Los enchufes masivos del alcalde
La juez se incautó en la casa de Francisco Rodríguez de currículos y listas con decenas de recomendados
Francisco Rodríguez el día de su dimisión / NACHO GÓMEZ
La Operación Pokémon, además de presuntos sobornos y 253.000 euros
sin justificar en las cuentas familiares del exalcalde socialista de
Ourense, ha destapado listas con decenas de personas supuestamente
enchufadas en contratas municipales. Los investigadores irrumpieron en
el domicilio de Francisco Rodríguez con una orden de registro y
volvieron a Lugo con documentos que ahora apuntalan la instrucción. Allí
se incautaron de listas de enchufados con sus correspondientes
recomendadores, trabajadores clasificados por filiación política,
currículos o correos electrónicos enviados desde la concesionaria de la
basura a la alcaldía con cuadros de contratación.
El exgerente de Ecourense, contrata de Copasa y FCC que gestiona el servicio de limpieza y residuos, envió un correo a la alcaldía informando de 38 contratos. El listado destapa quién fue la persona que recomendó a cada enchufado. En su declaración, Rodríguez aseguró a la juez que ese dato sirve para “identificar a alguien” porque “recibes cientos de solicitudes para buscar trabajo y luego mandas un lote de los que tienes, pero son ellos [LA CONTRATA]los que deciden finalmente”.
En la columna de recomendadores, junto a decenas de desconocidos, figuran Pablo López Vidal (exdiputado y actual secretario de organización de la agrupación municipal socialista), Abel Losada (diputado del PSdeG), “Chelis Vilardevós” (exalcalde socialista de Vilardevós), Marga Martín (teniente de alcalde de Ourense), “Mercedes UGT” o José González Balado (chófer del PSOE en campaña electoral). Incluso aparece un exconcejal del PP. También menciones a hijos o nietos de militantes socialistas. Incluso amigos: “Dos afiliados amigos de Rosa”, en referencia a Rosa Martínez, miembro de la ejecutiva local del PSdeG, a su vez contratada en el Ayuntamiento como personal de confianza. “¿Solicitaban la contratación de afiliados del PSOE?”, preguntó la juez. “No, no” respondió dubitativo el exregidor.
El padrino de uno de los enchufados es Agustín. “¿El actual alcalde?”, interrogó de Lara. “Puede ser”, respondió Rodríguez. Y es que los enchufes llegaron incluso a la familia del actual regidor. El exalcalde contrató en 2011 a la hija de Agustín Fernández (entonces edil de Hacienda) en el gabinete de comunicación. Cuando Fernández accedió a la alcaldía, recontrató a su propia hija por decreto.
A continuación compara a los trabajadores españoles con inmigrantes: “Tenemos a dos senegaleses. Otro mundo. Uno estaba en Zamora y en cinco horas estaba aquí con los papeles. Se fue dando gracias hasta la mezquita y ahora debe estar llegando a La Meca”. Y además se encarga de dejar un recado para que lo transmita a los aspirantes a los empleos: “Como sugerencia diles que si buscan trabajo den un teléfono actualizado y si lo cambian que avisen. Hemos hablado con un lote de madres, abuelos, cuñados y primos en Pamplona. Hasta con un supermercado de Granollers”. El autor del correo, entonces gerente de la contrata, trabaja actualmente en el Ayuntamiento gracias a un contrato pagado con fondos europeos.
En otro documento con el personal de Ecourense en 2010 aparecen más
recomendadores con cargo público: Fernando Varela (exconcejal del BNG) o
“Paco” entre otros. “¿Cuando ponen Paco se refieren a usted?”, preguntó
la juez. “Supongo que sí. Me adjudican un montón”, respondió Rodríguez
casi sorprendido, que negó conocer a varios de los padrinos. “Es difícil
de explicar las presiones de la vida política cuando la gente te deja
currículos. Puedes rechazarlos pero a veces los transmites a la empresa
por si puede hacer algo” justificó cuando de Lara le preguntó si Copasa
contrataba a los enchufados que él recomendaba.
