La reforma de régimen local deja en el aire 70.800 empleos sociales
Unas autonomías sin recursos tendrán que asumir servicios municipales de ayuda a domicilio Peligran 2,6 millones de prestaciones
Jaime Prats
Valencia
26 JUL 2013 - 00:54 CET43
Residencia para mayores en Castilla y León.
Unos 70.800 empleos en servicios sociales, 2,6 millones de
beneficiarios de prestaciones (en ayuda a domicilio, apoyo a la familia,
inserción social, albergues para inmigrantes, comedores) o 30.000
plazas en residencias de mayores están en el aire como consecuencia de la reforma de la Administración local,
una ley que el Gobierno prevé aprobar en breve. El sector ya venía
avisando de que esta reforma aboca a la privatización o cierre de estos
servicios que prestan los Ayuntamientos. Ahora, un sencillo pero
exhaustivo cálculo, basado en documentos oficiales sobre presupuestos,
plazas residenciales, empleo y usuarios, viene a poner cifras a ese
riesgo aún incierto.
La norma contempla retirar las competencias en servicios sociales a las entidades locales —las que conocen más a fondo las necesidades de los vecinos y prestan una atención más cercana— y trasladar la responsabilidad de la asistencia a las autonomías.
Ese tránsito de titularidad se producirá en un momento económico especialmente delicado para las comunidades autónomas, que ya han visto reducidos sus recursos para servicios sociales, así que difícilmente podrán encargarse de otros. Además, se desconoce cuáles asumirán finalmente las autonomías, que tendrán que hacerse cargo del coste de las prestaciones en plena asfixia financiera, y cuáles decidirán cerrar o privatizar. A esta incertidumbre no ayuda que el recorte en el gasto público sea uno de los principios que han inspirado la nueva ley.
“Las consecuencias no pueden ser más graves”, advierte José Manuel Ramírez, de la Asociación Estatal de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales, que teme “el abandono de las personas y familias más afectadas por la crisis, en unos momentos de auténtica emergencia ciudadana” por un posible retroceso en las prestaciones. La asociación apunta que entre los distintos planes de asistencia municipal (que suponen 1.000 millones de euros al año, según los datos del Plan Concertado) y los 800 millones que cuestan las residencias de ámbito local, hay 1.800 millones de euros destinados a servicios sociales bajo la amenaza de la tijera.
En la Secretaría de Estado de Servicios Sociales prefieren no
pronunciarse sobre los efectos de la ley hasta que “no esté aprobada y
entre en vigor”, según trasladó un portavoz a este diario.
Hasta ahora, los municipios de más de 20.000 habitantes tenían la responsabilidad de prestar servicios sociales. Y así lo han venido haciendo desde mitad de los ochenta. Las localidades han ido desplegando servicios de ayuda a domicilio, residencias de mayores, prestaciones de apoyo a la familia, de prevención e inserción social, comedores, servicios de atención a la mujer, albergues de inmigrantes o cualquier otro recurso que consideraran necesario.
1. Tras la entrada en vigor de la ley, la titularidad de las competencias que se veían como propias del municipio relativas a la prestación de los servicios sociales y de promoción y reinserción social corresponderán a las autonomías, que podrán establecer las medidas que consideren necesarias para la racionalización del servicio.
2. En el plazo máximo de un año desde la entrada en vigor de la ley, y previa elaboración de un plan para la evaluación, reestructuración e implantación de los servicios, las comunidades autónomas, habrán de asumir la cobertura inmediata de dicha prestación.
5. Transcurrido un año sin que las autonomías hayan asumido el desarrollo de los servicios de su competencia o hayan acordado su delegación, los servicios seguirán prestándose por los municipios con cargo a la comunidad autónoma. Si no se transfirieran las cuantías precisas, se aplicarán retenciones en las transferencias [Estatales].
La última versión de la Ley para la Racionalización y Sostenibilidad
de la Administración Local, con fecha de 15 de julio, elimina la
responsabilidad de la prestación de servicios sociales a los municipios,
más allá de los estrechos márgenes de la “evaluación e información de
situaciones de necesidad y la atención inmediata a personas en situación
o riesgo de exclusión social”. Es decir, a poco más que una ventanilla
de derivación. Aunque se deja la puerta abierta a delegar los servicios
sociales a los municipios a criterio de la comunidad autónoma.
