Los fiscales quieren endurecer las leyes contra la corrupción
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Demandan protocolos para proteger a los testigos y atraer a los denunciantes
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Fiscales de Anticorrupción piden que sea delito en el caso de funcionarios y políticos
Fiscales del departamento de Anticorrupción del Ministerio Público coinciden e insisten en la necesidad de cambiar las leyes para que sea considerado delito el enriquecimiento injustificado de políticos y funcionarios.
Es decir, para que se pueda actuar contra aquéllos que trabajan en la
Administración cuyo nivel de vida no tenga nada que ver, con los
ingresos que proporciona su nómina.
Según las fuentes consultadas por este periódico, para el fin señalado sería necesario, entre otras cosas, un buen protocolo para proteger a los testigos de los casos de corrupción -actualmente sujetos a todo tipo de amenazas y presiones y absolutamente desasistidos- y una norma que permita atraer a los denunciantes con todas las garantías.
En un país en el que el mapa de la corrupción alcanza a una buena parte de los ayuntamientos, diputaciones y partidos políticos, sorprende que las medidas mencionadas, aparentemente básicas, no existan. No hay nada de eso. O, mejor dicho, lo que hay es insuficiente para luchar contra una lacra que amenaza con socavar la credibilidad del sistema democrático.
Ninguna norma es infalible y, con ésta, pudiera suceder que los potenciales delincuentes la burlasen llevando sus excedentes a Suiza sin posibilidad de ser detectados, pero los expertos de Anticorrupción recuerdan que la ONU introduce como fuente de sospecha un nivel de vida desproporcionado y, por lo tanto, delator, no justificado. Respecto a la inconstitucionalidad argumentan que esa exigencia de explicar un nivel de vida inexplicable ya se aplica en algunos casos -como en el de los miembros de organizaciones delincuenciales- y el Constitucional no ha dicho nada al respecto.
Al fin y al cabo, aquel funcionario o representante público que no tuviese nada que ocultar no debería tener ningún inconveniente en que sus cuentas fuesen analizadas si ese control contribuye a robustecer la confianza en el sistema democrático.
No es ni mucho menos la única carencia detectada. Según las estadísticas de la Memoria Anual de la Fiscalía Anticorrupción de 2013, en el ejercicio anterior habían sido tramitados 26 expedientes, de los cuales a final de año quedaban 14 por resolver. Los denunciantes suelen preferir a la Policía para explicar sus asuntos o los medios de comunicación. En cualquier caso, toman la iniciativa por decisión propia a sabiendas de que no van a obtener ningún tipo de protección.
«Al único que se ha protegido ha sido a Hervé Falciani», señala una fuente policial, aludiendo al ingeniero de sistemas italofrancés autor de la lista Falciani en la que constaban los nombres de 130.000 evasores fiscales con dinero en la filial suiza del banco HSBC y que, desde 2009, estuvo colaborando con las autoridades de diversos países. De esos evasores, 1.500 eran españoles -los nombres de Botín y Correa estaban entre ellos- y sobre él sí que se ejerció una protección eficaz y necesaria.
Pero lo cierto es que «no hay unos esquemas de protección para los testigos, no hay un sistema mecanizado por tiempo o por delito, no hay dinero, no hay protocolos de actuación y la única ley elaborada para este asunto es de 1994, sin ni tan siquiera memoria económica», lamentan las fuentes consultadas. La figura del wister blower (el que tira de la manta), tan empleada y cuidada en los países anglosajones, está muy lejos de establecerse en España.
Denunciantes o testigos contra la corrupción los hay de dos tipos, aquellos que no se han visto involucrados en ningún delito y lo hacen por honradez y convicción cívica y quienes hablan a cambio de librarse de una imputación. Los fiscales se ven absolutamente limitados para elaborar una estrategia que estimule la iniciativa de los primeros.
Y respecto de los segundos, cuentan apenas con el artículo 426 del Código Penal, que sostiene que «quedará exento de pena por el delito de cohecho el particular que, habiendo accedido ocasionalmente a la solicitud de dádiva u otra retribución realizada por un funcionario público, denuncian el hecho a la autoridad... siempre que no hayan transcurrido más de dos meses desde la fecha de los hechos».
Precisamente, la autoridad en disposición de iniciar una investigación de ese estilo considera que ese artículo es naif, inútil porque «sólo se refiere a sobornos aislados y ocasionales, cuando lo que interesa es atraer a los denunciantes de grandes casos». Y «no está desarrollado», no prevé los distintos casos que se pueden producir. «Sencillamente, a los denunciantes se les deja de lado y, a veces, acaban imputados sin realizar un análisis de proporcionalidad. Debemos poder extraer a la gente de la corrupción y utilizarla».
