el control del dinero público
El Supremo denuncia la politización del Tribunal de Cuentas
Una sentencia advierte que ya hay más funcionarios nombrados por los partidos que de carrera
El pleno está controlado por el PP y el PSOE
No es habitual que el Tribunal Supremo
sea tan explícito en sus sentencias, pero quizá esta vez lo ha hecho
porque no es la primera vez que se pronuncia sobre los intentos de
llenar el Tribunal de Cuentas
con funcionarios de libre designación, lo que conlleva un alto riesgo
de politización. El asunto es grave porque este organismo es clave para
detectar la corrupción. En una sentencia del pasado 3 de diciembre,
desestima dos nombramientos de cargos, la subdirectora adjunta de la
Asesoría Jurídica, Virginia de los Reyes, y el asesor económico
financiero, José María Gordo Moreno, nombrados por indicación del pleno,
el máximo órgano. El texto reclama más funcionarios de carrera, que
llegan por oposición, para que sean mayoría y afirma que sobran 30 de
los recomendados.
El pleno del tribunal siempre ha estado controlado por los dos grandes partidos, que se convierten en los fiscalizadores del dinero público, que, por otra parte, ellos mismos gastan. Ahora el PP (ocho puestos) domina el pleno, frente al PSOE, que tiene cuatro asientos.
Esta misma semana el Tribunal Constitucional se ha unido al Supremo en la lucha contra la intromisión en el Tribunal de Cuentas. En una sentencia de la sala primera, presidida por Pascual Sala, declara inconstitucional que se rebaje la titulación necesaria para acceder al cuerpo superior de auditores, como pretendió el PSOE en 2008. Otra victoria para la profesionalización de este organismo.
El Tribunal de Cuentas es un objeto de deseo para los políticos por ser el gran fiscalizador, a posteriori, de los miles de millones que gasta la Administración. Incluso analiza las controvertidas cuentas de los partidos políticos, eso sí, con gran retraso. Por eso, el Tribunal Supremo alerta de la peligrosa situación que tenía en 2011 —año del litigio— cuando eran mayoría los funcionarios llegados de otras Administraciones: 94 frente a los 89 letrados y auditores de carrera. En la sentencia, cuyo ponente fue Vicente Conde, se recuerda al pleno que de los 206 puestos que tenían dotación presupuestaria, "142 corresponden a la plantilla de los Cuerpos Superiores (...), por lo que solo podrán cubrirse por funcionarios de Cuerpos de Administraciones Públicas y de la Seguridad Social 64 puestos, límite que se halla hoy ampliamente superado". La afirmación supone denunciar que hay 30 personas de otras Administraciones que trabajaban de forma irregular.
Por esta puerta de atrás llegó al Tribunal Manuel Aznar, hermano del expresidente José María Aznar. Primero fue funcionario, pero después fue ascendido a vocal del pleno; es decir, con chófer, secretaria y alto sueldo. Manuel Aznar es responsable de inspeccionar los Ministerios de Hacienda, Economía, Fomento y Sanidad, todos ellos de gran peso.
Mientras los departamentos normales, que fiscalizan la Seguridad Social, las comunidades autónomas o las corporaciones, cuentan con unos 60 o más funcionarios, los de los partidos políticos han fluctuado desde los 12 a los 26 que ahora han colocado tras los escándalos publicados. Con estas cifras, no debe extrañar que el último ejercicio analizado de los partidos fuera 2007.
Además, no existe un cuerpo de funcionarios asignado porque el departamento se crea y se disuelve según el trabajo que haya. Cada vez que hay que escudriñar a los partidos, se reclaman funcionarios de otros departamentos hasta formar el grupo. “Vienen a regañadientes porque salen de sus divisiones a la fuerza. Al no existir un grupo estable, no hay especialistas en partidos, lo que provoca que sean menos eficaces. Cada vez que llegan, empiezan de cero”, comentan fuentes del tribunal.
Pero hay más peculiaridades. Todos los departamentos del tribunal tienen un vocal responsable. Es el que sigue las averiguaciones que realizan los funcionarios. ¿Y qué pasa en partidos? Pues que en lugar de un responsable (que siempre corresponde a un partido) hay dos; chico y chica, PP-PSOE. Así que, se podría pensar, tú no me molestas a mí y yo tampoco a ti. En medio pueden quedar soterradas las verdades incómodas.
La situación ha llegado al nivel del escándalo cuando el PP aseguró que era un partido auditado porque entregaba todos sus datos al Tribunal de Cuentas. Pero resulta que desde 2007 no hay informes, no hay control y ha llegado el momento de desempolvar carpetas a toda prisa en los archivos. El Tribunal de Cuentas espera entregar en verano el ejercicio de 2008 y para fin de año los de 2009, 2010 y 2011.