Se trata, con todo ello, de “evitar duplicidades administrativas” o “contribuir a los procesos de racionalización administrativa, generando un ahorro neto de recursos”, una terminología que casi siempre anuncia recortes. El ahorro vendría del cierre de servicios que ahora prestan Ayuntamientos y que las comunidades autónomas no consideraran necesarios.
La ley concede un año para transferir estas competencias. A partir de ese momento, la titularidad de los servicios sociales municipales “corresponde a las comunidades autónomas, que podrán establecer las medidas necesarias para la racionalización del servicio”. Es decir, la decisión de qué servicios mantener dependerá de unas autonomías obligadas a no rebasar el listón de déficit público establecido.
A partir de datos públicos, la Asociación Estatal de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales ha puesto números al impacto de la norma. Por ejemplo, los 70.817 puestos de trabajo en juego. O los dos grandes grupos de prestaciones municipales que están en peligro: la ayuda a domicilio (un programa de apoyo a actividades diarias en el hogar que atiende a 648.738 personas) y el servicio de apoyo a la familia (un recurso que cuenta con 519.046 beneficiarios). Con el resto de actividades de prevención e inserción social que desarrollan las entidades locales afectadas por el cambio legal se atiende a 1,4 millones de personas. A estos datos, que responden a la evaluación del Plan Concertado de Servicios Sociales de 2011, habría que añadir las prestaciones de Navarra y País Vasco, que no están incluidas en este documento. Y otros servicios, como las residencias de mayores y los pisos tutelados gestionados por entidades locales, que ascienden a 32.440 plazas, según el registro de centros del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad.
Los gerentes de servicios sociales reclaman que la nueva ley de la Administración local respete el peso de los municipios en la acción social. Y recuerdan que las autonomías con un sistema más descentralizado son las que cuentan con una mayor eficiencia y eficacia en su oferta de prestaciones.
La norma contempla retirar las competencias en servicios sociales a las entidades locales —las que conocen más a fondo las necesidades de los vecinos y prestan una atención más cercana— y trasladar la responsabilidad de la asistencia a las autonomías.
Ese tránsito de titularidad se producirá en un momento económico especialmente delicado para las comunidades autónomas, que ya han visto reducidos sus recursos para servicios sociales, así que difícilmente podrán encargarse de otros. Además, se desconoce cuáles asumirán finalmente las autonomías, que tendrán que hacerse cargo del coste de las prestaciones en plena asfixia financiera, y cuáles decidirán cerrar o privatizar. A esta incertidumbre no ayuda que el recorte en el gasto público sea uno de los principios que han inspirado la nueva ley.
“Las consecuencias no pueden ser más graves”, advierte José Manuel Ramírez, de la Asociación Estatal de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales, que teme “el abandono de las personas y familias más afectadas por la crisis, en unos momentos de auténtica emergencia ciudadana” por un posible retroceso en las prestaciones. La asociación apunta que entre los distintos planes de asistencia municipal (que suponen 1.000 millones de euros al año, según los datos del Plan Concertado) y los 800 millones que cuestan las residencias de ámbito local, hay 1.800 millones de euros destinados a servicios sociales bajo la amenaza de la tijera.
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Hasta ahora, los municipios de más de 20.000 habitantes tenían la responsabilidad de prestar servicios sociales. Y así lo han venido haciendo desde mitad de los ochenta. Las localidades han ido desplegando servicios de ayuda a domicilio, residencias de mayores, prestaciones de apoyo a la familia, de prevención e inserción social, comedores, servicios de atención a la mujer, albergues de inmigrantes o cualquier otro recurso que consideraran necesario.
La nueva ley
Disposición transitoria segunda1. Tras la entrada en vigor de la ley, la titularidad de las competencias que se veían como propias del municipio relativas a la prestación de los servicios sociales y de promoción y reinserción social corresponderán a las autonomías, que podrán establecer las medidas que consideren necesarias para la racionalización del servicio.
