Manuales de secesión
Escocia se une a Quebec como ejemplo para las regiones que desean separarse de su Estado
En la mente de todos está la necesidad de evitar a toda costa el precedente de Yugoslavia
Londres y Edimburgo han acordado celebrar un referéndum sobre la independencia de Escocia antes de que termine 2014. / ANDREW MILLIGAN (CORDON PRESS)
Pocos tópicos consagrados durante los últimos años parecen encontrar
menos aval en la realidad que la crisis del Estado-nación. Los
estertores del sistema comunista en los años ochenta del siglo pasado se
tradujeron en un incremento de las tensiones nacionalistas y de los
procesos de secesión en el interior de la Unión Soviética y de otros
países de su órbita de influencia, como Yugoslavia y Checoslovaquia.
A comienzos del siglo XXI, y básicamente como resultado de la descomposición del antiguo bloque del Este, el número de Estados-nación reconocidos por Naciones Unidas se había ampliado en una veintena y rondaba los dos centenares, después de haberse mantenido estable desde el final de la descolonización. El “centralismo democrático”, que había guiado la acción autoritaria de los partidos comunistas en el poder, dejó paso a una eclosión de las nacionalidades históricas.
En el curso de pocos meses, a partir de la sobria dimisión de Gorbachov, anunciada ante la cámara fija de solo uno de los varios canales de los que la televisión estatal disponía entonces, la URSS, la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, se transformó en la CEI, una Confederación de Estados Independientes. Pronto se reveló que la Confederación postsoviética era solo una estación intermedia entre la Unión anterior y una variedad de situaciones de hecho que iba desde la independencia plena de algunas repúblicas a la independencia limitada por acuerdos que, como el que mantenían Rusia y Georgia, sirvieron para ofrecer, llegado el caso, tortuosas coartadas a intervenciones militares directas.
Para ser una fórmula política en crisis, según sostiene el tópico, el Estado-nación parece gozar de buena salud a juzgar por el número de nuevos miembros que se ha incorporado a la comunidad internacional tras la disolución de la Unión Soviética. Pero no solo por el número, también por su naturaleza: como nuevos Estados, reivindican su condición de naciones centenarias con más vehemencia, con infinita más vehemencia, que los Estados de los que se han desgajado. La sangrienta e interminable descomposición de Yugoslavia, arrancando con la secesión de Croacia y Serbia, y llegando hasta la independencia de Kosovo tras una estación de horror en la guerra de Bosnia, ilustra de modo ejemplar la condición vehementemente nacional de los nuevos Estados.
En aquellos donde existían rotundas mayorías nacionales, como Croacia y Serbia, el potencial conflictivo del proceso se manifestó en forma de discriminación y represión de las minorías. En otros, donde, como en el caso de Bosnia, las mayorías nacionales no eran rotundas, la pugna por definir el carácter nacional del nuevo Estado, la lucha por determinar de qué nación debía ser expresión política, degeneró en limpieza étnica y en guerra civil. Para los bosnios de cualquier adscripción nacional, para los kosovares en la Gran Serbia o para los serbios en el Kosovo independiente, la crisis del Estado-nación resultó ser algo más grave que un tópico; fue una inexplicable ceguera ante la causa última de su tragedia.
En contra de lo que la comunidad internacional llegó a creer ante las ruinas de Yugoslavia, el sobrecogedor desenlace de las reivindicaciones nacionalistas que desencadenaron la guerra no se asumió como una advertencia para otros Estados donde también existían opciones políticas partidarias de la secesión, sino en un contramodelo. Es decir, la secesión siguió considerándose un programa político aceptable, desde el ya clásico de los independentistas de Quebec al más reciente de los de Escocia, y la única lección que cabía extraer de Yugoslavia se limitaba al brutal procedimiento por el que se llevó a cabo.