Los fiscales de Anticorrupción sugieren algunas soluciones más: que los órganos administrativos, como el Tribunal de Cuentas, ejerzan un verdadero control, que se cree un cuerpo de inspectores eficaz... Algunas son demandas que tienen ya un tiempo y que han creado controversia o han sido desestimadas. Pero otras no. Y tienen mucho sentido.
FUENTE:http://www.elmundo.es/espana/2014/04/14/534b03c2268e3edb6d8b4575.html
COMENTARIOS DE LOS LECTORES DE 'EL MUNDO'
no es nuevo hace mas de 20 años ya lo pensamos nosotros y es predicar en un desierto, no hay otra salida contra este cáncer q corroe España, endurecer las condenas de prisión ya
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Políticos bajo sospecha
FUENTE:http://www.elmundo.es/espana/2014/04/14/534b084d268e3ebc6d8b4573.html
COMENTARIOS DE LOS LECTORES DE 'EL MUNDO'
El ejemplo del Partido Popular al afrontar la Gurtell y su financiación B durante décadas y ahora descubierto, es patético y extraordinariamente elocuente...
Según las fuentes consultadas por este periódico, para el fin señalado sería necesario, entre otras cosas, un buen protocolo para proteger a los testigos de los casos de corrupción -actualmente sujetos a todo tipo de amenazas y presiones y absolutamente desasistidos- y una norma que permita atraer a los denunciantes con todas las garantías.
En un país en el que el mapa de la corrupción alcanza a una buena parte de los ayuntamientos, diputaciones y partidos políticos, sorprende que las medidas mencionadas, aparentemente básicas, no existan. No hay nada de eso. O, mejor dicho, lo que hay es insuficiente para luchar contra una lacra que amenaza con socavar la credibilidad del sistema democrático.
Los gobiernos españoles se resisten alegando que es inconstitucional aunque la ONU lo recomienda
Las fuentes de la Fiscalía Anticorrupción
consultadas por este periódico atestiguan las carencias en la lucha
contra la corrupción. Tal como han ido las cosas, estaría justificado
que los jueces, los fiscales, los inspectores de los múltiples
organismos creados para garantizar la buena administración, sometiesen a
cada una de las instituciones de representación y a sus miembros a un
control periódico y sistemático cuyo criterio fuese el de la presunción
de culpabilidad. Sin embargo, a estas alturas, continúa siendo difícil introducir en la legislación española normas que, sencillamente, en otros países son de aplicación común. Contra el lucro injustificado
Hay algunas aportaciones legislativas que todos los fiscales e investigadores policiales mencionan cuando se les pregunta qué instrumentos necesitarían para hacer más eficaz su labor, pero entre ellas hay una en particular en la que, de forma espontánea, todos coinciden: «Sería de gran ayuda», reconocen, «que asumiésemos el artículo 20 de la Convención de Naciones Unidas contra la corrupción, celebrada en Mérida en 2003 y de la que España constituye un Estado Parte».
«No hay esquemas de protección de testigos, no hay dinero ni protocolos», denuncian los expertos
Dicho artículo propone la posibilidad de que nuestro país adopte «las
medidas legislativas que sean necesarias para tipificar como delito,
cuando se cometa intencionalmente, el enriquecimiento ilícito, es decir,
el incremento significativo del patrimonio de un funcionario público
respecto de sus ingresos legítimos, que no pueda ser razonablemente
justificado por él». No parece nada del otro jueves, es más, parece una
obviedad introducirlo en el corpus legal español, dadas las
circunstancias, pero lo cierto es que, como quiera que se trata de una
norma sugerida, no de obligado cumplimiento como lo son otras, los
distintos gobiernos siempre han alegado su posible inconstitucionalidad
-el hecho de que se invertiría la carga de la prueba sobre los
funcionarios y demás afectados- para eludirla.Ninguna norma es infalible y, con ésta, pudiera suceder que los potenciales delincuentes la burlasen llevando sus excedentes a Suiza sin posibilidad de ser detectados, pero los expertos de Anticorrupción recuerdan que la ONU introduce como fuente de sospecha un nivel de vida desproporcionado y, por lo tanto, delator, no justificado. Respecto a la inconstitucionalidad argumentan que esa exigencia de explicar un nivel de vida inexplicable ya se aplica en algunos casos -como en el de los miembros de organizaciones delincuenciales- y el Constitucional no ha dicho nada al respecto.