2. En el plazo máximo de un año desde la entrada en vigor de la ley, y previa elaboración de un plan para la evaluación, reestructuración e implantación de los servicios, las comunidades autónomas, habrán de asumir la cobertura inmediata de dicha prestación.
5. Transcurrido un año sin que las autonomías hayan asumido el desarrollo de los servicios de su competencia o hayan acordado su delegación, los servicios seguirán prestándose por los municipios con cargo a la comunidad autónoma. Si no se transfirieran las cuantías precisas, se aplicarán retenciones en las transferencias [Estatales].
Se trata, con todo ello, de “evitar duplicidades administrativas” o “contribuir a los procesos de racionalización administrativa, generando un ahorro neto de recursos”, una terminología que casi siempre anuncia recortes. El ahorro vendría del cierre de servicios que ahora prestan Ayuntamientos y que las comunidades autónomas no consideraran necesarios.
La ley concede un año para transferir estas competencias. A partir de ese momento, la titularidad de los servicios sociales municipales “corresponde a las comunidades autónomas, que podrán establecer las medidas necesarias para la racionalización del servicio”. Es decir, la decisión de qué servicios mantener dependerá de unas autonomías obligadas a no rebasar el listón de déficit público establecido.
A partir de datos públicos, la Asociación Estatal de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales ha puesto números al impacto de la norma. Por ejemplo, los 70.817 puestos de trabajo en juego. O los dos grandes grupos de prestaciones municipales que están en peligro: la ayuda a domicilio (un programa de apoyo a actividades diarias en el hogar que atiende a 648.738 personas) y el servicio de apoyo a la familia (un recurso que cuenta con 519.046 beneficiarios). Con el resto de actividades de prevención e inserción social que desarrollan las entidades locales afectadas por el cambio legal se atiende a 1,4 millones de personas. A estos datos, que responden a la evaluación del Plan Concertado de Servicios Sociales de 2011, habría que añadir las prestaciones de Navarra y País Vasco, que no están incluidas en este documento. Y otros servicios, como las residencias de mayores y los pisos tutelados gestionados por entidades locales, que ascienden a 32.440 plazas, según el registro de centros del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad.
Los gerentes de servicios sociales reclaman que la nueva ley de la Administración local respete el peso de los municipios en la acción social. Y recuerdan que las autonomías con un sistema más descentralizado son las que cuentan con una mayor eficiencia y eficacia en su oferta de prestaciones.
COMENTARIOS DE LA NOTICIA POR PARTE DE LOS LECTORES DE"EL PAIS"
Unos corruptos como la copa de un pino nos estan robando la vida.....
para mi son depredadores de lo publico y como tales deben ser tenidos en
cuenta DEPREDADORES Habra que poner coto a esta calaña, cuando??
Miren señores del pais. Lo del tren es una tragedia que todos sentimos
muchísimo, pero es que hay otra tragedia mayor que son la de miles o
millones de personas necesitadas que van a quedar completamente
desatentidas y abandonadas a su suerte, por un gobierno dictatorial.
Creo que es una noticia que debería estar en portada.
Estamos ante un tirano, y un dictador que odia lo publico, pero lo más
grave no es que odie lo publico, es que se está cargando servicios
publicos que son imprescindibles y más necesarios que nunca. Este tipo
que nos gobierna yo lo repito, es un tirano, un dictador, y alguien que
debería ya estar declarando en los juzgados para explicar su relación
con alguien que le entregaba dinero ilicito en una caja de puros. El
pueblo se tiene que poner las pilar, salir a la calle, pero no de estas
formas. No podemos permitir que este tio, siga gobernando españa, no lo
podemos permitir.
Así es, una sociedad que permite estos atropellos hacia los más débiles
y necesitados, está enferma. Cualquiera puede necesitar el día de
mañana que lleven a su anciana madre en ambulancia al hospital para su
fisioterapia o tratamiento crónico, y terminar empujando una silla de
ruedas alquilada a una empresa ortopédica adjudicataria de la
externalización de los recursos móviles de nuestros inválidos o
improductivos vejestorios y niños desaliñados generadores de gastos
difícilmente amortizables. Sí, da asco. Saludos.
