Detenido un funcionario de Calatayud por vender ordenadores pagados con fondos municipales
EFE 20/03/2014
Un
funcionario municipal de Calatayud (Zaragoza) ha sido detenido por
agentes de la Policía Nacional como presunto autor de malversación de
caudales públicos, estafa, falsedad documental y contra la propiedad
industrial, al ser acusado de vender ordenadores comprados con cargo a
las arcas del Ayuntamiento.
Las investigaciones se iniciaron en 2012 tras las denuncia interpuesta por un vecino de Calatayud, quien manifestaba haber comprado un ordenador a un funcionario municipal, el cual, al parecer, había emitido una factura plenamente falsificada a nombre de una empresa de informática con sede también en la misma localidad y que además le instaló un sistema operativo "pirata".
Esta adquisición se había efectuado en el año 2010, si bien no fue hasta el año 2012 cuando la presunta víctima se percató de la estafa sufrida y denunció, al necesitar instalar nuevas aplicaciones y ser denegados los permisos porque el sistema operativo no era legalmente adquirido.
Las investigaciones iniciadas entonces, dirigidas por el Juzgado de Instrucción 1 de Calatayud, apuntaban a que se habían podido estar cometiendo nuevos delitos similares en el seno del Ayuntamiento, en el periodo comprendido entre 2009 y 2012.
Tras multitud de gestiones en la localidad, se ha podido determinar que el detenido, ostentando la condición de funcionario público, presuntamente había obtenido lucro propio en la venta de esos equipos, que habían sido adquiridos con cargo a las arcas municipales.
Asimismo y tras conocer de los hechos la mercantil estadounidense afectada, a través de sus representantes legales en España, se han personado en las actuaciones, tras ser receptores de la preceptiva información de derechos como perjudicados.
Al detenido se le han ocupado distintos terminales informáticos, discos duros y CD's y DVD's con copias presuntamente piratas de sistemas operativos.
Concluidas las diligencias policiales, el detenido ha sido hoy puesto a disposición del Juzgado de Instrucción Uno de los de Calatayud.
Las investigaciones se han desarrollado por el Grupo de Delitos Tecnológicos de la Brigada Regional de Policía Judicial de Zaragoza y por la Comisaría Local del Cuerpo Nacional de Policía de Calatayud.
FUENTE:http://www.elperiodicodearagon.com/noticias/aragon/detenido-funcionario-calatayud-vender-ordenadores-pagados-fondos-municipales_928980.html
COMENTARIO DE UN LECTOR DE 'EL PERIODICO DE ARAGON'
Además de todo esto y mucho más que saldrá, hay que decir que este sujeto ha sido expulsado de su cargo de funcionario al descubrirse que falsifico un título universitario que no tenía y era requisito indispensable para acceder a la plaza , la cual ha obstentado durante más de 4 años . Y lo peor... Creo profundamente, aunque sólo es una opinión que el propio equipo de gobierno municipal, conocían desde hace tiempo esa situación, y creo que sólo actuaron cuando ya no les quedo más remedio, pero sólo creo ...CONSEJO si tenéis amistades políticas meter la cabeza jaja que si no la meterá otro, a no ser que tengáis un mínimo de dignidad
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MAS CORRUPCION , QUE NO FALTE
F. M. H. / E. B. D. 20/03/2014
¿Alguno de todos estos políticos y añadidos irá a la manifestación en Madrid el 22M? Así nos aseguramos que los que vayan son precisamente los que pagamos esos desmanes. HACE FALTA LIMPIEZA Y HONRADEZ.
FUENTE:http://www.elperiodicodearagon.com/noticias/aragon/solo-uno-exconsejeros-dice-estar-tanto-pagares_928917.html
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MAS SOBRE ESTE TEMA DE PLAZA
E. BAYONA / F. MANTECÓN 20/03/2014
Ni el exgerente de Plaza, Ricardo García Becerril, ni el exconsejero delegado de la compañía pública, Carlos Escó, informaron al consejo de administración de la plataforma logística en su sesión del 16 de diciembre de que la víspera habían firmado los cuatro pagarés por 8,7 millones de euros a favor de Codesport, la empresa de Agapito Iglesias, por las obras de las naves de Autocity.
Según recoge el acta de esa reunión del consejo, García Becerril asistió "por indicación del presidente" --Alfonso Vicente, consejero de Obras Públicas--, mientras que Escó lo hizo en su condición de consejero delegado de la empresa pública. Estuvieron presentes en la reunión, además de Vicente, el consejero de Economía, Alberto Larraz; el de Medio Ambiente, Alfredo Boné; la de Ciencia y Tecnología, Maite Verde; la concejala zaragozana Isabel López; los altos cargos de la DGA y sus compañías José Luis Abad y Agustín García Inda y los representantes de las cajas Francisco Bono --hoy consejero de Economía-- y José Luis Rodrigo.
En el acta de la reunión no aparece una sola referencia a los pagarés. Ni siquiera en el apartado de ruegos y preguntas, cuyo único contenido fue una referencia del presidente de Plaza a la visita que habían realizado al complejo logístico los miembros de la Comisión de Obras Públicas de las Cortes de Aragón.
FECHAS
Los pagarés fueron suscritos por Escó y García Becerril dos semanas después de que, el 1 de diciembre, Codesport presentara cuatro facturas de 879.270 euros por "modificados", de 1.775.177 y de 1.975.589 por "revisión precios" y de 2.904.567 por "sobrecostes". Sumaban 7.534.603 euros, que con un IVA del 16% se elevaban a 8.740.139.
Los cuatro pagarés sumaban esa última cifra. Uno de 1.019.953 euros vencía el 1 de junio del 2009, mientras que la fecha límite de canje de los otros tres --de 2.059.205, 2.291.683 y 3.369.297 euros-- se situaba exactamente un año más tarde.
Escó explicó en su declaración como imputado por este asunto que no se había percatado de que el último superaba la cifra de tres millones de euros, para la que inicialmente admitió carecer de autorización aunque su abogado --Juan Monclús-- sostiene que sí podía firmar por encima de esa cantidad, mancomunadamente con García Becerril, como consecuencia de una habilitación específica del consejo.