En otra ocasión, Ecourense consultó a la alcaldía a quién contratar a través de un correo electrónico. Tenían varios candidatos pero no había plazas para todos. Y añadían: “Id pensando que el uno de junio tengo que tener 18 contratados más por cuatro meses que sumados a los 16 del plan de choque cubrirían a los 34 que se van. Hablamos del tema”. Cuando de Lara interpeló si “es normal” que pregunten al alcalde por los contratos, Rodríguez le explicó que “es bueno que el Ayuntamiento sepa a quién se contrata” porque “aunque están en una empresa son gente que luego se subroga en el futuro”.
En el piso del exalcalde también apareció un listado de empleados interinos de 2008 que destapa a 16 personas colocadas por el BNG y otras 41 del PSdeG. Rodríguez negó que la ideología influyese en la contratación. En su sótano se incautó otra carpeta que contenía un listado de enchufados y enchufadores para un programa de cooperación. “Poco puedo explicar” respondió sobre ese documento, aunque matizó que algunos de los señalados eran del PP. En esa lista de padrinos aparecen otros nombres públicos como María Devesa (edil socialista), Bienvenido Pérez (miembro de la ejecutiva local socialista y empleado interino del Ayuntamiento), Ana Garrido (edil socialista), Luis Bermúdez (secretario del Ayuntamiento) y de nuevo “Paco” en varias ocasiones.
Los supuestos enchufes en contratas municipales llegaron al entorno familiar de Francisco Rodríguez. Su pareja y su hijo fueron contratados en Aquagest. Mercedes Astorga, imputada en la Pokémon por blanqueo de capitales, aún trabaja en la concesionaria del agua. El exalcalde, presuntamente, devolvió el favor colocando en el servicio de aguas del Ayuntamiento a la esposa de Henry Laíño, exdelegado de Aquagest en Ourense y Galicia. La secretaria personal del exalcalde (todavía en nómina) es la pareja de su sobrino, que a su vez es funcionario. Además, el delegado ourensano de Vendex reconoció a la juez que enchufaron a media docena de personas.
La juez mostró varios currículos confiscados en su domicilio, entre ellos uno de “la hija de un amigo de toda la vida” que había dejado los datos “por si había un hueco”. Rodríguez se apresuró a justificar que no fue contratada. También fue incautado un correo en el que piden influir por un opositor a la Policía Local. “Seguro que no aprobó”, respondió. En otra carpeta con documentación de esas oposiciones está subrayado un candidato. “¿Por qué?” preguntó la juez. “No lo sé. Seguramente porque fue el único de Ourense que aprobó”, justificó el exalcalde.
FUENTE:http://ccaa.elpais.com/ccaa/2014/02/21/galicia/1393012527_484676.html
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El exgerente de Ecourense, contrata de Copasa y FCC que gestiona el servicio de limpieza y residuos, envió un correo a la alcaldía informando de 38 contratos. El listado destapa quién fue la persona que recomendó a cada enchufado. En su declaración, Rodríguez aseguró a la juez que ese dato sirve para “identificar a alguien” porque “recibes cientos de solicitudes para buscar trabajo y luego mandas un lote de los que tienes, pero son ellos [LA CONTRATA]los que deciden finalmente”.
En la columna de recomendadores, junto a decenas de desconocidos, figuran Pablo López Vidal (exdiputado y actual secretario de organización de la agrupación municipal socialista), Abel Losada (diputado del PSdeG), “Chelis Vilardevós” (exalcalde socialista de Vilardevós), Marga Martín (teniente de alcalde de Ourense), “Mercedes UGT” o José González Balado (chófer del PSOE en campaña electoral). Incluso aparece un exconcejal del PP. También menciones a hijos o nietos de militantes socialistas. Incluso amigos: “Dos afiliados amigos de Rosa”, en referencia a Rosa Martínez, miembro de la ejecutiva local del PSdeG, a su vez contratada en el Ayuntamiento como personal de confianza. “¿Solicitaban la contratación de afiliados del PSOE?”, preguntó la juez. “No, no” respondió dubitativo el exregidor.
El padrino de uno de los enchufados es Agustín. “¿El actual alcalde?”, interrogó de Lara. “Puede ser”, respondió Rodríguez. Y es que los enchufes llegaron incluso a la familia del actual regidor. El exalcalde contrató en 2011 a la hija de Agustín Fernández (entonces edil de Hacienda) en el gabinete de comunicación. Cuando Fernández accedió a la alcaldía, recontrató a su propia hija por decreto.
