España sufre el mayor aumento de la brecha social en Europa por la crisis
El FMI concluye no obstante que el tipo de ajuste fiscal español fue progresivo y moderó la escalada de la brecha social
Un grupo de personas buscan en bolsas de
basura alimentos a las puertas de un centro comercial en la calle
Alberto Aguilera, en Madrid / Luis Magán
El aumento de la desigualdad preocupa cada vez más y se ha acabado
por hacer un hueco en la agenda de los grandes foros económicos. El Fondo Monetario Internacional
(FMI) ha publicado su segundo informe al respecto en el plazo de dos
semanas y abordado esta vez cómo las brechas sociales se han ensanchado
en la mayor parte de países en procesos de consolidación fiscal (los
recortes para cuadrar las cuentas públicas), si bien España es la
economía de la UE dónde más ha aumentado las diferencias entre ricos y
pobres.
No es lo mismo la pobreza que la desigualdad, esta última puede aumentar en momentos tanto de bonanza como de crisis y, de hecho, estas han aumentado desde 1990 en prácticamente todas las economías avanzadas y emergentes de Europa, pese a que las tasas de pobreza se han reducido.
Pero ha sido la crisis y los ajustes los que definitivamente han disparado el proceso: Un análisis de los 27 procesos de ajuste recientes en las economías europeas elaborado por el Fondo muestran cómo la desigualdad entre los ingresos de sus ciudadanos ha aumentado durante estos periodos de austeridad, una tendencia en la que España se ha colocado en la triste cabecera, si bien el diseño de estos procesos de ajuste pueden tener un efecto diferente: las medidas escogidas para cuadrar las cuentas públicas pueden agravar esta brecha, al poner más carga relativa en los bolsillos menos pudientes, o bien reducir el impacto y, en algunos casos, incluso darle y lograr estrechar la brecha social.
En el caso de España, aunque la crisis ha causado la mayor brecha en el coeficiente Gini (en el que 0 sería la igualdad total y 1 sería desigualdad absoluta), el diseño de las políticas de ajuste hasta 2012 han resultado progresivas, de modo que ese aumento del índice Gini de inequidad por valores de mercado (previo al efecto de los impuestos y el impacto de los servicios públicos y transferencias sociales) es superior al aumento de la desigualdad de ingresos disponibles (que sí incorpora el impacto de estas medidas fiscales).
En casi dos tercios de las economías analizadas, el aumento de la brecha social desde 2007 fue contenido o incluso revertido por las medidas fiscales. Además, de España, Grecia, Letonia, Portugal y Rumanía aplicaron medidas progresivas entre 2008 y 2012, ya que los hogares en los estratos mejor situados soportaron el grueso del ajuste, pero en otros países, como Italia y Reino Unido, “el ajuste tendió a ser menos redistributivo y más pequeño en volumen”.
La brecha crece más cuando los ajustes se concentran más en los impuestos regresivos y cortando el gasto social progresivo. El estudio recalca que los impuestos directos (como el IRPF o el Impuesto de Sociedades) “son más redistributivos” que los indirectos, como aquellos que gravan el consumo (IVA) y la protección social es también más efectiva a la hora de reducir la desigualdad. En las últimas décadas los tributos directos y las transferencias sociales ha reducido en un tercio la desigualdad, según el FMI. Por ejemplo, en 2005 el coeficiente Gini para los ingresos disponibles era 14 puntos porcentuales más bajo que el mismo coeficiente en términos de mercados (sin el impacto fiscal).
No es lo mismo la pobreza que la desigualdad, esta última puede aumentar en momentos tanto de bonanza como de crisis y, de hecho, estas han aumentado desde 1990 en prácticamente todas las economías avanzadas y emergentes de Europa, pese a que las tasas de pobreza se han reducido.