El magistrado del Juzgado de Instrucción número 5 de Zaragoza, Francisco Picazo, mantiene imputados a Escó y Becerril, a los que atribuye indiciariamente un delito de administración desleal y otro de malversación; a Iglesias, al que considera sospechoso de cooperar con ellos y señala como presunto autor de una estafa, y al exdirector técnico de Plaza, Miguel Ángel Pérez. Investiga si el sobrecoste de las obras --adjudicadas por 14 millones y liquidadas por 32 tras una modificación-- incluyó actuaciones delictivas.
SIN CERTIFICACIÓN
Las facturas contra las que fueron emitidos los pagarés, todas conformadas por García Becerril, carecen de certificaciones de obra que las sustenten documentalmente. Pérez aseguró en su declaración como imputado que no pasaron por su mesa, ya que, al estar entregadas las naves, los técnicos de Plaza no tenían nada que certificar.
El informe pericial que Plaza presentó junto con la denuncia que originó la apertura de las diligencias cifra en 7,6 millones --serían 8,7 con el IVA-- el precio pagado de más por Plaza por las naves de Autocity, aunque reduce a 6,65 millones la parte "incongruente" de esa "certificación complementaria" presentada por modificaciones, revisiones de precios y sobrecostes.
COMENTARIOS DE LOS LECTORES DE ' EL PERIODICO DE ARAGON'
Lo de la maqueta es bochornoso. ¿¿Y donde esta el que hizo esa maqueta?? ¿Y quien firmo esa certificación? ¿Sera amiguito del alma de alguno de estos? Si en estas cosas se las han llevado que no habrán hecho con lo demás. En otro país estaban políticos y empresarios en la cárcel y aquí riéndose de los tontos ciudadanos... Me gustaría saber los nombres de las empresas y empresarios que han pagado y realizado esas obras porque ellos colaboradores para que estos se repartan el botin.
Enbargo de los patrimonios yayayaaaaaaaaaa. Por que lo que no es de justicia es ver como esta el monedero de los inpuestos que pagamos los ciudadanos . Creo que o se hace una buena linpia ahora ,por que sino sera mas de lo mismos . Y ya al mismo nivel de los paises bananeros , donde para los poderosos todo es mana y para los no ricos miseria .Por eso justicia pero de la dura .
FUENTE:http://www.elperiodicodearagon.com/noticias/aragon/esco-exgerente-firmaron-pagares-informar-consejo-dia-siguiente_928920.html
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Y MAS ,ESTA VEZ LAS CJAS DE AHORROS, 'ASI ESTA EL PANORAMA EN ARAGON '
' BUENO COMO EN TODA ESPAÑA'
A. IBÁÑEZ 20/03/2014
FUENTE:http://www.elperiodicodearagon.com/noticias/temadia/abstencion-pp-abre-puerta-cortes-investiguen-cai_928940.html
COMENTARIOS DE LOS LECTORES DE 'EL PERIODICO DE ARAGON'
Lo que parece que ésta claro, al hilo de los comentarios de varios ex-empleados de CAI, es que "lío" había, y ahora quiere descubrir quién lo montó. Pero ese "lío" que todos tienen ahora tan claro, bien que los ocultaron cuando se negoció el SIP CAJA3. Endilgándoles todas sus mierdas a Caja Badajoz, con el beneplácito y colaboración del Banco de España.
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Y MAS CORRUPCION POR SI LES PARECE POCA, EN ESTE CASO EL FAMOSO PLAN E,EL PLAN DE ZAPATERO DE ARREGLAR ACERAS
FUENTE:http://ccaa.elpais.com/ccaa/2014/03/20/galicia/1395307513_761005.html
Las investigaciones se iniciaron en 2012 tras las denuncia interpuesta por un vecino de Calatayud, quien manifestaba haber comprado un ordenador a un funcionario municipal, el cual, al parecer, había emitido una factura plenamente falsificada a nombre de una empresa de informática con sede también en la misma localidad y que además le instaló un sistema operativo "pirata".
Esta adquisición se había efectuado en el año 2010, si bien no fue hasta el año 2012 cuando la presunta víctima se percató de la estafa sufrida y denunció, al necesitar instalar nuevas aplicaciones y ser denegados los permisos porque el sistema operativo no era legalmente adquirido.
Las investigaciones iniciadas entonces, dirigidas por el Juzgado de Instrucción 1 de Calatayud, apuntaban a que se habían podido estar cometiendo nuevos delitos similares en el seno del Ayuntamiento, en el periodo comprendido entre 2009 y 2012.
Tras multitud de gestiones en la localidad, se ha podido determinar que el detenido, ostentando la condición de funcionario público, presuntamente había obtenido lucro propio en la venta de esos equipos, que habían sido adquiridos con cargo a las arcas municipales.
Asimismo y tras conocer de los hechos la mercantil estadounidense afectada, a través de sus representantes legales en España, se han personado en las actuaciones, tras ser receptores de la preceptiva información de derechos como perjudicados.
Al detenido se le han ocupado distintos terminales informáticos, discos duros y CD's y DVD's con copias presuntamente piratas de sistemas operativos.
Concluidas las diligencias policiales, el detenido ha sido hoy puesto a disposición del Juzgado de Instrucción Uno de los de Calatayud.
Las investigaciones se han desarrollado por el Grupo de Delitos Tecnológicos de la Brigada Regional de Policía Judicial de Zaragoza y por la Comisaría Local del Cuerpo Nacional de Policía de Calatayud.
FUENTE:http://www.elperiodicodearagon.com/noticias/aragon/detenido-funcionario-calatayud-vender-ordenadores-pagados-fondos-municipales_928980.html
COMENTARIO DE UN LECTOR DE 'EL PERIODICO DE ARAGON'
Además de todo esto y mucho más que saldrá, hay que decir que este sujeto ha sido expulsado de su cargo de funcionario al descubrirse que falsifico un título universitario que no tenía y era requisito indispensable para acceder a la plaza , la cual ha obstentado durante más de 4 años . Y lo peor... Creo profundamente, aunque sólo es una opinión que el propio equipo de gobierno municipal, conocían desde hace tiempo esa situación, y creo que sólo actuaron cuando ya no les quedo más remedio, pero sólo creo ...CONSEJO si tenéis amistades políticas meter la cabeza jaja que si no la meterá otro, a no ser que tengáis un mínimo de dignidad
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MAS CORRUPCION , QUE NO FALTE
Solo uno de los exconsejeros dice estar al tanto de los pagarés
Otros nueve exresponsablesde Plaza declaranen el juzgado. Un letrado asesor afirma que no le consultaron el cambio de precio
Noticias relacionadas
Los
nueve responsables del consejo de administración de Plaza --ocho
consejeros y un asesor-- que declararon ayer ante el titular del Juzgado
de Instrucción número 5 de Zaragoza, Francisco Picazo, mantuvieron, a
grandes rasgos, la versión de sus siete predecesores del lunes: el
consejo estaba más o menos informado de las gestiones económicas, según
el partido u organismo al que perteneciese cada miembro, pero en el caso
concreto del sobreprecio millonario de las naves de Autocity no
tuvieron datos con los que trabajar. Pero hubo una excepción, el
exconsejero delegado de Plaza José Luis Abad, de Zaragoza Alta
Velocidad, que aseguró que estaba al tanto de todo lo que se gestaba.