En virtud del contramodelo yugoslavo, quienes apoyan hoy opciones políticas partidarias de la secesión en otras partes del mundo subrayan con redoblada insistencia su intención de atenerse a las vías democráticas. Quienes se les oponen suelen sostener, también en virtud del contramodelo yugoslavo, que los riesgos de desbordamiento pasional inherentes a cualquier proceso de secesión son tan elevados como inevitables. Añaden, además, que la secesión, cualquier secesión, obliga a contravenir el orden legal, tanto el internacional, puesto que el derecho a la autodeterminación reconocido por Naciones Unidas en las resoluciones 1514 (XV) y 2625 (XXVI) se circunscribe al ámbito de los territorios colonizados, como el interno, puesto que no existe ninguna constitución democrática que lo admita.
En respuesta a estos argumentos, quienes apoyan opciones políticas partidarias de la secesión cuestionan que ningún orden legal democrático puede considerarse superior a la voluntad democrática de una mayoría. Admiten, no obstante, que la dificultad reside en cómo conformar esa voluntad democrática dentro de un orden legal que no dispone de mecanismos para hacerlo, y de ahí que, buscando desmentir el contramodelo yugoslavo, se esfuercen en descubrir modelos en positivo, en identificar manuales de secesión.
La Clarity Act aprobada por el Parlamento de Canadá en 2000, que tomó como base una sentencia de la Corte Suprema de dos años antes, se ha convertido desde entonces en referencia obligada, en modelo y en manual, para las opciones políticas partidarias de la secesión y también para una parte de quienes se oponen a ella. En el origen de la sentencia y, por tanto, de la Clarity Act, se encuentra el referéndum de independencia convocado por las autoridades de Quebec en 1995.
La pregunta exacta fue: “¿Está usted de acuerdo en que Quebec debería convertirse en soberano después de haber hecho una oferta formal a Canadá para una nueva asociación económica y política en el ámbito de aplicación del proyecto de ley sobre el futuro de Quebec y del acuerdo firmado el 12 de junio de 1995?”. La Corte Suprema, a instancias de la cuestión planteada por el primer ministro federal, Jean Chrétien, estableció que Quebec no disponía de un derecho unilateral a la secesión, pero que, no obstante, si una mayoría calificada de ciudadanos de Quebec la reclamaban, el resto de los canadienses tendrían que buscar la fórmula para dar curso a la aspiración independentista.
Tomás de la Quadra Salcedo, catedrático de Derecho Administrativo en la Universidad Carlos III y exministro de Administraciones Públicas y de Justicia en los Gobiernos de Felipe González, entiende que lo que la sentencia de la Corte Suprema de Canadá establece es una suerte de “deber sin derecho”. Así, no es que “la sentencia canadiense admita ningún derecho de autodeterminación para Quebec”, explica De la Quadra, “sino que serían los canadienses en su conjunto quienes tendrían el deber de buscar una salida a las aspiraciones independentistas de Quebec si fueran cualificadamente mayoritarias y persistentes en el tiempo”.
La consideración del caso de Quebec como manual de secesión parece haber pasado a un segundo plano frente a la más reciente iniciativa emprendida por el ministro principal de Escocia, Alex Salmond. La razón no sería solo cronológica, sino que guardaría relación con otros aspectos capaces de multiplicar el potencial de las negociaciones entre Londres y Edimburgo como posible vía a seguir.
Escocia es parte de un Estado miembro de la Unión Europea, lo que, de acuerdo con quienes siguen por interés propio la iniciativa de Salmond, desmentiría el argumento de que las secesiones fuera de los territorios colonizados son contrarias a la legislación internacional. Por otra parte, el Gobierno de Cameron ha aceptado facilitar al de Salmond todas las competencias necesarias para llevar a cabo un referéndum sobre la independencia, algo que los partidarios de la secesión en otros lugares toman por una encomiable actitud y una pragmática disposición a reconocer ciertas realidades desde el Gobierno.
No es seguro, sin embargo, que la iniciativa de Salmond ni la respuesta de Cameron sean generalizables hasta el punto de erigirse en manual de secesiones futuras. La singular naturaleza del sistema británico, en el que las diversas partes se encuentran ligadas entre sí a partir de los tratados que dieron nacimiento a Reino Unido, hace que no sea fácil decidir hasta qué punto la secesión de Escocia sería la realización del derecho a la autodeterminación o, sencillamente, la denuncia de aquel tratado originario.