Pero ha sido la crisis y los ajustes los que definitivamente han disparado el proceso: Un análisis de los 27 procesos de ajuste recientes en las economías europeas elaborado por el Fondo muestran cómo la desigualdad entre los ingresos de sus ciudadanos ha aumentado durante estos periodos de austeridad, una tendencia en la que España se ha colocado en la triste cabecera, si bien el diseño de estos procesos de ajuste pueden tener un efecto diferente: las medidas escogidas para cuadrar las cuentas públicas pueden agravar esta brecha, al poner más carga relativa en los bolsillos menos pudientes, o bien reducir el impacto y, en algunos casos, incluso darle y lograr estrechar la brecha social.
En el caso de España, aunque la crisis ha causado la mayor brecha en el coeficiente Gini (en el que 0 sería la igualdad total y 1 sería desigualdad absoluta), el diseño de las políticas de ajuste hasta 2012 han resultado progresivas, de modo que ese aumento del índice Gini de inequidad por valores de mercado (previo al efecto de los impuestos y el impacto de los servicios públicos y transferencias sociales) es superior al aumento de la desigualdad de ingresos disponibles (que sí incorpora el impacto de estas medidas fiscales).
En casi dos tercios de las economías analizadas, el aumento de la brecha social desde 2007 fue contenido o incluso revertido por las medidas fiscales. Además, de España, Grecia, Letonia, Portugal y Rumanía aplicaron medidas progresivas entre 2008 y 2012, ya que los hogares en los estratos mejor situados soportaron el grueso del ajuste, pero en otros países, como Italia y Reino Unido, “el ajuste tendió a ser menos redistributivo y más pequeño en volumen”.
La brecha crece más cuando los ajustes se concentran más en los impuestos regresivos y cortando el gasto social progresivo. El estudio recalca que los impuestos directos (como el IRPF o el Impuesto de Sociedades) “son más redistributivos” que los indirectos, como aquellos que gravan el consumo (IVA) y la protección social es también más efectiva a la hora de reducir la desigualdad. En las últimas décadas los tributos directos y las transferencias sociales ha reducido en un tercio la desigualdad, según el FMI. Por ejemplo, en 2005 el coeficiente Gini para los ingresos disponibles era 14 puntos porcentuales más bajo que el mismo coeficiente en términos de mercados (sin el impacto fiscal).
COMENTARIOS DE LOS LECTORES DE 'EL PAIS'
Estamos donde siempre estuvimos. Durante un tiempo, pensábamos que
eramos ricos como nuestros vecinos del norte, los pobres eran los del
sur, pero todo fue un espejismo, no producíamos nada, solo pisos que nos
vendíamos los unos a los otros, generando plusvalías, y creyéndonos mas
listos que nadie, pues habíamos encontrado el negocio del siglo.
Después de la fiesta queda la cruda realidad. En Europa nos desprecian y
nos imponen las medidas que le apetecen a Merkel, ante la sumisión de
nuestros gobernantes, el paro, la desigualdad, la miseria, la
corrupcion; los jóvenes mejor preparados, se marchan en busca de un
futuro mejor, y los demás, pues a poner cervezas a los alemanes por 700
euros con un poco de suerte. Vaya una generación, nos creimos mas listos
que nadie, y dejamos a los jóvenes de hoy el país hecho unos zorros. Foro EL PAÍS
Te refieres a los señores del (des) gobierno de exZp, claro, pero lo
entiendes harto mal, como mandan tus creencias, en contra del gobierno
actual. La ideología es un trapo que tapa los ojos de la cara y las
etendederas del coco. Foro EL PAÍS
Gracias exZp por situar a este demediado país en una lista tan
deshonrosa. Poco tiene que ver con la ideología de escaparate del
partido de la rosa. Las cosas moco son Foro EL PAÍS
En ningún otro país dejaron un déficit tan elevado ni una tasa de paro
tan monstruosa, la más alta de Europa. ¿Y lo de los ERE´s...? Lo del PP
es calderilla comparado con eso Foro EL PAÍS
En ningún otro país europeo los inútiles que gobernaron lo hicieron tan mal como los del PSOE. Foro EL PAÍS
Todo un logro. A esto hay que sacarle votos y seguir por la brecha diciendo que es la única salida de la crisis. Foro EL PAÍS
Enhorabuena señores del gobierno, ya lo han conseguido. Ya tienen
control absuluto sobre su chiringuito -España"- y millones de borregos
para llevarnos al matadero. Espero que un día todo esto se vuelva en su
contra y lo paguen uno a uno por el doble de lo que están haciéndonos a
todos. Foro EL PAÍS
Hemos de celebrar todos este rotundo éxito de la política del PP, es la
primera vez dentro de la Unión Europea que somos los primeros en algo
buscado con empeño por nuestros gobernantes, realmente los ricachones
que han estado subvencionando campañas para que esta panda de
impresentables logren ganar unas elecciones deben estar contentos.
