Un exconsejero andaluz se lucró con cursos de formación para parados
El fiscal sopecha que se hizo con 14 millones a través de un entramado empresarial
Las academias investigadas recibían ayudas públicas para dar cursos de formación a desempleados. /
Un exconsejero de la Junta de Andalucía está bajo la lupa de los
policías que tienen en marcha desde hace un año la operación Edu que
investiga graves irregularidades y delitos en las empresas que
obtuvieron subvenciones con cursos de formación para desempleados en Málaga desde diciembre de 2010.
La Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) tiene indicios de
falsedad documental, estafa, fraude, apropiación indebida y delitos
contra la Seguridad Social y la Hacienda pública en 17 empresas
malagueñas. Los investigadores rastrean si hubo cohecho y malversación
de caudales públicos por parte de funcionarios.
El pasado viernes, el fiscal jefe de Málaga, Juan Carlos López Caballero, difundió una nota en la notificaba que había dado traslado de las diligencias 206/2013 al juzgado decano tras hallar indicios de responsabilidad penal tras las pesquisas que viene haciendo la Sección de Investigación de la Seguridad Social de la policía.
La operación Edu se centra por ahora en 20 empresas de cursos de formación que recibieron 1,7 millones de euros del Gobierno andaluz. Los agentes han encontrado irregularidades en 17 de esas empresas que supuestamente realizaron “acciones de formación profesional con compromiso de colocación”. Las firmas beneficiadas, además de dedicarse a la “caza de subvenciones”, eran insolventes, carecían de experiencia y, además, en la mayoría de las ocasiones, no daban la colocación prometida a los parados.
Alguna de esas empresas de Málaga, que había constituido un entramado familiar para captar dinero, llegó a recibir más de 500.000 euros, según la UDEF. El dato más sorprendente, revelado por el fiscal López Caballero, es que entre las subvenciones otorgadas en 2011 hay una persona que recibió 14.671.381 euros a través de varias sociedades y entidades vinculadas a él.
El fiscal jefe no dice quién es esa persona, pero fuentes próximas a la investigación apuntan a un antiguo consejero de la Junta, cuya identidad prefieren no revelar hasta que las sospechas no estén más acreditadas. Según esas fuentes, tras las actividades del empresario está también la juez Mercedes Alaya, que lleva el caso de los ERE.
Los 17 empresarios malagueños bajo sospecha incurrieron presuntamente en falsedad en la presentación de documentos referidos a la asistencia a clase de alumnos, suplantación de personalidad de tutores, falta de capacitación del profesorado, incumplimiento generalizado del compromiso de contratación de los estudiantes, gracias a la “absoluta falta de control sobre los cursos por parte de la Administración pública”, dice el fiscal jefe.
La policía asegura que “no ha podido encontrar ni una sola acta de inspección, informes de seguimiento o evaluación de los cursos”, salvo en un caso. El fiscal jefe va a solicitar que presten declaración judicial los empresarios y los funcionarios de la Junta que concedieron tales ayudas
Uno de los informes policiales remarca, por activa y por pasiva, el descontrol sobre el uso de este dinero público, como lo prueba que muchas de las empresas sospechosas no habían presentado en 2013 los informes sobre la ejecución de los cursos realizados en 2011. Como la legislación concede para ese trámite un plazo de tres meses, la policía entiende que, si no es una conducta dolosa, por lo menos supone “dilaciones indebidas en las responsabilidades que le competen al órgano supervisor” (la Junta de Andalucía).
Los agentes hacen hincapié también en “el bajo porcentaje de cursos en Málaga que fueron visitados” (controlados in situ por la inspección del Servicio Andaluz de Empleo), apenas el 33%.
En los informes de la UDEF constan numerosos alumnos que declaran que jamás vieron a ningún inspector en su centro y que no se les hizo ningún caso si en alguna ocasión presentaron quejas ante los técnicos de la Administración. Los investigadores, no obstante, hacen notar en sus informes que la labor inspectora de los cursos de formación se incrementó de forma notable desde que la Consejería de Educación se hizo cargo de estas actividades en diciembre de 2013.
