Destituido el embajador en el Congo por vender visados a 2.900 euros
El ex embajador (de frente, izquierda), con el ministro de Agricultura, Arias Cañete, y empresarios congoleños.
E.M
El embajador de España en la República Democrática del Congo, Antonio Fernández de Mazarambroz,
fue destituido hace un mes de su puesto al descubrirse una supuesta red
de corrupción en la propia embajada, que vendía visados a ciudadanos
congoleños para viajar a España.
Según fuentes cercanas a la Embajada de España en Kinshasa, «ofrecía visados a ciudadanos congoleños para viajar a España por cantidades que rondaban los 4.000 dólares (2.900 euros)». Este dinero, según estas mismas fuentes, «iba al bolsillo del diplomático, aunque quizá haya más gente implicada y más destituciones en breve». Ayer mismo se despidió de los trabajadores en un ambiente de tensión. Uno de ellos reconocía a EL MUNDO sentirse avergonzado: «Es que esto es un escándalo», afirmó. El Ministerio de Exteriores y Cooperación ha declinado hacer ningún comentario sobre este asunto.
«En Kinshasa la gente sabía que en la Embajada española podían conseguirse visados pagando dinero. Eso era vox pópuli», confirman fuentes internas de la institución. Lo que comenzó como un rumor llegó hasta otras oficinas consulares en Kinshasa e incluso hasta las autoridades congoleñas. «Ahora nos han puesto mucho más difícil el trabajo», aseguran fuentes humanitarias españolas. «Tenemos que sacar visados continuamente para poder realizar nuestra labor aquí, así que este tipo de cosas nos afectan mucho».
Desde su oficina en Nador controlaba varias actividades relacionadas con el tránsito de personas y mercancías entre la zona del Rif y la ciudad autónoma de Melilla. Incluso protagonizó algún incidente con un familiar femenino de un oficial militar que provocó una protesta formal del Ministerio de Defensa al Ministerio de Exteriores. Un pequeño escándalo local, pero una espoleta para lo que vendría después.
Desde ese momento se multiplicaron las denuncias y las quejas oficiales sobre su labor al frente de aquel consulado. En una de ellas, formulada por el extinto Cesid (Centro Superior de Información de la Defensa), se ponía de manifiesto la presencia constante de «súbditos marroquíes de dudosa reputación» en sus oficinas de Nador. Los investigadores sospecharon siempre que estos sujetos habían obtenido un trato de favor para que pudieran moverse libremente por territorio español.
El cargo de embajador que heredó Fernández de Mazarambroz en Kinshasa estuvo marcado por el drástico recorte de fondos para ayuda humanitaria en 2012 y el cierre de su Oficina Técnica de Cooperación, que pretendía servir como base regional para grandes proyectos que nunca tuvieron lugar. Por la crisis se cortó el grifo del dinero y se abandonó la financiación de centros como el hospital Monkole de Kinshasa o el Don Bosco de Goma.
COMENTARIOS DE LOS LECTORES DE' EL MUNDO '
.es completamente normal y logico.......animo insisto animo desde mi corazon a todo politico,funccionario o administrativo publico a que aproveche lo maximo de su puesto y que trapichea con ello si es posible........ simplemente porque los de arriba tambien hacen lo mismo y no dan ejemplo de honradez......sinfindelacita.....¡¡¡ O TODOS HONRADOS O NINGUNO...¡¡¡
Según fuentes cercanas a la Embajada de España en Kinshasa, «ofrecía visados a ciudadanos congoleños para viajar a España por cantidades que rondaban los 4.000 dólares (2.900 euros)». Este dinero, según estas mismas fuentes, «iba al bolsillo del diplomático, aunque quizá haya más gente implicada y más destituciones en breve». Ayer mismo se despidió de los trabajadores en un ambiente de tensión. Uno de ellos reconocía a EL MUNDO sentirse avergonzado: «Es que esto es un escándalo», afirmó. El Ministerio de Exteriores y Cooperación ha declinado hacer ningún comentario sobre este asunto.