Notese además que en los cuatro países que han sido rescatados:
Portugal, Irlanda, Italia y Grecia, o se mantiene la desigualdad, o
disminuye... claro que aquí en España sólo se rescataron los bancos. Foro EL PAÍS
Vergonzoso: país con mayor desigualdad: Letonia y a continuación
España. Es para que se les caiga la cara de vergúenza a todos los
políticos. Vemos que Francia, Alemania y algunos mas, apenas tienen
desigualdad. ¿Acaso le queda a alguien alguna duda de que a los
ciudadanos de a pie nos están abrasando con los recortes?. Tienes
nómina, pues es mas fácil controlarte y te acosan porque no rechistas y
si lo piensas pues terminarás por cabrearte. Este es el país donde los
ricos cada vez son más ricos y los demás cada vez más pobres. Opino que
solo queda de la clase media la Clase media muy alta. Mariano y
Rubalcaba despertad. Foro EL PAÍS
Esvergonzoso, y aquí no se le puede culpar únicamente al PP sino al
PSOE, ¿acaso ni uno ni otro se dieron cuenta de que desde 2007 crecía la
desigualdad social?. Ante este hecho que nos lo ha tenido que avisar el
FMI, desde aquí mi mas sincera reprobación a ambos partidos que, parece
ser, sólo les gusta el sillón pero no la vocación. Esto se tiene que
acabar es urgente una regeneración de los políticos y eliminación de
todos, absolutamente todos que han estado todos estos años desatendiendo
a sus ciudadanos. Pero, claro, a estos sres. no les preocupa que el FMI
hable de que en España hay una gran brecha de desigualdad social, ellos
con llevarse el sueldo, las dietas, las comilonas, los viajes en
primera clase en avión, recordemos que en Bruxelas se hizo una votación
para que los eurodiputados viajasen en clase turista y todos,
absolutamente todos, incluidos los socialistas votaron que no que
preferían ir en clase Bussines porque así comían y bebían todo lo que
les cupiese en su cuerpo. Este comentario lo asumo como mío y no, no soy
de derechas ni de izquierdas soy un demócrata que critico a todos. Foro EL PAÍS
¿Qué nos quieren decir con ese titular, añandiendo luego que, y cito:
"El FMI concluye no obstante que el tipo de ajuste fiscal español fue
progresivo y moderó la escalada de la brecha social"? ¿Que es la
izquierda la que abrió la brecha y la derecha la que está tratando de
cerrarla? SSS rules! Foro EL PAÍS
La corrupción aparece si hay un caldo de cultivo alrededor que lo
permita, y con el pasotismo que hay ahora mismo en este país esto es un
invernadero de indeseables. Prácticamente salimos a escándalo diario de
corrupción y aquí no pasa nada. Foro EL PAÍS
Totalmente de acuerdo. Se nos va la fuerza por la boca, y no se puede
vivir de los antiguos trofeos de las vitrinas, es decir, de la valentía
de nuestro abuelos, bisabuelos y más atrás que se enfrentaban al poder
con valor. El poder sabe de nuestra cobardía y sumisión, y por ello
actúa como actúa, con total impunidad a sabiendas que nadie les va a
parar los pies. Foro EL PAÍS
ajuste progresivo, pagas un impuesto por usar energía renovable y cada dia un nuevo pago al margen de lo que ganas. Foro EL PAÍS
El FMI dice con datos lo que muchos percibíamos a simple vista: en
España la desigualdad crece a ritmo de galope de caballo de carreras.