Hay un porcentaje elevado de empresas que aparentemente incurrieron en “un incumplimiento sistemático de los requisitos legalmente establecidos para acceder a la percepción de ayudas públicas”, según la policía. Varias de las firmas obtuvieron las subvenciones “a dedo”, sin concurrir a concursos abiertos. Alguno de los dueños o tutores, incluso, se jactaba abiertamente ante los alumnos de conseguir esas ventajas gracias a su amistad con algún alto cargo de la Administración autonómica. Uno de ellos llegó a recibir entre 2009 y 2012 unos 500.000 euros de dinero público.
Al margen de los delitos y las irregularidades supuestamente cometidos por los empresarios, lo que resulta más sangrante es el trato despectivo y a veces humillante que dispensaban en varias ocasiones a los alumnos, con los que se comprometían a facilitarles una contratación. “En casi la totalidad de los expedientes investigados se incumple sistemáticamente el compromiso de contratación exigido en estos cursos”, denuncia un informe policial.
Una alumna de una academia de peluquería de Ronda (Málaga) relató a los policías cómo sus tutores le ofrecieron un puesto de trabajo en Huelva, a más de 200 kilómetros. Al rehusar este empleo, la jefa le exigió un certificado médico en el que figurase que no podía conducir ni hacer esfuerzos. Un mes después, le ofertaron un empleo en Algodonales, a casi 40 kilómetros de Ronda, por 200 euros al mes, a lo que la desempleada replicó que “con ese dinero no tendría ni para la gasolina”.
Las investigaciones han detectado irregularidades no solo en Málaga, sino en Almería y especialmente en Granada. Cuando el caso trascendió, a la opinión pública, en abril, el consejero de Educación de la Junta, Luciano Alonso, acusó al Ministerio del Interior de haber filtrado el asunto a la prensa para montar una campaña contra el Gobierno de la socialista Susana Díaz. Entonces, fuentes policiales informaron a EL PAÍS que el dinero defraudado en toda Andalucía podía oscilar en 20 y 40 millones de euros, en un cálculo basado en las investigaciones realizadas solo en Málaga.
FUENTE:http://politica.elpais.com/politica/2014/06/07/actualidad/1402166100_897966.html
COMANTARIOS DE LOS LECTORES DE ' EL PAIS '
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El pasado viernes, el fiscal jefe de Málaga, Juan Carlos López Caballero, difundió una nota en la notificaba que había dado traslado de las diligencias 206/2013 al juzgado decano tras hallar indicios de responsabilidad penal tras las pesquisas que viene haciendo la Sección de Investigación de la Seguridad Social de la policía.
La operación Edu se centra por ahora en 20 empresas de cursos de formación que recibieron 1,7 millones de euros del Gobierno andaluz. Los agentes han encontrado irregularidades en 17 de esas empresas que supuestamente realizaron “acciones de formación profesional con compromiso de colocación”. Las firmas beneficiadas, además de dedicarse a la “caza de subvenciones”, eran insolventes, carecían de experiencia y, además, en la mayoría de las ocasiones, no daban la colocación prometida a los parados.
Alguna de esas empresas de Málaga, que había constituido un entramado familiar para captar dinero, llegó a recibir más de 500.000 euros, según la UDEF. El dato más sorprendente, revelado por el fiscal López Caballero, es que entre las subvenciones otorgadas en 2011 hay una persona que recibió 14.671.381 euros a través de varias sociedades y entidades vinculadas a él.
El fiscal jefe no dice quién es esa persona, pero fuentes próximas a la investigación apuntan a un antiguo consejero de la Junta, cuya identidad prefieren no revelar hasta que las sospechas no estén más acreditadas. Según esas fuentes, tras las actividades del empresario está también la juez Mercedes Alaya, que lleva el caso de los ERE.
Los 17 empresarios malagueños bajo sospecha incurrieron presuntamente en falsedad en la presentación de documentos referidos a la asistencia a clase de alumnos, suplantación de personalidad de tutores, falta de capacitación del profesorado, incumplimiento generalizado del compromiso de contratación de los estudiantes, gracias a la “absoluta falta de control sobre los cursos por parte de la Administración pública”, dice el fiscal jefe.