El resto mantuvo a grandes rasgos la tesis de que los consejeros recibían información sobre las gestiones, pero no la suficiente como para averiguar que el proyecto de las naves construidas por Codesport había pasado de costar 14 a más de 32 millones, 8,7 de los cuales fueron abonados a la empresa de Agapito Iglesias con cuatro pagarés.
Por este sobreprecio, el juez Francisco Picazo mantiene imputados al exgerente de la plataforma logística, Ricardo García Becerril; al exconsejero delegado de la sociedad, Carlos Escó; al magnate soriano --para los tres solicitó una fianza de responsabilidad civil de 18,85 millones de euros-- y al exdirector técnico de Plaza, Miguel Ángel Pérez.
NADA DEL 'PROYECTO CERO'
La línea de las declaraciones de ayer fue bien resumida ante los medios de comunicación por María Teresa Verde, exconsejera de Ciencia, Tecnología y Universidad (PSOE) y componente del consejo de Plaza entre junio del 2004 y enero del 2010. Como casi todos los demás, admitió no haber visto o no recordar ni el proyecto cero --el documento por el que se modificó el proyecto de las naves-- ni los pagarés. Explicó que sí recibían información, pero no "desmenuzada".
Los consejos se celebraban "con el mejor espíritu positivo", afirmó, y "si se señalaban problemas, los analizábamos". En este caso no se señalaron. Sobre el desfase millonario indicó que "era importante, pero entendíamos que se incrementaba el valor de las naves y los puestos de trabajo, nunca me planteé que (el desfase) puiera venir de otra cosa", añadió. Los balances económicos que estudiaban no eran, al parecer, detallados.
Como hicieron sus predecesores el lunes, la consejera explicó que fiaban las decisiones a la información recibida, pero aclaró que la función del consejo no era fiscalizar las cuentas de sus propios técnicos, sino "aprobar las operaciones con importantes empresas para diversificar la economía aragonesa".
La consejera fue la única que no rehusó exponer su papel en el consejo ante los medios de comunicación, junto a Andrés Cuartero, exconsejero delegado de Zaragoza Alta Velocidad. Este abandonó el consejo en otoño del 2005, por lo que solo estuvo en la licitación inicial. Aclaró que el órgano recibía "información cumplida --incluso "exhaustiva" en algunos asuntos-- del consejero delegado y el gerente", pero que su responsabilidad era distinta, de carácter político, no de controlar, al uso de la gestión de las empresas públicas. "En aquellos tiempos todo era estupendo", añadió, sonriente.
El resto de los comparecientes no quisieron hacer declaraciones, aunque ante el juez reiteraron que no conocían el proyecto. El consejero de Economía, Francisco Bono (PP) --por entonces en el consejo representando a Ibercaja--, justificó el silencio público por "respeto" al proceso judicial. Alberto Larraz, exconsejero de Economía (PSOE), no dijo más allá de "gracias". Tampoco los ejecutivos de la CAI Fernando Herrando y Joaquín Torres, el de Ibercaja José Luis Rodrigo o el abogado José Manuel García.
Este explicó ante el juez que su cargo de asesor, una "figura obligatoria" por ley, se refería más bien a las ampliaciones de capital o derecho societario, pero no a este asunto.
COMENTARIOS DE LOS LECTORES DE' EL PARIODICO DE ARAGON'El resto mantuvo a grandes rasgos la tesis de que los consejeros recibían información sobre las gestiones, pero no la suficiente como para averiguar que el proyecto de las naves construidas por Codesport había pasado de costar 14 a más de 32 millones, 8,7 de los cuales fueron abonados a la empresa de Agapito Iglesias con cuatro pagarés.
Por este sobreprecio, el juez Francisco Picazo mantiene imputados al exgerente de la plataforma logística, Ricardo García Becerril; al exconsejero delegado de la sociedad, Carlos Escó; al magnate soriano --para los tres solicitó una fianza de responsabilidad civil de 18,85 millones de euros-- y al exdirector técnico de Plaza, Miguel Ángel Pérez.
NADA DEL 'PROYECTO CERO'
La línea de las declaraciones de ayer fue bien resumida ante los medios de comunicación por María Teresa Verde, exconsejera de Ciencia, Tecnología y Universidad (PSOE) y componente del consejo de Plaza entre junio del 2004 y enero del 2010. Como casi todos los demás, admitió no haber visto o no recordar ni el proyecto cero --el documento por el que se modificó el proyecto de las naves-- ni los pagarés. Explicó que sí recibían información, pero no "desmenuzada".
Los consejos se celebraban "con el mejor espíritu positivo", afirmó, y "si se señalaban problemas, los analizábamos". En este caso no se señalaron. Sobre el desfase millonario indicó que "era importante, pero entendíamos que se incrementaba el valor de las naves y los puestos de trabajo, nunca me planteé que (el desfase) puiera venir de otra cosa", añadió. Los balances económicos que estudiaban no eran, al parecer, detallados.
Como hicieron sus predecesores el lunes, la consejera explicó que fiaban las decisiones a la información recibida, pero aclaró que la función del consejo no era fiscalizar las cuentas de sus propios técnicos, sino "aprobar las operaciones con importantes empresas para diversificar la economía aragonesa".
La consejera fue la única que no rehusó exponer su papel en el consejo ante los medios de comunicación, junto a Andrés Cuartero, exconsejero delegado de Zaragoza Alta Velocidad. Este abandonó el consejo en otoño del 2005, por lo que solo estuvo en la licitación inicial. Aclaró que el órgano recibía "información cumplida --incluso "exhaustiva" en algunos asuntos-- del consejero delegado y el gerente", pero que su responsabilidad era distinta, de carácter político, no de controlar, al uso de la gestión de las empresas públicas. "En aquellos tiempos todo era estupendo", añadió, sonriente.