Por otro lado, Cameron no ha vulnerado los procedimientos que rigen las relaciones entre las diversas partes que componen Reino Unido, al entregar a Salmond las competencias para celebrar un referéndum, sino que se ha atenido rigurosamente a ellos: la devolución es una de las fórmulas por las que se rige el sistema británico y en los últimos tiempos ha servido para ampliar la autonomía de los diversos Gobiernos frente al de Londres.
Las negociaciones entre Cameron y Salmond para establecer los procedimientos legales que llevarán al referéndum de independencia de Escocia, fijado para 2014, han puesto de relieve que, mientras que las respuestas de los Gobiernos que se enfrentan a tensiones nacionalistas suelen ser distintas en cada caso, ajustándose a lo que les permiten sus respectivos órdenes constitucionales, las estrategias de los partidarios de la secesión tienden a parecerse como si, en efecto, respondieran a un manual.
El periodista y escritor catalán Rafael Jorba, autor de La mirada del otro, subraya que “las dos primeras víctimas de cualquier intento de secesión son la fidelidad a los hechos y las posiciones que pretenden servir de puente; los conceptos se vuelven vagos y no reflejan la realidad, abriendo el camino a soluciones mágicas y a la designación de chivos expiatorios”, concluye Jorba.
Salmond y los nacionalistas escoceses, lo mismo que los de Quebec que convocaron el referéndum de 1995, desean someter a los ciudadanos una pregunta que no suponga una alternativa tajante, independencia sí o independencia no. Cameron, en cambio, pretende que la pregunta cumpla los requisitos que fijaron la Corte Suprema de Canadá y la Clarity Act, y no asocie a la cuestión principal otras circunstanciales y de detalle que convertirían en equívoco el resultado. El premier británico también quería celebrar el referéndum a la mayor brevedad posible, convencido de que Salmond y los nacionalistas escoceses preferían retrasarlo para ir conformando una mayoría favorable a la secesión, de la que en estos momentos no dispondrían, por la vía de canalizar hacia ella el creciente malestar social que han generado los recortes y la política de austeridad. En la estrategia de Salmond y los independentistas se trataría de presentar la secesión de Escocia como una solución a la crisis económica; en la de Cameron, late la convicción de que los escoceses sabrán advertir que la secesión es una respuesta incongruente con los problemas que ha suscitado la gran recesión, y que podrían verse agravados.
La huida del contramodelo yugoslavo de secesión y la simultánea búsqueda de modelos en positivo, de manuales de secesión, mejores cuanto más recientes y más cercanos, no explica, sin embargo, la razón por la que la caída de la Unión Soviética desencadenó una cascada de reivindicaciones nacionalistas solo comparable a la que se vivió en el siglo XIX.
Como en todos los procesos de largo aliento, resultaría tan reductor como falso señalar una única causa. Pero tal vez en este caso se haya perdido de vista el papel decisivo que pudo desempeñar una única idea, un único tópico reiterado a pesar de los constantes desmentidos. Desde hace tres décadas, la crisis del Estado-nación se viene presentando como una descripción de la realidad cuando, por el contrario, podría tratarse de un programa. Si la ortodoxia económica que se impuso tras el fracaso de la utopía comunista y que ha conducido a la devastadora crisis actual deseaba reducir el margen para que las decisiones políticas pudieran corregir las derivas suicidas de los mercados, entonces nada mejor que segarle la hierba bajo los pies y asegurar que el espacio desde el que operaba, el espacio del Estado-nación, se había vuelto irrelevante. Más naciones y más Estados habrían venido a ocupar el hueco creado artificialmente, pero también más poder y más impunidad para las derivas suicidas de los mercados.
comentarios sobre la noticia en "EL PAIS"
http://sociedad.elpais.com/sociedad/2012/10/28/actualidad/1351441562_382865.html
A comienzos del siglo XXI, y básicamente como resultado de la descomposición del antiguo bloque del Este, el número de Estados-nación reconocidos por Naciones Unidas se había ampliado en una veintena y rondaba los dos centenares, después de haberse mantenido estable desde el final de la descolonización. El “centralismo democrático”, que había guiado la acción autoritaria de los partidos comunistas en el poder, dejó paso a una eclosión de las nacionalidades históricas.
