viernes, 28 de junio de 2013

"LOS INSACIABLES DEL GOBIERNO RAJOY SUBEN DE NUEVO LOS IMPUESTOS, HAY QUE DAR DE COMER A TODOS LOS VIVIDORES QUE HAY EN EL PASEBRE"



  • Soraya Sáenz de Santamaría y Cristóbal Montoro
    Subida de alcohol y tabaco
    Nuevo impuestazo este viernes
      NEGOCIOS.COM
    El Gobierno subirá los impuestos especiales sobre el alcohol y tabaco en el consejo de ministros de este viernes.
  • La subida de impuestos es prácticamente segura. Diarios como La Razón, cuyo director está muy vinculado al Ejecutivo, la dan por hecha. Se trataría del trigesimo primer aumento fiscal desde que Mariano Rajoy llegó al poder en diciembre de 2011.
    La subida de los especiales en el tabaco y el alcohol se cifrará, según el rotativo madrileño, en un aumento de casi cinco puntos para las bebidas (del 40,8% actual al 45%), y en los cigarrillos del 53,1% al 55% en el impuesto "ad valorem". Una subida considerable cuyos efectos podrán sentirse en la calle desde el próximo lunes.
    El ministerio de Hacienda venía ya desde hace semanas barajando un incremento en estos dos impuestos que, según Montoro, tienen externalidades negativas y, por lo tanto, son "socialmente aceptados". Al Gobierno no parece importarle el repunte que ha tenido durante el último año el tráfico ilegal de tabaco, motivado en gran parte por la voracidad fiscal de Hacienda.


  • COMENTARIOS DE LOS LECTORES DE " LA GACETA"


  • Los peperros son hijos de la mala madre y de padre desconocidos.
    Tiene más valor un perro vagabundo sarnoso que un Pepero.
    Que asko de Peperos, menos mal que sólo quedan cuatro gatos al agua.

  • otra vez lo mismo...
    montoro en la oposición: no hay que subir impuestos, ni directos ni indirectos, ni los del tabaco ni el alcohol, etc etc
    montoro en el gobierno: donde dije digo digo Diego, ahora hay que subir impuestos, directos e indirectos y también por supuesto los del alcohol y el tabaco.
    Cómo se puede ser tan ruín????
    a mí la verdad es que me da igual porque no fumo y el alcohol que bebo es muy muy de vez en cuando, pero no me gusta que engañen a la población de la manera que este gobierno está haciendo.

  • hay que subir mas esos dos impuestos, al menos al 85%, que hay que estar atendiendo en la sanidad a cientos de miles que contraen enfermedades voluntarias derivadas del tabaco y el alcohol.
    no hay derecho el gasto sanitario que tenemos que estar soportando porque hay millones de ciudadanos que quieren contraer enfermedades voluntariamnete.
    - cancer de pulmon
    - cancer de laringe
    - cirrosis hepatica
    - infartos de miocardio
    - trastornos psicologicos por consumo de estupefacientes
    etc. etc. etc.
    . . . . no se puede permitir que haya gente que voluntariamente contraiga enfermedades y sean cargadas a la espalda de los contribuyentes y en las partidas presupuestarias en el gasto de sanidad.
    ¡¡¡ ya está bien hombre ya esta bien¡¡¡
    ¡¡¡ que estamos hasta mas arriba del gorro ¡¡¡

  • Ya hay que ser inocente, por no decir otra cosa, para pensar que a estas alturas uno puede eludir a hacienda, tarde o temprano te van a pillar, y más siendo un personaje público que mueve tanto dinero, por otro lado hay que ser miserable para andar con estas artimañas ganando tanta pasta, parece que los valores de los que presumen tanto por el Barça no se los han enseñado a Messi.

  • Las subidas de este tipo de impuestos están bien siempre y cuando el dinero recaudado se sepa para q va a ir destinado, porque eso de subir los impuestos y no saber si es para la sanidad, la educación o para dar subvenciones a sindicatos y patronal, es una pasada...

  • "...trigésimo primer aumento fiscal desde que Mariano Rajoy llegó al poder en diciembre de 2011..."
    Seguro que esto también estaba en su programa...

  • . No , estaba en el de ZejaParo.

  • Por lo menos estaba... que ya es mucho...


  • . Eres penoso , defiendes al que ha dejado España arruinada para muchos años , que se puede esperar de ti.

  • Uiii no te equivoques... tu también parece ser que vas con la bola de cristal... no me he posicionado en ninguna ideología política... que tú me pongas, es tu problema...


  • FUENTE: http://www.intereconomia.com/noticias-negocios/claves/nuevo-impuestazo-viernes-20130627

jueves, 27 de junio de 2013

' LA MARAÑA POLITICA QUE A EMPOBRECIDO Y PODRIDO A ESPAÑA'