El resto de los comparecientes no quisieron hacer declaraciones, aunque ante el juez reiteraron que no conocían el proyecto. El consejero de Economía, Francisco Bono (PP) --por entonces en el consejo representando a Ibercaja--, justificó el silencio público por "respeto" al proceso judicial. Alberto Larraz, exconsejero de Economía (PSOE), no dijo más allá de "gracias". Tampoco los ejecutivos de la CAI Fernando Herrando y Joaquín Torres, el de Ibercaja José Luis Rodrigo o el abogado José Manuel García.
Este explicó ante el juez que su cargo de asesor, una "figura obligatoria" por ley, se refería más bien a las ampliaciones de capital o derecho societario, pero no a este asunto.
¿Alguno de todos estos políticos y añadidos irá a la manifestación en Madrid el 22M? Así nos aseguramos que los que vayan son precisamente los que pagamos esos desmanes. HACE FALTA LIMPIEZA Y HONRADEZ.
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04
Por Chifla.: 15:02. 20.03.2014
Yo pregunto , pero como se pude ser tan ciego ytan sordo , en unos puestos de trabajo que son pagados unos sueldos de escandalo con los inpuestos de los ciudadanos . Seria muy sensato el mirar el patrimonio que se tenia cuando entraron en la politica y que presuntamnte puedan tener tras su paso o aun estacia hoy en ella . y de paso que sean mirados los patrimonios de los familiares por si presuntamente se fueron o han sido incrementados . Y PRESUNTAMENTE ES MUY JODIDO EL VER QUE PRESUNTAMENTE SENOS TOMA EL PELO A LOS QUE CUNPLIMOS CON LA LEY .
Yo pregunto , pero como se pude ser tan ciego ytan sordo , en unos puestos de trabajo que son pagados unos sueldos de escandalo con los inpuestos de los ciudadanos . Seria muy sensato el mirar el patrimonio que se tenia cuando entraron en la politica y que presuntamnte puedan tener tras su paso o aun estacia hoy en ella . y de paso que sean mirados los patrimonios de los familiares por si presuntamente se fueron o han sido incrementados . Y PRESUNTAMENTE ES MUY JODIDO EL VER QUE PRESUNTAMENTE SENOS TOMA EL PELO A LOS QUE CUNPLIMOS CON LA LEY .
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03
Por SINVERGUENZAS: 12:00. 20.03.2014
Ahora se entiende como cuando pasabas con el autobus hacia el aeropuerto paseando por cientos de naves ( casi todas vacías ) con una urbanización al estilo industrial norteamericano de los Angeles, todo era un Bluf. El interes era saquear las arcas publicas y robar. Robar que es lo que han hecho estos politicos. En una empresa privada, un gerente firma pagares sin comunicarlo al consejo de administración y le dan una patada en el culo (literalmente patada en el culo) y lo llevan al juzgado y ademas entra en la lista negra.
Ahora se entiende como cuando pasabas con el autobus hacia el aeropuerto paseando por cientos de naves ( casi todas vacías ) con una urbanización al estilo industrial norteamericano de los Angeles, todo era un Bluf. El interes era saquear las arcas publicas y robar. Robar que es lo que han hecho estos politicos. En una empresa privada, un gerente firma pagares sin comunicarlo al consejo de administración y le dan una patada en el culo (literalmente patada en el culo) y lo llevan al juzgado y ademas entra en la lista negra.
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02
Por Angel: 10:59. 20.03.2014
Lo que debería hacer la DGA, es reclamar el sueldo a toda esta tropa, puesto que no se enteraban ni hacían nada y a continuación a la cárcel todos.
Lo que debería hacer la DGA, es reclamar el sueldo a toda esta tropa, puesto que no se enteraban ni hacían nada y a continuación a la cárcel todos.
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01
Por lamari: 08:47. 20.03.2014
Las reuniones del consejo eran un cachondeo,vamos para entendernos.
Las reuniones del consejo eran un cachondeo,vamos para entendernos.
FUENTE:http://www.elperiodicodearagon.com/noticias/aragon/solo-uno-exconsejeros-dice-estar-tanto-pagares_928917.html
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MAS SOBRE ESTE TEMA DE PLAZA
Gestiones bajo sospecha
Escó y el exgerente firmaron los pagarés sin informar al consejo del día siguiente
Ni el exgerente de Plaza, Ricardo García Becerril, ni el exconsejero delegado de la compañía pública, Carlos Escó, informaron al consejo de administración de la plataforma logística en su sesión del 16 de diciembre de que la víspera habían firmado los cuatro pagarés por 8,7 millones de euros a favor de Codesport, la empresa de Agapito Iglesias, por las obras de las naves de Autocity.
Según recoge el acta de esa reunión del consejo, García Becerril asistió "por indicación del presidente" --Alfonso Vicente, consejero de Obras Públicas--, mientras que Escó lo hizo en su condición de consejero delegado de la empresa pública. Estuvieron presentes en la reunión, además de Vicente, el consejero de Economía, Alberto Larraz; el de Medio Ambiente, Alfredo Boné; la de Ciencia y Tecnología, Maite Verde; la concejala zaragozana Isabel López; los altos cargos de la DGA y sus compañías José Luis Abad y Agustín García Inda y los representantes de las cajas Francisco Bono --hoy consejero de Economía-- y José Luis Rodrigo.
En el acta de la reunión no aparece una sola referencia a los pagarés. Ni siquiera en el apartado de ruegos y preguntas, cuyo único contenido fue una referencia del presidente de Plaza a la visita que habían realizado al complejo logístico los miembros de la Comisión de Obras Públicas de las Cortes de Aragón.
FECHAS
Los pagarés fueron suscritos por Escó y García Becerril dos semanas después de que, el 1 de diciembre, Codesport presentara cuatro facturas de 879.270 euros por "modificados", de 1.775.177 y de 1.975.589 por "revisión precios" y de 2.904.567 por "sobrecostes". Sumaban 7.534.603 euros, que con un IVA del 16% se elevaban a 8.740.139.
Los cuatro pagarés sumaban esa última cifra. Uno de 1.019.953 euros vencía el 1 de junio del 2009, mientras que la fecha límite de canje de los otros tres --de 2.059.205, 2.291.683 y 3.369.297 euros-- se situaba exactamente un año más tarde.