En el curso de pocos meses, a partir de la sobria dimisión de Gorbachov, anunciada ante la cámara fija de solo uno de los varios canales de los que la televisión estatal disponía entonces, la URSS, la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, se transformó en la CEI, una Confederación de Estados Independientes. Pronto se reveló que la Confederación postsoviética era solo una estación intermedia entre la Unión anterior y una variedad de situaciones de hecho que iba desde la independencia plena de algunas repúblicas a la independencia limitada por acuerdos que, como el que mantenían Rusia y Georgia, sirvieron para ofrecer, llegado el caso, tortuosas coartadas a intervenciones militares directas.
Para ser una fórmula política en crisis, según sostiene el tópico, el Estado-nación parece gozar de buena salud a juzgar por el número de nuevos miembros que se ha incorporado a la comunidad internacional tras la disolución de la Unión Soviética. Pero no solo por el número, también por su naturaleza: como nuevos Estados, reivindican su condición de naciones centenarias con más vehemencia, con infinita más vehemencia, que los Estados de los que se han desgajado. La sangrienta e interminable descomposición de Yugoslavia, arrancando con la secesión de Croacia y Serbia, y llegando hasta la independencia de Kosovo tras una estación de horror en la guerra de Bosnia, ilustra de modo ejemplar la condición vehementemente nacional de los nuevos Estados.
En aquellos donde existían rotundas mayorías nacionales, como Croacia y Serbia, el potencial conflictivo del proceso se manifestó en forma de discriminación y represión de las minorías. En otros, donde, como en el caso de Bosnia, las mayorías nacionales no eran rotundas, la pugna por definir el carácter nacional del nuevo Estado, la lucha por determinar de qué nación debía ser expresión política, degeneró en limpieza étnica y en guerra civil. Para los bosnios de cualquier adscripción nacional, para los kosovares en la Gran Serbia o para los serbios en el Kosovo independiente, la crisis del Estado-nación resultó ser algo más grave que un tópico; fue una inexplicable ceguera ante la causa última de su tragedia.
En contra de lo que la comunidad internacional llegó a creer ante las ruinas de Yugoslavia, el sobrecogedor desenlace de las reivindicaciones nacionalistas que desencadenaron la guerra no se asumió como una advertencia para otros Estados donde también existían opciones políticas partidarias de la secesión, sino en un contramodelo. Es decir, la secesión siguió considerándose un programa político aceptable, desde el ya clásico de los independentistas de Quebec al más reciente de los de Escocia, y la única lección que cabía extraer de Yugoslavia se limitaba al brutal procedimiento por el que se llevó a cabo.
En virtud del contramodelo yugoslavo, quienes apoyan hoy opciones políticas partidarias de la secesión en otras partes del mundo subrayan con redoblada insistencia su intención de atenerse a las vías democráticas. Quienes se les oponen suelen sostener, también en virtud del contramodelo yugoslavo, que los riesgos de desbordamiento pasional inherentes a cualquier proceso de secesión son tan elevados como inevitables. Añaden, además, que la secesión, cualquier secesión, obliga a contravenir el orden legal, tanto el internacional, puesto que el derecho a la autodeterminación reconocido por Naciones Unidas en las resoluciones 1514 (XV) y 2625 (XXVI) se circunscribe al ámbito de los territorios colonizados, como el interno, puesto que no existe ninguna constitución democrática que lo admita.
En respuesta a estos argumentos, quienes apoyan opciones políticas partidarias de la secesión cuestionan que ningún orden legal democrático puede considerarse superior a la voluntad democrática de una mayoría. Admiten, no obstante, que la dificultad reside en cómo conformar esa voluntad democrática dentro de un orden legal que no dispone de mecanismos para hacerlo, y de ahí que, buscando desmentir el contramodelo yugoslavo, se esfuercen en descubrir modelos en positivo, en identificar manuales de secesión.
La Clarity Act aprobada por el Parlamento de Canadá en 2000, que tomó como base una sentencia de la Corte Suprema de dos años antes, se ha convertido desde entonces en referencia obligada, en modelo y en manual, para las opciones políticas partidarias de la secesión y también para una parte de quienes se oponen a ella. En el origen de la sentencia y, por tanto, de la Clarity Act, se encuentra el referéndum de independencia convocado por las autoridades de Quebec en 1995.
