El jefe de la policía de Sabadell retiraba multas a familiares de Bustos
El responsable de la policía local de Sabadell (Barcelona), imputado
por el juez que dirige la operación Mercurio contra una supuesta trama
de corrupción urbanística, está acusado de retirar multas a familiares y amigos del alcalde, Manuel Bustos, han informado fuentes cercanas al caso.
Según las mismas fuentes, el jefe de la policía local vallesana, José Miguel D.M., que entre los años 2000 y 2007 ejerció como responsable de la policía de Reus (Tarragona), era una de las personas que el alcalde Bustos utilizaba supuestamente para hacer favores a gente de su entorno.
De lo investigado hasta el momento, según las mismas fuentes, se desprende que Bustos, que ha dimitido de sus cargos en el PSC pero no de alcalde, no estaría directamente vinculado con el cobro de comisiones a cambio de adjudicaciones, sino que, al parecer, aprovechaba su control en el ayuntamiento para obtener favores para sus familiares y amigos.
Uno de estos posibles favores que investiga el juez es el del fichaje de una exalto cargo de la conselleria de Política Territorial durante el tripartito, Carmina Llumà, que fue contratada por la alcaldesa de Montcada i Reixac (Barcelona), María Elena Pérez (PSC), como arquitecta municipal.
A través del marido de Llumà, que trabajaba en el Ayuntamiento de Sabadell, Bustos supo que la exalto cargo ya no estaba en el gobierno catalán, por lo que, según estas investigaciones, le pidió al por entonces secretario de organización del PSC, Daniel Fernández, que llamara a la alcaldesa de Montcada para sugerirle que la contratara.
De hecho, indican las mismas fuentes, la única vinculación de Fernández con la trama es la supuesta llamada que le hizo a la alcaldesa para sugerirle el fichaje de Llumà, lo que María Elena Pérez acabó haciendo tras despedir al arquitecto municipal y convocar un concurso público.
Fernández, que es aforado al ser diputado en el Congreso, está ahora pendiente de que el juez de instrucción envíe su caso al Tribunal Supremo o al Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) -en el caso de que ya haya recogido el acta de diputado en el Parlament-, para resolver si se le imputa por tráfico de influencias, si entendiera que incurrió en un abuso de posición dentro del partido para colocar a Carmina Llumà.
La investigación judicial contra la supuesta trama corrupta con epicentro en el Ayuntamiento de Sabadell, que se sustenta en las escuchas telefónicas a los principales implicados, se centra ahora en el análisis de los expedientes intervenidos en los registros policiales en dependencias municipales de Sabadell y en sedes de empresas constructoras.
El objetivo de los investigadores es analizar los expedientes sobre los proyectos que aparecen en las conversaciones telefónicas intervenidas, para determinar si hubo alguna irregularidad en los procesos de adjudicación y de concesión.
De entrada, según las mismas fuentes consultadas por Efe, los procesos de adjudicación y los concursos investigados tienen una apariencia formal de legalidad, por lo que las escuchas resultan claves para dilucidar si hubo o no tráfico de influencias o cohecho.
El juez empezará a interrogar mañana en Sabadell a los doce detenidos en la operación policial, entre ellos el exconcejal del PP Jordi Soriano -que fue expulsado del partido hace meses-, que al parecer jugaba un papel clave en el entramado corrupto.
Para el sábado está previsto que se inicie la comparecencia judicial de los imputados, empezando por el alcalde de Sabadell, Manuel Bustos, que hoy, en un comunicado, ha insistido en su inocencia y ha garantizado que el consistorio continúa trabajando con normalidad y cumpliendo "con los procedimientos legales establecidos".
Entre los imputados figuran también el concejal de espacio público de Sabadell, Francisco Bustos -hermano del alcalde-; Montserrat C. -asesora de la alcaldía y esposa del alcalde-; el concejal de Urbanismo, Joan Manau; el responsable de Sostenibilidad, Ricard Estrada, así como empresarios del sector de la construcción, y el exconcejal de Urbanismo del Ayuntamiento de Sant Andreu de Llavaneres (Barcelona) Antonio Jiménez, que ya fue imputado en el "caso Pretoria"
FUENTE:.http://www.elmundo.es/elmundo/2012/11/29/barcelona/1354212036.html
Según las mismas fuentes, el jefe de la policía local vallesana, José Miguel D.M., que entre los años 2000 y 2007 ejerció como responsable de la policía de Reus (Tarragona), era una de las personas que el alcalde Bustos utilizaba supuestamente para hacer favores a gente de su entorno.
De lo investigado hasta el momento, según las mismas fuentes, se desprende que Bustos, que ha dimitido de sus cargos en el PSC pero no de alcalde, no estaría directamente vinculado con el cobro de comisiones a cambio de adjudicaciones, sino que, al parecer, aprovechaba su control en el ayuntamiento para obtener favores para sus familiares y amigos.
Uno de estos posibles favores que investiga el juez es el del fichaje de una exalto cargo de la conselleria de Política Territorial durante el tripartito, Carmina Llumà, que fue contratada por la alcaldesa de Montcada i Reixac (Barcelona), María Elena Pérez (PSC), como arquitecta municipal.