La policía asegura que “no ha podido encontrar ni una sola acta de inspección, informes de seguimiento o evaluación de los cursos”, salvo en un caso. El fiscal jefe va a solicitar que presten declaración judicial los empresarios y los funcionarios de la Junta que concedieron tales ayudas
Uno de los informes policiales remarca, por activa y por pasiva, el descontrol sobre el uso de este dinero público, como lo prueba que muchas de las empresas sospechosas no habían presentado en 2013 los informes sobre la ejecución de los cursos realizados en 2011. Como la legislación concede para ese trámite un plazo de tres meses, la policía entiende que, si no es una conducta dolosa, por lo menos supone “dilaciones indebidas en las responsabilidades que le competen al órgano supervisor” (la Junta de Andalucía).
Los agentes hacen hincapié también en “el bajo porcentaje de cursos en Málaga que fueron visitados” (controlados in situ por la inspección del Servicio Andaluz de Empleo), apenas el 33%.
En los informes de la UDEF constan numerosos alumnos que declaran que jamás vieron a ningún inspector en su centro y que no se les hizo ningún caso si en alguna ocasión presentaron quejas ante los técnicos de la Administración. Los investigadores, no obstante, hacen notar en sus informes que la labor inspectora de los cursos de formación se incrementó de forma notable desde que la Consejería de Educación se hizo cargo de estas actividades en diciembre de 2013.
Hay un porcentaje elevado de empresas que aparentemente incurrieron en “un incumplimiento sistemático de los requisitos legalmente establecidos para acceder a la percepción de ayudas públicas”, según la policía. Varias de las firmas obtuvieron las subvenciones “a dedo”, sin concurrir a concursos abiertos. Alguno de los dueños o tutores, incluso, se jactaba abiertamente ante los alumnos de conseguir esas ventajas gracias a su amistad con algún alto cargo de la Administración autonómica. Uno de ellos llegó a recibir entre 2009 y 2012 unos 500.000 euros de dinero público.
Al margen de los delitos y las irregularidades supuestamente cometidos por los empresarios, lo que resulta más sangrante es el trato despectivo y a veces humillante que dispensaban en varias ocasiones a los alumnos, con los que se comprometían a facilitarles una contratación. “En casi la totalidad de los expedientes investigados se incumple sistemáticamente el compromiso de contratación exigido en estos cursos”, denuncia un informe policial.
Una alumna de una academia de peluquería de Ronda (Málaga) relató a los policías cómo sus tutores le ofrecieron un puesto de trabajo en Huelva, a más de 200 kilómetros. Al rehusar este empleo, la jefa le exigió un certificado médico en el que figurase que no podía conducir ni hacer esfuerzos. Un mes después, le ofertaron un empleo en Algodonales, a casi 40 kilómetros de Ronda, por 200 euros al mes, a lo que la desempleada replicó que “con ese dinero no tendría ni para la gasolina”.
Las investigaciones han detectado irregularidades no solo en Málaga, sino en Almería y especialmente en Granada. Cuando el caso trascendió, a la opinión pública, en abril, el consejero de Educación de la Junta, Luciano Alonso, acusó al Ministerio del Interior de haber filtrado el asunto a la prensa para montar una campaña contra el Gobierno de la socialista Susana Díaz. Entonces, fuentes policiales informaron a EL PAÍS que el dinero defraudado en toda Andalucía podía oscilar en 20 y 40 millones de euros, en un cálculo basado en las investigaciones realizadas solo en Málaga.
FUENTE:http://politica.elpais.com/politica/2014/06/07/actualidad/1402166100_897966.html
COMANTARIOS DE LOS LECTORES DE ' EL PAIS '
¿Para qué pagar impuestos?. Para que se lo lleven éstos?. ¿Encima nos
lo dicen éstos, que todo lo hacen en negro, que hay que cumplir con
nuestras obligaciones?. Propongo la insumisión fiscal hasta que no
refuercen la policía anticorrupción y hasta que no estén en la cárcel
todos estos chorizos. Mientras tanto, está totalmente justificado
escaquear todo lo que podamos a la Hacienda Pública. Es que no hablamos
de pequeñas cantidades, hablamos de decenas de millones de euros en cada
caso de éstos. Foro EL PAÍS
Esto es increíble, la corrupción en este país es el río que no cesa.
