El Ministerio de Sanidad
propondrá estre miércoles a las comunidades autónomas en el Consejo
Interterritorial de Sanidad excluir de la financiación pública 456
fármacos indicados para “síntomas menores”. El listado de productos
susceptibles de exclusión, que Sanidad ya ha enviado a los responsables
autonómicos, incluye principios activos como la acetilcisteina,
utilizada como mucolítico —y base de medicamentos como el Fluimucil—; el
aciclovir, usado para combatir los herpes; la loperamida (que se
comercializa como Fortasec, entre otros), indicado para atajar la
diarrea; o tratamientos de la tos, como aquellos que contengan
dextrometorfano —típico en jarabes como el Bisolvón—. El Gobierno
calcula que la medida, prevista
en el Real decreto de Medidas Urgentes del Sistema Nacional de Salud
aprobado en abril, reportará un ahorro de más de 440 millones de euros.
Estos fármacos, ahora financiados por el Sistema Nacional de Salud,
pasarán a ser abonados totalmente por el paciente.
El Consejo Interterritorial de Sanidad, que reúne a la ministra Ana Mato
con los consejeros de Sanidad de las autonomías, está marcado por la
polémica. Es la primera cita tras la aprobación de la ley que restringe la asistencia sanitaria a
sin papeles, y que reforma el sistema de copago de fármacos
—que a partir del domingo será en función de la renta—, y por el que
los pensionistas pasarán a pagar por primera vez por los medicamentos.
Una nueva fórmula a la que se oponen autonomías como Andalucía o País Vasco y para la que otras, como Asturias o Cataluña, ven graves complicaciones técnicas.
Sanidad no incluye ningún estudio del impacto en los pacientes
Así, la de este miércoles será, cuando menos, una reunión incómoda.
También para el bolsillo del ciudadano. La propuesta que Sanidad ha
hecho llegar a las comunidades, que ha preparado la Dirección General de
Cartera Básica de Servicios y Farmacia y que recoge propuestas de 12
autonomías, menciona más de nueve grupos terapéuticos: desde los
indicados para el estreñimiento o las varices, hasta los prescritos para
el resfriado. Sanidad, ha analizado las consecuencias de la reforma y
asegura que se excluyen estos medicamentos “para mantener la capacidad
de financiación de nuevas terapias, indicadas en enfermedades graves”.
Habla de un posible “perjuicio moderado o importante” para las empresas
en su facturación; pero no incorpora ningún estudio de impacto en los
pacientes.
No obstante, el ministerio deja una puerta abierta para que un
desarrollo posterior recoja excepciones a esa exclusión; lo que podría
beneficiar, por ejemplo, a enfermos crónicos que toman estos
medicamentos como parte de su tratamiento. “Desde el punto de vista
terapéutico hay algunas patologías concretas graves en las que algunos
de los medicamentos a excluir son muy útiles, por lo que se ha optado
por que la resolución de exclusión recoja tales excepciones”, dicen.
Sanidad también asume que la retirada de la financiación de estos
fármacos —lo que no significa que no se puedan recetar— puede suponer un
desplazamiento de prescripciones hacia otros productos. Algo que,
afirman, no se puede controlar más que con la "buena práctica de la
prescripción"; para lo que se hará un "seguimiento activo".
Este desplazamiento en la prescripción del que habla Sanidad es,
según la médico de familia Cristina de la Cámara, lo que ocurrirá con
medicamentos como los antiácidos (tipo Almax), que estarían dentro de
los tratamientos del exceso de secreción gástrica y que por tanto que
saldrían de la lista de financiados. Una medida que puede disparar el
consumo de otros productos, como el omeprazol, “con más efectos
secundarios”, alerta De la Cámara.
Algunos de los fármacos que propone excluir Sanidad tienen una
efectividad muy discutida, como los tratamientos orales de las varices o
los vasodilatadores periféricos. Otros, sin embargo, suponen la
retirada de tratamientos clave para ciertas patologías. Es el caso de
algunos fármacos para infecciones víricas de la piel, como el imiquimod o
la podofidotoxina, usados para los condiloma acuminado, una enfermedad
de transmisión sexual producida por el virus del papiloma humano. De la
Cámara también ve problemática la exclusión de los laxantes. “Son
necesarios para algunas personas que siguen tratamientos contra el
cáncer o con opioides”, dice.
Algunos productos de la lista son clave en el tratamiento de ciertas patologías
Pero, sin ninguna duda, el gran grupo afectado por la medida es el de
los medicamentos indicados para los resfriados o el tratamiento de la
tos. Se dejarían de financiar casi todos: desde los mucolíticos hasta la
codeína, la base para muchos jarabes. Lo que para algunos expertos
puede tener dos efectos: el desplazamiento de esas prescripciones a
fármacos más complejos o que el paciente, al no beneficiarse de la
financiación pública, acuda más indiscriminadamente a la farmacia a
comprarse por su cuenta el jarabe y automedicarse.
El presidente de la Organización Médica Colegial
(OMC), Juan José Rodríguez Sendín, cree que el nomenclator se tiene que
recortar por algún lado. Algunos de los fármacos que Sanidad propone
retirar de la lista de financiados apenas se usan o tienen un valor
terapéutico obsoleto. Como los que aparecen dentro de la categoría de
"tratamientos del deterioro cognitivo asociado a la edad", que contiene
productos como el piracetam, el extracto de ginko folium o
vasodilatadores como la vincamina; o andidiarreicos como los alcaloides
de Ergot. La OMC, que agrupa a todos los médicos de España, analizará
también el listado que ha elaborado Sanidad. “Lo miraremos con lupa y
con cuidado puede que propongamos otros”, dice. Confía, además, en que
el desarrollo posterior de la norma de exclusión recoja la financiación
de ciertos fármacos para casos excepcionales.
El consejo interterritorial tiene previsto aprobar también un
proyecto de orden por el que se establece un factor de facturación común
para los dietoterápicos, productos que consumen enfermos con trastornos
metabólicos o que precisan nutrición enteral. Ahora cada comunidad los
factura a un precio diferente. Sanidad cree que fijando un precio común
se ahorrarán 22 millones de euros, informa
Reyes Rincón.
FUENTE: http://sociedad.elpais.com/sociedad/2012/06/26/actualidad/1340738218_067438.html