El presidente del Tribunal de Cuentas, Ramón Álvarez de Miranda, calificó hace días de “mejorable” la fiscalización de las cuentas de los partidos. Tras afirmar que solo tenían acceso a “la contabilidad de los partidos”, Álvarez de Miranda admitió que deberían poder acceder a información de la Agencia Tributaria que ahora le está vetada. También reclamó “una legislación más estricta” sobre los proveedores de los partidos. El martes acude al Congreso. Ahí puede reclamarla.
La situación fue denunciada por la Asociación de los Cuerpos
Superiores de Letrados y Auditores del Tribunal de Cuentas que
consideran que el Supremo "denuncia la falta de voluntad de los máximos
responsables de dotar con profesionales que son los que gozamos de una
independencia probada ya que accedemos por oposición. Nosotros no
formamos parte de la Administración porque no participamos en la gestión
de ningún organismo ni debemos nuestro cargo a nadie", apunta Elena
Vicente, presidenta de esta asociación. "Además, tenemos una falta de
movilidad de hecho, ya que no podemos ir a otros cuerpos de la
Administración; solo podemos trabajar en el Tribunal de Cuentas",
recuerda. Por último, apunta que la Asociación "no pone en duda la
profesionalidad ni la capacidad de los otros funcionarios", pero
recuerda que desde 1987, cuando echó a andar el tribunal tal como se
conoce ahora, "nunca se ha cubierto el tope de los letrados y auditores,
mientras que no han parado de incorporarse personas de libre
designación". Esta situación choca con el argumento oficial de que al
tribunal le faltan efectivos.
Fuentes oficiales del tribunal comentaron que tras la sentencia del Supremo, "el pleno tomará medidas la semana próxima para modificar la relación de puestos de trabajo en el sentido marcado por la sentencia", sin más detalles. El problema no es fácil de solucionar: este año hay 174 funcionarios de cuerpos propios (que podrían continuar), y 175 de otras Administraciones. De estos, sobrarían más de la mitad, si se aplica la sentencia, que condenó a costas al tribunal.
No es el primer caso. En 2009, la sala de lo contencioso-administrativo del Supremo anuló el nombramiento como subdirectora de Carmen de Vicente, hermana de Ciriaco de Vicente, del PSOE, que era consejero e incluso fue presidente.
Esta injerencia política lleva a situaciones tan esperpénticas como que el grupo de funcionarios que analizó un año las cuentas de la Seguridad Social estaba compuesto en su totalidad por exfuncionarios de ese organismo. Es difícil creer en su independencia de criterio.
Además, para los nombrados vía digital, la llegada al Tribunal de Cuentas tiene una ventaja salarial muy importante. Según fuentes internas, los trasladados tienen retribuciones más bajas, que son elevadas automáticamente. Los sueldos en este tribunal son de los más elevados de la Administración para evitar la tentación de aceptar sobornos. Muchos llegan con nivel 23 de la Administración y pueden alcanzar hasta el 30 si se mantienen tiempo en su trabajo. Es otra razón para ser agradecidos con los que les han nombrado.
FUENTEhttp://politica.elpais.com/politica/2013/02/09/actualidad/1360438194_544177.html
El pleno del tribunal siempre ha estado controlado por los dos grandes partidos, que se convierten en los fiscalizadores del dinero público, que, por otra parte, ellos mismos gastan. Ahora el PP (ocho puestos) domina el pleno, frente al PSOE, que tiene cuatro asientos.
Esta misma semana el Tribunal Constitucional se ha unido al Supremo en la lucha contra la intromisión en el Tribunal de Cuentas. En una sentencia de la sala primera, presidida por Pascual Sala, declara inconstitucional que se rebaje la titulación necesaria para acceder al cuerpo superior de auditores, como pretendió el PSOE en 2008. Otra victoria para la profesionalización de este organismo.
El Tribunal de Cuentas es un objeto de deseo para los políticos por ser el gran fiscalizador, a posteriori, de los miles de millones que gasta la Administración. Incluso analiza las controvertidas cuentas de los partidos políticos, eso sí, con gran retraso. Por eso, el Tribunal Supremo alerta de la peligrosa situación que tenía en 2011 —año del litigio— cuando eran mayoría los funcionarios llegados de otras Administraciones: 94 frente a los 89 letrados y auditores de carrera. En la sentencia, cuyo ponente fue Vicente Conde, se recuerda al pleno que de los 206 puestos que tenían dotación presupuestaria, "142 corresponden a la plantilla de los Cuerpos Superiores (...), por lo que solo podrán cubrirse por funcionarios de Cuerpos de Administraciones Públicas y de la Seguridad Social 64 puestos, límite que se halla hoy ampliamente superado". La afirmación supone denunciar que hay 30 personas de otras Administraciones que trabajaban de forma irregular.