La pregunta exacta fue: “¿Está usted de acuerdo en que Quebec debería convertirse en soberano después de haber hecho una oferta formal a Canadá para una nueva asociación económica y política en el ámbito de aplicación del proyecto de ley sobre el futuro de Quebec y del acuerdo firmado el 12 de junio de 1995?”. La Corte Suprema, a instancias de la cuestión planteada por el primer ministro federal, Jean Chrétien, estableció que Quebec no disponía de un derecho unilateral a la secesión, pero que, no obstante, si una mayoría calificada de ciudadanos de Quebec la reclamaban, el resto de los canadienses tendrían que buscar la fórmula para dar curso a la aspiración independentista.
Tomás de la Quadra Salcedo, catedrático de Derecho Administrativo en la Universidad Carlos III y exministro de Administraciones Públicas y de Justicia en los Gobiernos de Felipe González, entiende que lo que la sentencia de la Corte Suprema de Canadá establece es una suerte de “deber sin derecho”. Así, no es que “la sentencia canadiense admita ningún derecho de autodeterminación para Quebec”, explica De la Quadra, “sino que serían los canadienses en su conjunto quienes tendrían el deber de buscar una salida a las aspiraciones independentistas de Quebec si fueran cualificadamente mayoritarias y persistentes en el tiempo”.
La consideración del caso de Quebec como manual de secesión parece haber pasado a un segundo plano frente a la más reciente iniciativa emprendida por el ministro principal de Escocia, Alex Salmond. La razón no sería solo cronológica, sino que guardaría relación con otros aspectos capaces de multiplicar el potencial de las negociaciones entre Londres y Edimburgo como posible vía a seguir.
Escocia es parte de un Estado miembro de la Unión Europea, lo que, de acuerdo con quienes siguen por interés propio la iniciativa de Salmond, desmentiría el argumento de que las secesiones fuera de los territorios colonizados son contrarias a la legislación internacional. Por otra parte, el Gobierno de Cameron ha aceptado facilitar al de Salmond todas las competencias necesarias para llevar a cabo un referéndum sobre la independencia, algo que los partidarios de la secesión en otros lugares toman por una encomiable actitud y una pragmática disposición a reconocer ciertas realidades desde el Gobierno.
No es seguro, sin embargo, que la iniciativa de Salmond ni la respuesta de Cameron sean generalizables hasta el punto de erigirse en manual de secesiones futuras. La singular naturaleza del sistema británico, en el que las diversas partes se encuentran ligadas entre sí a partir de los tratados que dieron nacimiento a Reino Unido, hace que no sea fácil decidir hasta qué punto la secesión de Escocia sería la realización del derecho a la autodeterminación o, sencillamente, la denuncia de aquel tratado originario.
Por otro lado, Cameron no ha vulnerado los procedimientos que rigen las relaciones entre las diversas partes que componen Reino Unido, al entregar a Salmond las competencias para celebrar un referéndum, sino que se ha atenido rigurosamente a ellos: la devolución es una de las fórmulas por las que se rige el sistema británico y en los últimos tiempos ha servido para ampliar la autonomía de los diversos Gobiernos frente al de Londres.
Las negociaciones entre Cameron y Salmond para establecer los procedimientos legales que llevarán al referéndum de independencia de Escocia, fijado para 2014, han puesto de relieve que, mientras que las respuestas de los Gobiernos que se enfrentan a tensiones nacionalistas suelen ser distintas en cada caso, ajustándose a lo que les permiten sus respectivos órdenes constitucionales, las estrategias de los partidarios de la secesión tienden a parecerse como si, en efecto, respondieran a un manual.
El periodista y escritor catalán Rafael Jorba, autor de La mirada del otro, subraya que “las dos primeras víctimas de cualquier intento de secesión son la fidelidad a los hechos y las posiciones que pretenden servir de puente; los conceptos se vuelven vagos y no reflejan la realidad, abriendo el camino a soluciones mágicas y a la designación de chivos expiatorios”, concluye Jorba.