Con la crisis esa desigualdad se traduce en muchos millones de pobres,
incluida mucha gente con trabajo. Foro EL PAÍS
FUENTE:http://economia.elpais.com/economia/2014/03/13/actualidad/1394732075_347846.html
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NOTICIA RELACIONADA
Sin dinero para los dependientes
El Tribunal de Cuentas dice que seis comunidades reconocen que la falta de recursos les impide prestar ayudas
190.000 personas siguen esperando
Jaime Prats
Valencia
11 MAR 2014 - 20:18 CET9
¿Se imagina que, pese a tener todo el derecho del mundo, no le dieran
la tarjeta sanitaria hasta que la comunidad autónoma en la que reside
tuviera dinero para garantizar su asistencia? Pues algo parecido sucede
con el sistema de dependencia.
Andalucía, Aragón, Baleares, la Comunidad Valenciana, Canarias y Murcia
admiten que no cumplen con los plazos en el reconocimiento de las
ayudas no tanto porque la tramitación de la norma sea un embrollo
burocrático (que lo es, en unos sitios más que en otros) sino por falta
de liquidez.
Así lo plantea un informe que el Tribunal de Cuentas ha elaborado para fiscalizar la gestión de la Ley de Dependencia. El texto, provisional a falta de alegaciones, detalla cómo Andalucía, Aragón, Baleares, la Comunidad Valenciana, Canarias o Murcia reconocen “de forma explícita” que “la carencia de recursos económicos suficientes” y la “imposibilidad legal de abonar las prestaciones económicas de forma inmediata (...) por las limitaciones presupuestarias” explican el “importante retraso” en despachar los expedientes. Algo parecido pasa en Castilla-La Mancha, donde el reconocimiento de las prestaciones económicas —los ingresos en metálico a los cuidadores familiares, por ejemplo— “se dejan de facto en suspenso hasta que en el ejercicio siguiente se habilitan los créditos necesarios”.
Pese a ello, el TC sostiene que la aportación del Gobierno ha subido. Para ello recurre a la ley que regula el sistema de financiación de las autonomías de régimen común (la 22/2009). En concreto, a una fórmula que regula partidas de financiación adicional y que usa de referencia, entre otras variables, el número de dependientes, pero también el de alumnos, por ejemplo. A este concepto atribuye una inyección de 2.472 millones de euros, que, por otro lado, admite que no es finalista.
Los políticos suelen recurrir a ella cuando se les recuerda que han rebajado el presupuesto. Pero usar esta partida no es correcto. Lo sabe la Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales. Pero también el investigador del Instituto de Análisis Económico (CSIC) de Barcelona y especialista en financiación autonómica Ángel de la Fuente: “Esta no es una cantidad condicionada, sino una suma de dinero que las autonomías no están obligadas a gastar en ninguna parcela en particular”, indica.
Ello explica, en buena parte, que existan 189.427 personas a las que
se les ha reconocido el derecho de acogerse a alguna de las ayudas de la
ley pero siguen aguardando a recibir la prestación económica o el
servicio del que son acreedores, según los últimos datos publicados —el
31 de enero— por el Instituto de Mayores y Servicios Sociales (Imserso), la entidad del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad que se ocupa de la dependencia.
El texto describe sin reparos que depende del lugar de residencia del beneficiario, este accederá antes o después a las ayudas. En total, son 11 las regiones que incumplen el plazo máximo de seis meses para reconocer el derecho a acceder a una prestación. Los retrasos son “especialmente significativos” en Andalucía, Asturias, la Comunidad Valenciana y Extremadura, donde se superan los 300 días. En conjunto, el término medio es de 246 días (algo más de ocho meses). Estos datos corresponden al análisis de expedientes tramitados entre enero de 2011 y abril de 2013.