Escó explicó en su declaración como imputado por este asunto que no se había percatado de que el último superaba la cifra de tres millones de euros, para la que inicialmente admitió carecer de autorización aunque su abogado --Juan Monclús-- sostiene que sí podía firmar por encima de esa cantidad, mancomunadamente con García Becerril, como consecuencia de una habilitación específica del consejo.
El magistrado del Juzgado de Instrucción número 5 de Zaragoza, Francisco Picazo, mantiene imputados a Escó y Becerril, a los que atribuye indiciariamente un delito de administración desleal y otro de malversación; a Iglesias, al que considera sospechoso de cooperar con ellos y señala como presunto autor de una estafa, y al exdirector técnico de Plaza, Miguel Ángel Pérez. Investiga si el sobrecoste de las obras --adjudicadas por 14 millones y liquidadas por 32 tras una modificación-- incluyó actuaciones delictivas.
SIN CERTIFICACIÓN
Las facturas contra las que fueron emitidos los pagarés, todas conformadas por García Becerril, carecen de certificaciones de obra que las sustenten documentalmente. Pérez aseguró en su declaración como imputado que no pasaron por su mesa, ya que, al estar entregadas las naves, los técnicos de Plaza no tenían nada que certificar.
El informe pericial que Plaza presentó junto con la denuncia que originó la apertura de las diligencias cifra en 7,6 millones --serían 8,7 con el IVA-- el precio pagado de más por Plaza por las naves de Autocity, aunque reduce a 6,65 millones la parte "incongruente" de esa "certificación complementaria" presentada por modificaciones, revisiones de precios y sobrecostes.
COMENTARIOS DE LOS LECTORES DE ' EL PERIODICO DE ARAGON'
Lo de la maqueta es bochornoso. ¿¿Y donde esta el que hizo esa maqueta?? ¿Y quien firmo esa certificación? ¿Sera amiguito del alma de alguno de estos? Si en estas cosas se las han llevado que no habrán hecho con lo demás. En otro país estaban políticos y empresarios en la cárcel y aquí riéndose de los tontos ciudadanos... Me gustaría saber los nombres de las empresas y empresarios que han pagado y realizado esas obras porque ellos colaboradores para que estos se repartan el botin.
No
hicieron ni maqueta...un papel impreso con cochecitos y arbolitos
encima...y más de 200.000€...papel y figuritas POR EL PRECIO DE UN
CHALET...dan asco
Por
qué no publican la información relativa a la querella contra A. Biel
presentada por el sindicato manos limpias ante el TSJA? Dicha querella
ha sido admitida
Esco
ha sido el gran amigo de algunos de los empresarios que han sido
colaboradores necesarios para conseguir jugosos contrataos. ¿Sabe este
señor algo de quien hizo el proyecto de la maqueta de Plaza que tuvo una
desviación de 117.00€ y que midel 65 metros y se certifico 140? Y donde
están esos empresarios desalmados que se enriquecieron con sus
favores??? Los veremos entre rejas también por haber quitado
oportunidades a otros empresarios honestos?? Ya esta bien de tanta
impunidad y que devuelvan el dinero con el que se construyeron sus casas
de lujo..Politicos y empresarios..
Enbargo de los patrimonios yayayaaaaaaaaaa. Por que lo que no es de justicia es ver como esta el monedero de los inpuestos que pagamos los ciudadanos . Creo que o se hace una buena linpia ahora ,por que sino sera mas de lo mismos . Y ya al mismo nivel de los paises bananeros , donde para los poderosos todo es mana y para los no ricos miseria .Por eso justicia pero de la dura .
Cerco
a la financiación del Marcelinato, acallado en los periódicos
nacionales...munición electoral de gran calibre...ooootro robo de
grandes proporciones con Acciona conectando DGA y Ayuntamiento
socialistas...al tiempo
el caso es que el nombre de Carlos Esco, me suena. Me podrian decir de quien es su mujer, que nunca lo cuentan.
¡Qué
jeta! Firman los cheques un día antes de celebrarse el consejo de
administración que debía autorizarlos, con la sana idea de que nadie se
enterara y luego alegan que no recuerdan ni saben lo que firmaron.
Claro, todos los días yo firmo pagarés de 1.660 millones de pesetas,
porque eso no significa nada...O sea cobrando unos 6.000 euros al mes,
tendría que vivir más de 130 años para poder alcanzar esa cantidad que
ellos firmaron tan alegremente.
FUENTE:http://www.elperiodicodearagon.com/noticias/aragon/esco-exgerente-firmaron-pagares-informar-consejo-dia-siguiente_928920.html
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Y MAS ,ESTA VEZ LAS CJAS DE AHORROS, 'ASI ESTA EL PANORAMA EN ARAGON '
' BUENO COMO EN TODA ESPAÑA'
LA GESTIÓN DE LAS CAJAS DE AHORRO
La abstención del PP abre la puerta a que las Cortes investiguen la CAI
Un
inesperado y repentino cambio en la postura política del PP respecto a
la conveniencia de que se cree una comisión de investigación para
analizar la gestión de Caja Inmaculada permitió ayer que esta solicitud
de la oposición pasara el filtro de la Junta de Portavoces y se debata
en el pleno de la próxima semana. Hasta ahora, los populares se habían
opuesto a su tramitación, pero las revueltas aguas en el caudal político
en las últimas semanas han propiciado que ayer se abstuvieran y, por
tanto, vencieran en la reunión los votos favorables a la toma en
consideración de esta propuesta como habían pedido PSOE, CHA e IU. El
PAR, como ya hizo con Plaza, volvió a abstenerse.
La abstención del PP sorprendió ayer en los grupos y no significa que hayan tomado una decisión sobre su voto en el pleno, que en el caso de ser contrario haría decaer la solicitud. Ayer apoyaron que se debata, pero aún no han decidido si apoyarán su creación. Consultadas varias fuentes, ayer coincidieron en que hay distintas posturas dentro del partido, pero que los reiterados reproches socialistas de los últimos días han propiciado que los populares no obstaculicen la reivindicación de la oposición. A pesar de que los populares consideran que no se desprenden responsabilidades políticas de la gestión de la caja.
CRÍTICAS
"El señor Lambán lleva días asegurando que en la CAI se han cometido innumerables tropelías y acusando al PP de tapar graves escándalos. Si tiene información que no tenemos, es irresponsable por no acudir a Fiscalía y denunciar estos hechos. Si lo dice sin pruebas y solo por esparcir porquería, también demuestra que es un irresponsable", indicó el portavoz del PP, Antonio Torres, quien añadió que "el PP no tiene absolutamente nada que ocultar".