Salmond y los nacionalistas escoceses, lo mismo que los de Quebec que convocaron el referéndum de 1995, desean someter a los ciudadanos una pregunta que no suponga una alternativa tajante, independencia sí o independencia no. Cameron, en cambio, pretende que la pregunta cumpla los requisitos que fijaron la Corte Suprema de Canadá y la Clarity Act, y no asocie a la cuestión principal otras circunstanciales y de detalle que convertirían en equívoco el resultado. El premier británico también quería celebrar el referéndum a la mayor brevedad posible, convencido de que Salmond y los nacionalistas escoceses preferían retrasarlo para ir conformando una mayoría favorable a la secesión, de la que en estos momentos no dispondrían, por la vía de canalizar hacia ella el creciente malestar social que han generado los recortes y la política de austeridad. En la estrategia de Salmond y los independentistas se trataría de presentar la secesión de Escocia como una solución a la crisis económica; en la de Cameron, late la convicción de que los escoceses sabrán advertir que la secesión es una respuesta incongruente con los problemas que ha suscitado la gran recesión, y que podrían verse agravados.
La huida del contramodelo yugoslavo de secesión y la simultánea búsqueda de modelos en positivo, de manuales de secesión, mejores cuanto más recientes y más cercanos, no explica, sin embargo, la razón por la que la caída de la Unión Soviética desencadenó una cascada de reivindicaciones nacionalistas solo comparable a la que se vivió en el siglo XIX.
Como en todos los procesos de largo aliento, resultaría tan reductor como falso señalar una única causa. Pero tal vez en este caso se haya perdido de vista el papel decisivo que pudo desempeñar una única idea, un único tópico reiterado a pesar de los constantes desmentidos. Desde hace tres décadas, la crisis del Estado-nación se viene presentando como una descripción de la realidad cuando, por el contrario, podría tratarse de un programa. Si la ortodoxia económica que se impuso tras el fracaso de la utopía comunista y que ha conducido a la devastadora crisis actual deseaba reducir el margen para que las decisiones políticas pudieran corregir las derivas suicidas de los mercados, entonces nada mejor que segarle la hierba bajo los pies y asegurar que el espacio desde el que operaba, el espacio del Estado-nación, se había vuelto irrelevante. Más naciones y más Estados habrían venido a ocupar el hueco creado artificialmente, pero también más poder y más impunidad para las derivas suicidas de los mercados.
comentarios sobre la noticia en "EL PAIS"
Cualquiera. Y si no vea quienes eran ministros en aquellos tiempos y
vea donde se instaló una fábrica de automóviles que se llamó 'Sociedad
Española de Automóviles de Turismo' en detrimento de Barreiros y Pegaso.
Quien más invirtió fue el Estado. Sin duda.
Tiene usted razón en lo del proteccionismo, pero NO en lo que prospera
cualquiera. Prospera quien invierte, quien innova y quien arriesga. Es
lo que debemos hacer tanto CAT como ESP. Dejar de pelearnos y montar
nuevos estados modernos y competitivos. Cada uno por su lado y todos
dentro de la UE. Saludos.
Gracias por el brillante artículo diplomático. ¿Por qué omite Eslovenia
en el contra-modelo yugoslavo? ¿Por qué no menciona los potentísimos
intereses germanos en aquel proceso? Hubo causas externas muy relevantes
en Yugoslavia, como la "grave necesidad" de trabajo militar ante el
gran paro producido por la caída del Muro de Berlin. En el caso español
hay también causas externas, desde la Revolución Industrial, que acumuló
tecnología dinero y población en el País Vasco y Cataluña, de forma
absolutamente determinante para configurar lo que son hoy. Dinero y
población procedente masivamente del resto de nuestro país. Tecnología
principalmente del Imperio Británico (siderúrgica y telares). Patria
puede definirse como un patrimonio exento y común de población, cultura,
recursos y territorio, durante varias generaciones. Me parece que la
mayoría absoluta del dinero y de la población del País Vasco y Cataluña
en la Edad Contemporánea, procede del resto de España. Curiosamente
estas polémicas nacionalistas dividen solo unos países europeos y
multiplican la Europa Central (http://www.central2013.eu/). Da que pensar.