Por esta puerta de atrás llegó al Tribunal Manuel Aznar, hermano del expresidente José María Aznar. Primero fue funcionario, pero después fue ascendido a vocal del pleno; es decir, con chófer, secretaria y alto sueldo. Manuel Aznar es responsable de inspeccionar los Ministerios de Hacienda, Economía, Fomento y Sanidad, todos ellos de gran peso.
Los partidos, vigilados por ellos mismos
La prueba del algodón que demuestra que algo no funciona en el Tribunal de Cuentas es el mecanismo de control de los partidos políticos. Pese a ser un asunto clave para el buen funcionamiento de una democracia y una barrera frente a la corrupción, este organismo dedica pocos medios a esta labor y con curiosas anomalías.Mientras los departamentos normales, que fiscalizan la Seguridad Social, las comunidades autónomas o las corporaciones, cuentan con unos 60 o más funcionarios, los de los partidos políticos han fluctuado desde los 12 a los 26 que ahora han colocado tras los escándalos publicados. Con estas cifras, no debe extrañar que el último ejercicio analizado de los partidos fuera 2007.
Además, no existe un cuerpo de funcionarios asignado porque el departamento se crea y se disuelve según el trabajo que haya. Cada vez que hay que escudriñar a los partidos, se reclaman funcionarios de otros departamentos hasta formar el grupo. “Vienen a regañadientes porque salen de sus divisiones a la fuerza. Al no existir un grupo estable, no hay especialistas en partidos, lo que provoca que sean menos eficaces. Cada vez que llegan, empiezan de cero”, comentan fuentes del tribunal.
Pero hay más peculiaridades. Todos los departamentos del tribunal tienen un vocal responsable. Es el que sigue las averiguaciones que realizan los funcionarios. ¿Y qué pasa en partidos? Pues que en lugar de un responsable (que siempre corresponde a un partido) hay dos; chico y chica, PP-PSOE. Así que, se podría pensar, tú no me molestas a mí y yo tampoco a ti. En medio pueden quedar soterradas las verdades incómodas.
La situación ha llegado al nivel del escándalo cuando el PP aseguró que era un partido auditado porque entregaba todos sus datos al Tribunal de Cuentas. Pero resulta que desde 2007 no hay informes, no hay control y ha llegado el momento de desempolvar carpetas a toda prisa en los archivos. El Tribunal de Cuentas espera entregar en verano el ejercicio de 2008 y para fin de año los de 2009, 2010 y 2011.
El presidente del Tribunal de Cuentas, Ramón Álvarez de Miranda, calificó hace días de “mejorable” la fiscalización de las cuentas de los partidos. Tras afirmar que solo tenían acceso a “la contabilidad de los partidos”, Álvarez de Miranda admitió que deberían poder acceder a información de la Agencia Tributaria que ahora le está vetada. También reclamó “una legislación más estricta” sobre los proveedores de los partidos. El martes acude al Congreso. Ahí puede reclamarla.
Fuentes oficiales del tribunal comentaron que tras la sentencia del Supremo, "el pleno tomará medidas la semana próxima para modificar la relación de puestos de trabajo en el sentido marcado por la sentencia", sin más detalles. El problema no es fácil de solucionar: este año hay 174 funcionarios de cuerpos propios (que podrían continuar), y 175 de otras Administraciones. De estos, sobrarían más de la mitad, si se aplica la sentencia, que condenó a costas al tribunal.
No es el primer caso. En 2009, la sala de lo contencioso-administrativo del Supremo anuló el nombramiento como subdirectora de Carmen de Vicente, hermana de Ciriaco de Vicente, del PSOE, que era consejero e incluso fue presidente.
Esta injerencia política lleva a situaciones tan esperpénticas como que el grupo de funcionarios que analizó un año las cuentas de la Seguridad Social estaba compuesto en su totalidad por exfuncionarios de ese organismo. Es difícil creer en su independencia de criterio.