El embajador ha sido destituido fulminantemente, aunque de manera oficial aparezca como un cese voluntario
Fernández de Mazarambroz ocupaba el cargo de
embajador en Kinshasa desde mayo de 2012. Desde poco después de su
nombramiento tuvo lugar un aumento súbito del número de visados
concedidos por la institución, lo que alertó al Ministerio de
Exteriores. El Departamento del ministro Margallo puso en marcha una
investigación interna para conocer las razones. Estas pesquisas,
realizadas por parte de la Policía que custodia el edificio, dieron sus
resultados: el embajador ha sido destituido fulminantemente,
aunque de manera oficial aparezca como un cese voluntario e incluso se
agradezca su labor en la escueta nota del BOE del pasado 31 de enero.
«Todos dentro de la embajada sabemos que lo han echado, pero en los
medios congoleños nadie lo ha contado», revelan fuentes internas. «En Kinshasa la gente sabía que en la Embajada española podían conseguirse visados pagando dinero. Eso era vox pópuli», confirman fuentes internas de la institución. Lo que comenzó como un rumor llegó hasta otras oficinas consulares en Kinshasa e incluso hasta las autoridades congoleñas. «Ahora nos han puesto mucho más difícil el trabajo», aseguran fuentes humanitarias españolas. «Tenemos que sacar visados continuamente para poder realizar nuestra labor aquí, así que este tipo de cosas nos afectan mucho».
También fue destituido como cónsul de Nador
No es la primera vez que Fernández de Mazarambroz se ve envuelto en un escándalo con pasaportes de fondo. En 1987, cuando era cónsul en la ciudad marroquí de Nador, fue destituido de su cargo de un día para otro. En aquel caso, llevaba también poco más de un año en el consulado. Exteriores lo disfrazó de normalidad, pero off the récord se le acusó de «excederse en sus atribuciones consulares».Desde su oficina en Nador controlaba varias actividades relacionadas con el tránsito de personas y mercancías entre la zona del Rif y la ciudad autónoma de Melilla. Incluso protagonizó algún incidente con un familiar femenino de un oficial militar que provocó una protesta formal del Ministerio de Defensa al Ministerio de Exteriores. Un pequeño escándalo local, pero una espoleta para lo que vendría después.
Desde ese momento se multiplicaron las denuncias y las quejas oficiales sobre su labor al frente de aquel consulado. En una de ellas, formulada por el extinto Cesid (Centro Superior de Información de la Defensa), se ponía de manifiesto la presencia constante de «súbditos marroquíes de dudosa reputación» en sus oficinas de Nador. Los investigadores sospecharon siempre que estos sujetos habían obtenido un trato de favor para que pudieran moverse libremente por territorio español.
El cargo de embajador que heredó Fernández de Mazarambroz en Kinshasa estuvo marcado por el drástico recorte de fondos para ayuda humanitaria en 2012 y el cierre de su Oficina Técnica de Cooperación, que pretendía servir como base regional para grandes proyectos que nunca tuvieron lugar. Por la crisis se cortó el grifo del dinero y se abandonó la financiación de centros como el hospital Monkole de Kinshasa o el Don Bosco de Goma.
COMENTARIOS DE LOS LECTORES DE' EL MUNDO '
.es completamente normal y logico.......animo insisto animo desde mi corazon a todo politico,funccionario o administrativo publico a que aproveche lo maximo de su puesto y que trapichea con ello si es posible........ simplemente porque los de arriba tambien hacen lo mismo y no dan ejemplo de honradez......sinfindelacita.....¡¡¡ O TODOS HONRADOS O NINGUNO...¡¡¡
Los grandes problemas de la corrupción: tráfico de personas,
narcotráfico, contrabando, prostitución, etc. existen y no se acaban
porque están propiciados a alto nivel, sobre todo por políticos que
manejan los medios, como este caso.
No acabo de entender cómo habiendo sido destituido como cónsul por
irregularidades graves fue posteriormente nombrado embajador. Este
"señor" debería ser trasladado a la valla de Melilla (del lado marroquí,
claro).
No sería mejor IMPUTAR a todos los políticos españoles, y a medida
que vayan demostrando su inocencia, desimputarlos ?......¿ es que ser
corrupto es una condición indispensable para ser político en España ?
Vamos a ver como que destituido, que le traigan de las orejas, juicio
rapido y si es cierto y es condenado a la carcel de por vida
FUENTE:http://www.elmundo.es/espana/2014/03/01/53111ccd22601d7a0b8b458b.html
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MAS CORRUPCION
Ricardo García Becerril, ex gerente de Plaza.