“Si llega a ofrecer al perro, lo contratamos”
La juez del caso Pokémon, Pilar de Lara, empezó a tirar del hilo de los enchufes gracias a un correo electrónico de Juan Manuel Pérez, exgerente de la concesionaria de la basura. El correo relata a la alcaldía un proceso de contratación en Ecourense. “Te adjunto el listado con los contratados y resto. Hemos conseguido contratar a los que necesitábamos (…). Como sabes, ha sido una odisea”, se afirma en el mensaje. A continuación detalla problemas para localizar a los recomendados: “Uno estaba jubilado y ofreció al hijo y se lo cogimos. A estas alturas si llega a ofrecer al perro se lo contratamos también. Otro trabajaba pero tenía al hermano en paro. Para adentro. Otro dormía la siesta y su madre no sabía si despertarlo. Finalmente y muy a su pesar lo despertó”.A continuación compara a los trabajadores españoles con inmigrantes: “Tenemos a dos senegaleses. Otro mundo. Uno estaba en Zamora y en cinco horas estaba aquí con los papeles. Se fue dando gracias hasta la mezquita y ahora debe estar llegando a La Meca”. Y además se encarga de dejar un recado para que lo transmita a los aspirantes a los empleos: “Como sugerencia diles que si buscan trabajo den un teléfono actualizado y si lo cambian que avisen. Hemos hablado con un lote de madres, abuelos, cuñados y primos en Pamplona. Hasta con un supermercado de Granollers”. El autor del correo, entonces gerente de la contrata, trabaja actualmente en el Ayuntamiento gracias a un contrato pagado con fondos europeos.
En otra ocasión, Ecourense consultó a la alcaldía a quién contratar a través de un correo electrónico. Tenían varios candidatos pero no había plazas para todos. Y añadían: “Id pensando que el uno de junio tengo que tener 18 contratados más por cuatro meses que sumados a los 16 del plan de choque cubrirían a los 34 que se van. Hablamos del tema”. Cuando de Lara interpeló si “es normal” que pregunten al alcalde por los contratos, Rodríguez le explicó que “es bueno que el Ayuntamiento sepa a quién se contrata” porque “aunque están en una empresa son gente que luego se subroga en el futuro”.
En el piso del exalcalde también apareció un listado de empleados interinos de 2008 que destapa a 16 personas colocadas por el BNG y otras 41 del PSdeG. Rodríguez negó que la ideología influyese en la contratación. En su sótano se incautó otra carpeta que contenía un listado de enchufados y enchufadores para un programa de cooperación. “Poco puedo explicar” respondió sobre ese documento, aunque matizó que algunos de los señalados eran del PP. En esa lista de padrinos aparecen otros nombres públicos como María Devesa (edil socialista), Bienvenido Pérez (miembro de la ejecutiva local socialista y empleado interino del Ayuntamiento), Ana Garrido (edil socialista), Luis Bermúdez (secretario del Ayuntamiento) y de nuevo “Paco” en varias ocasiones.
Los supuestos enchufes en contratas municipales llegaron al entorno familiar de Francisco Rodríguez. Su pareja y su hijo fueron contratados en Aquagest. Mercedes Astorga, imputada en la Pokémon por blanqueo de capitales, aún trabaja en la concesionaria del agua. El exalcalde, presuntamente, devolvió el favor colocando en el servicio de aguas del Ayuntamiento a la esposa de Henry Laíño, exdelegado de Aquagest en Ourense y Galicia. La secretaria personal del exalcalde (todavía en nómina) es la pareja de su sobrino, que a su vez es funcionario. Además, el delegado ourensano de Vendex reconoció a la juez que enchufaron a media docena de personas.
La juez mostró varios currículos confiscados en su domicilio, entre ellos uno de “la hija de un amigo de toda la vida” que había dejado los datos “por si había un hueco”. Rodríguez se apresuró a justificar que no fue contratada. También fue incautado un correo en el que piden influir por un opositor a la Policía Local. “Seguro que no aprobó”, respondió. En otra carpeta con documentación de esas oposiciones está subrayado un candidato. “¿Por qué?” preguntó la juez. “No lo sé. Seguramente porque fue el único de Ourense que aprobó”, justificó el exalcalde.