Además, para los nombrados vía digital, la llegada al Tribunal de Cuentas tiene una ventaja salarial muy importante. Según fuentes internas, los trasladados tienen retribuciones más bajas, que son elevadas automáticamente. Los sueldos en este tribunal son de los más elevados de la Administración para evitar la tentación de aceptar sobornos. Muchos llegan con nivel 23 de la Administración y pueden alcanzar hasta el 30 si se mantienen tiempo en su trabajo. Es otra razón para ser agradecidos con los que les han nombrado.
FUENTEhttp://politica.elpais.com/politica/2013/02/09/actualidad/1360438194_544177.html
El debate sobre el estado de la corrupción
El debate del 20 y 21 de febrero iba a ser el punto de inflexión para que Rajoy retomara la iniciativa
El 'caso Bárcenas' ha cambiado sus planes
El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, en el Palacio de La Moncloa. / JUANJO MARTIN (EFE)
El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy,
había previsto que el debate del estado de la nación de los días 20 y
21 de febrero fuera el punto de inflexión para buscar la iniciativa
política y rentabilizar los incipientes signos de recuperación
económica.
Mantiene en la previsión anunciar medidas económicas de estímulo del empleo, una vez culminadas casi todas las reformas estructurales y con el déficit público lo suficientemente embridado. Sin embargo, tras anunciar la fecha de su primer debate de este tipo, han estallado los escándalos y el Gobierno es ahora consciente de que será más bien un intercambio con el resto de grupos sobre el estado de la corrupción.
Antes de estallar el caso Bárcenas, el presidente del Gobierno promovió un intento de pacto con el resto de partidos sobre medidas concretas contra la corrupción, sobre la base del informe inminente del Centro de Estudios Políticos y Constitucionales. La vicepresidenta Soraya Saénz de Santamaría llegó a contactar con los portavoces para buscar un acuerdo, pero la polémica sobre Bárcenas y la petición de dimisión de Rajoy que hizo Alfredo Pérez Rubalcaba han congelado el intento de acuerdo.
Ahora más bien será el presidente el que en ese debate anuncie medidas concretas que incluirán, según el Ejecutivo, reformas para endurecer el Código Penal y para establecer más controles contra la corrupción. También ha quedado frenado el intento de pacto frente al desempleo que promovió el secretario general del PSOE con un documento que remitió hacer varias semanas a La Moncloa.
El otro ministro debilitado es el titular de Hacienda, Cristóbal Montoro, por haber impulsado una amnistía fiscal por la que se han colado algunos de los miembros de la trama de Gürtel, empezando por el extesorero del partido Luis Bárcenas.
De hecho, el PSOE tiene revisto reforzar su labor de oposición en el Congreso en dirección a estos dos ministros.
FUENTE: http://politica.elpais.com/politica/2013/02/10/actualidad/1360530978_819104.html
COMENTARIOS DE LOS LECTORES DE " EL PAIS"
Mantiene en la previsión anunciar medidas económicas de estímulo del empleo, una vez culminadas casi todas las reformas estructurales y con el déficit público lo suficientemente embridado. Sin embargo, tras anunciar la fecha de su primer debate de este tipo, han estallado los escándalos y el Gobierno es ahora consciente de que será más bien un intercambio con el resto de grupos sobre el estado de la corrupción.
Antes de estallar el caso Bárcenas, el presidente del Gobierno promovió un intento de pacto con el resto de partidos sobre medidas concretas contra la corrupción, sobre la base del informe inminente del Centro de Estudios Políticos y Constitucionales. La vicepresidenta Soraya Saénz de Santamaría llegó a contactar con los portavoces para buscar un acuerdo, pero la polémica sobre Bárcenas y la petición de dimisión de Rajoy que hizo Alfredo Pérez Rubalcaba han congelado el intento de acuerdo.
Ahora más bien será el presidente el que en ese debate anuncie medidas concretas que incluirán, según el Ejecutivo, reformas para endurecer el Código Penal y para establecer más controles contra la corrupción. También ha quedado frenado el intento de pacto frente al desempleo que promovió el secretario general del PSOE con un documento que remitió hacer varias semanas a La Moncloa.
Ministros debilitados
A ese debate llegará Rajoy con una cierta sensación de alivio entre los suyos tras la reacción al caso Bárcenas con la publicación de las cuentas del partido y sus declaraciones de la renta, pero con varios miembros del Gobierno muy tocados. Especialmente la ministra de Sanidad, Ana Mato, cuya dimisión es rechazada por el presidente del Gobierno, pero que es en este momento el blanco preferido de los partidos de la oposición por las relaciones de su exmarido con la trama Gürtel.El otro ministro debilitado es el titular de Hacienda, Cristóbal Montoro, por haber impulsado una amnistía fiscal por la que se han colado algunos de los miembros de la trama de Gürtel, empezando por el extesorero del partido Luis Bárcenas.
