Aforados, la excepción española
La existencia de 10.000 beneficiarios en España de este privilegio choca con países como Alemania, Reino Unido o Estados Unidos, donde no hay ninguno
Berlusconi ha pasado varias veces por los tribunales ordinarios. / A BIANCHI (REUTERS)
España mima en qué banquillo se sientan sus cargos públicos. Mientras
que cualquier diputado autonómico español solo puede ser juzgado por el
Supremo o el Tribunal Superior de su comunidad, en Estados Unidos y el
resto de Europa se vigila mucho que todos los ciudadanos se sientan
iguales ante la ley. Esa es la razón de que Berlusconi ya conozca la
mitad de tribunales ordinarios de Italia, o que el expresidente alemán Christian Wulff probase en 2012 el duro banquillo de un tribunal de Hannover por un cohecho impropio de 720 euros.
En Alemania, Reino Unido o Estados Unidos no tienen aforados que gocen del derecho a ser juzgados por un tribunal distinto al que corresponde a un ciudadano de a pie. En Portugal e Italia solo se le consiente al presidente de la República; y en Francia, al presidente, primer ministro y su Gobierno. En el otro extremo, en España 10.000 personas se acogen a este privilegio que el Ministerio de Justicia pretende ampliar a los Príncipes de Asturias y a la Reina Sofía. Del total de aforados, 2.300 son políticos, y la mitad de ellos, diputados autonómicos.
La finalidad teórica del aforamiento es doble. Por un lado, que la
labor de los altos cargos no sea lastrada por maniobras espurias; por
otro, que los tribunales ordinarios no sufran presiones al juzgar a
poderosos. La Constitución prevé que la figura proteja al presidente del
Gobierno, ministros, diputados y senadores. Pero la Ley Orgánica del
Poder Judicial amplió la categoría a los jueces y fiscales, a los
magistrados del Tribunal Constitucional y del de Cuentas, vocales del
Consejo General del Poder Judicial, miembros del Consejo de Estado, el
Defensor del Pueblo y sus dos adjuntos. Y finalmente llegaron los
Estatutos de autonomía para disparar la cifra con la inclusión de los
miembros de los Gobiernos y Parlamentos autónomos y sus defensores del
pueblo.
“Cuando salimos al exterior y contamos esto, sorprende”, explica Iñaki Esparza, catedrático de la Universidad del País Vasco y, junto a Juan Luis Gómez Colomer, autor de la obra cumbre en la materia, el Tratado jurisprudencial de aforamientos procesales. “La figura responde al contexto en que se diseñó”, explica: un país en que políticos y jueces estaban en transición hacia hábitos democráticos, y derechos como la libertad de expresión requerían protección. “El problema es que se fue ampliando una figura que, a ojos de hoy, parece una incorrecta comprensión de lo que debe ser la inmunidad. Luego el Estado de las autonomías lo multiplicó por 17, y en el siglo XXI la foto final no es presentable”.
Aforamiento e inmunidad no son lo mismo. La inmunidad parlamentaria es una figura relativamente universal, aunque en los países anglosajones no exista. La figura se inspira en la Revolución Francesa y ha calado en la Europa continental con diferentes formulaciones. En España los parlamentarios solo pueden ser detenidos en “flagrante delito” y para procesarlos debe autorizarlo la cámara respectiva. Sin embargo, ya en 1992 el Tribunal Constitucional fijó que este permiso sea prácticamente automático.
El aforamiento que compete a alrededor de 7.000 jueces y fiscales es más restringido. Significa que, siempre que sean juzgados por procesos penales que estén tutelando, se ocupará de su caso el Tribunal Superior de Justicia del que dependan.
Según países, la situación varía notablemente. En Francia existe la
inmunidad parlamentaria para diputados, senadores y eurodiputados (999
en total) pero, una vez que la revoca la mesa de sus cámaras, se los
juzga en tribunales ordinarios. En los raros casos en los que la
protección no se ha levantado, se han visto polémicas como la de este año con el senador Serge Dassault,
investigado por compra de votos cuando era alcalde de Corbeil-Essone.
Al final fue él quien pidió que le levantaran la inmunidad para evitar
mayores apuros.