Este fue uno de los argumentos de Torres para defender el cambio en la postura del PP para al menos no vetar el debate. No es el único grupo que ha cambiado de opinión al respecto, ya que el PAR en su día también se opuso y ahora se ha abstenido, manteniendo la misma postura que ya tuvo con el debate de la comisión de investigación de Plaza. El PAR justifica su abstención en que no es partidario de debatir cuestiones subiudice y sobre asuntos estratégicos de Aragón.
IU fue el partido impulsor de la comisión de investigación con una proposición no de ley que posteriormente concluyó con una petición conjunta de esta formación con el PSOE y CHA, partidarios también de debatir en las Cortes. Está por ver si el PP mantiene su abstención y se crea la segunda comisión de investigación en menos de un mes, después de una década sin celebrarse ninguna.
La abstención del PP sorprendió ayer en los grupos y no significa que hayan tomado una decisión sobre su voto en el pleno, que en el caso de ser contrario haría decaer la solicitud. Ayer apoyaron que se debata, pero aún no han decidido si apoyarán su creación. Consultadas varias fuentes, ayer coincidieron en que hay distintas posturas dentro del partido, pero que los reiterados reproches socialistas de los últimos días han propiciado que los populares no obstaculicen la reivindicación de la oposición. A pesar de que los populares consideran que no se desprenden responsabilidades políticas de la gestión de la caja.
CRÍTICAS
"El señor Lambán lleva días asegurando que en la CAI se han cometido innumerables tropelías y acusando al PP de tapar graves escándalos. Si tiene información que no tenemos, es irresponsable por no acudir a Fiscalía y denunciar estos hechos. Si lo dice sin pruebas y solo por esparcir porquería, también demuestra que es un irresponsable", indicó el portavoz del PP, Antonio Torres, quien añadió que "el PP no tiene absolutamente nada que ocultar".
Este fue uno de los argumentos de Torres para defender el cambio en la postura del PP para al menos no vetar el debate. No es el único grupo que ha cambiado de opinión al respecto, ya que el PAR en su día también se opuso y ahora se ha abstenido, manteniendo la misma postura que ya tuvo con el debate de la comisión de investigación de Plaza. El PAR justifica su abstención en que no es partidario de debatir cuestiones subiudice y sobre asuntos estratégicos de Aragón.
IU fue el partido impulsor de la comisión de investigación con una proposición no de ley que posteriormente concluyó con una petición conjunta de esta formación con el PSOE y CHA, partidarios también de debatir en las Cortes. Está por ver si el PP mantiene su abstención y se crea la segunda comisión de investigación en menos de un mes, después de una década sin celebrarse ninguna.
FUENTE:http://www.elperiodicodearagon.com/noticias/temadia/abstencion-pp-abre-puerta-cortes-investiguen-cai_928940.html
COMENTARIOS DE LOS LECTORES DE 'EL PERIODICO DE ARAGON'
Lo que parece que ésta claro, al hilo de los comentarios de varios ex-empleados de CAI, es que "lío" había, y ahora quiere descubrir quién lo montó. Pero ese "lío" que todos tienen ahora tan claro, bien que los ocultaron cuando se negoció el SIP CAJA3. Endilgándoles todas sus mierdas a Caja Badajoz, con el beneplácito y colaboración del Banco de España.
Vaya
engaño : Las Cajas convertidas en Bancos.Todavía siguen allí los
políticos.Un Banco tiene acciones y en la Asamblea están los que han
comprado y pagado sus acciones.Pero los políticos no han soltado un
céntimo y siguen allí.Hay que derogar la LORCA y si las Cajas quieren
ser BANCOS,que emitan acciones.No hay partidos en las Asambleas de los
Bancos,porque no han puesto dinero der su bolsillo.Y no me vale que
salga dinero del Estado o las Autonomías para que sigan en el sillón y
chupando de la vaca.¡ Políticos y partidos:FUERA DE LAS CAJAS ¡,¡sois
los culpables de su desastre¡
Espero
que los integrantes de la comisión de investigación no sean tan
ignorantes como los políticos que integraron el Consejo de la CAI, en
representación de la DGA, ayuntamientos, etc. O los políticos del
consejo de Plaza (que hubo de parte de la DGA, y el ayuntamiento de
Zaragoza)que tampoco se enteraron de nada. ¿Saben interpretar un
balance?
¿Saben distinguir un débito de una existencia en caja?
¿Crean la comisión para cobrar dietas "ad hoc"? Einnn..
Esto
es un paripé.Todos los partidos estaban en la Asamblea y Consejo de la
CAI.Que asuman sus responsabilidades.Que también ellos chupaban de la
vaca.El tema que lo investigue la Guardia Civil y lo sustancien los
jueces.
No
hay que desgañitarse, que en el tema CAI, han metido la mano,
politicos, empresas provadas, Sindicatos, etc. no lo duda nadie ahora
bien el que tenga datos que los lleve al JUZGADO, es la unica manera de "
a lo mejor" los que llevaron a la ruina a la Caja, asuman sus acciones.
Las
caras que salen en el momento de hacer la foto ,es para ser mirada
anpliada y con detenimiento. Yo solo quiero ver que por fin el que
presuntamente la hace lo paga . Me da lo mismos quien quiera que sean
los presuntos .
La
investigación es sencilla :
1.- Listado de prejubilados en el ERE del 2010-2011.
2.- Contrato de Carrasco ----( Sería la bomba)
3.- Comunicación de 2011 (con la Caja ya seriamente dañada) de RRHH q
dice que los directivos CAI pueden cobrar dietas de consejos
contraviniendo estatutos de la Caja (500.000 € en 2011).
Así
que el inicio de todo es la llegada de Carrasco? Qué poca vergüenza
decir eso. Pero también muy poco recorrido. Cualquier sencilla
investigación permitirá comprobar que las inversiones y riesgos
concedidos que, por ruinosas, se han comido los fondos propios de CAI,
tienen fecha de concesión y aprobación anterior a la llegada de
Carrasco. Es muy fácil de comprobar.