  • Estos son los responsables del desaguisado
    ¿culpables?
    Estos son los responsables del desaguisado
    X.H,E.C,D.V y D.S
    El cáncer nacionalista, la burbuja financiera, la politización de la Justicia y la ingeniería educativa. He ahí los factores de la crisis de España. Y todos esos factores tienen rostro visible.
  • Pujol: El Virrey desleal
    La afirmación “España nos roba” puede ser mantenida por jóvenes desinformados sobre la balanza fiscal real entre la autonomía y España; puede ser mantenida por los independentistas pero no por CiU. Sería tanto como decir que Jordi Pujol era tonto y se dejó engañar por socialistas y populares. La realidad es que hizo con ellos lo que quiso durante 23 años: rechazó el sistema de cupo vasco, obtuvo más competencias que ningún otro territorio descentralizado de Europa occidental, se llevó cuotas de impuestos estatales (IRPF), obligó a cerrar en falso asuntos de corrupción graves. Le dieron lo que pedía, siempre.
    España pensaba que Pujol quería ser Virrey y le dejaron. El Estado, el Ejército, la Guardia Civil se fueron de Cataluña, los altos cargos del Estado se decidían a propuesta de CiU.
    Sin embargo, ya jubilado todos descubrimos que era independentista y que el catalanismo moderado (que le hacía ganar elecciones con el voto de los burgueses que se sentían españoles) era solo una estrategia. Pujol siempre trabajó lo “identitario” para que con la ingeniería genética escolar; la lengua impuesta; y la política que implacable aplicaba el apartheid con los López, García Rodríguez y Martínez, el independentismo acabara imponiéndose. El sabía que no era el momento de salir al balcón de la Generalitat para proclamar el Estat català, pero soñaba con ello.
    El Virrey fue desleal con la Corona. El monarca tuvo algunas sospechas en los JJ OO de Barcelona’92, cuando los cachorros de CiU y algunos veteranos se propusieron usar esos Juegos, pagados por todos, para reivindicar el “Freedom for Catalonia”. A sus hijos les pillaron en la conspiración. Aquello pasó a una década del 23-F y el “Tranquilo Jordi, tranquilo”. La lealtad se podía poner en duda. No pasó nada y se impuso un renovado: “Vamos a entendernos, que es mejor”.
    La Corona tuvo mil y un detalles con Pujol y Cataluña. Hoy al Príncipe Felipe le abuchean en el Liceo. Oímos al ex presidente catalán un inapropiado “¡Pero qué coño es esto de la UDEF!” (cuando esa unidad policial investigaba a su familia); pero nadie le oyó un: “¡Pero que coño es esta falta de educación!
    Todos los mecanismos sociales de control del pujolismo, alentados por medios de comunicación con libro de estilo que prohibían usar la palabra España, el predominio cultural y político del entorno nacionalista siguieron funcionando como un reloj.
    Incluso el Tripartito de izquierdas de Maragall los mantuvo de la A a la Z. Eso sí, 33 años alimentado por con dinero de los impuestos de todos los catalanes. También de los que se sienten españoles. Al final, un día se quitó la máscara y todo aquello del catalanismo y la descentralización se demostró una estrategia. Apareció un Pujol con piel de lobo. Pujol pasaba a jalear un eslogan que caló en la sociedad catalana, a pesar de estar construido sobre mentiras: “Si no nos quieren, nos vamos”. Esa es la receta de Convergència a la crisis y sus duros ajustes.
    Los estómagos agradecidos que le nombraban “Español del Año” en Madrid deben tener hoy tremendas diarreas. El Virrey les engañó. Su entorno familiar no engañaba a nadie. Su esposa y sus hijos practicaban al modo coránico la doctrina del “els nostres” (los nuestros), frente a los otros catalanes (cuando convenía) o los “xarnegos”, las más de la veces.
    Ese sentimiento de superioridad, de pueblo elegido, es absurda en Cataluña que tiene la mitad de su población hija de otras tierras de España. Y los aburguesados convergentes sacaron del ropero ideas con naftalina xenófoba para repartir entre los jóvenes, como por ejemplo: “Si nos les gusta que se vayan” o “¡Mas President, Catalunya independent!
    ¿Quién les recuerda a esos jóvenes que Cataluña se autogobierna desde aquel Estatut de 1979? ¿Pujol y Convergència no tienen responsabilidades en la deuda actual de Cataluña, o en el desempleo o en la pérdida de peso económico en el conjunto de España?. Ni Felipe González, ni José María Aznar lo hicieron, ni creo que esté en los planes de Mariano Rajoy.
    Rubalcaba: El cerebro de la deseducación 
    Se le recuerda, sobre todo, por haber sido el émulo del tenebroso Fouché del aparato policial, y su función de escabel –en la sombra– para que Zapatero pudiera llegar al poder tras el 11-M. Se le recuerda por haberse convertido en el alter ego del zapaterismo, inmolándose por el Partido en el periodo más bochornoso del socialismo español. Y por no haber ofrecido ninguna explicación sobre el caso Faisán, por el chivatazo a ETA. Se le recuerda, en fin, por los escándalos de corrupción y guerra sucia: era el portavos de González, que tenía que dar la cara cuando los casos GAL, Roldán, los fondos reservados o Filesa.
    Pero este histórico de la vieja guardia, que lleva en el PSOE desde el año de Suresnes (1974), ha tenido un papel de mucho más calado, aunque menos ruidoso y evidente, como factor de la crisis que atraviesa España.
    Doctor en Química, hombre procedente de la Universidad, Alfredo Pérez Rubalcaba (Solares, Cantabria, 1951) ha sido el responsable último de la mayor transformación que ha sufrido el país en las últimas décadas: la de las cabezas de los jóvenes escolares.
    Cuando la izquierda conquistó el poder, en 1982, por primera vez desde la II República, tenía claro que sólo podía aspirar a conservarlo, controlando el poder judicial por un lado, y haciéndose con el timón de la educación por otro. De lo primero se encargaron con la Ley Orgánica del Poder Judicial. De lo segundo, poniendo en marcha una serie de leyes escolares que equivalía a sustituir los conocimientos por consignas ideológicas. Esas leyes se han convertido en manos de los socialistas en una máquina de practicar ingeniería social, con la que han podido disponer a su antojo de las cabecitas de los españoles.