Los 21 miembros del Gobierno francés son, ellos sí, aforados. Solo podrían ser juzgados por un tribunal especial —la Corte de Justicia Republicana— si sus casos tuvieran que ver con la política. Si, por ejemplo, cometiesen un asesinato, comparecerían ante un juez ordinario.
En Italia a los políticos se les juzga sin restricciones pero, para aplicarles prisión preventiva, hay que pedir un permiso a las cámaras que estas deniegan sistemáticamente, generando la polémica comprensible. En el caso de Silvio Berlusconi, una vez expulsado del Senado por su condena en firme en el caso Mediaset, su situación se ha agravado porque, sin inmunidad, son muchas las espadas judiciales que penden sobre él. A pesar de estas trabas, Il Cavaliere, con 38 casos a sus espaldas, siempre ha sido juzgado por tribunales ordinarios (Milán, Bari…). Solo se libra de esta regla el presidente, Giorgio Napolitano, único aforado de Italia.
En Alemania son mucho más restrictivos. No existe ningún aforamiento, y solo son inmunes el presidente y miembros del parlamento (no la canciller, Angela Merkel), y el proceso para levantarles el privilegio es automático. El jefe de Estado es inmune pero no inviolable, como lo son Juan Carlos I, Isabel II en Reino Unido, o el presidente francés (hasta que deja el cargo: por eso Jacques Chirac en 2011 fue condenado por corrupción). Para un político alemán recibir una petición de retirada de inmunidad es un deshonor. El expresidente Christian Wulff dimitió cuando le llegó en 2012 una de la Fiscalía de Hannover por supuestos sobornos de un empleado cinematográfico.
Manuel Cancio, catedrático de Derecho Penal y conocedor del derecho alemán, explica la distancia entre este sistema y el español: “Esta inmunidad para proteger la representación ciudadana no tiene nada que ver con el aforamiento que existe en España y que no tiene ninguna justificación, a mi juicio. Que un cargo público esté aforado implica la suposición de que un tribunal superior será mejor o más justo que otro. Pero en realidad esta regla especial solo se puede comprender como un intento de proteger a ciertos cargos haciendo que los juzguen tribunales más cercanos el poder ejecutivo, ya que cualquier tribunal —el que resulte competente conforme a las reglas generales— es en sí mismo expresión indivisible del poder judicial”.
Para terminar con los vecinos, en Portugal existe inmunidad parlamentaria, pero solo gozan de la prerrogativa de ser juzgados por el Tribunal Supremo el presidente de la República, el primer ministro y el presidente de la asamblea. Al otro lado del Atlántico, en EE UU, en línea con la idea británica de igualdad legal, jueces y políticos —hasta el presidente— se sujetan al tribunal que corresponda al delito que haya cometido. El impeachment, al que fue sometido Bill Clinton ante la sospecha de perjurio en el escándalo de Monica Lewinsky, no fue un procedimiento judicial sino político. De haber cometido delito, el presidente sería juzgado en un tribunal normal, pero eso nunca ha ocurrido porque Nixon dimitió, y el caso de Clinton quedó en nada.
En España la proliferación de aforados hace tiempo que causa
inquietud en círculos judiciales. “No entendemos adecuado que los
aforamientos hayan alcanzado la extensión que han logrado”, explica el
portavoz de los 47 decanos españoles y juez decano de Palma, Francisco
Martínez Espinosa: “Crea suspicacia entre los ciudadanos”. Además de por
las sospechas que genera la figura, a los jueces no les gustan las
diferencias entre supuestos tribunales VIP y de segunda; tampoco
disfunciones como que jueces del Supremo que llevan 30 años sin instruir
un caso se vean de pronto ante la necesidad de juzgar desde una
infracción grave de tráfico a complejas tramas de corrupción. Sin
embargo, el asunto no había levantado mayor atención ciudadana hasta que
el ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón, anunció que piensa
ampliar la categoría de aforados a la Reina y el Príncipe Felipe.