Fuentes del departamento de Bienestar Social de Canarias responden que el gran peso de la dependencia descansa sobre ellos: “nosotros asumimos el 80% del gasto frente al 20% del Estado”. Desde la Generalitat Valenciana, recuerdan que siempre han solicitado mayor financiación para la autonomía.
Los incumplimientos de los plazos “sigue constituyendo una de las principales debilidades” del sistema, apunta el documento.
Que se lo digan a E. M., de 66 años. Su mujer, M. L. S., de 63 años tiene demencia asociada a la enfermedad de Párkinson, que sufre desde los 42 años. E., que vive en Valencia, presentó la solicitud de la dependencia en mayo de 2011. Pero no fue hasta enero de 2013 cuando le llegó la resolución de la valoración de su mujer (dependencia en grado 3, la más alta) y el reconocimiento de que tenía derecho a ayuda. Transcurrieron 18 meses, el triple del plazo de seis meses que fija la ley. O lo que es lo mismo, 540 días, más del doble de la media estatal.
Además, existe una “gran disparidad entre las autonomías en cuanto a la valoración de la capacidad económica de los beneficiarios”, según el informe del Tribunal de Cuentas, una variable que sirve para evaluar la aportación que le corresponde abonar a cada uno de los usuarios. Esta suma se fija a partir de la renta y el patrimonio, según indica la ley, “lo que no ocurre actualmente en todas las autonomías”. Lo mismo sucede, en consecuencia, con el copago, para cuyo cálculo también existe una gran heterogeneidad “lo que resulta contrario al principio de igualdad que inspira el sistema de dependencia”.
Además, destaca la “excesiva dispersión normativa” que ha tenido el desarrollo del sistema. Ello “no se compadece con los principios de universalidad, igualdad y transparencia que inspiran al sistema”. Para ilustrar esta crítica, el documento subraya que existen nada menos que 671 normas autonómicas de diverso rango y 134 estatales que intervienen en la dependencia.
A pesar de describir este escenario fragmentado y asimétrico, el informe exculpa al Ministerio de Sanidad y Servicios Sociales de la desigualdad que afecta a la norma. Por ejemplo respecto al incumplimiento de plazos en la gestión de la dependencia “que es competencia exclusiva de las comunidades autónomas” y que constituye, insiste, “una de las grandes debilidades” del sistema. Ello aunque el real decreto 1226/205 por el que se establecen las funciones del Imserso le encomienda a esta entidad del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad “la elaboración de propuestas de normativa básica que garanticen la igualdad de los ciudadanos y el desarrollo de políticas de cohesión social interterritorial”.
FUENTE: http://sociedad.elpais.com/sociedad/2014/03/11/actualidad/1394565536_086528.html
MI OPINIÓN
SOLO SE TIENE DINERO PARA LOS ASESORES , TANBIEN PARA LOS CORRUPTOS Y LADRONES DE SINDICALISTAS Y ORGANIZACIONES EMPRESARIALES QUE ADEMÁS DE LAS SUBVENCIONES QUE RECIBEN ROBAN EL DINERO DE LOS ERES Y LOS CURSILLOS DE FORMACION ,¡¡INDIGNANTE!!
LA OPINIÓN DE UN INDIGNADO
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LA GRAN POLITICA SOCIAL DEL PP DE RAJOY
FUENTE.http://ccaa.elpais.com/ccaa/2014/03/14/valencia/1394827816_256899.html
Así lo plantea un informe que el Tribunal de Cuentas ha elaborado para fiscalizar la gestión de la Ley de Dependencia. El texto, provisional a falta de alegaciones, detalla cómo Andalucía, Aragón, Baleares, la Comunidad Valenciana, Canarias o Murcia reconocen “de forma explícita” que “la carencia de recursos económicos suficientes” y la “imposibilidad legal de abonar las prestaciones económicas de forma inmediata (...) por las limitaciones presupuestarias” explican el “importante retraso” en despachar los expedientes. Algo parecido pasa en Castilla-La Mancha, donde el reconocimiento de las prestaciones económicas —los ingresos en metálico a los cuidadores familiares, por ejemplo— “se dejan de facto en suspenso hasta que en el ejercicio siguiente se habilitan los créditos necesarios”.
