es tan enigmático como ella.
La enfermedad de Alaya, como su personalidad arrolladora, brillante y
ensimismada, plantea el debate de la unipersonalidad de las
instrucciones. Sin su ambición y paciencia, el caso nunca habría visto
la luz; ahora que la investigación parece tan pegada a ella como su
propia piel, parece inimaginable que salga adelante sin ella. Dos
habitaciones repletas de cajas de documentos marcados con post it
escritos a mano la esperan: un laberinto para cualquier sustituto.
Los fiscales desesperan por el parón y porque la forma personalista
en la que la juez ha dirigido una investigación descomunal y milimétrica
dificulta la transición. Alaya, probablemente porque lleva dos años
luchando contra la Junta, aseguradoras y bufetes muy preparados, no es
precisamente cooperativa. Se guarda en el cajón piezas que dosifica
según le parece oportuno. Los fiscales temen que esta política derive en
delaciones que tumben parte de la acusación, algo similar a lo que
ocurre en Galicia con la juez De Lara, a la que su exhaustividad la
lleva a abrir causas sin detenerse a cerrar ninguna.
El caso de esta sevillana es distinto al de la mayoría de colegas
retratados en este reportaje. A pesar de que no le falten los enemigos,
no es una juez mártir. Tiene el respaldo de la Audiencia provincial,
una página de fans en Facebook,
y la prensa la lleva en palmas en una comunidad en la que muchos
ciudadanos y poderes fácticos están quemados con las maneras del PSOE
tras 30 años de hegemonía. Alaya ejerce una innegable fascinación sobre
las cámaras. Coqueta, los días en los que sabe que será foco de las
miradas elige sus mejores modelos. Pero no hay nadie más lejos de ser
una mujer objeto. Ser madre del primero de sus cuatro hijos con apenas
20 años, y compatibilizarlo con las oposiciones y una exigente carrera,
cinceló su fuerte carácter.
Alaya siempre se ha movido entre la timidez y el pundonor. Se ha
debatido sobre si su imagen delicada la ha obligado a escenificar una
dureza extrema para hacerse respetar. La recusación de la Fiscalía en
2010 —rechazada por la Audiencia provincial— en la que se ponía en duda
su capacidad para juzgar el
caso Mercasevilla por su matrimonio
con un importante consultor que había auditado la empresa, la convirtió
en un animal herido. “Me genera pudor hablar de mi vida privada,
situación en la que creo que pocos jueces se han visto”, expuso en un
escrito. Que se cuestionara su validez profesional le produjo una
indeleble humillación.
Alaya se sabe escrutada. Es discreta y no se deja ver por Sevilla. Pero en su juzgado no admite otra ley que la suya. Sus
enfrentamientos a gritos con las partes han sido siempre sonados; por eso causó tanto estupor como admiración
la estrategia que desarrolló en el interrogatorio del ex director general de Trabajo Javier Guerrero.
Aquel día la conversación se desarrolló entre sonrisas y mohines a
Guerrero, un personaje al que le encanta encantar. La juez dejó al
interrogado sentirse a gusto y, entre chistes y requiebros, le hizo
desembuchar toda la información que le implicaba en la trama
fraudulenta. Cuando Alaya le entregó la imputación, las sonrisas se
helaron.
La sevillana es un buen ejemplo del resbaladizo terreno que pisan los
jueces que tienen en sus manos la moral de una ciudad. En determinadas
situaciones parece fácil llegar a sentir que, si no es uno mismo, nadie
será capaz de limpiar un horizonte emponzoñado. Una actitud que puede
interpretarse como mesiánica, pero sustentada por una verdad. ¿Quién más
estará dispuesto a recibir llamadas de personas importantes sugiriendo
que es momento de frenarse? ¿Quién aceptará abrir el periódico para
encontrar comentarios sobre su menú de batalla? Probablemente solo
alguien que entienda que el premio merece la pena: pararse ante el
silencio de un imputado, mirarle a los ojos y entender que hay que
seguir adelante. Porque detrás hay una mentira.
Con información de Silvia R. Pontevedra, Fernando J. Pérez, Jesús García, Andreu Manresa y Javier Martín-Arroyo.