Al fin y al cabo, aquel funcionario o representante público que no tuviese nada que ocultar no debería tener ningún inconveniente en que sus cuentas fuesen analizadas si ese control contribuye a robustecer la confianza en el sistema democrático.
No es ni mucho menos la única carencia detectada. Según las estadísticas de la Memoria Anual de la Fiscalía Anticorrupción de 2013, en el ejercicio anterior habían sido tramitados 26 expedientes, de los cuales a final de año quedaban 14 por resolver. Los denunciantes suelen preferir a la Policía para explicar sus asuntos o los medios de comunicación. En cualquier caso, toman la iniciativa por decisión propia a sabiendas de que no van a obtener ningún tipo de protección.
«Al único que se ha protegido ha sido a Hervé Falciani», señala una fuente policial, aludiendo al ingeniero de sistemas italofrancés autor de la lista Falciani en la que constaban los nombres de 130.000 evasores fiscales con dinero en la filial suiza del banco HSBC y que, desde 2009, estuvo colaborando con las autoridades de diversos países. De esos evasores, 1.500 eran españoles -los nombres de Botín y Correa estaban entre ellos- y sobre él sí que se ejerció una protección eficaz y necesaria.
Pero lo cierto es que «no hay unos esquemas de protección para los testigos, no hay un sistema mecanizado por tiempo o por delito, no hay dinero, no hay protocolos de actuación y la única ley elaborada para este asunto es de 1994, sin ni tan siquiera memoria económica», lamentan las fuentes consultadas. La figura del wister blower (el que tira de la manta), tan empleada y cuidada en los países anglosajones, está muy lejos de establecerse en España.
Denunciantes o testigos contra la corrupción los hay de dos tipos, aquellos que no se han visto involucrados en ningún delito y lo hacen por honradez y convicción cívica y quienes hablan a cambio de librarse de una imputación. Los fiscales se ven absolutamente limitados para elaborar una estrategia que estimule la iniciativa de los primeros.
Y respecto de los segundos, cuentan apenas con el artículo 426 del Código Penal, que sostiene que «quedará exento de pena por el delito de cohecho el particular que, habiendo accedido ocasionalmente a la solicitud de dádiva u otra retribución realizada por un funcionario público, denuncian el hecho a la autoridad... siempre que no hayan transcurrido más de dos meses desde la fecha de los hechos».
Precisamente, la autoridad en disposición de iniciar una investigación de ese estilo considera que ese artículo es naif, inútil porque «sólo se refiere a sobornos aislados y ocasionales, cuando lo que interesa es atraer a los denunciantes de grandes casos». Y «no está desarrollado», no prevé los distintos casos que se pueden producir. «Sencillamente, a los denunciantes se les deja de lado y, a veces, acaban imputados sin realizar un análisis de proporcionalidad. Debemos poder extraer a la gente de la corrupción y utilizarla».
Los fiscales de Anticorrupción sugieren algunas soluciones más: que los órganos administrativos, como el Tribunal de Cuentas, ejerzan un verdadero control, que se cree un cuerpo de inspectores eficaz... Algunas son demandas que tienen ya un tiempo y que han creado controversia o han sido desestimadas. Pero otras no. Y tienen mucho sentido.
FUENTE:http://www.elmundo.es/espana/2014/04/14/534b03c2268e3edb6d8b4575.html
COMENTARIOS DE LOS LECTORES DE 'EL MUNDO'
Señores/as Fiscales, vuestro jefe es político,
puesto a dedazo con lo que ello significa. Ya se ocupará de que se os
pasen las ganas de ser honestos porque, si no lo hace, le quitan y ponen
a otro agradecido. En España no se valora la decencia y lo que estorba
para el fin, se aparta... como si fueras periodista. Carácter
retroactivo y nada de 10.003 aforados "iguales ante la Ley".