Recorte millonario estatal
El informe del Tribunal de Cuentas (TC) destaca que los fondos finalistas estatales —el llamado nivel mínimo— han experimentado una reducción desde 2011. Los 1.284 millones de euros de entonces pasaron a 1.404 en 2012 y a 1.206 en 2013.Pese a ello, el TC sostiene que la aportación del Gobierno ha subido. Para ello recurre a la ley que regula el sistema de financiación de las autonomías de régimen común (la 22/2009). En concreto, a una fórmula que regula partidas de financiación adicional y que usa de referencia, entre otras variables, el número de dependientes, pero también el de alumnos, por ejemplo. A este concepto atribuye una inyección de 2.472 millones de euros, que, por otro lado, admite que no es finalista.
Los políticos suelen recurrir a ella cuando se les recuerda que han rebajado el presupuesto. Pero usar esta partida no es correcto. Lo sabe la Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales. Pero también el investigador del Instituto de Análisis Económico (CSIC) de Barcelona y especialista en financiación autonómica Ángel de la Fuente: “Esta no es una cantidad condicionada, sino una suma de dinero que las autonomías no están obligadas a gastar en ninguna parcela en particular”, indica.
El texto describe sin reparos que depende del lugar de residencia del beneficiario, este accederá antes o después a las ayudas. En total, son 11 las regiones que incumplen el plazo máximo de seis meses para reconocer el derecho a acceder a una prestación. Los retrasos son “especialmente significativos” en Andalucía, Asturias, la Comunidad Valenciana y Extremadura, donde se superan los 300 días. En conjunto, el término medio es de 246 días (algo más de ocho meses). Estos datos corresponden al análisis de expedientes tramitados entre enero de 2011 y abril de 2013.
Fuentes del departamento de Bienestar Social de Canarias responden que el gran peso de la dependencia descansa sobre ellos: “nosotros asumimos el 80% del gasto frente al 20% del Estado”. Desde la Generalitat Valenciana, recuerdan que siempre han solicitado mayor financiación para la autonomía.
Los incumplimientos de los plazos “sigue constituyendo una de las principales debilidades” del sistema, apunta el documento.
Que se lo digan a E. M., de 66 años. Su mujer, M. L. S., de 63 años tiene demencia asociada a la enfermedad de Párkinson, que sufre desde los 42 años. E., que vive en Valencia, presentó la solicitud de la dependencia en mayo de 2011. Pero no fue hasta enero de 2013 cuando le llegó la resolución de la valoración de su mujer (dependencia en grado 3, la más alta) y el reconocimiento de que tenía derecho a ayuda. Transcurrieron 18 meses, el triple del plazo de seis meses que fija la ley. O lo que es lo mismo, 540 días, más del doble de la media estatal.
Además, existe una “gran disparidad entre las autonomías en cuanto a la valoración de la capacidad económica de los beneficiarios”, según el informe del Tribunal de Cuentas, una variable que sirve para evaluar la aportación que le corresponde abonar a cada uno de los usuarios. Esta suma se fija a partir de la renta y el patrimonio, según indica la ley, “lo que no ocurre actualmente en todas las autonomías”. Lo mismo sucede, en consecuencia, con el copago, para cuyo cálculo también existe una gran heterogeneidad “lo que resulta contrario al principio de igualdad que inspira el sistema de dependencia”.
Además, destaca la “excesiva dispersión normativa” que ha tenido el desarrollo del sistema. Ello “no se compadece con los principios de universalidad, igualdad y transparencia que inspiran al sistema”. Para ilustrar esta crítica, el documento subraya que existen nada menos que 671 normas autonómicas de diverso rango y 134 estatales que intervienen en la dependencia.