De hecho, el PSOE tiene revisto reforzar su labor de oposición en el Congreso en dirección a estos dos ministros.
FUENTE: http://politica.elpais.com/politica/2013/02/10/actualidad/1360530978_819104.html
COMENTARIOS DE LOS LECTORES DE " EL PAIS"
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Ya es hora de que los políticos se enteren de que NO creemos ni en
Comisiones de Investigación ni en el Tribunal de Cuentas.Dos absurdos
que nos cuestan mucho dinero para NADA.
Y ahí está el exsecretario de las juventudes socialistas de consejero
de no se qué gran empresa, y Rubalcab aprotestando con la boca pequeña.
Por su lado, Ana Mato dejándose invitar en viajes y celebraciones,
Fabra, el del aeropuerto, paseándose con sus nietos, Baltar, padre e
hijo, haciendo parangón con los clanes de Cambados, Carromero lejos de
seguir en la cárcel, al contrario de pasarle lo que la ministro inglés
dimitido por falsear una multa de tráfico Ana Botella le facuilita un
trabajo de asesor ¿de qué? sin tener el bachillerato. Y ahora, esperanza
Aguirre, que aún debe tener el calor de su mano de haberle ido a
visitar a la cárcel, se presenta tal que una Juana de Arco para un
aregeneración moral ¿de qué? ¿Y los de Unió? ¿Con que cara puede ese
meapilas de Durán puede pedir a nadie honradez? ¿Es que se cree lavado
por el hecho de haber ido a tragar hostias no se sabe si consagradas o
no del mismo material de las que traga Botella, que ya solo con losde
Madrid Arena debía estar metida en un rincón?
El estado de la corrupción es tal que los diputados ya van al Congreso con mascarilla. Hoy “Mariano también apoya a Báñez” en http://cort.as/1jRW
De verdad creo cada vez más que NO necesitamos crear una comisión más
(la que propone Rubalcaba de "investigación de la corrupción). El mero
hecho de exisitr organismos judiciales debería ser suficiente para poder
denunciar estas cosas. Una comisión nueva sería otro organismo a pagar,
dirigido por los mismos de siempre (los que estén en el poder en ese
momento) y no serviría para nada. La corrupción en este país se mama
desde la infancia, la educación. En este país está muy implantado el
mangar, cada uno a su escala. De jóvenes alguna botella de alcohol en el
super, o algo en El Corte Inglés, de mayores a evadir en la
declaración, a no declarar IVA,etc,etc. Es fácil proponerse uno mismo no
hacerlo, pero no es fácil cumplirlo viendo la panda de chorizos como
Urdangarín y Bárcenas. No lo justifico, sólo digo que es difícil. Por
eso hay que empezar desde 0. Desde que somos niños, educarnos en no
robar, no coger lo que no es nuestro, no copiar en los exámenes. Son
tántas cosas...
Los partidos de la oposición no deberían de perder su/nuestro tiempo
con asuntos que le corresponden a la justicia.El que proponga:
desaparición del SENADO,de las DIPUTACIONES y CABILDOS,de la
financiación puública de PARTIDOS,SINDICATOS Y PATRONAL .Que se
PUBLIQUEN TODAS LAS CUENTAS PUBLICAS ,LISTAS ABIERTAS y que LAS PROMESAS
ELECTORALES SEAN DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO.El que se atreva a proponer
eso saldrá del debate con una gran colecta de votos
Llevamos años arrastrando los problemas del tráfico de influencias y de
la corrupción. Recuerdo allá por el año 92 que el ministro francés
Beregovoi se suicidó porque se desveló que había pedido prestado dinero a
un amigo rico para comprar el piso donde vivía y le acusarón de
evitarse así el pago de los intereses. En Alemania los ministros dimiten
por lo que aquí serían fruslerías como copiar unas tésis, pedir
prestado o dejarse invitar a una noche de hotel. Si Alfonso Guerra,
hubiese dimitido o se le hubiese obligado a dimitir cuando lo de sus
hermanos, no hablemos ya de lo que duró lo de Filesao lo de Roldan, que
están en libertad y con el dinero sin devolverlo, se hubiera sentado un
precedente y un aviso a navegantes. Pero los hermanos de Guerra se
quedaron con sus yegüas, Guerra siguió de vicepresidente hasta el final,
y Roldán en la calle y con el dinero. Los que han venido después se han
dicho que esto es jauja, y así Zaplana pudo decir impunemente que
estaba en política para forrarse y nadie da cuentas de nada.
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