FUENTE:http://ccaa.elpais.com/ccaa/2014/02/21/galicia/1393012527_484676.html
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Galicia levanta las alfombras
La juez destapa un extenso trasiego de enchufes, regalos e información confidencial
Las revelaciones no provocan que PP y PSOE castiguen a los implicados
Sonia Vizoso
Santiago
23 FEB 2014 - 00:25 CET6
“¿Pero esto solo pasa en Lugo? ¿Solo se quitan multas en Lugo?”, se preguntaba públicamente hace menos de dos años el alcalde de la primera ciudad de Galicia en la que la justicia empezó a levantar las alfombras de los despachos oficiales. Como él aventuraba en su defensa, aquel primer escándalo que descubrió en 2009
que funcionarios y responsables políticos hacían desaparecer las
sanciones de tráfico de sus amigos y familiares, era apenas una pelusa
de polvo. Lo que ha destapado ahora la investigación judicial del caso Pokémon
es una bien engrasada maquinaria de favores en las entrañas de cuatro
ciudades —Santiago, A Coruña, Ourense y Lugo— que han alternado
gobiernos de PP y PSOE.
Las pesquisas de la Pokémon dejan al desnudo los manejos y estrechas relaciones de alcaldes, concejales y funcionarios con concesionarias de servicios municipales para beneficiarse mutuamente. Según el sumario, las adjudicatarias regalaban a los servidores públicos vino, jamones, relojes, arreglos de jardines particulares y puestos de trabajo para familiares y amigos. Al mismo tiempo esas firmas eran acariciadas con información sobre concursos, prórrogas de concesiones o ceses de funcionarios reacios a certificar la legalidad de decisiones favorables a sus intereses.
Las prebendas eran variadas. Según revela el sumario, la adjudicataria de aguas de Santiago (Aquagest) le pagó al entonces alcalde de Santiago, el popular Gerardo Conde Roa,
un viaje con su pareja a Barcelona para disfrutar de un fin de semana
de ópera en el Liceo mientras sus subordinados en el gobierno local se afanaban en prorrogarle el contrato a esa misma empresa. Y en Ourense, Vendex, titular de varias contratas, igual regalaba por Navidad relojes de lujo al ahora exalcalde socialista Francisco Rodríguez como pagaba al superintendente de la policía local, Abelardo Ulloa, escapadas con una mujer distinta a su esposa.
El compadreo que reflejan las escuchas policiales podía derribar casi cualquier obstáculo. ¿Que el secretario y la interventora de Santiago se empeñaban en poner reparos a la prórroga sin concurso público de un contrato millonario para la gestión del agua? Pues concejales y cargos de confianza del alcalde (PP) apartaban a los funcionarios incómodos y buscaban por Galicia otros dispuestos a transigir. “Esto hay que firmarlo sin verlo. Lo leéis y lo firmáis”, se le decía a los aspirantes, según cuenta el empresario que iba a ser beneficiado.
Entre el centenar de imputados hay regidores, ediles, personal de confianza y jefes de contratación de Santiago, Lugo, A Coruña y O Carballiño que siguen en sus puestos pese al escándalo. Los agentes de Vigilancia Aduanera soprendieron, por ejemplo, a Julio Flores, número dos del Ayuntamiento coruñés, enchufando a conocidos en una concesionaria municipal o pactando con esa misma empresa (Vendex) un informe a medida para poder adjudicarle un nuevo contrato. La juez mantiene imputado al alcalde de Lugo, el socialista Xosé López Orozco, porque de los pinchazos y testimonios de imputados deduce que recibía 2.000 euros mensuales de Vendex, que gestiona el aparcamiento de la ORA en esta ciudad. Y el regidor de Santiago, Ángel Currás (PP), está acusado, junto con dos de sus concejales, por enchufar a trabajadores en una guardería adjudicada también a Vendex.
El caso estalló antes de las autonómicas de 2012 y en un primero momento provocó la caída de algunos implicados —cesaron los alcaldes de Ourense (PSOE), Santiago (PP) y Boqueixón (PP)—. Pero a medida que se extendía la mancha de la sospecha, los partidos dejaron de forzar dimisiones. Nadie sabe hasta dónde llegará la mano de la juez y una parte de la investigación, la que atañe a los anteriores gobiernos socialistas y al actual del PP en A Coruña, aún está bajo secreto. Por si fuera poco, esta misma semana la policía irrumpió en seis ayuntamientos, la Diputación de Pontevedra y la Xunta por otra operación anticorrupción llamada Patos.