Para que las intenciones sean veraces, la
ciudadanía o yo al menos exijo el carácter retroactivo de la medida y
que pague caro cada uno de los corruptos el expolio cometido, causa
última de la grave crísis que padecemos...
no es nuevo hace mas de 20 años ya lo pensamos nosotros y es predicar en un desierto, no hay otra salida contra este cáncer q corroe España, endurecer las condenas de prisión ya
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Políticos bajo sospecha
'A mi mujer la sacaron de la carretera'
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Quienes osan ir contra la corrupción no suelen tener fe en el sistema
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A pesar de las amenazas y presiones recibidas no se arrepienten
Salvo Itziar González, la arquitecta que fuera
concejal de Ciutat Vella -una activista que parece tener una fe bastante
inquebrantable en la capacidad de la sociedad de regenerarse y que
confía en que otra democracia es posible-, el resto de los denunciantes
de casos de corrupción se resiente de su experiencia y recela del
sistema. Quienes se atreven, por interés o por principios, a ir contra
ese mal endémico, esa mafia fragmentada aunque muy potente que se ha
establecido en España, reciben como respuesta amenazas de muerte, la
quema de sus propiedades, campañas injuriosas de descrédito
-especialmente difíciles de llevar si el caso corresponde a una
población pequeña-, violencia pública de tipo moral... Sin embargo,
ninguno de ellos, o casi ninguno, se arrepiente.
«Cuando descolgaba el teléfono me llamaban ladrón y aseguraban que me iban a matar. A mi mujer la sacaron de la carretera y llamaron para decir que la próxima vez la empujarían desde un sitio más alto y con los niños dentro. Días después, fue a recoger a los niños al colegio y detectó que alguien le había seguido. La Policía no pudo hacer nada. Al principio, los viandantes me escupían llevando a mi niño en brazos».
Quien así habla es José Luis Peñas, que fuera concejal del PP de Majadahonda. Un día decidió grabar a Francisco Correa
y destapó el caso Gürtel al llevar las cintas a la Udef. Hoy permanece
imputado porque, entre otras cosas, en la contabilidad de Correa aparece
su nombre.
«No lo cuestiono», dice, pero esgrime su sueldo de 1.400 euros como funcionario en Aravaca, su vida frugal y que nunca quiso hacer un pacto, como pruebas de su inocencia. En cualquier caso, a los efectos, su posición es inmejorable para realizar algunas apreciaciones y su información fue muy útil. «Hasta los papeles de Bárcenas, el PP había hecho una buena estrategia asegurando que era un caso contra el PP, no del PP, y, como la gente que sigue a los partidos son forofos, me señalaron como un traidor. Desde los papeles de Bárcenas se dieron cuenta de que yo sólo señalé la punta del iceberg».
A partir de ese momento, según dice, numerosas personas se le han
acercado para darle las gracias pero tiene poca fe. Es consciente de que
lo que subyace es la tesis general de que «mejor que roben los míos y
no los otros» y de que a la gente «sólo le importa el fútbol». Está
seguro de que «los partidos no tienen interés» en acabar con los
principales corruptores -«Aguirre o Rajoy en Nigeria habrían dimitido, pero aquí no»-,
de modo que ha decidido superar su rabia y seguir con displicencia la
actualidad. Reconoce que al principio fue durísimo, pero no se
arrepiente de haber denunciado. «Es una pesadilla pero yo puedo dormir
tranquilo por las noches y miro a la cara a mis hijos, a mi padre, a mi
familia».
Itziar González ordenó el cierre de unos apartamentos turísticos y cuando regresó a su casa, se la encontró revuelta. Después dimitió porque se negó a que se construyera un hotel -un asunto que finalmente estaría en el origen del caso Palau-, en contra del criterio del entonces alcalde de Barcelona, el socialista Jordi Hereu. Tras las amenazas de muerte, pidió protección y le pusieron tres escoltas. Pero, en realidad, quienes la cobijaron fueron sus vecinos. Los propietarios del bar donde suele ir a desayunar la vieron inusualmente taciturna y le preguntaron el motivo. Acabaron fotografiando a quienes la intimidaban y aportando las pruebas para fundamentar una acusación que es, de todas, la única que ha visto culpables y ha sido juzgada.
Lo cierto es que en este fenómeno abunda la indignación particular contra el corrupto y la simpatía personal por quien se opone a él, pero no hay un repudio generalizado y activo contra quien se corrompe que, en ocasiones, es considerado un tipo listo. O no lo ha habido y, probablemente, haya pocos cambios en el futuro, pero Itziar González se resiste.
Asegura que supo de funcionarios que cobraban sobornos y que sintió presiones desde el PSC.
«Más que corrupción generalizada, detecté una cultura clientelar. Hay
arbitrariedad en las concesiones y el funcionario toma nota de la
actitud del político». Itziar tiene una frase brutal: «Cuando pillas al
funcionario, el político lo protege más a él que a mí». «Es terrible que
quienes denunciamos la corrupción estemos tan solos y los que la
practican, se sientan tan acompañados», sentencia.