El titular del Juzgado de Instrucción número 1 de Zaragoza ha firmado un auto de prisión bajo fianza de 300.000 euros contra Ricardo García Becerril, exgerente de Plaza.
García Becerril no ha conseguido reunir la fianza y este mismo viernes ha sido trasladado desde los calabozos de la Ciudad de la Justicia de Zaragoza hasta la cárcel de Zuera.
La familia de Becerril podrá retomar los trámites para sacarle de la cárcel el próximo lunes.
García Becerril --imputado en la pieza principal del caso Plaza por falsificación, malversación de caudales públicos, blanqueo de capitales y cohecho-- ha declarado este viernes de nuevo ante el juez, a petición de la Fiscalía Anticorrupción, a raíz de la investigación abierta por una presunta trama de corrupción y malversación en el desarrollo de este gran complejo industrial, uno de los más grandes de España..
El exgerente de Plaza ha llegado hacia las 11.00 de este viernes a la Ciudad de la Justicia acompañado por su abogado, Javier Osés, y ha sido increpado por varios ciudadanos a las puertas del Juzgado de Guardia. Ha rehusado hacer declaraciones a los medios de comunicación.
Este letrado ha confirmado que García Becerril iba a ingresar en prisión, ya que "de momento" no es "posible reunir el dinero", y ha señalado que pagarán la fianza "cuando pueda" y "quedará en libertad".
Gimeno del Busto ha destacado que es la segunda vez que el juez desestima la prisión incondicional pedida por el ministerio público para García Becerril, quien tiene sus bienes embargados y se encuentra en libertad con cargos por su imputación en el Caso Plaza.
Según este abogado, no ha habido ninguna modificación circunstancial respecto a su detención el pasado mes de agosto y ha señalado que no cabe el riesgo de fuga que, ha dicho, es el principal argumento de este auto.
La citación del exgerente de Plaza ante el juez ha sido solicitada por la Fiscalía Anticorrupción, que ha pedido prisión incondicional o subsidariamente una fianza de 500.000 euros para eludir la prisión, según han indicado fuentes judiciales.
García Becerril fue arrestado por la Policía Nacional el 14 de agosto de 2013 en Salou y fue trasladado a Zaragoza, donde prestó declaración ante el juez de guardia, que lo puso en libertad al día siguiente, pese a que el fiscal anticorrupción José Grinda había pedido prisión.
La Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional le intervino 411.000 euros en efectivo en una de sus viviendas. Durante el proceso de instrucción, el constructor Francisco Enrique Hernández indicó que su empresa facturó a Plaza una veintena de facturas falsas por valor de medio millón de euros.
También declaró que una parte de estos pagos se hicieron por las reformas que realizó García Becerril en su piso de Salou y en casa de sus suegros en San Mateo de Gállego.
Además, la esposa de Ricardo García Becerril, Elena Planté, declaró el pasado 21 de febrero que era el exgerente el responsable de las operaciones económicas en su familia.
En el caso hay 19 imputados, que son los siguientes: Ricardo García Becerril, Elena Planté y las hijas de ambos, Patricia y Carolina; los ejecutivos José María Jordán y Miguel Ángel Bretón, el exdirector técnico de Plaza, Miguel Ángel Pérez, el ejecutivo de Intecsa-Inarsa, Nico Groeneveld, el dueño del Real Zaragoza, Agapito Iglesias.
También, los empresarios Enrique Hernández, Carmen Castillo, Enrique González, Manuel Miguel Colonques, María del Mar Jaso, Francisco Joven, José Luis y Ramón Margalejo y el contable Chabier Blasco.
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MAS CORRUPCION
Jordi Pujol Ferrusola recibió fondos de empresas contratistas con la Generalitat
El juez Ruz investiga ingresos de las mercantiles del primogénito del expresidente catalán
Ingresos superiores a 200.000 euros provienen de “empresas que directa o indirectamente declaran ingresos procedentes de distintos organismos públicos de Cataluña”
Jordi Pujol, ante su deportivo en la salida del rally París-Granada-Dakar en 1997. / TONI GARRIGA (EFE)
Las 22 páginas del auto por el que el juez Pablo Ruz
imputa por blanqueo de capitales a la exesposa de Jordi Pujol
Ferrusola, hijo del expresidente de la Generalitat de Cataluña,
contienen dos párrafos que van mucho más allá de los once coches
deportivos de lujo que se han conocido hasta ahora. El magistrado de la
Audiencia Nacional señala en el escrito que dos de las sociedades
mercantiles del primogénito de Pujol y de su exmujer, Mercé Gironés
Riera, recibieron entre los años 2004 y 2012 “imputaciones” (ingresos)
“por importes superiores a los 200.000 euros” de “empresas que directa o
indirectamente declaran ingresos procedentes de distintos organismos
públicos de Cataluña”.