Esta declaración coincide con otro episodio que ha puesto de relieve las tensiones que genera el sistema. El lunes pasado dos guardias civiles visitaron el Congreso de los Diputados con un mensaje de la juez Mercedes Alaya para tres aforados, los expresidentes andaluces Manuel Chaves y José Antonio Griñán y el exconsejero José Antonio Viera. El mensaje no se pudo entregar porque Alaya, responsable del caso de los ERE, no es competente para imputar a diputados y está obligada a elevar una exposición razonada de indicios penales ante el Tribunal Supremo. El movimiento de la juez se ha leído como un desafío, entre otras cosas porque su instrucción del caso se ve muy condicionada por esta figura. Si no quiere tener que desgajar la investigación y remitir a tribunales superiores la parte que corresponde a los aforados, no puede concretar acusaciones contra los implicados en el caso que tengan esta condición.
Esta barrera ya ha lastrado infinidad de investigaciones. Por poner un ejemplo entre cientos, en el caso Gürtel el juez Baltasar Garzón se inhibió de parte del sumario en favor del Supremo al topar con el entonces senador Luis Bárcenas, o frente al Tribunal Superior de Valencia ante los indicios de responsabilidad del expresidente autonómico Francisco Camps y el diputado Ricardo Costa.
Y la lista de problemas continúa: los aforamientos generan polémicas
entre tribunales que se envían y devuelven piezas según los cargos de
los implicados. Y, cuando en un caso conviven aforados y personas que no
lo son, los no aforados suelen acabar también en el tribunal especial.
En la actualidad hay 28 aforados imputados en tribunales superiores de justicia autonómicos. Pero esta legislatura, solo en Valencia, han sido 13.
Una llamada al Supremo para saber qué casos manejan con aforados sirve para recordar que muchas veces las figuras públicas se enfrentan a procesos que difícilmente les habrían afectado de no ser personajes conocidos. “Aquí llegan muchísimas querellas, de Rajoy para abajo”, explica un portavoz: “Algunas a mano y por argumentos muy curiosos”. Una Secretaría de causas especiales en la Sala de lo Penal lidia ahora con procesos muy variados que implican a jueces y políticos. Algunos son querellas y casos comunes impropios de un tribunal superior; otros tienen mayor calado: desde la imputación de Joaquín Ortiz Blasco —exmagistrado del Tribunal Superior de Cataluña— por la adjudicación de las ITV en Cataluña, al proceso contra el senador Miguel Zerolo (Coalición Canaria), por presunta prevaricación.
Otro debate es si supone un beneficio neto para los aforados acudir a un tribunal superior, sabiendo que pierden el derecho a una segunda instancia. No existen pruebas de que se registren más absoluciones en estos casos. Sí que se resuelven antes. “Un caso como el del exministro de Fomento José Blanco [absuelto de tráfico de influencias] probablemente no habría podido ir tan rápido en un tribunal común”, considera Iñaki Esparza. Evitarse los atascos judiciales que padece el común de los mortales quizá no se pueda considerar una ventaja menor.
En Alemania, Reino Unido o Estados Unidos no tienen aforados que gocen del derecho a ser juzgados por un tribunal distinto al que corresponde a un ciudadano de a pie. En Portugal e Italia solo se le consiente al presidente de la República; y en Francia, al presidente, primer ministro y su Gobierno. En el otro extremo, en España 10.000 personas se acogen a este privilegio que el Ministerio de Justicia pretende ampliar a los Príncipes de Asturias y a la Reina Sofía. Del total de aforados, 2.300 son políticos, y la mitad de ellos, diputados autonómicos.
El presidente alemán Christian Wulff
dimitió en 2012 sin que hiciera falta levantarle la inmunidad. Bastó la
mera petición de la Fiscalía de Hannover por un caso del que fue
declarado inocente. / J. STRATENSCHULTE
“Cuando salimos al exterior y contamos esto, sorprende”, explica Iñaki Esparza, catedrático de la Universidad del País Vasco y, junto a Juan Luis Gómez Colomer, autor de la obra cumbre en la materia, el Tratado jurisprudencial de aforamientos procesales. “La figura responde al contexto en que se diseñó”, explica: un país en que políticos y jueces estaban en transición hacia hábitos democráticos, y derechos como la libertad de expresión requerían protección. “El problema es que se fue ampliando una figura que, a ojos de hoy, parece una incorrecta comprensión de lo que debe ser la inmunidad. Luego el Estado de las autonomías lo multiplicó por 17, y en el siglo XXI la foto final no es presentable”.