A través del marido de Llumà, que trabajaba en el Ayuntamiento de Sabadell, Bustos supo que la exalto cargo ya no estaba en el gobierno catalán, por lo que, según estas investigaciones, le pidió al por entonces secretario de organización del PSC, Daniel Fernández, que llamara a la alcaldesa de Montcada para sugerirle que la contratara.
De hecho, indican las mismas fuentes, la única vinculación de Fernández con la trama es la supuesta llamada que le hizo a la alcaldesa para sugerirle el fichaje de Llumà, lo que María Elena Pérez acabó haciendo tras despedir al arquitecto municipal y convocar un concurso público.
Fernández, que es aforado al ser diputado en el Congreso, está ahora pendiente de que el juez de instrucción envíe su caso al Tribunal Supremo o al Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) -en el caso de que ya haya recogido el acta de diputado en el Parlament-, para resolver si se le imputa por tráfico de influencias, si entendiera que incurrió en un abuso de posición dentro del partido para colocar a Carmina Llumà.
La investigación judicial contra la supuesta trama corrupta con epicentro en el Ayuntamiento de Sabadell, que se sustenta en las escuchas telefónicas a los principales implicados, se centra ahora en el análisis de los expedientes intervenidos en los registros policiales en dependencias municipales de Sabadell y en sedes de empresas constructoras.
El objetivo de los investigadores es analizar los expedientes sobre los proyectos que aparecen en las conversaciones telefónicas intervenidas, para determinar si hubo alguna irregularidad en los procesos de adjudicación y de concesión.
De entrada, según las mismas fuentes consultadas por Efe, los procesos de adjudicación y los concursos investigados tienen una apariencia formal de legalidad, por lo que las escuchas resultan claves para dilucidar si hubo o no tráfico de influencias o cohecho.
El juez empezará a interrogar mañana en Sabadell a los doce detenidos en la operación policial, entre ellos el exconcejal del PP Jordi Soriano -que fue expulsado del partido hace meses-, que al parecer jugaba un papel clave en el entramado corrupto.
Para el sábado está previsto que se inicie la comparecencia judicial de los imputados, empezando por el alcalde de Sabadell, Manuel Bustos, que hoy, en un comunicado, ha insistido en su inocencia y ha garantizado que el consistorio continúa trabajando con normalidad y cumpliendo "con los procedimientos legales establecidos".
Entre los imputados figuran también el concejal de espacio público de Sabadell, Francisco Bustos -hermano del alcalde-; Montserrat C. -asesora de la alcaldía y esposa del alcalde-; el concejal de Urbanismo, Joan Manau; el responsable de Sostenibilidad, Ricard Estrada, así como empresarios del sector de la construcción, y el exconcejal de Urbanismo del Ayuntamiento de Sant Andreu de Llavaneres (Barcelona) Antonio Jiménez, que ya fue imputado en el "caso Pretoria"
FUENTE:.http://www.elmundo.es/elmundo/2012/11/29/barcelona/1354212036.html
- Imagino que quitar multas a FAMILIARES y
AMIGUITOS de CONCEJALES y ALCALDES será lo más normal en los EXCMOS
AYUNTAMIENTO de SPAIN.
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Valorado como el 2º mejor
Y a la infanta quien la interroga?
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Valorado como el 3º mejor !Supuesta trama de corrupción urbanística... y quitaba multas! ..... si es que debe dar gusto.... y se ansían. Furtapollastres.
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Valorado como el 4º mejor @oteador1 Vaya hombre, ahora resulta que Catalunya es Spain, en que quedamos?
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Valorado como el 5º mejor En este país el cargo publico que no roba es porque no puede, desde el Rey hasta el ultimo de la fila.
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Valorado como el 6º mejor
OTRA CAGADA MAS DE LOS POLITICOS Y
VAN........................................... PUÑETEROS SINVERGUENZAS ,
CUANDO SE DEMUESTRE , SI SE DEMUESTRA ALGO, ALGUNO IRA A LA CARCEL DE
UNA SANTISIMA VEZ ????????????????????, PERO SIN SEGUIR COBRANDO CLARO.
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Valorado como el 7º mejor
En mi pueblo, ciudad de 20.000 habitantes, directamente no se las ponen...
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El sistema de depredación que sobre el ciudadano ha
impuesto el Estado no afecta a sus enchufados ( ni multas, ni impuestos
ni leyes ) en cambio una multa a un parado, pensionista o mileurista le
hunde un trimestre y no digamos una inspección de hacienda o un
deshaucio. Se mire por donde se mire la calidad de la democracia en
España deja mucho que desear. Este es solo un ejemplo más ( mafia, eres,
paraisos fiscales, caso Sabadell, Bankia, despilfarro de las
administraciones ) y lo peor de todo es la total impunidad con que lo
hacen, ésto es lo que más duele.
- Pues muy mal. Lo suyo no es quitárselas, lo suyo es saberse las matrículas y no ponérselas. Tan mal vamos que hasta la corrupción es cutre.
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