A pesar de describir este escenario fragmentado y asimétrico, el informe exculpa al Ministerio de Sanidad y Servicios Sociales de la desigualdad que afecta a la norma. Por ejemplo respecto al incumplimiento de plazos en la gestión de la dependencia “que es competencia exclusiva de las comunidades autónomas” y que constituye, insiste, “una de las grandes debilidades” del sistema. Ello aunque el real decreto 1226/205 por el que se establecen las funciones del Imserso le encomienda a esta entidad del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad “la elaboración de propuestas de normativa básica que garanticen la igualdad de los ciudadanos y el desarrollo de políticas de cohesión social interterritorial”.
FUENTE: http://sociedad.elpais.com/sociedad/2014/03/11/actualidad/1394565536_086528.html
MI OPINIÓN
SOLO SE TIENE DINERO PARA LOS ASESORES , TANBIEN PARA LOS CORRUPTOS Y LADRONES DE SINDICALISTAS Y ORGANIZACIONES EMPRESARIALES QUE ADEMÁS DE LAS SUBVENCIONES QUE RECIBEN ROBAN EL DINERO DE LOS ERES Y LOS CURSILLOS DE FORMACION ,¡¡INDIGNANTE!!
LA OPINIÓN DE UN INDIGNADO
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LA GRAN POLITICA SOCIAL DEL PP DE RAJOY
El copago echa a los dependientes de residencias y centros de día
Los afectados presentan 6.000 quejas al Síndic de Greuges contra la medida
Ezequiel Moltó
Alicante
14 MAR 2014 - 21:14 CET3
Los dependientes en la puerta de la sede del Síndic. / PEPE OLIVARES
El copago sanitario empieza a dejar a gente en la cuneta. Unas 50
personas dependientes que acudían a centros ocupacionales han dejado de
hacerlo porque no pueden pagar el dinero que la consejería les exige
desde enero pasado. “Hemos vuelto a los años 60 cuando las personas con
discapacidad se quedaban en casa en una mesa camilla, con los abuelos
jugando a las cartas”, se lamenta Paulino López, trabajador de la
discapacidad. Y es que desde el pasado uno de enero los usuarios de
estos servicios deben pagar entre 100 y más de mil de euros, en función
de su renta, por acudir a estos centros.
La Coordinadora de la Discapacidad y Dependencia en la Comunidad Valenciana presentó este viernes ante el Síndic de Greuges hasta 6.000 quejas por la “situación de desigualdad e injusta aplicación del copago introducido por Bienestar Social” a las personas que precisan de centros de discapacidad o enfermedad mental. Los afectados quieren que se investigue “cuáles son los criterios” de la aplicación de este “repago”, porque como explican, “jamás” la Administración ha pagado íntegramente el servicio, ya que los usuarios sufragaban parte del coste, “pero ahora es mucho más, y en la mayoría de los casos inasumible”, admite Miquel Martorell, de la Plataforma por la Ley de Dependencia.
En el escrito al Síndic, presentado en Alicante, los miembros de la Coordinadora insisten que en realidad “se trata de un repago, porque había familias que ya aportaban cuotas a los centros, y ahora añaden una valoración a las personas con dependencia. Y cada uno, dependiendo de la escala, les sale a pagar mucho más”, explicó Antonio Jiménez, miembro de la Coordinadora de la Discapacidad y del sindicato de CC OO. El pago extraordinario se está aplicando a los usuarios de residencias, centros de día, de acogida y los centros ocupacionales, viviendas tuteladas.
Los firmantes de las quejas consideran que la orden de copago debe ser “retirada inmediatamente” y piden que se establezca una negociación que facilite “una justa financiación de los centros de atención a personas con discapacidad o enfermedad mental”. Miquel Martorell, de la Plataforma por la Dependencia, se lamentó de que “los gobiernos que hacen las leyes y que tienen que cumplirlas, son los primeros en incumplirlas”. Martorell advirtió de que no dejarán que les “roben” derechos “reconocidos por ley”, y anunció que harán “todo lo posible para que atiendan a este sector tan desfavorecido que están sumiendo en la pobreza y en la exclusión social”.