Aforamiento e inmunidad no son lo mismo. La inmunidad parlamentaria es una figura relativamente universal, aunque en los países anglosajones no exista. La figura se inspira en la Revolución Francesa y ha calado en la Europa continental con diferentes formulaciones. En España los parlamentarios solo pueden ser detenidos en “flagrante delito” y para procesarlos debe autorizarlo la cámara respectiva. Sin embargo, ya en 1992 el Tribunal Constitucional fijó que este permiso sea prácticamente automático.
Jueces y políticos, distinto modelo
No todos los aforamientos son iguales. El que más llama la atención comparado al resto de países del entorno es el de 2.300 políticos. Supone que nunca deberán pasar por un tribunal ordinario mientras estén en el cargo. Los parlamentarios nacionales y miembros del Gobierno serán juzgados por el Tribunal Supremo. Los miembros de Gobiernos y parlamentos autonómicos serán juzgados por el Tribunal Superior de Justicia de su comunidad. Este privilegio causa suspicacias basadas en que son los parlamentarios quienes pactan la composición de estas instancias superiores, a diferencia de lo que ocurre con las salas ordinarias, más alejadas del legislativo. Además, antes de ser juzgados, la inmunidad de los parlamentarios se debe levantar en la cámara correspondiente en un proceso prácticamente automático. Para recortar privilegios, este miércoles el ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, aseguró que la nueva ley de Enjuiciamiento Criminal terminará con la posibilidad de que los políticos declaren por escrito o desde su despacho cuando sean testigos de un caso.El aforamiento que compete a alrededor de 7.000 jueces y fiscales es más restringido. Significa que, siempre que sean juzgados por procesos penales que estén tutelando, se ocupará de su caso el Tribunal Superior de Justicia del que dependan.
Los 21 miembros del Gobierno francés son, ellos sí, aforados. Solo podrían ser juzgados por un tribunal especial —la Corte de Justicia Republicana— si sus casos tuvieran que ver con la política. Si, por ejemplo, cometiesen un asesinato, comparecerían ante un juez ordinario.
En Italia a los políticos se les juzga sin restricciones pero, para aplicarles prisión preventiva, hay que pedir un permiso a las cámaras que estas deniegan sistemáticamente, generando la polémica comprensible. En el caso de Silvio Berlusconi, una vez expulsado del Senado por su condena en firme en el caso Mediaset, su situación se ha agravado porque, sin inmunidad, son muchas las espadas judiciales que penden sobre él. A pesar de estas trabas, Il Cavaliere, con 38 casos a sus espaldas, siempre ha sido juzgado por tribunales ordinarios (Milán, Bari…). Solo se libra de esta regla el presidente, Giorgio Napolitano, único aforado de Italia.
En Alemania son mucho más restrictivos. No existe ningún aforamiento, y solo son inmunes el presidente y miembros del parlamento (no la canciller, Angela Merkel), y el proceso para levantarles el privilegio es automático. El jefe de Estado es inmune pero no inviolable, como lo son Juan Carlos I, Isabel II en Reino Unido, o el presidente francés (hasta que deja el cargo: por eso Jacques Chirac en 2011 fue condenado por corrupción). Para un político alemán recibir una petición de retirada de inmunidad es un deshonor. El expresidente Christian Wulff dimitió cuando le llegó en 2012 una de la Fiscalía de Hannover por supuestos sobornos de un empleado cinematográfico.
Manuel Cancio, catedrático de Derecho Penal y conocedor del derecho alemán, explica la distancia entre este sistema y el español: “Esta inmunidad para proteger la representación ciudadana no tiene nada que ver con el aforamiento que existe en España y que no tiene ninguna justificación, a mi juicio. Que un cargo público esté aforado implica la suposición de que un tribunal superior será mejor o más justo que otro. Pero en realidad esta regla especial solo se puede comprender como un intento de proteger a ciertos cargos haciendo que los juzguen tribunales más cercanos el poder ejecutivo, ya que cualquier tribunal —el que resulte competente conforme a las reglas generales— es en sí mismo expresión indivisible del poder judicial”.