FUENTE: http://politica.elpais.com/politica/2013/03/01/actualidad/1362168012_862477.html
COMENTARIOS DE LA NOTICIA DE" EL PAIS" POR PARTE DE SUS LECTORES
Periodistas montando guardia para no levantar esas sábanas. Por otra
parte, es evidente que la casta esta corrompida y no seré yo quien la
defienda. Pero es imposible tanta corrupción sin que los periodistas
miren a otro lado.
que salga esto publicado en un periodico y que los politicos no actuen,
es porque estan hasta el cullo de mierda tambien. Que puta vergüenza. Y
no entiendo como pueden aguantar esta gente, estos jueces, creo que los
deberian mandar a tomar por c.................o a todo.
Bueno, pues esto si parecen ser brotes verdes.
¿Existe algún Dios en el periodismo? Por otro lado; ¿qué hay debajo de
las sábanas socialistas que no hubieran debajo de las populares, de las
de CiU, de UPyD, PNV, CC y etc...........
Y esto lo diga este periódico que tanto ha acusado a quien se ha
atrevido a mirar bajo las sábanas socialistas. Una pregúntala, ¿qué juez
perdió su toga por quitarle el pasaporte al Dios del periodismo?
Yo creo y defiendo que la JUSTICIA ayudará a todo pueblo que se precie
de serlo (sin mezquindades) en llevar a cabo loque es de rigor...; la
ley ha de marcar el rumbo.
Deberíamos "proteger con más ahínco" a nuestros más expuestos jueces.
Lo que se dice aquí, ún no siendo nuevo, la inmensa mayoría de la gente
se le pasa por alto porque ni siquiera se le pasa por la imaginación de
que pueda ser así. Deberíamos hacerles llegar nuestro cariño ciudadano y
nuestra fuerza como titulares civiles del Estado. YO creo que pocas
veces hemos hecho esto y ahora es posible que sea necesario. Saludos
generales.
Este es el país que tenemos, no nos engañemos, ¿por qué aquí no va
ningún pez gordo a la cárcel?. No hay nada que hacer. País podrido,
corrupto hasta las trancas, con periodistas, jueces, políticos y
sicarios a sueldo. El que no lo quiera ver, allá él.
..., ¿o de una sabina retorcida en la isla de El Hierro que añora la Palma de Cannes?
La justicia es la única que nos ayuda al pueblo español ante la
corrupción del gobierno PP monarquía....gracias a los jueces valientes
aún seguimos creyendo en ella
Pues eso, que tiene todos los elementos de una pelicula de Concha de Plata
A fin de conseguir que sus funcionarios sean personas responsables y
honradas, China ha establecido por todo el país centros de denuncia de
corrupción. “El objetivo es animar a la gente común a supervisar que las
labores del gobierno se efectúen de acuerdo con la ley, y proveer al
público de los medios para poner al descubierto los abusos de poder
cometidos por departamentos y funcionarios gubernamentales —explica la
revista China Reconstructs—. Cualquier habitante del país, sea chino o
extranjero, puede hacer constar su queja.” Se vio la necesidad de abrir
estos centros porque ciertos cambios recientes suministraron a los
funcionarios la oportunidad de participar en actividades corruptas y
delictivas de mayor envergadura. A los demandantes se les informa del
resultado del caso y sus nombres se mantienen secretos para evitar
venganzas. Se espera que estos centros ya estén establecidos en todas
las divisiones administrativas de la nación.
La lógica respuesta es: ¿quién le pone el cascabel al gato?
Estos Jueces honorables deberían denunciar, no sólo ante sus
superiores, sino también publicar los nombres de los mafiosos que los
están presionando.
Todos los jueces sobornables o intimidables no pueden dedicarse a otra
cosa, primero porque entonces quedarían muy pocos, y además porque no
hay otra cosa a qué dedicarse con 6 millones de parados.
Esta gente merece todo nuestro apoyo!! El artículo, además, es
EXCELENTE, muy bien escrito!! Maravilla leer de vez en cuando a un buen
periodista, y también felicitaciones a quienes aportaron todo los datos
que están incluidos!!
La Guardia Civil en la puerta de uno de los despachos que están siendo registrados. | J. Morón