¿Es que hay alguien honrado entre los que nos gobiernan o nos han
gobernado?. Robar el dinero de los parados está en el mismo nivel de
indignidad que robar la ayuda del tercer mundo. Los políticos se
indignan cuando les metemos a todos en el mismo saco, pero por ahora lo
único cierto es que la mayoría están implicados en casos de corrupción,
si analizas cualquier consejería o departamento público se aprecia que
prácticamente ninguno es estricto en lo que se refiere a la custodia y
buena utilización de los fondos públicos. Que no nos digan que los
corruptos son una minoría, eso quisieran ellos. Y sino, que nos
demuestren lo contrario. Foro EL PAÍS
48 directivos socialista con sueldos millonarios
El Gobierno se plantea la inminente sustitución de Echenique
Gaceta.es
Sábado, 7. Junio 2014 - 17:04
Tanto en Moncloa como en Génova 13 'ya no le aguantan más'. Su relevo es inminente. Incluso en los próximos días.
Dicho en términos futbolísticos, Echenique está ya 'en tiempo de descuento' hace meses. La ruinosa situación financiera de la Corporación que preside, denunciada en los últimos meses en sede parlamentaria y los últimos escándalos, como el viaje a Lisboa -a cuenta de todos los españoles- de 20 altos directivos de RTVE para ver la final de 'Champions' entre el Real Madrid y el Atlético de Madrid, han terminado por agotar la paciencia de la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría y de la secretaria de Estado de Comunicación, Carmen Martínez Castro. Esto por lo que a Moncloa se refiere porque la paciencia de la 'número dos' del PP, Dolores de Cospedal
y de toda la cúpula del partido que sustenta al Gobierno estaba
rebasada ya desde hace mucho más tiempo. Y es que Cospedal siempre ha
atribuido a un 'gravísimo error' de su 'íntima enemiga'. Sáenz de
Santamaría, el nombramiento al frente de la televisión pública de uno de
sus 'sorayos' favoritos, otro abogado del Estado pero sin experiencia
alguna en la empresa privada, fuera de su paso por el Consejo de NH. Las
consecuencias, según cuenta Cospedal a sus íntimos 'han sido
devastadoras'. Informativamente hablando... y financieramente también.
Nombres como el de Bonifacia ('Faci') Peñate, exjefa de prensa del exministro socialista Juan Fernando López Aguilar y cuyo cargo se ha transmutado en una actual 'Dirección de Responsabilidad Corporativa de Imagen y Comunicación Interna'. O María José Prieto Falcón, Directora de la Orquesta y Coro, o Carmen Rivas Iglesias, Directora de Gestión Corporativa ('una directora de la que no depende nadie y cuya función no tiene un contenido real', según denuncian los sindicatos) o Monserrat Abbad Sort, Directora de Contenidos de TVE, o el caso más sangrante, el del exdirector de Informativos del 'zapaterismo' más duro, Fran Llorente, del que nadie se ha atrevido a prescindir y al que, muy al contrario, se le han mantenido funciones de asesoría y ubicación física -a pocos metros- de la que ocupa el actual director de Informativos, Julio Somoano.
Todos ellos conservan, ya se ha dicho, sueldos difíciles de precisar ya que en la mayor parte de los casos los perciben en tramos -no del todo conocidos- (una parte fija, otra 'variable' y otra a través de 'bonus') pero que en ningún caso bajan de los cien mil euros brutos anuales y en algunos hasta los duplican.
Otro histórico de RTVE y de tradicional devoción socialista, Miguel Ángel Sacaluga, mantiene su puesto -con sus correspondientes dietas- en el Consejo de Administración, a pesar de que debería hacer cesado en sus funciones junto con otros cinco más en diciembre de 2012, al haber caducado su mandato, más su sueldo como redactor de la casa, más la realización semanal de un espacio en la '2', que le reporta entre 1.500 y 6.000 euros por programa (la cuantía es imposible de determinar porque se trata de complementos absolutamente opacos puesto que los otorga y firma directamente González-Echenique y no son de conocimiento público).