Para terminar con los vecinos, en Portugal existe inmunidad parlamentaria, pero solo gozan de la prerrogativa de ser juzgados por el Tribunal Supremo el presidente de la República, el primer ministro y el presidente de la asamblea. Al otro lado del Atlántico, en EE UU, en línea con la idea británica de igualdad legal, jueces y políticos —hasta el presidente— se sujetan al tribunal que corresponda al delito que haya cometido. El impeachment, al que fue sometido Bill Clinton ante la sospecha de perjurio en el escándalo de Monica Lewinsky, no fue un procedimiento judicial sino político. De haber cometido delito, el presidente sería juzgado en un tribunal normal, pero eso nunca ha ocurrido porque Nixon dimitió, y el caso de Clinton quedó en nada.
El Senado francés rechazó levantar la
inmunidad del exalcalde y cuarta fortuna del país Serge Dassault por un
escándalo de compra de votos. Ante la presión, en febrero tuvo que pedir
que le despojaran definitivamente del privilegio. / J. DEMARTHON (AFP)
Esta declaración coincide con otro episodio que ha puesto de relieve las tensiones que genera el sistema. El lunes pasado dos guardias civiles visitaron el Congreso de los Diputados con un mensaje de la juez Mercedes Alaya para tres aforados, los expresidentes andaluces Manuel Chaves y José Antonio Griñán y el exconsejero José Antonio Viera. El mensaje no se pudo entregar porque Alaya, responsable del caso de los ERE, no es competente para imputar a diputados y está obligada a elevar una exposición razonada de indicios penales ante el Tribunal Supremo. El movimiento de la juez se ha leído como un desafío, entre otras cosas porque su instrucción del caso se ve muy condicionada por esta figura. Si no quiere tener que desgajar la investigación y remitir a tribunales superiores la parte que corresponde a los aforados, no puede concretar acusaciones contra los implicados en el caso que tengan esta condición.
Esta barrera ya ha lastrado infinidad de investigaciones. Por poner un ejemplo entre cientos, en el caso Gürtel el juez Baltasar Garzón se inhibió de parte del sumario en favor del Supremo al topar con el entonces senador Luis Bárcenas, o frente al Tribunal Superior de Valencia ante los indicios de responsabilidad del expresidente autonómico Francisco Camps y el diputado Ricardo Costa.
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En la actualidad hay 28 aforados imputados en tribunales superiores de justicia autonómicos. Pero esta legislatura, solo en Valencia, han sido 13.
Una llamada al Supremo para saber qué casos manejan con aforados sirve para recordar que muchas veces las figuras públicas se enfrentan a procesos que difícilmente les habrían afectado de no ser personajes conocidos. “Aquí llegan muchísimas querellas, de Rajoy para abajo”, explica un portavoz: “Algunas a mano y por argumentos muy curiosos”. Una Secretaría de causas especiales en la Sala de lo Penal lidia ahora con procesos muy variados que implican a jueces y políticos. Algunos son querellas y casos comunes impropios de un tribunal superior; otros tienen mayor calado: desde la imputación de Joaquín Ortiz Blasco —exmagistrado del Tribunal Superior de Cataluña— por la adjudicación de las ITV en Cataluña, al proceso contra el senador Miguel Zerolo (Coalición Canaria), por presunta prevaricación.
Otro debate es si supone un beneficio neto para los aforados acudir a un tribunal superior, sabiendo que pierden el derecho a una segunda instancia. No existen pruebas de que se registren más absoluciones en estos casos. Sí que se resuelven antes. “Un caso como el del exministro de Fomento José Blanco [absuelto de tráfico de influencias] probablemente no habría podido ir tan rápido en un tribunal común”, considera Iñaki Esparza. Evitarse los atascos judiciales que padece el común de los mortales quizá no se pueda considerar una ventaja menor.
Con informaciones de L. Doncel, A. Jiménez Barca, W. Oppenheimer, P. Ordaz, E. Sáiz y A. Teruel
FUENTE:http://politica.elpais.com/politica/2014/04/12/actualidad/1397317832_173704.html
COMENTARIOS DE LOS LECTORES DE 'EL PAIS'
Ed que los españoles somos los mejores, por eso nos va tan bien.
Si, en España, el poder judicial fuese realmente independiente del
poder ejecutivo, importaría muy poco eso del aforamiento. El problema no
está en los aforamientos, sino en la dependencia de los jueces con
respecto a los partidos políticos.