Las sociedades del matrimonio investigadas, Iniciatives, Marketing i Inversions SL y Project Marketing CAT SL, tuvieron ingresos de 7,92 y 6,04 millones de euros, respectivamente, en esos años. Ambas figuran en el Registro Mercantil como “intermediarias del comercio de productos diversos”. Los saldos de las cuentas bancarias del matrimonio —ya divorciado— y sus sociedades crecieron de 106.796 euros en 2008 a 12,21 millones de euros en 2012, según los datos enviados por la Agencia Tributaria al juez Ruz.
En esta resolución, el juez Ruz reclama a cinco bancos —BBVA, Credit Suisse, Banco Santander, Banco de Finanzas e Inversiones SA y Banque Privée Edmont de Rothschild— información sobre los movimientos superiores a 3.000 euros en las 80 cuentas corrientes abiertas a nombre del matrimonio y de las empresas de este. También reclama información sobre la venta de dos fincas rústicas en Palamós (Girona) en julio de 2006 por 4,8 millones de euros. Estas fincas fueron recalificadas como urbanas cuatro años más tarde, lo que multiplicó su valor.
El magistrado ha recibido un informe de la fiscalía en el que se
señalan estos ingresos procedentes de empresas contratistas con las
administraciones públicas catalanas en las sociedades del matrimonio ya
disuelto. En su auto, fechado el 18 de febrero, requiere a 17 empresas,
entre ellas constructoras, consultoras de ingeniería y concesionarias de
infraestructuras, para que en el plazo de cinco días le “informen de la
naturaleza de los servicios recibidos y la documentación acreditativa
de sus relaciones” con las empresas de Pujol Ferrusola y Mercé Gironés y
con cada miembro del matrimonio como personas físicas.
Se trata, en concreto, de Ascot Inversions S.L., Cementos Esfera S.A., Cons. Materiales y Pavimentos Inmobiliarios S.L., Copisa Constructora Pirenaica S.A., Famguega S.L., GBI Serveis S.A., Grupo Isolux Corsan S.A., Life Mataró S.L., New-Piave Seis S.L., Novensauro Inmobles S.L., Simper Office S.L., Bulk Mines and Minerals S.L.U., Copisa Proyectos y Mant. Industriales S.A.U, Emte S.A., Inverama S.L., Isolux Ingeniería S.A. y Trade Management Consulting S.L.
Ruz ordena a los agentes de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) que tomen declaración a los representantes de estas empresas y “en todo caso a las personas que gestionaron la prestación de los servicios referidos” y que le envíen un informe con el resultado de estas pesquisas.
La investigación abierta por el juez Ruz deriva de la denuncia que interpuso una exnovia de Pujol Ferrusola, María Victoria Álvarez. Esta aseguró a la policía, y posteriormente al propio magistrado, que acompañó en hasta seis ocasiones al hijo del expresidente catalán a Andorra, país de donde este sacó más de 400.000 euros hacia España en billetes de 200 y 500 euros. Ruz inicialmente no dio mucho crédito al testimonio de la antigua novia de Pujol Ferrusola y se dispuso a cerrar la causa. Sin embargo, la Sección Tercera de la Audiencia consideró en enero de 2013 que la denuncia de Álvarez ofrecía datos “significativos” y ordenó a Ruz la apertura de la investigación por supuesto blanqueo de capitales.
La investigación ha ido tomando cuerpo con el paso de los meses. Aparte del testimonio de la exnovia de Pujol Ferrusola, que también contenía referencias a los negocios de este en México, la causa cuenta con informes de la Agencia Tributaria sobre los movimientos de divisas de Pujol y sus sociedades. En abril se supo que el primogénito del expresidente catalán efectuó entre los años 2004 y 2012 un total de 118 movimientos bancarios que suman 32,4 millones de euros a 13 países, entre ellos paraísos fiscales como Luxemburgo, Islas Caimán, Suiza o Liechtenstein.