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Y MAS CORRUPCION POR SI LES PARECE POCA, EN ESTE CASO EL FAMOSO PLAN E,EL PLAN DE ZAPATERO DE ARREGLAR ACERAS
El alcalde de Ourense endosó al Plan E aceras de su casa que debía pagar él
Agustín Fernández votó a favor de la obra en la Junta de Gobierno local
El PP ha denunciado los hechos ante la Fiscalía
Al alcalde socialista de Ourense se le ha atragantado la acera que
pisa todas las mañanas. El Ayuntamiento pagó en 2009 con dinero del Plan
E la urbanización de la vivienda de Agustín Fernández que debía haber
sufragado él. El regidor había depositado años atrás un aval bancario de
10.600 euros porque la licencia concedida a su casa quedó condicionada a
la ejecución de la acera, ya que la parcela no reunía la condición de
solar.
Pero la junta de gobierno local del 5 de marzo de 2009 aprobó, con el voto de Fernández incluido, la “mejora de aceras, calzada y servicios en la calle Clara Corral Aller”, la del regidor, por 227.000 euros. Fernández era entonces concejal de Hacienda. Dos meses después de finalizar la obra, una junta de gobierno en la que el ahora alcalde sí se abstuvo ordenó la devolución del aval basándose en dos informes, uno de ellos elaborado por Bienvenido Rodríguez, un técnico municipal que es miembro de la ejecutiva local del PSdeG.
El PP considera lo sucedido un escándalo. Por eso ayer por la mañana presentó una denuncia ante la fiscalía por supuesta malversación de caudales públicos, tráfico de influencias y prevaricación. Los populares exigen su dimisión inmediata y apuntan judicialmente con algo que consideran clave: la presencia del alcalde en la junta de gobierno que aprobó una obra que afectaba a su propia vivienda.
El portavoz popular, Rosendo Fernández, considera esta actitud “poco ejemplarizante” porque consiguió “un bingo en toda regla” con “un técnico que le hacía informes a medida”. Y al alcalde respondió acusando a los conservadores de practicar terrorismo político. Fernández proclamó que la denuncia del PP “es terrorismo político que utiliza un asunto personal para aniquilar a las personas” y explicó que no urbanizó la casa porque “técnicamente era imposible ya que había un proyecto inejecutable” debido a cambios en las alineaciones introducidos por el último plan de urbanismo. El alcalde anunció visiblemente enfadado que ejercitará las acciones legales que considere oportunas y aclaró que el Ayuntamiento también devolvió avales a otros vecinos en situaciones similares.
Las obras, que fueron adjudicadas a través de un procedimiento negociado sin publicidad, fueron presupuestadas inicialmente en 197.000 euros más IVA, lo que elevó el total a 227.000 euros. Posteriormente a la adjudicación definitiva, el gobierno local del PSOE aprobó “mejoras” y el gasto final en la calle en la que está la casa del alcalde ascendió a los 263.000 euros. Si el coste sin impuestos aprobado en la adjudicación hubiese superado los 200.000 euros, el Ayuntamiento de Ourense no podría haber formalizado una adjudicación de las obras sin publicidad.
Asimismo Fernández matizó su actuación en las votaciones municipales:
“Si me tengo que abstener en la Junta de Gobierno que aprobó la
urbanización de mi calle, tengo que abstenerme en todo, incluso con el
PXOM o la recogida de basura. Y si me abstuve en la devolución del aval
fue porque en ese caso sí tenía un interés particular”. El alcalde
preguntó a los periodistas: “¿Por qué tendría que abstenerme en la
aprobación de la urbanización con fondos públicos de una calle en la que
vivimos más de 20 vecinos?”. Pero el PP no es el único que ha puesto el
foco sobre el alcalde. Según ha podido comprobar este diario, el
interventor municipal ultima un informe con el que pretende reclamar al
regidor el reintegro de 28.000 euros, tras la valoración proporcional
del coste de las obras de urbanización que fueron financiadas a través
del Fondo Estatal de Inversión Local. Por eso, el pasado 12 de marzo la
Intervención solicitó un informe a la Concejalía de Urbanismo. Su
titular, Áurea Soto, respondió “felicitándole” por el “interés mostrado”
y anunciándole que “estudiará la imposición de contribuciones
especiales a todos los vecinos”. La concejal del gobierno de Fernández
también reclama al alto funcionario que explique por qué solo se ha
interesado por la devolución de avales en la zona donde reside el
alcalde.
La obra de urbanización de su propia calle no es la primera que ocasiona problemas al alcalde ourensano. Todos los concejales de la junta de gobierno de 2008 están imputados por presunta prevaricación por adjudicar a dedo y sin publicidad la reforma de una calle por 600.000 euros, a una empresa de la que es directivo un miembro de la ejecutiva local del PSdeG que a su vez ocupó el puesto 14 en las lista socialista de las últimas elecciones municipales. El juez que investiga este caso indaga también en la reurbanización de una plaza que aprobó en aquella misma sesión la junta de gobierno de Ourense siguiendo idéntico procedimiento.
"Esto es terrorismo político utilizando un asunto personal del alcalde para aniquilar a este gobierno municipal", ha asegurado Agustín Fernández visiblemente enfadado. "Cuando no hay argumentos políticos se hurga en la vida personal", insistió. "Si no urbanicé el entorno de mi casa fue porque técnicamente era imposible", aclaró en una rueda de prensa en la que también explicó que vive en una calle con más vecinos urbanizada por el Ayuntamiento por lo que ningún vecino pagó esos gastos. "O pagamos todos o nadie", aclaró.
Según la documentación entregada a la fiscalía por los populares, el alcalde no se abstuvo en la votación de la Junta de Gobierno que aprobó la obra de urbanización. Sí se abstuvo en la votación en la que esa misma junta acordó devolverle el aval bancario depositado para garantizar la obra. Fernández ha matizado su actuación en estas votaciones: "Si me tengo que abstener en la Junta de Gobierno que aprobó la urbanización de mi calle, tengo que abstenerme en todo, incluso con el PGOM o la recogida de basura. Y si me abstuve en la devolución del aval fue porque en ese caso sí tenía un interés particular".
El alcalde ourensano aseguró que estamos ante un simple asunto administrativo. "La calle daba pena a pesar de que es el centro de la ciudad", aseveró en varias ocasiones. También ha anunciado que ejercitará las medidas legales que considere oportunas. Por su parte, la edil de Urbanismo, Áurea Soto, explicó que "en ninguna obra cargamos a los propietarios estos costes". Por eso ha remitido un escrito al interventor en el que “felicita” al alto funcionario por el “interés mostrado aunque tardío” y en el que le anuncia que su concejalía “estudiará la imposición de contribuciones especiales para todos los vecinos de Ourense”, tal y como reclama la intervención al alcalde en lo que considera “una iniciativa novedosa”. La edil también se ha preguntado: "¿Quería el PP que tuviésemos un tratamiento distinto con el alcalde con respecto al resto de vecinos?".