".....campaña terrorífica consistente en confundir a la opinión pública
en lo que se refiere a las verdaderas razones que impulsan a Cataluña a
tomar esta decisión en este momento." Si hace apenas dos meses que nos
hemos enterado en lo que llaman los catalanes España y no sé si se
habían enterado los catalanes de Cataluña de las razones y del momento.
Valoración objetiva, veamos: 1º Crisis económica 2º Apoyos entre CIU y
PP 3º BILDU 4º PSC/PSOE sin alternativa y 5º La UE sigue siendo unión
económica. ¿De verdad no nos echarán en cara los catalanes que ignoremos
aclarar el por qué y el cuándo? El único método antiprejuicios es
hablar, empatizar, pero con tiempo y divulgar balanzas, todas, las del
mercado interno, las del manejo de los últimos fondos europeos, la
fiscal y si es de recibo las diferencias tan abismales entre Comunidades
que permita romper el contrato que mantienen en la única experiencia
democrática de su historia.
Los catalanes tienen derecho a escoger como educar a sus hijos. Luego
podemos discutir si los escolares catalanes tienen mejores o peores
competencias en el mercado internacional. Por desgracia, los alumnos
catalanes están poco preparados cuando los comparamos con los europeos.
Pocos estudiantes son tan malos, sólo los protugueses, griegos y
españoles lo hacen peor. Los portugueses incluso hablan mejor inglés.
Los españoles ni idiomas, ni nivel básico de matemáticas.
Eso no se lo cree ni el tato. No me compares el efecto que tendría esa
independencia en un país que, sin Cataluña, tendría un mercado de más de
40 millones de consumidores frente a una Cataluña de 7,5 millones. A
España no le convendría ni muchísimo menos que no pasara nada y mucho
menos teniendo en cuenta que una buena parte de la tarta del sector
bancario español estaría controlado por entidades catalanes. Sería
convertirnos en poco menos rehenes de ese Estado catalán que estará tan
necesitado de fondos en sus primeros años de vida. Una auténtica
estupidez. Me hace gracia, por otra parte, que se hable de la total
libertad a las empresas solo cuando interesa. Eso también implicaría la
libertad de los consumidores para decidir los boicots que consideren
oportunos.
perdona, pero navarra tiene la suficiente personalidad como para no ser
anexionada por nadie. Ese peligro es algo inventado que los vascos
sabemos no es real. EL euskara o el catalan, ¿son idealizaciones del
pasado o expresion cultural de pueblos con identidad propia
diferenciada? Por muy puntillosos te pongas, nunca podrás combatir la
identidad nacional de los pueblos ni tratar de imponerles un estado que
no quieren. Un español del 2012 es muy diferente de otro del 1955, por
el régimen politico, pero tanto vascos como catalanes, seguimos
reivindicando lo mismo......y seguiremos, pese a quien pese. Aqui no
hay peligro de anexiones, hay miedo a enfrentarse con la realidad de
españa sin sus naciones mas desarrolladas....
También aporta más.Mucho mas que algunas regiones.
Vamos a dejarnos de historias. Respeto como nadie el derecho de
autodeterminación y, por supuesto, el derecho de los pueblos a decidir
su futuro pero, para ganarse credibilidad, el nacionalismo catalán y la
propia Cataluña como territorio que aspira a ser algún día Estado tiene
que superar una prueba: demostrar que el pueblo catalán aspira a la
independencia en cualquier escenario, no solo en los de crisis de la
nación española. Es cuanto menos sintomático que desde ciertos sectores
nacionalistas solo se hable del "Estat Català" cuando España pasa por
momentos políticos o económicos muy delicados: la crisis de la
generación del 98, la guerra civil o el actual desastre económico. El
día que el pueblo de Cataluña demande abiertamente su independencia en
un escenario político y económico normal dentro de España, entonces se
habrá ganado mi respeto y simpatía. Mientras tanto, para mí serán unos
carroñeros o unos demagogos que optan por la estrategia de la avestruz:
esconder la cabeza ante los problemas.
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