Todas las estrategias para dominar el cotarro las usan, las han usado y
las seguirán usando. Estamos en manos de una cleptocracia con leyes
propias, que los españoles no podemos cambiar si no cambiamos las reglas
del juego, es decir, llevando a condenas y penas cumplidas aquellos
delitos de los gobernates. Tenga un buen día.
Denuncias con pruebas claro...¿porque funcionan las cosas en usa y aqui no?
la democracia con mayor número de aforados del mundo. O sea, que NO es una democracia.
Añádase, entre los "aforados", a ciertos torturadores del franquismo.
Están aforados, según los altos tribunales españoles, hasta en los
tribunales extranjeros. Añádase cómo, con rigor implacable, el
catedrático emérito de derecho Alejandro Nieto nos muestra, en su libro El Desgobierno Judicial,
que, desde el Antiguo Régimen, no ha habido en España un solo año de
independencia judicial. Ni siquiera con la Segunda República. Menos
todavía con Franco. Pero tampoco desde la Transición. Su libro llega
hasta 2004 y, desde entonces, para más inri, hemos ido como los
cangrejos. Lo último, la abolición de la justicia universal: ya están aforados hasta los narcos. Llama Alejandro Nieto desgobierno al mal gobierno a posta, en aras de intereses no democráticos:
el desgobierno judicial o el desgobierno de lo público. Buen ejemplo es
el desgobierno de la sanidad pública. Gestionarla mal a posta para
colarnos la sanidad privada.
Stupendo! Visto lo visto, mañana teniendo en cuenta nuestro sistema
procesal, por unas simples denuncias razonadas, tenemos imputados por
jueces de primera instancia a tropecientos diputados, y senadores. Es
decir cientos de " presuntos culpables" que durante años y hasta el
juicio y fallo, lo serán o no...
La figura de aforados en España ya va estando de sobra tenemos demasiados corruptos entre los políticos.
Que ahora se quiera dar tal tratamiento a la reina y a los príncipes de
Asturias es una cosa insignificante comparada con la cantidad de
políticos, jueces y miembros de las fuerzas de seguridad del Estado que
gozan de tal condición. Sobre todo si lo comparamos con países de
nuestro entorno y nivel (Alemania, Reino Unido o Estados Unidos no
tienen; en Portugal e Italia lo es el presidente de la República; o
Francia, donde son unos diez los aforados, presidente de la República,
primer ministro y sus ministros). Más de 2.000 políticos, tanto del
ámbito nacional como del autonómico, no están sujetos a los tribunales
ordinarios como cualquier españolito, como tampoco la cúpula judicial.
¿Justificaciones?Pues que únicamente puede ser juzgado por los altos
tribunales, politizado, donde muchos casos se diluyen por mor de las
presiones gubernamentales. Dice Gallardón que su fin es «aumentar la
seguridad jurídica sobre personas que el legislador entienden que deben
ser objeto de tutela» y solo pueden ser juzgados por jueces con menos
posibilidades de ser presionados por el poder político. ¡Hay que ser
cínicos!
Lo que nuestros políticos quieren y lo han conseguido, no es el
aforamiento o la inmudidad , es la IMPUNIDAD. Se ríen de nosotros,en la
cara, sabiendo que no les pasa nada de nada y si por un casual van a la
cárcel; saben que a la salida les espera calentito el dinero que nos
robaron.
Más de 10.000. De hecho desde la autonímica manera de juzgar qué cargos
pueden ser beneficiados por ser aforado, hay muchos más que gozan de
ese privilegio. Somos el país con el mayor número de llos, pero por
goleada.
La aplicación de la ley penal puede diferir en función de la persona
ante la que nos encontremos. Esto en principio puede chocar con el
principio de igualdad (art 14 CE) y resultar un tanto de difícil
comprensión. El fundamento de estas inmunidades no debemos encontrarlo
en razón del privilegio que tienen determinadas personas (como ocurría
en el pasado) sino en la función que ciertas personas desempeñan en la
sociedad, lo cual requiere que en ciertas circunstancias el Estado
renuncie a su derecho a exigir la imposición de penas (ej.:
Inviolabilidad del rey o de diputados y senadores) o lo condicione a
ciertos requisitos o trámites. Así, en el presente artículo vamos a
tratar el tema de los AFORADOS. Por aforado debemos entender la persona
que por razón del cargo goza del derecho a ser juzgado por un tribunal
diferente (Tribunal Supremo o Tribunal Superior de Justicia) al que
correspondería a todo ciudadano de a pie. A este derecho a ser juzgado
por tribunal distinto a los ordinarios se le conoce como fuero o
privilegio en materia de jurisdicción y se extiende a otros delitos.