Además, el magistrado ha pedido datos a la Dirección General de Tráfico (DGT) sobre la compra de seis vehículos de alta gama —de las marcas Porsche, Jaguar, Ferrari, Lotus y Mercedes— supuestamente realizada por el primogénito del exmandatario catalán. El magistrado ha acordado que se tome declaración en calidad de testigos a los vendedores de otros cinco vehículos (un Ferrari Testarosa y un Lamborghini Diablo, entre ellos) y autoriza a la policía a realizarlas.
Las sociedades del matrimonio investigadas, Iniciatives, Marketing i Inversions SL y Project Marketing CAT SL, tuvieron ingresos de 7,92 y 6,04 millones de euros, respectivamente, en esos años. Ambas figuran en el Registro Mercantil como “intermediarias del comercio de productos diversos”. Los saldos de las cuentas bancarias del matrimonio —ya divorciado— y sus sociedades crecieron de 106.796 euros en 2008 a 12,21 millones de euros en 2012, según los datos enviados por la Agencia Tributaria al juez Ruz.
Ruz avanza con cautela
El juez de la Audiencia Pablo Ruz ha impreso a la investigación sobre los negocios del hijo mayor de Jordi Pujol el mismo sello de prudencia que ha marcado el desarrollo de los casos Gürtel o sobre los papeles de Bárcenas. El magistrado avanza con cautela en la búsqueda de indicios que prueben el delito de blanqueo de capitales y otros delitos que pudieran ser antecedentes de aquel. En su última resolución ha ordenado a la UDEF toda una batería de diligencias, pero ha rechazado otras actuaciones que los agentes policiales le proponían para avanzar en la investigación al considerarlas, según los casos, innecesarias, desproporcionadas o ajenas a la causa. No obstante, Ruz deja la puerta abierta a ordenarlas en un futuro una vez analizado el resultado de las pesquisas decretadas en su último auto.En esta resolución, el juez Ruz reclama a cinco bancos —BBVA, Credit Suisse, Banco Santander, Banco de Finanzas e Inversiones SA y Banque Privée Edmont de Rothschild— información sobre los movimientos superiores a 3.000 euros en las 80 cuentas corrientes abiertas a nombre del matrimonio y de las empresas de este. También reclama información sobre la venta de dos fincas rústicas en Palamós (Girona) en julio de 2006 por 4,8 millones de euros. Estas fincas fueron recalificadas como urbanas cuatro años más tarde, lo que multiplicó su valor.
Se trata, en concreto, de Ascot Inversions S.L., Cementos Esfera S.A., Cons. Materiales y Pavimentos Inmobiliarios S.L., Copisa Constructora Pirenaica S.A., Famguega S.L., GBI Serveis S.A., Grupo Isolux Corsan S.A., Life Mataró S.L., New-Piave Seis S.L., Novensauro Inmobles S.L., Simper Office S.L., Bulk Mines and Minerals S.L.U., Copisa Proyectos y Mant. Industriales S.A.U, Emte S.A., Inverama S.L., Isolux Ingeniería S.A. y Trade Management Consulting S.L.
Ruz ordena a los agentes de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) que tomen declaración a los representantes de estas empresas y “en todo caso a las personas que gestionaron la prestación de los servicios referidos” y que le envíen un informe con el resultado de estas pesquisas.
La investigación abierta por el juez Ruz deriva de la denuncia que interpuso una exnovia de Pujol Ferrusola, María Victoria Álvarez. Esta aseguró a la policía, y posteriormente al propio magistrado, que acompañó en hasta seis ocasiones al hijo del expresidente catalán a Andorra, país de donde este sacó más de 400.000 euros hacia España en billetes de 200 y 500 euros. Ruz inicialmente no dio mucho crédito al testimonio de la antigua novia de Pujol Ferrusola y se dispuso a cerrar la causa. Sin embargo, la Sección Tercera de la Audiencia consideró en enero de 2013 que la denuncia de Álvarez ofrecía datos “significativos” y ordenó a Ruz la apertura de la investigación por supuesto blanqueo de capitales.
