El BOE publica las polémicas nuevas tasas judiciales de Gallardón
La Abogacía alerta de la imposibilidad de pagarlas al no publicarse el correspondiente impreso
El Boletín Oficial del Estado (BOE) publica hoy la ley en la que se aprueban las tasas judiciales,
que quedan situadas entre los 100 y los 1.200 euros, para poder
recurrir una resolución en los tribunales. La Ley 10/2012, de 20 de
noviembre, por la que se regulan determinadas tasas en el ámbito de la
Administración de Justicia y del Instituto Nacional de Toxicología y
Ciencias Forenses entrará en vigor mañana. Estas suponen la
obligatoriedad del pago de hasta 1.200 euros por recursos de casación
tanto en el ámbito civil como en el administrativo y para todos los
ciudadanos, no solo para las grandes empresas, como ocurría hasta ahora.
Sin embargo, tal como está advirtiendo el Consejo General de la Abogacía a sus asociados, mañana no se podrá hacer efectivo el pago de la nueva norma ya que el ministerio no ha publicado el impreso oficial con el que se debe realizar el ingreso previo a la presentación de los trámites judiciales.
El preámbulo de la norma publicada hoy señala que "subsisten desajustes que justifican la adopción de una nueva normativa que permita profundizar en determinados aspectos". Y añade que la norma "pone todo el cuidado" en que la regulación de tasas judiciales en los órdenes civil, contencioso-administrativo y social "no afecte al derecho a acceder a la justicia", tal como señala el preámbulo.
La diferencia básica de la nueva ley de tasas es que retira las exenciones que antes tenían las personas físicas en los ámbitos civil y contencioso, para las que las tasas son una novedad. Hasta ahora solo eran de aplicación para las empresas con ingresos superiores a los ocho millones de euros, para las que ahora ha habido un incremento. Ahora se aplicará a todos, excepto a los beneficiarios de justicia gratuita (turno de oficio). Además, es la primera vez que se imponen precios en la jurisdicción social.
El Ministerio de Justicia, que encabeza Alberto Ruiz-Gallardón, ha justificado la medida alegando un intento de paliar la saturación de los juzgados, además de contar con unos mayores recursos para mejorar la financiación del sistema judicial y, en particular, de la asistencia jurídica gratuita.
Sin embargo, ha logrado poner de acuerdo a jueces y abogados, además de a usuarios, de los que ha recibido numerosas críticas, ya que consideran que, a partir de su aplicación, la justicia no será igual para los ricos que para los pobres. Las nuevas tasas se han interpretado también como un copago judicial.
Jueces para la Democracia, la Unión Progresista de Fiscales y el Sindicato de Secretarios Judiciales firmaron un manifiesto conjunto en el que exigían la retirada de la ley por la defensa del servicio público. El presidente del Consejo General de la Abogacía Española, Carlos Carnicer, se reunió ayer con representantes de la Comisión Interasociativa de Jueces y Fiscales, entidad integrada por las principales asociaciones de magistrados y fiscales, para aunar esfuerzos con el fin de que se declare la inconstitucionalidad de la Ley de Tasas Judiciales, después de que la portavoz del PSOE, Soraya Rodríguez, anunciara que llevarán la norma al Constitucional, ya que consideran que vulnera la igualdad de los españoles y el acceso al derecho de tutela efectiva.
Las prisas del Gobierno por aprobar la norma toparon además con el plante de toda la oposición, que exigía más calma para estudiar bien las medidas.
Sin embargo, tal como está advirtiendo el Consejo General de la Abogacía a sus asociados, mañana no se podrá hacer efectivo el pago de la nueva norma ya que el ministerio no ha publicado el impreso oficial con el que se debe realizar el ingreso previo a la presentación de los trámites judiciales.
El preámbulo de la norma publicada hoy señala que "subsisten desajustes que justifican la adopción de una nueva normativa que permita profundizar en determinados aspectos". Y añade que la norma "pone todo el cuidado" en que la regulación de tasas judiciales en los órdenes civil, contencioso-administrativo y social "no afecte al derecho a acceder a la justicia", tal como señala el preámbulo.
La diferencia básica de la nueva ley de tasas es que retira las exenciones que antes tenían las personas físicas en los ámbitos civil y contencioso, para las que las tasas son una novedad. Hasta ahora solo eran de aplicación para las empresas con ingresos superiores a los ocho millones de euros, para las que ahora ha habido un incremento. Ahora se aplicará a todos, excepto a los beneficiarios de justicia gratuita (turno de oficio). Además, es la primera vez que se imponen precios en la jurisdicción social.
El Ministerio de Justicia, que encabeza Alberto Ruiz-Gallardón, ha justificado la medida alegando un intento de paliar la saturación de los juzgados, además de contar con unos mayores recursos para mejorar la financiación del sistema judicial y, en particular, de la asistencia jurídica gratuita.
Sin embargo, ha logrado poner de acuerdo a jueces y abogados, además de a usuarios, de los que ha recibido numerosas críticas, ya que consideran que, a partir de su aplicación, la justicia no será igual para los ricos que para los pobres. Las nuevas tasas se han interpretado también como un copago judicial.