    La labor que inició el ministerio de José María Maravall, en los años 80, fue culminada por Rubalcaba en los 90. Primero con la LODE, después la LOGSE, la educación pasó a estar politizada, con el caballo de Troya de los consejos escolares. El colofón, ya en el nuevo siglo, y con el zapaterismo sería la LOE, que incluía Educación para la Ciudadanía, una asignatura que tal y como el PSOE la planteaba suponía romper con la neutralidad ideológica del Estado entrando como un elefante en una cacharrería en una esfera que no le correspondía: el derecho de los padres.
    Los informes PISA han demostrado que esas leyes no sólo han operado como gigantescos sistemas de manipulación, sino que se han saldado en fracaso escolar, en que más del 30% de los alumnos no consigan terminar los estudios obligatorios; y en que los jóvenes españoles sean los peores preparados de todos los países de la OCDE. Lo que combinado con una cifras de desempleo del 50% condena a la juventud a un callejón sin salida.
    Todo ello es atribuible, en buena medida, a Rubalcaba, que –no se olvide– ocupó su primer cargo público como director general de Enseñanza Universitaria en 1985. Después, ocupó la Secretaría General de Educación y en 1992 se convirtió en ministro del ramo.
    El fue quien promovió la Ley de Reforma Universitaria (LRU), la Ley Orgánica de Ordenación del Sistema Educativo (LOSE) y la Ley de Ordenación General del Sistema Educativo (LOGSE) En 1996 sumó al Ministerio de Educación el cargo de ministro de la Presidencia y el de portavoz del Gobierno. Es decir, escaló al número dos del Gobierno, con Felipe González, pero no soltó la cartera de Educación.
    Los socialistas contaron con un equipo de ideológicos y especialistas en educación para culminar su proyecto de ingeniería social. Desde el sociólogo Mariano Fernández Enguita hasta Álvaro Marchesi (que fue secretario de Estado de Educación), pasando por Alejandro Tiana (secretario general de Educación con Zapatero). Pero no hay que olvidar que el gran muñidor fue Rubalcaba.
    El actual líder del PSOE ha sido el cancerbero del Partido, primero mediante la Policía educativa (la Logse); y luego administrando el ventilador de la mierda (la Policía Judicial). Y sin dejar huellas, que para eso es químico, como recordaba en una columna un histórico del PSOE, Pablo Castellano.n
    Mafo: Cuando la (mea) culpa la tienen los demás
    Miguel Ángel Fernández Ordoñez, MAFO. Esta última denominación es un compendio de las iniciales de nombre y apellidos y dicen que no le gusta que así se le llame.
    Pero más allá de esto, Ordóñez, hermano menor del que fuera el ministro de Exteriores más conocido de España, pasará a la historia como el gran correponsable de todo. Corresponsable de todo lo malo que le ha ocurrido a la estructura económico-financiera de nuestro país (por acción y por omisión). Ni siquiera Salgado se ha llevado tan mala prensa como Ordóñez y eso que su corresponsabilidad ha sido incluso mayor, pero hay quien sabe esquivar a la opinión pública y quien la alimenta a base de frases épicas, como es el caso de MAFO.
    Su responsabilidad se podría simplificar en que la gestión de MAFO como gobernador del Banco de España, siempre ha ido un paso por detrás de todo lo que ha ocurrido en el sistema financiero español. Un paso por detrás, aún teniendo las herramientas, la capacidad, el mandato y, sobre todo, el conocimiento de que debía, de que tenía que ir un paso por delante para haber evitado lo que hoy padece el sistema y, por ende, la economía española. Porque, si todo se sabía, ¿por qué nuestro país ha vivido un proceso por el que hemos pasado de tener un sistema “bien gestionado, regulado y supervisado“ (Ordóñez, dixit) a tener que pedir un rescate a Europa de 100.000 millones –para usar 40.000–?
    Tras una fructífera carrera política en los Gobiernos socialistas de González primero y Zapatero después, en 2006 es propuesto y designado, con la oposición frontal del PP, máximo responsable del regulador financiero de nuestro país. Para entonces, ni se sabía de las subprime, ni de Lehman ni mucho menos se ponía en duda nuestro envidiable sistema financiero.
    Pero la realidad no se hizo esperar y en 2009 el Banco de España intervino Caja Castilla-La Mancha (CCM). Lo que ocurría en CCM no era sino el reflejo de lo que ocurría en las 2/3 partes del sistema financiero español –exceptuando los bancos y alguna caja–: politización, nula gestión y descontrol del riesgo: sobre lo primero poco quiso hacer Ordóñez cuando su jefe Zapatero se paseaba por medio mundo presumiendo de estar en Champions y de tener el sistema bancario más solvente del planeta.
    Sobre lo segundo y tercero, pudo hacer todo, pero nada hizo hasta que no quedaba más remedio que intervenir. Lo mismo consintió con la otra caja rescatada, CAM (Caja de ahorros del Mediterráneo). Tutelada y animada por el supervisor a integrarse en una de las llamadas fusiones frías, finalmente tuvo que ser intervenida ante la escandalosa situación de su balance.
    Pero el colofón a su gestión se focaliza en Bankia, cuya judicialización proviene de aquellos polvos: fue el Banco de España el que forzó la fusión Caja Madrid-Bancaja, fue el regulador bancario el que insistió en la necesidad de sacar a bolsa la entidad y fue la misma autoridad central, gobernada por Fernández Ordóñez, la que permitió, consintió y miró para otro lado en el espectáculo de las preferentes. Esta actuación sobre Bankia ha acabado generando pérdidas para los ahorradores, inversores y ciudadanos.
    Ordóñez tiene el dudoso honor de haber sido de los pocos en este país que ha logrado concentrar una posición común sobre su persona: desde los sindicatos y su propio partido, el PSOE, hasta la oposición, pasando por el sector financiero y empresarial, han pedido en algún momento su cabeza, su salida, su silencio o su inhibición. Todos recordarán cuando el secretario de UGT en Madrid le invitó a “irse a su puta casa” por no ser consciente “de quién le ha puesto ahí y a quién se debe”... tanto, que MAFO escenificó una de las gestiones más politizadas que se recuerden en el Banco de España.