En respuesta a la perplejidad de los ciudadanos por la trastienda política que les han abierto los jueces, PP y PSOE descartan destituciones apelando a la presunción de inocencia y buscando cobijo bajo el lento transcurrir de las instrucciones judiciales. “La presunción de inocencia rige en el ámbito penal, no en el político”, les reprochó hace unos días el fiscal jefe de Galicia, Carlos Varela.
Las pesquisas de la Pokémon dejan al desnudo los manejos y estrechas relaciones de alcaldes, concejales y funcionarios con concesionarias de servicios municipales para beneficiarse mutuamente. Según el sumario, las adjudicatarias regalaban a los servidores públicos vino, jamones, relojes, arreglos de jardines particulares y puestos de trabajo para familiares y amigos. Al mismo tiempo esas firmas eran acariciadas con información sobre concursos, prórrogas de concesiones o ceses de funcionarios reacios a certificar la legalidad de decisiones favorables a sus intereses.
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- “Ya está la factura del reloj del alcalde. Son seis mil euros y pico”
- ESPECIAL Consulte toda la información sobre el caso
El compadreo que reflejan las escuchas policiales podía derribar casi cualquier obstáculo. ¿Que el secretario y la interventora de Santiago se empeñaban en poner reparos a la prórroga sin concurso público de un contrato millonario para la gestión del agua? Pues concejales y cargos de confianza del alcalde (PP) apartaban a los funcionarios incómodos y buscaban por Galicia otros dispuestos a transigir. “Esto hay que firmarlo sin verlo. Lo leéis y lo firmáis”, se le decía a los aspirantes, según cuenta el empresario que iba a ser beneficiado.
Entre el centenar de imputados hay regidores, ediles, personal de confianza y jefes de contratación de Santiago, Lugo, A Coruña y O Carballiño que siguen en sus puestos pese al escándalo. Los agentes de Vigilancia Aduanera soprendieron, por ejemplo, a Julio Flores, número dos del Ayuntamiento coruñés, enchufando a conocidos en una concesionaria municipal o pactando con esa misma empresa (Vendex) un informe a medida para poder adjudicarle un nuevo contrato. La juez mantiene imputado al alcalde de Lugo, el socialista Xosé López Orozco, porque de los pinchazos y testimonios de imputados deduce que recibía 2.000 euros mensuales de Vendex, que gestiona el aparcamiento de la ORA en esta ciudad. Y el regidor de Santiago, Ángel Currás (PP), está acusado, junto con dos de sus concejales, por enchufar a trabajadores en una guardería adjudicada también a Vendex.
El caso estalló antes de las autonómicas de 2012 y en un primero momento provocó la caída de algunos implicados —cesaron los alcaldes de Ourense (PSOE), Santiago (PP) y Boqueixón (PP)—. Pero a medida que se extendía la mancha de la sospecha, los partidos dejaron de forzar dimisiones. Nadie sabe hasta dónde llegará la mano de la juez y una parte de la investigación, la que atañe a los anteriores gobiernos socialistas y al actual del PP en A Coruña, aún está bajo secreto. Por si fuera poco, esta misma semana la policía irrumpió en seis ayuntamientos, la Diputación de Pontevedra y la Xunta por otra operación anticorrupción llamada Patos.
En respuesta a la perplejidad de los ciudadanos por la trastienda política que les han abierto los jueces, PP y PSOE descartan destituciones apelando a la presunción de inocencia y buscando cobijo bajo el lento transcurrir de las instrucciones judiciales. “La presunción de inocencia rige en el ámbito penal, no en el político”, les reprochó hace unos días el fiscal jefe de Galicia, Carlos Varela.