Jueces para la Democracia, la Unión Progresista de Fiscales y el Sindicato de Secretarios Judiciales firmaron un manifiesto conjunto en el que exigían la retirada de la ley por la defensa del servicio público. El presidente del Consejo General de la Abogacía Española, Carlos Carnicer, se reunió ayer con representantes de la Comisión Interasociativa de Jueces y Fiscales, entidad integrada por las principales asociaciones de magistrados y fiscales, para aunar esfuerzos con el fin de que se declare la inconstitucionalidad de la Ley de Tasas Judiciales, después de que la portavoz del PSOE, Soraya Rodríguez, anunciara que llevarán la norma al Constitucional, ya que consideran que vulnera la igualdad de los españoles y el acceso al derecho de tutela efectiva.
Las prisas del Gobierno por aprobar la norma toparon además con el plante de toda la oposición, que exigía más calma para estudiar bien las medidas.
Comparativa con anteriores tasas
CIVIL
Verbal y cambiario: De 90 a 150 euros
Ordinario: De 150 a 300 euros
Monitorio y demanda incidental en el proceso concursal: De 50 a 100 euros
Ejecución extrajudicial. De 150 a 200 euros
Concurso necesario: De 150 a 200 euros
Apelación: De 300 a 800 euros
Casación y de Infracción procesal: De 600 a 1.200 euros
CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
Abreviado: De 120 a 200 euros
Ordinario: De 210 a 350 euros
Apelación: De 300 a 800 euros
Casación: de 600 a 1.200 euros
SOCIAL
Suplicación: De 0 a 500 euros
Casación: De 0 a 750 euros
* La variación se aplicará a las grandes empresas. Hasta ahora, las personas físicas estaban exentas del pago de estas tasas.
FUENTE: http://politica.elpais.com/politica/2012/11/21/actualidad/1353487663_433888.html
COMENTARIOS DE LA NOTICIA EN " EL PAIS "
FUENTE: http://politica.elpais.com/politica/2012/11/21/actualidad/1353487663_433888.html
COMENTARIOS DE LA NOTICIA EN " EL PAIS "
Qué bien, señor Gallardón. Esto es lo que se llama democratización del acceso a la Justicia, ¿verdad?
Este hijo indeseado, aparte de chapucero, está aplicando su slogan
electoral "PENSANDO EN TI", utilizando la democracia en su máxima
expresión, es decir, hago lo que me sale de los c.......... y cumpliendo
al pié de la letra todas las promesas electorales del PP: NO SUBIREMOS
LOS IMPUESTOS NI TASAS NI..................
Es evidente que existen intereses ne-farios para que el pobre no tenga acceso a la ley. Lo siento por España!
Es una pena que esto ocurra en pleno siglo XXI, cuando la justicia debe
de estar al alcance de todos y principalmente del pobre!
El Gobierno de Rajoy sigue cerrando el círculo. Sólo accederán a la
educación y la sanidad privadas los ricos y ahora sólo ellos podrán
recurrir decisiones judiciales. Adiós a la clase media; sólo ricos y
pobres. http://cort.as/1jRW
Menudo ladrón que es Gallardón. http://www.towmin.com
tal cual, y eso se llama DEMAGOGIA CLIENTELAR. Sabes que?, y es un
atenuante para españa, EL PROBLEMA ES MUNDIAL. Vivo, por razones que no
vienen al caso en más de 1 pais, y es TAL CUAL. Sospecho que el
"supuesto" sistema "democrático" tal cual está...será insostenible en
algún tiempo. Es que la verdadera y genuina democracia que los
ciudadanos de a pie queremos, se ha esfumado.
hoy se ha iniciado la epoca en que por menos de 3000 euros no va a ir a
los juzgados ni dios. animo a que nadie pague deudas pequeñas porque
las posibilidades de acudir a la justicia son pequeñas. gallardon a
abierto una puerta a la pequeña perrería increible.
Y tú piensas que "el facha del Gallardón", no ha pensado esto que
comentas? y que como buen facha, se la va a refanfinflar y por eso lo
hace? Son así de chulos, están hechos de una pasta especial.
La de luchas y muertes que han transcurrido para al final
llegar a esto, ahora sólo podrá ser diputado quien tenga
posibles, la sanidad hay que pagarla, la enseñanza también y
si te roban la cartera tener que pagar para reclamar que
te han robado. Insumisión fiscal ¿Para qué pagar impuestos?
Esta Ley del facha Gallardon es claramente inconstitucional ya que
impide el recurrir a la justicia a los que menos recursos economicos
tienen estableciendo una clara discriminacion.
Me asombra el escaso eco mediático que ha tenido este proyecto de ley
en los medios. Y también me sorprende que no se haga referencia a la
cuota variable que incluye la tasa. El artículo sólo hace referencia a
la cuota fija, y no habla de la cuota variable. Es decir, además de los
fijos de 300 euros por una demanda civil, o de 800 por cada recurso de
apelación, deberá pagarse un 0'5% de la cuantía del procedimiento. Una
verdadera vergüenza y un ataque brutal al derecho a la tutela judicial
efectiva. Se pueden eliminar derechos, o impedir que se ejerzan los
pocos que tienen reconocidos los ciudadanos. O las dos cosas, que es lo
que se ha propuesto el Sr. Ministro. que vergüenza
:(
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