    Pero como decían en una película de Oliver Stone (Platoon), aunque de una forma más soez, “las excusas son como el trasero, todo el mundo tiene uno” y MAFO también tiene una excusa –o podría tenerla–. Nuestro país y su sistema financiero jamás se habían enfrentado a una crisis internacional de tales dimensiones y a él le tocó lidiar con una estructura y un entorno que hacía de España el país más bancarizado del mundo, alimentado y engordado en mandatos anteriores al suyo. La excusa de Miguel Angel Fernández Ordóñez se llamaba Jaime Caruana.
    Sala: Blanqueador de ETA
    El Tribunal Constitucional acumula en su historial sonoros atropellos contra el derecho, desde el plácet a la cacicada felipista contra Rumasa hasta el espectáculo de pasteleo partidista que ofreció los tres años que invirtió en avalar la mayor parte del Estatut. No le fue a la zaga el que consumó en la pasada legislatura, al blanquear a los cachorros del terrorismo para que se presentaran a las elecciones locales y autonómicas y llegaran a las instituciones.
    La persona decisiva, por su voto de calidad, para inclinar la balanza del lado de los proetarras fue el presidente Pascual Sala. Ahora se va, después de haber presidido el TC durante dos años, dejando un “regalito”, un varapalo a las universidades católicas: empleó su voto de calidad para imponer una sentencia que minusvalora los acuerdos del Estado con la Santa Sede. En los votos particulares, seis magistrados del TC afirman que el trato diferenciado que el legislador dio a la Iglesia Católica para la creación de sus propias universidades está justificado por el "singular estatus internacional de la Iglesia, del que carece cualquier otra confesión religiosa", y porque "la Iglesia fue la creadora de las primeras universidades y de las que mantienen el máximo prestigio en la actualidad”.
    Pero Sala parece haberse enrocado en su sectarismo hasta el final. Como al principio. El hasta ahora presidente del Constitucional lo fue antes del Supremo y del Consejo del Poder Judicial en los años de plomo del tardofelipismo (1990-96), cuando la corrupción y el crimen de Estado señoreaban la vida pública española.
    Y Sala era una de las autoridades máximas, haciéndole el juego a los intereses del Gobierno socialista y echando paletadas de tierra sobre la tumba de Montesquieu.
    En la España de los últimos veinte años se ha creado una burbuja financiera y una burbuja nacionalista, pero desde que el PSOE de González y Guerra llegó al poder en 1982, ya existía una burbuja judicial, consistente en acabar con la división de poderes, politizar a los jueces y disponer de un Fiscal General del Gobierno (no del Estado) para blindarse ante la Justicia.
    El primer paso de la burbuja fue la Ley Orgánica del Poder Judicial de 1985 que convertía al órgano de gobierno de los jueces en un calco de las mayorías parlamentarias. Posteriormente, la inacción de los distintos Fiscales Generales, que nada más acceder al cargo se ponía una venda ante los escándalos de corrupción del Gobierno. Y por fin, la complicidad de Sala, máxima autoridad judicial como presidente del Supremo.
    Licenciado en Derecho por la Universidad de Valencia, Pascual Sala (Valencia, 1935) era experto en Derecho Administrativo. Durante el Franquismo formó parte de Justicia Democrática, y en la Transición, fue miembro de la asociación profesional Jueces para la Democracia. Ingresó en la carrera judicial en 1962 y accedió por oposición al puesto de magistrado de la jurisdicción contencioso-administrativa, labor que desarrolló entre 1972 y 1982.
    Fue un jurista del PSOE como se demostró tan pronto como Felipe González llegó a la Moncloa, en 1982: fue nombrado consejero del Tribunal de Cuentas a propuesta del Partido Socialista. Cuatro años después se convirtió en magistrado de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo y en 1988 fue elegido presidente del Tribunal de Cuentas por los miembros de dicho tribunal.
    Pascual Sala negó que Felipe González declarara por los GAL y permitió la liberación de la Mesa de Herri Batasuna desautorizando al Supremo. Llegó a ser calificado como “lord protector del crimen”. Eso en los años de la guerra sucia. Casi veinte años después, siendo presidente del Constitucional, apoyó (junto con Gay y Pérez Vera) la excarcelación del asesino Troitiño, autor de 22 asesinatos, por los que había sido condenado a más de 2.700 años de prisión.
    Es decir, por un lado evitó que un presidente fuera interrogado por la guerra sucia, y por otro, permitió que se riera de las víctimas un sanguinario terrorista. La culminación de esta carrera fue la bendición de las marcas proetarras. Tal y como temían las víctimas del terrorismo el Constitucional terminó cumpliendo la función de agente blanqueador de las listas que parece haberle tocado en suerte en el guión del cambio de cromos con ETA.
    De nada sirvió que el Supremo hubiera dejado claro que las candidaturas eran “testaferros de Batasuna”. Es preciso dar la razón a Esperanza Aguirre, que venía a recordar que el Constitucional no puede convertirse en un Tribunal Supremo del Tribunal Supremo.
    La baza que le ha dado fuelle a una banda de gángsters durante 40 años ha sido la coartada política. Sin la complicidad de los nacionalistas y la presencia que han ido teniendo los acólitos del crimen en las instituciones, camuflados en formaciones políticas, ETA se hubiera extinguido hace décadas. Bildu fue otro intento por aferrarse a ese tablón ante el naufragio de una banda más débil que nunca. Fiel al guión de la falsa paz de ETA, urdido por Zapatero, el TC presidido por Sala permitió que los terroristas se burlaran del Estado de derecho y tomaran aire, poniendo el pie en los ayuntamientos y chupando del erario público. Eso sí, no matan. Pero tampoco han entregado las armas.
FUENTE:http://www.intereconomia.com/noticias-gaceta/politica/son-los-responsables-desaguisado-20130626