Paulino López, trabajador del sector de la discapacidad, consideró que el actual sistema “añade una sobrecarga” sobre el sistema y trabajadores. “Estamos hartos de buenas palabras, de buenas caras y de buenos gestos”, dijo López que reclamó “hechos y realidades” ante unas “políticas inasumibles” que “cada día empobrecen más a los colectivos de la discapacidad y la dependencia”. López recordó que “dependiendo de los recursos” en las residencias algunos dependientes deben aportar más de mil euros. “Con lo que les quedan apenas unos euros para comer, vestir, lo que están limitando los derechos de las personas con discapacidad”, dijo.
Por último, Gonzalo Nielfa, miembro de la Asociación de Enfermos Mentales de Valencia, instó a la consejería de Bienestar Social a pactar “un copago de más razonable” ante la “falta de cobertura nacional”. Nielfa estimó que la Comunidad Valenciana está siendo “el laboratorio” para implantar el copago nacional que será “en disparate porque la mitad de la gente dejará de ir a los centros y estos deberán cerrar”.
La Coordinadora de la Discapacidad y Dependencia en la Comunidad Valenciana presentó este viernes ante el Síndic de Greuges hasta 6.000 quejas por la “situación de desigualdad e injusta aplicación del copago introducido por Bienestar Social” a las personas que precisan de centros de discapacidad o enfermedad mental. Los afectados quieren que se investigue “cuáles son los criterios” de la aplicación de este “repago”, porque como explican, “jamás” la Administración ha pagado íntegramente el servicio, ya que los usuarios sufragaban parte del coste, “pero ahora es mucho más, y en la mayoría de los casos inasumible”, admite Miquel Martorell, de la Plataforma por la Ley de Dependencia.
En el escrito al Síndic, presentado en Alicante, los miembros de la Coordinadora insisten que en realidad “se trata de un repago, porque había familias que ya aportaban cuotas a los centros, y ahora añaden una valoración a las personas con dependencia. Y cada uno, dependiendo de la escala, les sale a pagar mucho más”, explicó Antonio Jiménez, miembro de la Coordinadora de la Discapacidad y del sindicato de CC OO. El pago extraordinario se está aplicando a los usuarios de residencias, centros de día, de acogida y los centros ocupacionales, viviendas tuteladas.
Los firmantes de las quejas consideran que la orden de copago debe ser “retirada inmediatamente” y piden que se establezca una negociación que facilite “una justa financiación de los centros de atención a personas con discapacidad o enfermedad mental”. Miquel Martorell, de la Plataforma por la Dependencia, se lamentó de que “los gobiernos que hacen las leyes y que tienen que cumplirlas, son los primeros en incumplirlas”. Martorell advirtió de que no dejarán que les “roben” derechos “reconocidos por ley”, y anunció que harán “todo lo posible para que atiendan a este sector tan desfavorecido que están sumiendo en la pobreza y en la exclusión social”.
Paulino López, trabajador del sector de la discapacidad, consideró que el actual sistema “añade una sobrecarga” sobre el sistema y trabajadores. “Estamos hartos de buenas palabras, de buenas caras y de buenos gestos”, dijo López que reclamó “hechos y realidades” ante unas “políticas inasumibles” que “cada día empobrecen más a los colectivos de la discapacidad y la dependencia”. López recordó que “dependiendo de los recursos” en las residencias algunos dependientes deben aportar más de mil euros. “Con lo que les quedan apenas unos euros para comer, vestir, lo que están limitando los derechos de las personas con discapacidad”, dijo.
Por último, Gonzalo Nielfa, miembro de la Asociación de Enfermos Mentales de Valencia, instó a la consejería de Bienestar Social a pactar “un copago de más razonable” ante la “falta de cobertura nacional”. Nielfa estimó que la Comunidad Valenciana está siendo “el laboratorio” para implantar el copago nacional que será “en disparate porque la mitad de la gente dejará de ir a los centros y estos deberán cerrar”.
FUENTE.http://ccaa.elpais.com/ccaa/2014/03/14/valencia/1394827816_256899.html
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