La investigación ha ido tomando cuerpo con el paso de los meses. Aparte del testimonio de la exnovia de Pujol Ferrusola, que también contenía referencias a los negocios de este en México, la causa cuenta con informes de la Agencia Tributaria sobre los movimientos de divisas de Pujol y sus sociedades. En abril se supo que el primogénito del expresidente catalán efectuó entre los años 2004 y 2012 un total de 118 movimientos bancarios que suman 32,4 millones de euros a 13 países, entre ellos paraísos fiscales como Luxemburgo, Islas Caimán, Suiza o Liechtenstein.
Además, el magistrado ha pedido datos a la Dirección General de Tráfico (DGT) sobre la compra de seis vehículos de alta gama —de las marcas Porsche, Jaguar, Ferrari, Lotus y Mercedes— supuestamente realizada por el primogénito del exmandatario catalán. El magistrado ha acordado que se tome declaración en calidad de testigos a los vendedores de otros cinco vehículos (un Ferrari Testarosa y un Lamborghini Diablo, entre ellos) y autoriza a la policía a realizarlas.
FUENTE:http://politica.elpais.com/politica/2014/02/28/actualidad/1393606124_169820.html
MAS
El TSJ sienta en el banquillo a Díaz Alperi por delito fiscal y cohecho
La Fiscalía pide para el exalcalde de Alicante y diputado nueve años y nueve meses de cárcel
El País
Valencia
1 MAR 2014 - 14:32 CET1
FUENTE:http://ccaa.elpais.com/ccaa/2014/03/01/valencia/1393680007_623340.html
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Y MAS AUN
Caso Plaza
García Becerril ingresa en la prisión de Zuera al no pagar la fianza
El juez ha firmado este viernes por la mañana un auto de prisión eludible con una fianza de 300.000 euros.
Ricardo García Becerril, ex gerente de Plaza.
El titular del Juzgado de Instrucción número 1 de Zaragoza ha firmado un auto de prisión bajo fianza de 300.000 euros contra Ricardo García Becerril, exgerente de Plaza.García Becerril no ha conseguido reunir la fianza y este mismo viernes ha sido trasladado desde los calabozos de la Ciudad de la Justicia de Zaragoza hasta la cárcel de Zuera.
La familia de Becerril podrá retomar los trámites para sacarle de la cárcel el próximo lunes.
García Becerril --imputado en la pieza principal del caso Plaza por falsificación, malversación de caudales públicos, blanqueo de capitales y cohecho-- ha declarado este viernes de nuevo ante el juez, a petición de la Fiscalía Anticorrupción, a raíz de la investigación abierta por una presunta trama de corrupción y malversación en el desarrollo de este gran complejo industrial, uno de los más grandes de España..
El exgerente de Plaza ha llegado hacia las 11.00 de este viernes a la Ciudad de la Justicia acompañado por su abogado, Javier Osés, y ha sido increpado por varios ciudadanos a las puertas del Juzgado de Guardia. Ha rehusado hacer declaraciones a los medios de comunicación.
Este letrado ha confirmado que García Becerril iba a ingresar en prisión, ya que "de momento" no es "posible reunir el dinero", y ha señalado que pagarán la fianza "cuando pueda" y "quedará en libertad".
Gimeno del Busto ha destacado que es la segunda vez que el juez desestima la prisión incondicional pedida por el ministerio público para García Becerril, quien tiene sus bienes embargados y se encuentra en libertad con cargos por su imputación en el Caso Plaza.
Según este abogado, no ha habido ninguna modificación circunstancial respecto a su detención el pasado mes de agosto y ha señalado que no cabe el riesgo de fuga que, ha dicho, es el principal argumento de este auto.
La citación del exgerente de Plaza ante el juez ha sido solicitada por la Fiscalía Anticorrupción, que ha pedido prisión incondicional o subsidariamente una fianza de 500.000 euros para eludir la prisión, según han indicado fuentes judiciales.
García Becerril fue arrestado por la Policía Nacional el 14 de agosto de 2013 en Salou y fue trasladado a Zaragoza, donde prestó declaración ante el juez de guardia, que lo puso en libertad al día siguiente, pese a que el fiscal anticorrupción José Grinda había pedido prisión.
La Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional le intervino 411.000 euros en efectivo en una de sus viviendas. Durante el proceso de instrucción, el constructor Francisco Enrique Hernández indicó que su empresa facturó a Plaza una veintena de facturas falsas por valor de medio millón de euros.
También declaró que una parte de estos pagos se hicieron por las reformas que realizó García Becerril en su piso de Salou y en casa de sus suegros en San Mateo de Gállego.
Además, la esposa de Ricardo García Becerril, Elena Planté, declaró el pasado 21 de febrero que era el exgerente el responsable de las operaciones económicas en su familia.
En el caso hay 19 imputados, que son los siguientes: Ricardo García Becerril, Elena Planté y las hijas de ambos, Patricia y Carolina; los ejecutivos José María Jordán y Miguel Ángel Bretón, el exdirector técnico de Plaza, Miguel Ángel Pérez, el ejecutivo de Intecsa-Inarsa, Nico Groeneveld, el dueño del Real Zaragoza, Agapito Iglesias.
También, los empresarios Enrique Hernández, Carmen Castillo, Enrique González, Manuel Miguel Colonques, María del Mar Jaso, Francisco Joven, José Luis y Ramón Margalejo y el contable Chabier Blasco.
FUENTE:http://www.heraldo.es/noticias/aragon/zaragoza_provincia/zaragoza/2014/02/28/el_juez_decreta_prision_bajo_fianza_para_ricardo_garcia_becerril_273679_301.html
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QUE SIGA LA FIESTA
Caso Plaza
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QUE SIGA LA FIESTA
Caso Plaza
Agapito aporta documentos para intentar justificar el sobrecoste de las obras
El propietario del Real Zaragoza ha permanecido durante más de dos horas declarando ante el juez. Según el abogado de Esco, la declaración de Agapito "cambia radicalmente toda la cuestión".
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El constructor soriano Agapito Iglesias ha dejado en torno a las 12.40 la Ciudad de la Justicia, tras permanecer durante más de dos horas declarando en el Juzgado de Instrucción número 5, donde estaba citado para aclarar su implicación por los sobrecostes que supusieron las naves que construyó una de sus sociedades en la Plataforma Logística de Zaragoza (Plaza).
Según el abogado de Carlos Esco, otro de los imputados en el caso, Agapito habría aportado abundante documentación que, al parecer, no había facilitado la Plataforma Logística. En opinión del letrado, los papeles facilitados por el propietario del Real Zaragoza aclararían los sobrecostes en el precio de las naves de Autocity, construcción adjudicada a Agapito Iglesias por algo más de 14 millones de euros y que acabó costando más de 32 millones.
"Ha aportado mucha documentación, alguna de ella que debía estar en poder de plaza y no la había sido aportada. Entre ellas, el 'documento 0', donde se regulan las relaciones entre Codesport, Plaza, y el comprador de las naves, Autocity, de abril de 2006. Plaza no lo había aportado Plaza y entiendo que cambia radicalmente toda la cuestión. Desarrolla el contrato entre Plaza y Autocity de la venta de las naves y allí se ve por qué se produce el incremento en la obra. Se pasa a 54.000 metros de obra, más las entreplantas, más la vía perimetral, más la urbanización, ya que hay un nuevo bomprador que ha adquirido las naves y las quiere personalizar para sus clientes, así que esto cambia radicalmente", ha asegurado Juan Monclús, abogado del exconsejero delegado de Plaza y del que fuera viceconsejero de Obras Públicas del Gobierno de Aragón, Carlos Escó.
"Don Agapito Iglesias ha justificado todas las cantidades", ha continuado: "En la primera certificación hay una parte que no ha aportado Plaza. Faltaba una hoja donde están resumidos todos los precios. Don Agapito ha dicho que se justifican los mismos precios exactamente contratados, los 32 millones, la totalidad, y que al perito de la parte denunciante le faltaba documentación".
A su salida de los juzgados, como ya había ocurrido a su llegada, Iglesias fue recibido con gritos y abucheos por parte de un grupo de aficionados -una treintena- que se habían concentrado para criticar la gestión del propietario del Real Zaragoza.
Iglesias llegó, en compañía de su abogado, sobre las 9.10 de la mañana al Juzgado de Instrucción número 5 de la capital aragonesa, para declarar. Su intervención se había inciado en torno a las 9.30 y finalizaba más de dos horas después.