LA CORRUPCION INCESANTE EN ESPAÑA DESDE LA DEMOCRACIA ( CORRUPCRACIA)



Franquismo (1939-1975)

Durante la posguerra, España sufrió un hundimiento de la producción agrícola e industrial, adquiriendo una gran importancia el mercado negro, llamado estraperlo en recuerdo de aquel famoso escándalo. La corrupción económica fue un rasgo básico de la dictadura franquista, y estuvo muy extendida y la implicación política en la misma, hasta los máximos niveles, fue absoluta. En algunos casos por la propia participación directa de altos cargos, en otros, por la protección que los estraperlistas recibieron desde el poder. Todo ello en medio de una total impunidad. Las repercusiones de la corrupción fueron socialmente muy graves. Para los corruptos supuso un rápido enriquecimiento, mientras que para la mayor parte de la población implicó privaciones, carestía, hambre y miseria.
  • Caso Barcelona Traction: fue un plan político urdido con objeto de que Juan March Ordinas, cuyo apoyo fue determinante para afianzar la causa nacional en los primeros momentos de la Guerra Civil Española, se apropiara de Barcelona Traction Light & Power Co. Ltd. (conocida históricamente como La Canadiense) como retribución. El 12 de febrero de 1948 tres accionistas de la Canadiense presentaron contra la empresa en los Juzgados de Reus una demanda que prosperó. March constituyó en 1951 las Fuerzas Eléctricas de Cataluña y aprovechó la quiebra de la Barcelona Traction para adquirir los activos de ésta por una ínfima fracción de su valor real. El caso llegó a elevarse a la Corte Internacional de La Haya, cerrándose el 5 de febrero de 1970, pero March quedó ante la opinión pública nacional como uno de los mayores contrabandistas del país y el último pirata del mediterráneo (sic) según la prensa extranjera.
  • Estraperlo: bajo este nombre se conoce el contrabando dirigido desde las mismas insitutciones del Estado, así como la venta ilícita de las licencias de importación y exportación, de gran importancia en un régimen mercantilista y autárquico. Se destacó el Ministro de Comercio Manuel Arburua, que "empezó de botones y ahora es archimillonario" según el propio Caudillo.
  • La agenda Rivara: tras casi dos décadas de autarquía e hiperproteccionismo, los proyectos de liberalización económica hicieron temer a las grandes fortunas, que colocaron clandestinamente más de 70.000 millones de pesetas de la época en cuentas secretas de la banca suiza. Por una casualidad, en diciembre de 1958, el enlace suizo George Laurent Rivara fue detenido con una agenda que contenía los nombre de sus clientes españoles y el montante de sus operaciones. Tras ser parcialmente expurgada, la agenda quedó reducida a 872 nombres.
  • Caso de Manufacturas metálicas madrileñas: la quiebra de esta empresa, dedicada a la manufactura de cacerolas de aluminio, provocó un escándalo que implicaba por mala gestión a un hermano del Caudillo, Nicolás Franco, uno de los principales accionistas de la empresa. El gobierno impidió el proceso judicial, y resolvió la quiebra "en familia".
  • Caso Matesa: la quiebra de Maquinaria Textil del Norte de España S.A. dejó una deuda de más de 10.000 millones de pesetas con un banco público, el Banco de Crédito Industrial,, y abrió una crisis gubernamental sin precedentes en el franquismo, debido a una campaña de prensa propiciada por la ley de Prensa de 1966 y atizada por la enemistad entre las familias del Régimen, en especial falangistas y tecnócratas. La comisión de investigación de las Cortes elaboró un informe con conclusiones muy duras para tres ex ministros y un cuarto en activo.
  • Sofico: esta inmobiliaria fue creada en 1962 con objeto de construir apartamentos en la Costa de Sol, en especial en Estepona. Suspendió pagos en 1974 tras haber realizado ventas y participaciones de capital por valor de 13.000 millones de pesetas, dejando en la estacada a 4.000 empleados y 25.000 inversores. Ya en la democracia, en 1981, se declaró oficialmente que la quiebra fue una estafa y un fraude de ley.
  • También tuvo gran importancia la corrupción urbanística y el llamado chabolismo vertical.