Aunque está convencida de que hay salida. «La corrupción se fabrica
en el actual sistema político debido al propio diseño de las estructuras
de poder, jerárquicas y opacas. Los partidos han cometido el error de
dilapidar el capital de confianza que obtuvieron en su momento. No
permitir el control ciudadano ha fomentado la sensación de impunidad de
sus decisiones arbitrarias o interesadas», analiza, y apuesta por una
denuncia colectiva y por nuevas vías de acceso a la información.
«La gente sigue votando a los corruptos porque los medios influyen en una sociedad con escasa cultura política, pero nuestra sociedad está madurando, la crisis es la antesala de un gran crecimiento y renovación democrática».
Sobre su postura: «Hay cosas que las hacemos porque debemos hacerlas y porque en ello se juega nuestra dignidad como personas. En ese gesto de coherencia, nos va la vida».
Jorge González, el jefe de los servicios jurídicos de Urbanismo del Ayuntamiento de Marbella, el hombre que destapó el caso Malaya, es muy sucinto pero muy preciso. «Se pasa muy mal, es amargo», asegura después de sufrir un calvario por negarse a apoyar una licencia de obras que no se ajustaba a la legalidad en tiempos de Jesús Gil.
«Llevo 38 años de funcionario público y lo que veo es que el Estado de Derecho no responde», asegura; «veo que todo continúa igual, todo lo que era sólido es poco sólido», añade realizando una alusión directa al libro de Antonio Muñoz Molina que se ha erigido en denuncia contra un Estado fallido por culpa de las prácticas irregulares: «Y es muy desagradable, te cambia la vida».
«Hemos tenido muchísimas presiones», reconoce Pedro Sánchez Cuerda, uno de los dos empresarios que destapó el caso ERE, al grabar a quienes pretendían extorsionarles a cambio de abrir una escuela de hostelería en terrenos de Mercasevilla. Es todo lo que dice y después, por prudencia o por lo que sea, se remite a su abogado Joaquín Moeckel, que fue quien le aconsejó que enviase las transcripciones a los medios de comunicación, a ELMUNDO. «No nos fiábamos de la Fiscalía porque está jerarquizada y aquí mandaba el PSOE», explica el letrado, seguro de que «a ninguno le interesa acabar con la corrupción porque son todos iguales».
Moeckel asegura que si se hubieran parado a pensarlo no lo habrían hecho. Que la ventaja es que el partido beneficiado por la denuncia te respalda y el perjudicado no se atreve a cargar contra ti porque sería demasiado descarado. Y que la valentía reside en que hay un riesgo, que los perjudicados ganen las elecciones. También refuerza la tesis de que los ciudadanos eligen una opción porque consideran que la otra es peor. «Sin embargo, yo prefiero la excelencia en mi país», proclama.
Al llegar a este punto tiene sentido recuperar la experiencia de Peñas con una periodista holandesa. «Se extrañaba esta periodista», contaba: «En Holanda tienes que sacar la basura a las siete y si lo haces después te denuncian, y nadie mira mal al denunciante porque está cumpliendo con su obligación. Aquí el término chivato es despectivo. Desde pequeños se nos dice que hemos de callar cuando vemos que alguien infringe la norma». Cabría aquí volver al gran debate sobre la falta de cultura democrática en nuestro país.
«Cuando descolgaba el teléfono me llamaban ladrón y aseguraban que me iban a matar. A mi mujer la sacaron de la carretera y llamaron para decir que la próxima vez la empujarían desde un sitio más alto y con los niños dentro. Días después, fue a recoger a los niños al colegio y detectó que alguien le había seguido. La Policía no pudo hacer nada. Al principio, los viandantes me escupían llevando a mi niño en brazos».
ITZIAR GONZÁLEZ
«Es terrible que los denunciantes estemos solos y los corruptos tan acompañados»«No lo cuestiono», dice, pero esgrime su sueldo de 1.400 euros como funcionario en Aravaca, su vida frugal y que nunca quiso hacer un pacto, como pruebas de su inocencia. En cualquier caso, a los efectos, su posición es inmejorable para realizar algunas apreciaciones y su información fue muy útil. «Hasta los papeles de Bárcenas, el PP había hecho una buena estrategia asegurando que era un caso contra el PP, no del PP, y, como la gente que sigue a los partidos son forofos, me señalaron como un traidor. Desde los papeles de Bárcenas se dieron cuenta de que yo sólo señalé la punta del iceberg».