Pero la junta de gobierno local del 5 de marzo de 2009 aprobó, con el voto de Fernández incluido, la “mejora de aceras, calzada y servicios en la calle Clara Corral Aller”, la del regidor, por 227.000 euros. Fernández era entonces concejal de Hacienda. Dos meses después de finalizar la obra, una junta de gobierno en la que el ahora alcalde sí se abstuvo ordenó la devolución del aval basándose en dos informes, uno de ellos elaborado por Bienvenido Rodríguez, un técnico municipal que es miembro de la ejecutiva local del PSdeG.
El PP considera lo sucedido un escándalo. Por eso ayer por la mañana presentó una denuncia ante la fiscalía por supuesta malversación de caudales públicos, tráfico de influencias y prevaricación. Los populares exigen su dimisión inmediata y apuntan judicialmente con algo que consideran clave: la presencia del alcalde en la junta de gobierno que aprobó una obra que afectaba a su propia vivienda.
El portavoz popular, Rosendo Fernández, considera esta actitud “poco ejemplarizante” porque consiguió “un bingo en toda regla” con “un técnico que le hacía informes a medida”. Y al alcalde respondió acusando a los conservadores de practicar terrorismo político. Fernández proclamó que la denuncia del PP “es terrorismo político que utiliza un asunto personal para aniquilar a las personas” y explicó que no urbanizó la casa porque “técnicamente era imposible ya que había un proyecto inejecutable” debido a cambios en las alineaciones introducidos por el último plan de urbanismo. El alcalde anunció visiblemente enfadado que ejercitará las acciones legales que considere oportunas y aclaró que el Ayuntamiento también devolvió avales a otros vecinos en situaciones similares.
Obra con irregularidades
La reforma de la calle del alcalde socialista de Ourense denunciada por el Partido Popular ante la fiscalía no fue regular para el Gobierno central. Y por eso el Ejecutivo reclamó la devolución de dinero allí invertido. En 2012, la Administración central solicitó al Ayuntamiento ourensano la devolución de 30.100 euros empleados en este proyecto “por haber incluido gastos no subvencionables”. El proyecto financiado con el Plan E incluyó la renovación de las aceras, el asfalto y los servicios generales.Las obras, que fueron adjudicadas a través de un procedimiento negociado sin publicidad, fueron presupuestadas inicialmente en 197.000 euros más IVA, lo que elevó el total a 227.000 euros. Posteriormente a la adjudicación definitiva, el gobierno local del PSOE aprobó “mejoras” y el gasto final en la calle en la que está la casa del alcalde ascendió a los 263.000 euros. Si el coste sin impuestos aprobado en la adjudicación hubiese superado los 200.000 euros, el Ayuntamiento de Ourense no podría haber formalizado una adjudicación de las obras sin publicidad.
La obra de urbanización de su propia calle no es la primera que ocasiona problemas al alcalde ourensano. Todos los concejales de la junta de gobierno de 2008 están imputados por presunta prevaricación por adjudicar a dedo y sin publicidad la reforma de una calle por 600.000 euros, a una empresa de la que es directivo un miembro de la ejecutiva local del PSdeG que a su vez ocupó el puesto 14 en las lista socialista de las últimas elecciones municipales. El juez que investiga este caso indaga también en la reurbanización de una plaza que aprobó en aquella misma sesión la junta de gobierno de Ourense siguiendo idéntico procedimiento.
El alcalde denuncia “terrorismo político”
No hay nada penal y es todo una mentira. El alcalde socialista de Ourense se defiende tras hacerse público que el Ayuntamiento construyó en 2009 (entonces era edil de Hacienda) las aceras de su vivienda unifamiliar con dinero del Plan E, a pesar de que el regidor había depositado un aval bancario para ejecutar esa obra, aval que le fue devuelto tras aprobarlo la Junta de Gobierno. El PP ha denunciado el asunto en la fiscalía esta mañana y el interventor municipal reclamará al regidor del PSdeG-PSOE 29.000 euros por las obras pagadas con fondos públicos."Esto es terrorismo político utilizando un asunto personal del alcalde para aniquilar a este gobierno municipal", ha asegurado Agustín Fernández visiblemente enfadado. "Cuando no hay argumentos políticos se hurga en la vida personal", insistió. "Si no urbanicé el entorno de mi casa fue porque técnicamente era imposible", aclaró en una rueda de prensa en la que también explicó que vive en una calle con más vecinos urbanizada por el Ayuntamiento por lo que ningún vecino pagó esos gastos. "O pagamos todos o nadie", aclaró.
Según la documentación entregada a la fiscalía por los populares, el alcalde no se abstuvo en la votación de la Junta de Gobierno que aprobó la obra de urbanización. Sí se abstuvo en la votación en la que esa misma junta acordó devolverle el aval bancario depositado para garantizar la obra. Fernández ha matizado su actuación en estas votaciones: "Si me tengo que abstener en la Junta de Gobierno que aprobó la urbanización de mi calle, tengo que abstenerme en todo, incluso con el PGOM o la recogida de basura. Y si me abstuve en la devolución del aval fue porque en ese caso sí tenía un interés particular".
El alcalde ourensano aseguró que estamos ante un simple asunto administrativo. "La calle daba pena a pesar de que es el centro de la ciudad", aseveró en varias ocasiones. También ha anunciado que ejercitará las medidas legales que considere oportunas. Por su parte, la edil de Urbanismo, Áurea Soto, explicó que "en ninguna obra cargamos a los propietarios estos costes". Por eso ha remitido un escrito al interventor en el que “felicita” al alto funcionario por el “interés mostrado aunque tardío” y en el que le anuncia que su concejalía “estudiará la imposición de contribuciones especiales para todos los vecinos de Ourense”, tal y como reclama la intervención al alcalde en lo que considera “una iniciativa novedosa”. La edil también se ha preguntado: "¿Quería el PP que tuviésemos un tratamiento distinto con el alcalde con respecto al resto de vecinos?".
FUENTE:http://ccaa.elpais.com/ccaa/2014/03/20/galicia/1395307513_761005.html
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