Era la segunda vez, en una semana, que el dueño del Real Zaragoza acudía a declarar en la capital aragonesa como imputado por el caso Plaza, siendo la anterior ocasión en el Juzgado de Instrucción número 1, donde se investigan unos pagos con facturas falsas.
Por este caso, el Juzgado de Instrucción número 5 de Zaragoza fijó hace dos días una fianza de 18.850.000 euros, que debe pagar de forma solidaria junto con el exgerente de Plaza, Ricardo García Becerril, quien ha ido a declarar este viernes en el Juzgado de Instrucción número 1 de Zaragoza, también como imputado por otro asunto relacionado con Plaza, y con el que fuera viceconsejero de Obras Públicas del anterior Gobierno de Aragonés, Carlos Esco.
El constructor soriano Agapito Iglesias ha dejado en torno a las 12.40 la Ciudad de la Justicia, tras permanecer durante más de dos horas declarando en el Juzgado de Instrucción número 5, donde estaba citado para aclarar su implicación por los sobrecostes que supusieron las naves que construyó una de sus sociedades en la Plataforma Logística de Zaragoza (Plaza).
Según el abogado de Carlos Esco, otro de los imputados en el caso, Agapito habría aportado abundante documentación que, al parecer, no había facilitado la Plataforma Logística. En opinión del letrado, los papeles facilitados por el propietario del Real Zaragoza aclararían los sobrecostes en el precio de las naves de Autocity, construcción adjudicada a Agapito Iglesias por algo más de 14 millones de euros y que acabó costando más de 32 millones.
"Ha aportado mucha documentación, alguna de ella que debía estar en poder de plaza y no la había sido aportada. Entre ellas, el 'documento 0', donde se regulan las relaciones entre Codesport, Plaza, y el comprador de las naves, Autocity, de abril de 2006. Plaza no lo había aportado Plaza y entiendo que cambia radicalmente toda la cuestión. Desarrolla el contrato entre Plaza y Autocity de la venta de las naves y allí se ve por qué se produce el incremento en la obra. Se pasa a 54.000 metros de obra, más las entreplantas, más la vía perimetral, más la urbanización, ya que hay un nuevo bomprador que ha adquirido las naves y las quiere personalizar para sus clientes, así que esto cambia radicalmente", ha asegurado Juan Monclús, abogado del exconsejero delegado de Plaza y del que fuera viceconsejero de Obras Públicas del Gobierno de Aragón, Carlos Escó.
"Don Agapito Iglesias ha justificado todas las cantidades", ha continuado: "En la primera certificación hay una parte que no ha aportado Plaza. Faltaba una hoja donde están resumidos todos los precios. Don Agapito ha dicho que se justifican los mismos precios exactamente contratados, los 32 millones, la totalidad, y que al perito de la parte denunciante le faltaba documentación".
Gritos y abucheos para Agapito
A su salida de los juzgados, como ya había ocurrido a su llegada, Iglesias fue recibido con gritos y abucheos por parte de un grupo de aficionados -una treintena- que se habían concentrado para criticar la gestión del propietario del Real Zaragoza.
Iglesias llegó, en compañía de su abogado, sobre las 9.10 de la mañana al Juzgado de Instrucción número 5 de la capital aragonesa, para declarar. Su intervención se había inciado en torno a las 9.30 y finalizaba más de dos horas después.
Era la segunda vez, en una semana, que el dueño del Real Zaragoza acudía a declarar en la capital aragonesa como imputado por el caso Plaza, siendo la anterior ocasión en el Juzgado de Instrucción número 1, donde se investigan unos pagos con facturas falsas.
Por este caso, el Juzgado de Instrucción número 5 de Zaragoza fijó hace dos días una fianza de 18.850.000 euros, que debe pagar de forma solidaria junto con el exgerente de Plaza, Ricardo García Becerril, quien ha ido a declarar este viernes en el Juzgado de Instrucción número 1 de Zaragoza, también como imputado por otro asunto relacionado con Plaza, y con el que fuera viceconsejero de Obras Públicas del anterior Gobierno de Aragonés, Carlos Esco.
FUENTE:http://www.heraldo.es/noticias/aragon/2014/02/28/agapito_aporta_documentos_para_justificar_pago_del_sobrecoste_las_obras_273660_300.html
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