Montoro no suelta ni un euro más... si no se va Echenique
O tal vez sí, pero con una condición: que Leopoldo González-Echenique salga despedido de la presidencia de RTVE. Si se cumple esa premisa, el Ministerio de Hacienda tiene preparados 100 millones de euros -de hoy para mañana- para contribuir a enjugar la gigantesca deuda de la Corporación. Ya en los últimos días de abril, tal y como contó @gaceta_es, Cristóbal Montoro, en un despacho de Alcalá 10, dependencias oficiales del Ministerio que dirige, ofreció a González-Echenique, en presencia de Soraya Sáenz de Santamaría, 400 millones de euros para salvar RTVE. Las dos condiciones eran un plan de viabilidad serio para esa casa y un cambio radical en la línea informativa que, desde Moncloa y Génova 13, se considera aún increiblemente afín al PSOE, que a través de un denominado 'consejo de redacción', sin peso de decisión vinculante pero con poder real, sigue controlando los informativos de la televisión pública. Echenique se negó. El cuarto invitado en aquella mesa, Enrique Alejo, director general Corporativo de RTVE, no daba crédito. A día de este sábado, Montoro sigue dispuesto a poner dinero. Pero ya no le vale con que cambie el sesgo de los telediarios de la pública. Exige el cese fulminante -o la dimisión- de González Echenique. Nuestro protagonista lo admite ya en privado: 'o me cesan o me voy', le ha dicho a sus íntimos. Eso sí, con advertencias incluidas: 'Si me voy, muero matando porque me llevaré por delante a Alejo'. Enrique Alejo González es, ya se ha dicho, director General Corporativo de la Corporación y es considerado por todos 'el hombre de Montoro' en RTVE. A él se atribuye la filtración hace un mes al diario El Mundo de un demoledor informe interno en el que se evidenciaba una situación de práctica quiebra técnica.'Los 48 de Luis Fernández'
Con éste panorama, el hombre de la vicepresidenta del Gobierno en Prado del Rey, se permite el lujo de mantener en nómina a 48 altos cargos, entre dirección y 'alta dirección', 'heredados' de la etapa en la que Luis Fernández presidía RTVE y Zapatero mandaba en Moncloa, muchos de ellos según denuncian los sindicatos sin cometido específico, pero que conservan jugosas prebendas y elevados sueldos.Nombres como el de Bonifacia ('Faci') Peñate, exjefa de prensa del exministro socialista Juan Fernando López Aguilar y cuyo cargo se ha transmutado en una actual 'Dirección de Responsabilidad Corporativa de Imagen y Comunicación Interna'. O María José Prieto Falcón, Directora de la Orquesta y Coro, o Carmen Rivas Iglesias, Directora de Gestión Corporativa ('una directora de la que no depende nadie y cuya función no tiene un contenido real', según denuncian los sindicatos) o Monserrat Abbad Sort, Directora de Contenidos de TVE, o el caso más sangrante, el del exdirector de Informativos del 'zapaterismo' más duro, Fran Llorente, del que nadie se ha atrevido a prescindir y al que, muy al contrario, se le han mantenido funciones de asesoría y ubicación física -a pocos metros- de la que ocupa el actual director de Informativos, Julio Somoano.
Todos ellos conservan, ya se ha dicho, sueldos difíciles de precisar ya que en la mayor parte de los casos los perciben en tramos -no del todo conocidos- (una parte fija, otra 'variable' y otra a través de 'bonus') pero que en ningún caso bajan de los cien mil euros brutos anuales y en algunos hasta los duplican.
'Espías bien-pagados'
La situación ha llegado a ser tan chusca que hace no demasiados meses, un consejero socialista, que lo sigue siendo en la actualidad, confesaba en privado a un exalto cargo también televisivo -de cuando José Aznar ocupaba el Palacio de la Moncloa- : 'Es increíble que los tuyos mantengan ahí a Fran Llorente. Con lo que habéis dicho de él. Pero si es el mayor espía de Ferraz en esta casa. Y encima le conserváis el dinero y las prebendas'. La cara del exalto cargo 'popular' era perfectamente descriptible. Para no creerlo.Otro histórico de RTVE y de tradicional devoción socialista, Miguel Ángel Sacaluga, mantiene su puesto -con sus correspondientes dietas- en el Consejo de Administración, a pesar de que debería hacer cesado en sus funciones junto con otros cinco más en diciembre de 2012, al haber caducado su mandato, más su sueldo como redactor de la casa, más la realización semanal de un espacio en la '2', que le reporta entre 1.500 y 6.000 euros por programa (la cuantía es imposible de determinar porque se trata de complementos absolutamente opacos puesto que los otorga y firma directamente González-Echenique y no son de conocimiento público).