ANTE
UNA DICTADURA, LA DEL DICTADOR MARIANO RAJOY, LA DEL TIRANO MARIANO
RAJOY, Y LA DEL "PRESUNTO" MARIANO RAJOY, NO HAY NADA QUE HACER. NO HA
HECHO DESDE QUE LLEGÓ AL PODER SINO IR ATACAR, Y HUNDIR CADA VEZ MÁS A
LAS CLASES BAJAS, A LOS NECESITADOS, ATACAR SERVICIOS BÁSICOS Y
ELEMENTALES COMO SON LOS SERVICIOS SOCIALES Y MAS AHORA QUE SON
IMPRESCINDIBLES. LA CULPA LA TIENE EL PUEBLO QUE NO SALE A LA CALLE PARA
LUCHAR CONTRA ESTE DICTADOR, ESTE TIRANO Y ESTE PRESUNTO. PORQUE EL QUE
CREA QUE ESTO ES UN GOBIERNO DEMOCRATA, ESTÁ MUY EQUIVOCADO, ES UNA
DICTADURA PURA Y DURA DE UN GOBIERNO LLENO DE FASCISTAS, ENEMIGO DE LO
PUBLICO.
En esta “estafa-crisis”, en esta estafa provocada por los poderosos
mercados y políticos sumisos a ellos, en esta crisis sufrida por las
clases más vulnerables a niveles escandalosos de pobreza. Se trata de
seguir escarbando y arruinando más y más en la base de la pirámide
social, se trata de dotar y alimentar cada vez con más recursos a la
cúspide que a la vez mantienen a los políticos. Abajo en la base está el
voto (en las elecciones lo buscan con todas las armas incluyendo la
mentira), arriba en la cúspide, el poder, el dinero,y la seguridad de
las poltronas. Sólo tenemos un voto, se lo damos y repetimos.
Cada vez tengo más claro que gobiernan CONTRA el pueblo.
Una crisis económica se arregla estupendamente dejando a la gente en la
miseria, robando a los pobres y dándoselo a los ricos. El PIB sube
fijo. Y, por supuesto, alejar la gestión de los servicios públicos de
los usuarios tiene un efecto maravilloso: ojos que no ven, corazón que
no siente. Ya no importa que se mueran o les pase cualquier cosa. Todo
para que el señor Blesa no pase apuros por su meritoria labor de
enriquecerse impúdicamente y enriquecer a sus amigos.
Despilfarrado ??... te han comido el coco con lo del despilfarro y
vivir por encima de tus posibilidadaes, y al final agradeceras que te la
inquen hasta la campañilla si te lo venden como una medida
"antidespilfarro". La situacion fiscal de los ayuntamientos en muchos
casos fue la razon de que existiera burbuja urbanistica en España,
empezando por ahí, es con diferencia la administracion que ha hecho mas
con menos, si buscas despilfarro mira a las comunidadaes autonomas en
connivencia con el ministeriod e fomento... ahi es donde esta el
despilfarro, despilfarro es pagar sobrecostes en AVEs y a grandes
constructoras.
Es preferible que sean los políticos sustituidos por alguna ONG que
maneje el país. Y se mantengan los servicios sociales a los necesitados.
El país esta harto de que la avaricia se quede con todos los recursos
para su bolsillo. La avaricia tiene cura. Estos problemas tienen
solución cambiando los actuales sistemas guiados por la avaricia por
otro que trae paz, cancelación de toda deuda pública, ingresos
continuados para todos, sanidad y enseñanza gratuitas y universales,
medios para la ciencia. Y erradica la avaricia, el hambre, la pobreza,
la corrupción (quizás por ello no muestran esta opción), los miedos, los
impuestos y más cosas. Si, esta opción EXISTE ..¡¡ . Véase mi blog. http://cort.as/4J0w - Antonio Martínez Meseguer. Por favor que alguien lea en los parlamentos esta opción única para evitar pérdidas humanas.
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