Primero que dimite Rajoy por el caso Barsenas y despues hablamos quien
se ha forado y quien es aforado. El otro dia los jueces hablaban de
2300, hoy este periodico que no se sabe a quien sirve de 10000. Y el
misnistro de justicias quiere hacer el aforado vitalicio. Este es el
gobierno de Espana!
Pues eso. Que no cambiarán la desigualdad quienes se benefician de ella a su favor. Y buenos días rantin
Hace un año, en El Mundo. Gómez
Colomer cree que “la inmunidad que concede España a sus parlamentarios y
autoridades es exacerbada y exagerada”. “Si queremos ser un país
moderno y plenamente respetuoso con el principio de igualdad y el
derecho al libre acceso a los tribunales de Justicia, el aforamiento
debe desaparecer; pero ello no ocurrirá en España, al menos de momento,
porque quienes tienen que aprobar la ley que suprima los aforamientos
son los mejor aforados hoy”, concluye el profesor. España es en
estos momentos la democracia con mayor número de aforados del mundo. Se
calcula que en la actualidad hay 10.000 ciudadanos con una protección
jurídica especial, aunque otras estimaciones elevan esa cifra hasta las
250.000 personas, un volumen que genera enormes disfunciones en el
sistema judicial y que ampara privilegios con difícil encaje en una
Constitución que en su artículo 14 proclama que “los españoles son
iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna por
razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra
condición o circunstancia personal o social”.
esto biene a recordarnos o aq no olvidemos q la justicia no es igual
para todos, lo cual nos lleva a la conclusion q seguimos viviendo en una
dictadura muy bien camuflada de democracia.....es vergonzoso e
inahudito lo q estamos tolerando en este pais cuyo unico fin es q los
mas pobres carguen con las consecuencias q los mas adinerados o caciques
o los q se creen q estan por encima de la ley lo cual es asi y a lo q
esta pasando me remito nos estan cargando sobre nuestras espaldas y
sudor.....llegando a la conclusion de q los q se merecen estar en la
carcel siguen gastando lo q nos an robado inpunemente y el q decide
manifestarse en contra de esto termina enchironado sin mas.....vamos q a
este paso solo veras pasearse y consumir a la delincuencia q marca los
pasos a seguir de un pais.....buenos dias y q
esto biene a recordarnos o aq no olvidemos q la justicia no es igual
para todos, lo cual nos lleva a la conclusion q seguimos viviendo en una
dictadura muy bien camuflada de democracia.....es vergonzoso e
inahudito lo q estamos tolerando en este pais cuyo unico fin es q los
mas pobres carguen con las consecuencias q los mas adinerados o caciques
o los q se creen q estan por encima de la ley lo cual es asi y a lo q
esta pasando me remito nos estan cargando sobre nuestras espaldas y
sudor.....llegando a la conclusion de q los q se merecen estar en la
carcel siguen gastando lo q nos an robado inpunemente y el q decide
manifestarse en contra de esto termina enchironado sin mas.....vamos q a
este paso solo veras pasearse y consumir a la delincuencia q marca los
pasos a seguir de un pais.....buenos dias y q tengan un bello y calido
dia, sobre todo el q pueda permitirselo
Seguro que votas y apoyas a los 10.000 aforados...no les votes ellos jamas te votarian.
Foro, Fuero y Aforamiento. Más importante que el fuero, el foro.Tan
importante como el foro y el fuero, el aforamiento. Más importante que
el foro, que el fuero, que el aforamieneto, el indultamiento.Aquí no
entra en el trullo nidios.
Los 10.000 aforados españoles son una excepción en Europa y EE UU Tiene
su justificación: se trata de 10.000 personas excepcionales. ( y si
cuela, cuela)
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