Periodo democrático

La Transición Española: los gobiernos de Adolfo Suárez González y Leopoldo Calvo-Sotelo Bustelo (1976-1982)

  • Caso del aceite de colza: venta fraudulenta de aceite adulterado, que provocó el envenenamiento de 60.000 españoles y la muerte de 700.
  • Caso Fidecaya: un agujero en esta entidad de ahorro creada en 1952 e intervenida en 1980, con 250.000 afectados y una presunta estafa de 1.800 millones de pesetas. El Gobierno forzó una liquidación que el Tribunal de Cuentas consideró irregular. El déficit patrimonial de la empresa fue estimado provisionalmente en más de 7.000 millones de pesetas, la mitad de los ahorros depositados en ella, que fueron garantizado sen un 90% por el Estado. El propietario, Edmundo Alfaro, fue procesado por estafa, y Fidecaya comprada por Rumasa, ante la oposición del Gobierno. El caso fue archivado a petición de la Fiscalía en 1989.8

Gobierno de Felipe González Márquez (1982-1996)

Durante los últimos años del gobierno de Felipe González (especialmente en la IV y V Legislaturas de España), se sucedieron diversos escándalos de corrupción:
  • Caso Flick: trama española de un gran caso de financiación ilegal de partidos y evasión de impuestos en la RFA, por parte del multimillonario ultraderechista Friedrich Karl Flick. La Fundación Friedrich Ebert, próxima al SPD, destinó donaciones de Flick por valor de millón de marcos para financiar al PSOE.9
  • Caso KIO: suspensión de pagos por valor de 300.000 millones de pesetas (1.803 millones de euros). El gerente de esta sociedad en España, Javier de la Rosa, y sus colaboradores habrían robado, según la acusación particular, 30.000 millones de pesetas (180 millones de euros).10
  • Caso de los fondos reservados: desvío de partidas destinadas a la lucha contra el terrorismo y el narcotráfico por valor de 5 millones de euros entre los años 1987 y 1993 para uso privado, enriquecimiento personal y pago de sobresueldos y gratificaciones a siete altos funcionarios del ministerio del Interior.12
  • Caso Rumasa: expropiación, venta y liquidación de este holding en una operación que supuso su quiebra total, debido a las irregularidades en su gestión por parte de la familia Ruiz-Mateos.13
  • Caso Filesa: financiación ilegal del PSOE a través de las empresas tapadera Filesa, Malesa y Time-Export, que entre 1988 y 1990 cobraron importantes cantidades de dinero en concepto de estudios de asesoramiento para destacados bancos y empresas de primera línea que nunca llegaron a realizarse. Entre las personas vinculadas a estas operaciones se encontraban el diputado socialista por Barcelona, Carlos Navarro, y el responsable de finanzas del PSOE, Guillermo Galeote.14 Posteriormente fue desglosado en:
    • Caso Ave, cohecho y falsedad en relación con las supuestas comisiones ilegales obtenidas por la adjudicación del proyecto del tren de alta velocidad Madrid-Sevilla;15 a su vez desglosado en:
      • Caso Seat: pago de 175 millones de pesetas por parte del SEAT al PSOE, para la recalificación irregular de terrenos de SEAT, con el objetivo de financiar ilegalmente al PSOE. Aunque en la Sentencia consideró probados los hechos, abosolvió a los acusados por haber prescrito el delito.16
      • Otros 3 sumarios.
  • Caso Osakidetza: en las oposiciones al Servicio Vasco de Salud de 1990 se detectó un "cambiazo" masivo de exámenes que obligó a repetir gran parte de las pruebas, a las que se habían presentado cerca de 50.000 aspirantes. Por su presunta relación con este caso fueron detenidos Pedro Pérez, director de gestión económica de Osakidetza, y otras tres personas militantes del PSOE, acusadas de fraude con objeto de beneficiar a miembros del PSOE y UGT e instalar un grupo de personas afines en posiciones de responsabilidad.17
  • Caso Cesid: escuchas ilegales practicadas por los servicios secretos españoles en la sede de Herri Batasuna en Vitoria.18
  • Operación Mengele: presunto secuestro y expermientación ilegal con tres mendigos, uno de los cuales murió, por parte del Cesid y el cardiólogo Diego Figuera, con objeto de probar un sedante que debía administrarse al dirigente etarra Josu Urrutikoetxea Bengoetxea, al que se planeaba secuestrar. La causa procesal, instruida por el juez Garzón, fue sobreseída en 1999 a petición de la Fiscalía General.19
  • Caso Guerra: condena de Juan Guerra, hermano del vicepresidente Alfonso Guerra, por los delitos de cohecho, fraude fiscal, tráfico de influencias, prevaricación, malversación de fondos y usurpación de funciones.20
  • Caso Casinos: desvío de unos 3.000 millones de pesetas de la sociedad Casinos-Inverama por parte de su presidente, Artur Suqué, mil de los cuales habrían sido destinados a la financiación ilegal de Convergencia i Unió.21
  • Caso Ibercorp: especulación bursátil con valores bancarios por parte de Mariano Rubio, entonces gobernador del Banco de España.22
  • Caso Urbanor: una serie de irregularidades en las transacciones para la construcción de las famosas torres KIO, cuando la sociedad Urbanor vendió los terrenos de la Plaza Castilla de Madrid, al grupo kuwaití KIO. Reconociendo los hechos delictivos, el Tribunal Supremo absolvió a los acusados por las prescripción de los mismos. Sin embargo, la Audiendia de Madrid dictó en 2010 pena de cárcel, ratificada por el propio Supremo, por falsedad documental en su defensa.23
  • Caso Sarasola: gestión irregular por parte de este empresario guipuzcoano del Hipódromo de La Zarzuela y la concesión de la quiniela hípica; presuntos delitos de estafa y alzamiento de bienes en la Sociedad Española de Banca de Negocios.24
  • Caso Urralburu: una trama de prevaricación y cohecho por el cobro de comisiones ilegales en las obras públicas realizadas por el gobierno del presidente socialista de Navarra, Gabriel Urralburu, entre 1987 y 1991. Urralburu, fue procesado y condenado junto al ex consejero Antonio Aragón.25
  • Caso Bardellino: la liberación bajo fianza y huida del dirigente de la camorra napolitana Antonio Tonino Bardellino.26
  • Caso Godó: escuchas ilegales o espionaje telefónico realizadas en 1992 por ex agentes del CESID a personal del periódico La Vanguardia, por encargo del empresario Javier Godó, el cual fue finalmente exculpado. El informe policial acusaba al propio CESID de controlar la red.27
  • Caso BFP: en 1992 se descubrió un delito de estafa cometido a través de una red de pagarés de empresa falsos de BFP Gestión y Asesoramiento Financiero, por valor de 4.000 millones de pesetas. En 1994 fueron procesados y encarcelados Jordi Planasdemunt, alto cargo de CiU y director general del Institut Català de Finances, y otras 10 personas, entre ellas Salvador Forcadell, Caries Vila y Joan Basols.28
  • Caso Gran Tibidabo: causa contra el empresario Javier de la Rosa y otras siete personas, entre ellas Manuel Prado y Colón de Carvajal y la esposa de la Rosa, Mercedes Misol, por la descapitalización de la compañía Grand Tibidabo presuntamente en beneficio propio, bajo la acusación de delitos de estafa, apropiación indebida, falsedad documental y contra la Hacienda Pública.29
  • Caso Estevill, trama de corrupción judicial en torno al ex juez y ex vocal del Consejo General del Poder Judicial, Luis Pascual Estevill, condenado por delitos de cohecho y prevaricación.30
  • Caso Turiben: una presunta red de facturas falsas utilizada por miles de militares y agentes de policía para estafar al Estado justificando dietas.31
  • Caso Salanueva: Detención de la ex directora del BOE, Carmen Salanueva, por una presunta malversación de fondos el 29 de noviembre de 1993. Se estima que pudo cometer un fraude al adquirir papel prensa por un valor total de 2.385 millones de pesetas, prtecio muy superior al del mercado, causando un perjuicio de más de 653 millones para el BOE y Hacienda. Fue puesta en libertad el 1 de diciembre. En 1994 fue denunciada por imitar por teléfono la voz de Carmen Romero y de la Reina para quedarse con cuadros de un pintor famoso con falsas promesas.32
  • Caso Expo'92: cohecho, prevaricación y un agujero de más de 210 millones de euros. Fue arhivada por juez Garzón tras siete años de instrucción.33
  • Caso Roldán: llamado así por Luis Roldán, director de la Guardia Civil entre 1986 y 1993, enriquecido ilícitamente con el robo de 400 millones de pesetas de fondos reservados y 1.800 millones más en comisiones de obras del Instituto Armado.34
  • Caso Banesto: un agujero patrimonial de 3.636 millones de euros (605.000 millones de pesetas) que dejó en la estacada a siete millones de clientes, medio millón de accionistas, 15.000 trabajadores y 50 empresas en las que la entidad participaba.36
  • Caso Palomino: el cuñado de Felipe González, Francisco Palomino, ganó 346 millones de pesetas gracias a la venta de su empresa, en quiebra técnica, por 310 millones a CAE, (luego comprada por Dragados), cuya cartera de obras para el MOPU se multiplicó. Posteriormente, una investigación le vinculó con la mala calidad de las rejas de la cárcel de Sevilla 1.37
  • Caso GAL: creación y financiación ilegal de una organización terrorista que asesinó a 27 personas del entorno de ETA entre 1982 y 1987, con implicación de policías, guardias civiles y altos cargos del gobierno socialista, entre ellos el ministro del Interior José Barrionuevo, el secretario de Estado de seguridad Rafael Vera, el gobernador civil de Vizcaya, Julián Sancristóbal, el secretario general del PSOE en Vizcaya, Ricardo García Damborenea y el General de la Guardia Civil Enrique Rodríguez Galindo. El propio González fue acusado de ser el "señor X", el dirigente del entramado GAL.
  • Petromocho: fraude perpetrado por un tal Jean-Maurice Lauze, presunto intermediario en una falsa inversión saudí de 100.000 millones de pesetas en un proyecto para construir una refinería de petróleo en las cercanías del puerto de El Musel, en Gijón. El proyecto debía recibir una subvención estatal de 1.000 millones de pesetas. El escándalo provocó la dimisón del presidente socialista de Asturias, Juan Luis Rodríguez-Vigil, sin que el asunto llegara nunca a aclararse completamente.38
  • Caso Naseiro: financiación ilegal del Partido Popular a través de la exigencia de pagos a empresas inmobiliarias.
  • Caso PSV: fraude y apropiación indebida de 18.588 millones de pesetas, para enriquecimiento personal y financiación ilegal de la UGT a través de esta cooperativa de viviendas y de su gestora, IGS.
  • Caso Hormaechea: prevaricación y malversación de caudales públicos por parte del popular Juan Hormaechea, ex alcalde de Santander y ex presidente de Cantabria, condenado en octubre de 1994 a seis años de prisión mayor y 14 de inhabilitación.
  • Caso de la minería: subvención ilegal de compañías mineras por parte de Miguel Angel Pérez Villar, ex senador por el PP y consejero de Economía de Castilla y León, condenado por el Tribunal Supremo a ocho años de inhabilitación por prevaricación continuada.39
  • Caso Sóller: prevaricación y cohecho en la adjudicación de las obras del túnel de Sóller por parte del ex presidente de Baleares por el PP, Gabriel Cañellas. Absuelto de prevaricación en los tribunales, se dio por prescrito el probado delito de cohecho.40

