El titular de Interior,
Jorge Fernández Díaz,
llevará previsiblemente el próximo viernes al Consejo de Ministros el
anteproyecto de ley orgánica de Protección de la Seguridad Ciudadana,
que sustituirá a la vigente
ley Corcuera. La nueva normativa conlleva castigos de tipo administrativo para quienes
participen en un escrache,
se manifiesten sin permiso ante el Congreso, quemen contenedores,
insulten a un policía y hagan tratos con prostitutas en espacios
públicos próximos a colegios, además de otras medidas. Esta ley pretende
acabar con la impunidad de algunas de estas conductas que, pese a los
intentos del Gobierno, no han merecido ningún reproche penal por parte
de los jueces. Concentrase o reunirse sin permiso ante Las Cortes será
una infracción muy grave castigada con una sanción de entre 30.001 euros
y 600.000 euros.
El borrador legislativo será debatido mañana, miércoles, en la
Comisión de Secretarios de Estado y Subsecretarios y, en caso de obtener
el visto bueno, seguirá su andadura con su posterior aprobación por el
Ejecutivo. Esta ley, cuando sea definitivamente aprobada por Las Cortes,
sustituirá a la impulsada en 1992 por el ministro socialista José Luis
Corcuera, que fuentes de Interior consideran que en su día fue “muy
buena”.
La futura
ley Fernández consta de 55 artículos en muchos de
los cuales subyace la pretensión de ejercer un mayor control sobre las
protestas callejeras. Por ejemplo, faculta a la policía a establecer
“zonas de seguridad”, es decir, vetar
un determinado perímetro urbano
para impedir en ese espacio reuniones de personas. Con esta medida, se
evitarían los escraches en torno a la vivienda de políticos, si bien la
ley no hace referencia a ninguna persona o profesión concreta.
Se castigará el botellón, dañar el mobiliario
urbano y deslumbrar con punteros láser a pilotos, maquinistas o
conductores de autobús
También podrán ser retirados de forma expeditiva los vehículos que
taponen una vía pública (tractoradas, marchas de taxistas o de
camioneros), en caso de que los concentrados desobedezcan la orden de
los antidisturbios de despejar las vías ocupadas.
Otra novedad es que la ley impedirá
concentraciones o manifestaciones no autorizadas
ante el Congreso, el Senado o los Parlamentos autonómicos, aun cuando
los diputados no estuvieran reunidos en sesión plenaria. Con esta nueva
ley, el Gobierno pretende atajar movimientos como las marchas del 25-S y
otras que no fueron castigadas penalmente por los tribunales.
La norma contempla como falta grave participar en altercados usando
capuchas, cascos u otros objetos que dificulten la identificación de sus
usuarios. Pero, además, también serán sancionados con multa quienes
profieran amenazas, insultos, coacciones, injurias y vejaciones hacia
los agentes de la policía o la Guardia Civil. Junto a eso, será motivo
de sanción el uso o difusión de fotos o imágenes de policías que
supongan mofa para ellos o algún riesgo para la seguridad.
Un artículo que probablemente levantará polémica es el destinado a
sancionar a los que hagan ofrecimiento, solicitud, negociación o
aceptación de tratos con prostitutas cerca de colegios y parques, o bien
en lugares en los que esas actividades entrañen algún riesgo para la
seguridad vial.
Otro aspecto recogido en el anteproyecto es el relativo al consumo o
tenencia de productos o sustancias estupefacientes, como podrían ser
unas plantas de marihuana en cantidad que la ley no precisa.
Esta nueva
ley Corcuera contempla sanciones económicas para
una amplia batería de conductas: hacer botellón perturbando “el orden
público”, trasladar en coche a drogadictos hasta los puntos de compra de
la droga (las llamadas
cundas), dañar el mobiliario urbano,
hacer barricadas, escalar edificios públicos sin autorización, maltratar
animales en espectáculos públicos, deslumbrar con punteros de rayo
láser a pilotos de avión, maquinistas de tren o conductores de autobús…
Las multas por infracciones leves oscilan entre 100 y 1.000 euros;
las graves, entre 1.001 y 30.000 euros, y las muy graves, de 30.001 a
600.000 euros. Según fuentes de Interior, no se han incrementado las
sanciones respecto a la
ley Corcuera, si bien esta solamente contemplaba infracciones leves y graves.
Fuentes de Interior aseguran que vienen trabajando en esta ley “desde
el inicio de la presente legislatura”, si bien han esperado a
impulsarla ahora para evitar su debate en momentos de mayor convulsión,
posiblemente en velada alusión a las movilizaciones del 15-M y otras
protestas como los desahucios o las llamadas mareas ciudadanas.
El proyecto ya ha suscitado las primeras reacciones de la oposición.
Joan Coscubiela, diputado de ICV y portavoz de Izquierda Plural, tras
recordar la "patada en la puerta" que contemplaba la ley Corcuera, esta
del PP debería llamarse "ley de la patada en la boca a la democracia"
porque lo que pretende es abrir una "ofensiva brutal contra los derechos
civiles". El portavoz del PNV en el Congreso, Aitor Esteban, juzga "un
tanto exageradas" las sanciones económicas.
El diputado Antonio Trevín, portavoz de Interior del PSOE, considera
que esta ley es "una coartada para embridar el derecho de manifestación,
que es un derecho fundamental muy protegido por la Constitución".
Trevín reprueba que el Gobierno de Mariano Rajoy haya hecho una ley que
"recupera el concepto de orden público, que es algo anterior a la
Transición". Eduardo Madina, secretario general del grupo socialista en
el Congreso, ha escrito en su cuenta de Twitter que esta es "una Ley de
seguridad ciudadana a la altura de su propio miedo" y que "el PSOE se
opondrá radicalmente y la recurrirá ante el Tribunal Constitucional".
El director general de la Policía, Ignacio Cosió, aplaude con
entusiasmo el proyecto legislativo: "Creo que desde el punto de vista de
la policía es una ley necesaria y el ministerio ha tenido una gran
sensibilidad en escuchar las demandas de la policía del día a día".