JOSÉ LUIS PEÑAS
«A la gente le importa el fútbol. En Nigeria, Aguirre o Rajoy habrían dimitido»Itziar González ordenó el cierre de unos apartamentos turísticos y cuando regresó a su casa, se la encontró revuelta. Después dimitió porque se negó a que se construyera un hotel -un asunto que finalmente estaría en el origen del caso Palau-, en contra del criterio del entonces alcalde de Barcelona, el socialista Jordi Hereu. Tras las amenazas de muerte, pidió protección y le pusieron tres escoltas. Pero, en realidad, quienes la cobijaron fueron sus vecinos. Los propietarios del bar donde suele ir a desayunar la vieron inusualmente taciturna y le preguntaron el motivo. Acabaron fotografiando a quienes la intimidaban y aportando las pruebas para fundamentar una acusación que es, de todas, la única que ha visto culpables y ha sido juzgada.
Lo cierto es que en este fenómeno abunda la indignación particular contra el corrupto y la simpatía personal por quien se opone a él, pero no hay un repudio generalizado y activo contra quien se corrompe que, en ocasiones, es considerado un tipo listo. O no lo ha habido y, probablemente, haya pocos cambios en el futuro, pero Itziar González se resiste.
JORGE GONZÁLEZ
«El Estado de Derecho no responde. Lo que antes era sólido ya no lo es»PEDRO SÁNCHEZ
«Hemos tenido mucha presión. Es mi abogado quien suele atender a la prensa»«La gente sigue votando a los corruptos porque los medios influyen en una sociedad con escasa cultura política, pero nuestra sociedad está madurando, la crisis es la antesala de un gran crecimiento y renovación democrática».
Sobre su postura: «Hay cosas que las hacemos porque debemos hacerlas y porque en ello se juega nuestra dignidad como personas. En ese gesto de coherencia, nos va la vida».
Jorge González, el jefe de los servicios jurídicos de Urbanismo del Ayuntamiento de Marbella, el hombre que destapó el caso Malaya, es muy sucinto pero muy preciso. «Se pasa muy mal, es amargo», asegura después de sufrir un calvario por negarse a apoyar una licencia de obras que no se ajustaba a la legalidad en tiempos de Jesús Gil.
«Llevo 38 años de funcionario público y lo que veo es que el Estado de Derecho no responde», asegura; «veo que todo continúa igual, todo lo que era sólido es poco sólido», añade realizando una alusión directa al libro de Antonio Muñoz Molina que se ha erigido en denuncia contra un Estado fallido por culpa de las prácticas irregulares: «Y es muy desagradable, te cambia la vida».
«Hemos tenido muchísimas presiones», reconoce Pedro Sánchez Cuerda, uno de los dos empresarios que destapó el caso ERE, al grabar a quienes pretendían extorsionarles a cambio de abrir una escuela de hostelería en terrenos de Mercasevilla. Es todo lo que dice y después, por prudencia o por lo que sea, se remite a su abogado Joaquín Moeckel, que fue quien le aconsejó que enviase las transcripciones a los medios de comunicación, a ELMUNDO. «No nos fiábamos de la Fiscalía porque está jerarquizada y aquí mandaba el PSOE», explica el letrado, seguro de que «a ninguno le interesa acabar con la corrupción porque son todos iguales».
Moeckel asegura que si se hubieran parado a pensarlo no lo habrían hecho. Que la ventaja es que el partido beneficiado por la denuncia te respalda y el perjudicado no se atreve a cargar contra ti porque sería demasiado descarado. Y que la valentía reside en que hay un riesgo, que los perjudicados ganen las elecciones. También refuerza la tesis de que los ciudadanos eligen una opción porque consideran que la otra es peor. «Sin embargo, yo prefiero la excelencia en mi país», proclama.
Al llegar a este punto tiene sentido recuperar la experiencia de Peñas con una periodista holandesa. «Se extrañaba esta periodista», contaba: «En Holanda tienes que sacar la basura a las siete y si lo haces después te denuncian, y nadie mira mal al denunciante porque está cumpliendo con su obligación. Aquí el término chivato es despectivo. Desde pequeños se nos dice que hemos de callar cuando vemos que alguien infringe la norma». Cabría aquí volver al gran debate sobre la falta de cultura democrática en nuestro país.
FUENTE:http://www.elmundo.es/espana/2014/04/14/534b084d268e3ebc6d8b4573.html
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El ejemplo del Partido Popular al afrontar la Gurtell y su financiación B durante décadas y ahora descubierto, es patético y extraordinariamente elocuente...
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