FUENTE:http://ccaa.elpais.com/ccaa/2014/02/21/galicia/1393007682_066227.html
GURTEL.POKEMON, CAMPEON , LOS ERES DE ANDALUCIA ETC ETC , ¡YA ESTA BIEN
HOMBRE YA ESTA BIEN TANTO MANGONEO , AÑOS Y AÑOS DE INVESTIGACION PARA QUE AL FINAL NO PAGUE NADIE , YA VERAN O PRESCRIBIRA O SALDRA SOBRESEIDO ES LA HISTORIA RECIENTE DE ESTOS TREINTA AÑOS DE SAQUEO Y LATROCINIO Y ASI ESPAÑA CON UN BILLON DE DEUDA
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NUEVA NOTICIA ,LAS CONSECUENCIAS DEL SAQUEO DE LAS ARCAS DEL ESTADO.-
- DESDE LA CRISIS
- La deuda pública ha aumentado en 170 euros por persona y mes
- J. C. RODRÍGUEZ
- En los seis años que llevamos de crisis económica, el endeudamiento medio para una familia de cuatro ha crecido a un ritmo de 677 euros al mes.
-
En el año 2003, último ejercicio completo del gobierno de José María Aznar, la deuda pública alcanzó los 382.032 millones de euros.
Durante los siguientes años la deuda creció en términos absolutos hasta
2005, pero volvió a corregirse a finales de 2007 hasta una cantidad
virtualmente igual que la de 2003: 382.307 millones de euros. Era una
época de expansión, de modo que el peso de esa deuda cayó
consistentemente: del 48,8 por ciento del PIB al 36,3 por ciento de 2007, el año gozne de la crisis. De hecho, viene cayendo de forma sistemática desde 1998, cuando la deuda pública suponía el 75,4 por ciento del PIB.
En 2008 la situación cambia. José Luis Rodríguez Zapatero, por un lado, niega que la economía española se encamine hacia una crisis (que, recordemos, ofrece las primeras señales en agosto y septiembre de 2007). Y, por otro, empieza a decir, ya antes de las elecciones de marzo de 2008, que España tiene un nivel muy bajo de endeudamiento. Sugiere que llegado el caso el Gobierno puede apostar por el gasto público. Saca la tirita antes de reconocer la herida. Y en el mismo momento en el que el PSOE gana brillantemente las elecciones de 2008 (Zapatero sigue siendo el presidente que más votos ha recibido en la historia), Jordi Sevilla dice que la situación económica ha cambiado.
Lo que cambia es la política del Gobierno. De la nada, al Plan E. La política de gasto por el gasto, de corte keynesiana, viene refrendada por el FMI, cuyo director gerente era el archikeynesiano Dominique Strauss-Khan. El FMI invita entonces a todos los gobiernos a apostar por las políticas de “crecimiento”, que es el crecimiento del gasto público. Sólo Alemania, Suiza o Austria se mantienen en sus 13 de la austeridad.
Desde entonces, el crecimiento de la deuda pública ha sido espectacular. Desde finales de 2007 hasta finales de 2013 la deuda pública ha aumentado en 579.248 millones de euros. En términos de porcentaje sobre el PIB, la deuda ha crecido en 57,7 puntos. ¿Cuánto es eso?
Si lo medimos en términos de población, el 1 de enero de 2008, según datos del INE, había 45.283.259 españoles. Eso quiere decir que, para el volumen de deuda pública entonces (382.307 millones de euros, como hemos dicho), cada español cargaba con 8.442,57 euros. Para hacer los cálculos de 2013, nos quedamos con la población en julio del año pasado, último mes para el que tenemos datos: 46.609.562 españoles. De este modo, y teniendo en cuenta la deuda al final del pasado año (961.555 millones de euros), cada español carga con 20.628 euros.
Esto quiere decir que en estos seis años la deuda ha aumentado en 12.185,43 euros por persona. Dado que seis años son 72 meses, el aumento de la deuda pública por persona y mes ha sido de 169,24 euros. Es decir, durante seis años, el Estado nos ha endeudado a cada uno de nosotros todos los meses en casi 170 euros. Eso son, para una familia de cuatro personas, un endeudamiento mensual de 676,99 euros. Es decir, cada mes, el endeudamiento de una familia de cuatro personas aumenta en 677 euros. Todos los meses durante seis años.
Si repetimos el cálculo con el número de hogares, vemos que el peso de la deuda por el número de hogares en el último trimestre de 2007 (eran 16.448.400) era de 23.242,81 euros, mientras que el mismo cálculo para el último trimestre de 2013, cuando había 17.404.200 hogares, es de 55.248,45 euros. Es decir, que el endeudamiento por hogar ha aumentado en estos años en 32.005,64 euros, a un ritmo de 444,52 euros más al mes.
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