Gobierno de José María Aznar López (1996-2004)

Durante el gobierno de José María Aznar (VI y VII Legislatura de España) trascendieron los siguientes:
  • Caso Zamora: iniciado en 1997 para investigar la presunta financiación ilegal del Partido Popular en Zamora a través del cobro de un "impuesto" de dos millones de pesetas y el 8% de comisión por cada obra pública entre 1987 y 1991. Fueron imputadas 33 personas, en su mayoría políticos del PP y constructores, aunque el caso feu archivado en 2002.41
  • Caso Pallerols: en 1997 salió a la luz pública esta presunta operación de financiación irregular de Unió Democràtica a través del desvío de las subvenciones recibidas por las empresas controladas por el empresario Fidel Pallerols y su esposa para realizar cursos de formación laboral. Sobreseído provisionalmente en diciembre de 2005, fue reabierto por la Sección Décima de la Audiencia Provincial de Barcelona en noviembre de 2006.42
  • Caso del Lino: en 1999 la Junta de Castilla-La Mancha denunció un presunto caso de ayudas irregulares al cultivo lino y desvío de fondos en favor de altos cargos del gobierno popular, entre ellos la ministra de Agricultura Loyola de Palacio. En julio de ese mismo año, la Comisión de Investigación constituida a solicitud del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso de los Diputados, no halló ninguna irregularidad. No obstante, el Fiscal anticorrupción Carlos Jiménez Villarejo redactó un informe denunciando la existencia de un “fraude generalizado”. Tras una instrucción de 6 años a cargo de Baltasar Garzón, el 23 de abril de 2007 la sección cuarta de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional absolvió por completo a los 18 imputados, no hallando ninguna prueba de fraude o falsedad, y confirmando las conclusiones de la Comisión de Investigación. Finalmente, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea halló en 2009 deficiencias en el sistema de control de las ayudas al lino, y condenó a España a devolver 129 de los 134 millones de euros cobrados.43
  • Caso Tabacalera: presunto enriquecimiento ilícito a través de la compraventa de acciones con información privilegiada por parte de César Alierta, entonces presidente de Tabacalera, su mujer y un sobrino, en concreto entre 1997 y 1998. En 2010 fue absuelto al considerarse prescrito el delito.46
  • Caso Forcem: presunto fraude en la Fundación para la Formación Continua (FORCEM), constituida en 1992 por CCOO, UGT, CEOE, CIG y CEPYME para la gestión de las subvenciones para la formación de los trabajadores concedidas por el INEM con fondos de la Unión Europea. Algunas de las empresas receptoras de fondos realmente carecían de actividad, empleados y alumnos. La Fiscalía pidió el procesamiento de 6 cargos de UGT por el fraude de 100 millones de euros, y el informe del Tribunal de Cuentas remitido al Congreso detectó responsabilidades penales y civiles en dos de sus máximos responsables.47

Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero (2004-2011)

Durante el gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero (VIII y IX Legislatura de España) han trascendido los siguientes:
Partido Lugar Caso de presunta corrupción Enlace(s) Dinero público presuntamente estafado
GIL Andalucía Caso Malaya (desde 1991 hasta 2006) * ´Caso Malaya´: El saqueo a Marbella es de 500 millones
La red de testaferros del 'caso Malaya' blanqueó más de 671 millones a Roca
500 M€ robados
671,4 M€ blanqueados
GIL Andalucía Deudas con Hacienda y la Seguridad Social * Los antiguos ayuntamientos del GIL acumulan más de la mitad de la deuda de los municipios con la Seguridad Social 383,4 M€
PSOE 17 ayuntamientos Tramas urbanísticas * Varios municipios del PSOE, investigados por tramas urbanísticas ???
PSOE Andalucía Casos de corrupción según el PP: 54 cargos públicos imputados en casos judiciales abiertos y 33 ex cargos públicos imputados en casos abiertos * Mapa de corrupción del PSOE en Andalucía ???
PP Madrid, Valencia Caso Gürtel * La 'Gürtel' costó 120 millones al erario público 120 M€ recaudados por la trama
48,1 M€ blanqueados
PP Balears Gobierno de Jaume Matas * La corrupción balear tiene a 40 ex cargos del PP imputados 46,9 M€ sólo en 8 casos de los investigados
PP Diversos ayuntamientos Recalificaciones y adjudicaciones presuntamente irregulares. * Los casos de 'ladrillazo' en las listas del PP ???
PSC(PSOE)+CIU Cataluña Caso Pretoria * El ‘caso Pretoria’ dejaba una media de 10 millones de euros en cada "pelotazo" 44 M€
PP Salamanca Constructores con trato de favor * El Ayuntamiento de Salamanca deja prescribir una deuda a un constructor amigo del alcalde 1.160.000€
PP Salamanca Constructores con trato de favor * El Ayuntamiento de Salamanca perdona 20 millones de euros a los constructores 20 M€
  • Caso Zarrafaya: en 2005 el alcalde socialista de esta localidad granadina, Salvador Zamora, fue condenado a nueve meses de cárcel y 2.160 euros de multa, junto con tres concejales -sentenciados a 7 años de cárcel-, por un delito de prevaricación administrativa, al autorizar un complejo hotelero en suelo rural no urbanizable. Su sucesor, el también socialista José Miguel Muñoz, fue condenado a nueve meses de cárcel por desobediencia grave a la autoridad al negarse a paralizar la construcción.49
  • Caso de la Ciudad del Golf: presuntos delitos de prevaricación, malversación de caudales públicos y fraude en torno a la construcción un complejo de golf y chalés en una zona de importancia medioambiental. Todos los imputados fueron absueltos.50
  • Caso Salmón: En 2008, el presidente del PP de Canarias, José Manuel Soria, fue imputado por cohecho. El caso fue archivado al no encontrarse pruebas de delito.52
  • Caso Matsa: En 2009, la Junta de Andalucía otorgó una subvención de 10,1 millones de euros a la empresa de minería Matsa. La oposición del Partido Popular y el sindicato Manos Limpias denunciaron en dos ocasiones que esta subvención violaba la ley de incompatibilidades, puesto que Paula Chaves, la hija del presidente andaluz Manuel Chaves, trabajaba en Matsa. El Tribunal Supremo archivó las dos querellas presentadas considerando que Chaves no había incurrido en ningún delito.54
  • Caso Plasenzuela: presunta Prevaricación, malversación, estafa y delitos urbanísticos por parte del alcalde socialista de esta localidad cacereña, José Luis Villegas, imputado por el desvío de 4,4 millones de euros de fondos públicos y apropiación de otros 66.000 por una residencia y un polideportivo. También fueron imputados un concejal socialista, el secretario municipal, y el alcalde del cercano pueblo de Torremocha, Domingo Galán Encina, del Partido Popular.56
  • Caso Castelfollit: presunta falsedad de documento público por parte del alcalde de Castellfollit de la Roca, Moisés Coromina, para poder cobrar una subvención para construir el nuevo ayuntamiento.57
  • Caso Campeón: una presunta trama dedicada a captar subvenciones ilegales para determinadas empresas gallegas, que se saldó con la detención del director y un subdirector del IGAPE. Se investiga la implicación dos diputados autonómicos socialistas, del alcalde socialista de Lugo, José López Orozco, y del convergente Oriol Pujol, hijo de Jordi Pujol. Su derivación más grave es la acusación de cohecho y tráfico de influencias por parte del ministro de Fomento y vicesecretario del PSOE José Blanco López, que se reunió en una apartada gasolinera con el empresario Jorge Dorribo, que le habría entregado 400.000 € al primo de Blanco cambio de subvenciones.60
    • Caso ITV: derivado del anterior, una presunta trama de trama de concesiones irregulares de ITV en Cataluña. Condujo a la detención, en marzo de 2012, de dos altos cargos del gobierno catalán, los convergentes Josep Tous, coordinador general de la Diputació de Barcelona, e Isidre Masalles, subdirector general de Seguridad Industrial, y tres empresarios. El sumario acusa a Oriol Pujol de connivente con los presuntos delitos.61
  • Caso Porcuna: la ex alcaldesa socialista de esta localidad jienense, Ana María Moreno de la Cova, fue condenada a 21 años de inhabilitación y multa de 2.190 euros tras admitir haber concedido tres licencias de construcción ilegales entre los años 2004 y 2006. Tres concejales fueron condenados a 14 años de inhabilitación y el pago de una multa de 1.460 euros.64
  • Caso Nueva Rumasa: quiebra y venta de este grupo empresariañ debido a las presuntas irregularidades en su gestión por parte de la familia Ruiz-Mateos.65
  • Caso Tótem: Detenido el Alcalde, jefe de la Policía Local y secretaria del Ayuntamiento de Totana (Murcia), entre otros.67

Gobierno de Mariano Rajoy Brey (2011-...)

Durante el gobierno de Mariano Rajoy (X Legislatura de España) han trascendido los siguientes:
  • Caso Emarsa: presuntas irregularidades cometidas por los directivos vinculados al Partido Popular de la empresa Emarsa que se dedicaba a depurar las aguas residuales del área metropolitana de Valencia y cuya principal misión era la gestión de la planta depuradora de Pinedo. Los dos principales imputados son el expresidente de la empresa, el popular Enrique Crespo, y Esteban Cuesta, gerente de Emarsa, y exalcalde pedáneo de Benimámet nombrado por la alcaldesa de Valencia Rita Barberá.69
  • Operación Pitiusa: 88 detenidos -entre ellos 15 empleados públicos- en una red de robo y tráfico de datos confidenciales de la administración, con centro en Barcelona y actividades extendidas por 11 comunidades autónomas. La información se vendía a empresas privadas, muy singularmente bancos y operadoras de telecomunicaciones, a través de agencias de detectives privados.70
  • Caso Dívar: El presidente del Poder Judicial, Carlos Dívar, costeó con dinero público 30 viajes a la Costa del Sol, con estancias en hoteles de cuatro estrellas. Tras ser exonerado por sus pares, y después de dos semanas de fuerte presión parlamentaria y mediática, Dívar presentó su dimisión, siendo el primer presidente del Poder Judicial que deja el cargo.71
  • Caso Nóos: caso que emerge en noviembre de 2011 cuando Iñaki Urdangarin, duque consorte de Palma de Mallorca, fue acusado de desviar fondos públicos para su propio beneficio mediante el Instituto Nóos, cuyo gestor era su socio Diego Torres. En abril de 2013, la Infanta Cristina es imputada por el Juez por presunta apropiación indebida de fondos públicos.74 La Fiscalía Anticorrupción dice que recurrirá dicha imputación al no existir pruebas sólidas.75
  • Caso Bárcenas: El 18 de enero de 2013, El Mundo76 publicó que Bárcenas «distribuía cada mes sobres con cantidades entre 5.000 y 15.000 euros a secretarios ejecutivos, cargos públicos y otros miembros del aparato», con dinero B procedente «de constructoras, empresas de seguridad y donaciones». La práctica se habría extendido durante 20 años. El diario exculpa a Rajoy y Cospedal que no habrían cobrado esas comisiones ilegales. según el diario Rajoy puso fin a la práctica en 2009.77 78 Publicaciones posteriores muestran datos que sugieren que el presidente Rajoy, y otros miembros de la actual cúpula del PP y ministros, como Cospedal cobraron dichos sobresueldos y que estos eran pagados por empresarios.79 Un informe de la Policía Nacional indica que los presidentes de varias empresas constructoras donaron 3,4 millones de euros al PP, en cantidades superiores por las permitidas por la ley, que fueron ingresados por Bárcenas como si se tratase de donaciones anónimas. Las empresas de estos constructores recibieron contratos por valor de 12.281 millones desde gobiernos del PP.80
  • Caso Amy Martin: en enero de 2013, salía a los medios de comunicación el caso Amy Martin, donde la Fundación Ideas, vinculada al PSOE, facturaba a nombre de una persona inventada. Más tarde se descubrió que Amy Martin estaba encarnada por la mujer del director de la Fundación, Carlos Mulas. DESDE