Los fiscales del 'caso Palau' a la policía: "Dedicaos a otra cosa"
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POLÍTICA
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18 personas detenidas en total
Cae en Brasil una trama de corrupción con altos funcionarios implicados
- Realizaban informes técnicos 'a medida' para favorecer intereses privados
- Un funcionario que fue sobornado con 145.000 dólares destapó el caso
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POLÉMICA
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En contra de la dirección
El Consejo de Informativos de TVE denuncia coacciones a los periodistas
- La dirección de Informe Semanal niega que se haya coaccionado a periodistas
Según un comunicado emitido por el Consejo, las denuncias han adquirido especial gravedad en el programa 'Informe Semanal'. En este espacio, varios profesionales han sido advertidos o expulsados del programa tras ejercer su derecho a retirar la firma de algunos reportajes en los que la Dirección ha impuesto una línea editorial contraria a los principios del Estatuto de Información y al Manual de Estilo de CRTVE, según el comunicado.
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ITALIA
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Fondos para la Agricultura
Subvenciones europeas a mafiosos
- Desde 2009, ha dictado medio centenar de sentencias de este tipo
INFORMACIONES PUBLICADAS POR " EL MUNDO " EL DIA24-11-2012
En la Audiencia Nacional
Acebes declarará como imputado por el caso Bankia
Su abogado ha afirmado que la comparecencia del exministro "ha
ido bien" y ha asegurado que su cliente ha acudido a declarar "de
rondón".
Caso Ibatur
INFORMACION DEL " HERALDO DE ARAGON" 24-11-2012
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LA CORRUPCION MUNICIPAL Y EMPRESARIAL DE CASO MADRID ARENA
INFORMACION PUBLICADA EN " LA GACETA"24-11-2012
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Matas suma una nueva imputación por desvío de fondos públicos
Efe. Palma
El juzgado de instrucción número 2 de Palma ha imputado a 11
personas más en el caso Ibatur, entre las que se encuentran el
expresidente balear.INFORMACION DEL " HERALDO DE ARAGON" 24-11-2012
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- onsejero de Interior de la Generalitat
- Las amistades peligrosas de Puig
- 28 comentarios XAVIER HORCAJO
- LA GACETA revela que la empresa de un subastero le regaló 101.000 euros antes de que fuera nombrado titular de Interior y facilitó créditos a su hermano.
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Felip Puig, ingeniero de caminos de profesión, mantiene una curiosa relación con Jordi Cuxart,
un subastero de Palafrugell (Gerona), conocido porque trató de
resucitar la fábrica de motocicletas Ossa, y que acabó siendo materia de
juzgados tras protagonizar un sonado concurso de acreedores. El más
grave de la provincia. La empresa de Cuxart, Info-Cobro, aportó 101.000 euros a Puig en 2009, poco antes de ser nombrado consejero de Interior de la Generalitat.
Según cuenta hoy LA GACETA, Info-Cobro dejó un pasivo declarado de 32 millones de euros (Juzgado Mercantil 1 de Gerona) y varias querellas de inversores en su contra (juzgados de Instrucción de La Bisbal). Es más, Cuxart facilitó dos créditos hipotecarios a Oriol Puig, hermano de Felip, ajedreceista, y actual director del Servicio Metereológico de Cataluña, por más de 900.000 euros.
Otro caso que revela hoy LA GACETA que muestra las relaciones peligrosas de Puig, es el de Adigsa. En mayo de 2005 su secretaria de confianza, Francina, tuvo que ir al juzgado a explicar la relación de Felip Puig con Josep María Penín Manero. La empresa de promoción de vivienda social catalana, Adigsa (que dependía de Bienestar Social, cuando la dirigía Felip Puig) dio rapidísimas concesiones de obra a Penín, sin cumplir todos los trámites administrativos preceptivos. De ahí arrancan las denuncias de Maragall y “el 3%”. Algunos empresarios denunciaron que pagaban “mordida” por obras. Penín resultó imputado. Puig dijo no conocer a Penin, pero una foto traidora les mostraba juntos posando en el mismo equipo de fútbol. Penin declaró en Fiscalía que tanto Felip Puig como Oriol Pujol (el hoy secretario general de CDC) estaban al corriente de lo que sucedía en Adigsa, Luego, ante el juez ,se desdijo. El caso Adigsa se destapó a denuncia del constructor Juan Antonio Salguero, quien afirmó haber pagado hasta el 20% de comisiones por obras durante los Gobiernos de CiU.
En el procedimiento, Ricard Murga, trabajador de Adigsa entre 1988 y 1995, y antiguo coordinador de seguridad de CDC, aseguró al juez que él mismo ingresaba en una cuenta particular de Felip Puig cheques de constructores en no menos de 20 ocasiones.
LA CORRUPCION MUNICIPAL Y EMPRESARIAL DE CASO MADRID ARENA
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- Según un abogado
- Pudieron venderse más de 18.500 entradas en el Madrid Arena
- 1 comentarios
- Con la mitad de las urnas abiertas, se han contado más de 9.000 tickets, según apunta Abdon Núñez, abogado de la familia de Belén Langdon.
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El número de entradas vendidas para la fiesta del Madrid Arena en la que murieron cuatro jóvenes puede ascender a más de 18.500, puesto que ya se han abierto la mitad de las urnas y se han contado más de 9.000 tickets, según apunta Abdon Núñez, abogado de la familia de Belén Langdon, una de las fallecidas.El letrado ha explicado que a lo largo de la mañana se han abierto cuatro de las ocho cajas que contienen las entradas de la fiesta de Halloween, en las que se han contado 9.257 tickets, lo que permite suponer que se superarán las 18.500, según su propia estimación.El recuento de las entradas ha comenzado sobre las diez de la mañana en la Jefatura Superior de Policía de Madrid con la presencia del juez que instruye el caso, Eduardo López Palop, la fiscal y las partes personadas en la causa y ha finalizado pasadas las dos y media de la tarde.El abogado ha detallado que en una de las cajas abiertas había 2.485 entradas, en otra 2.124, en la tercera 2.888 y en la cuarta y última 1.760, a la espera de conocer el cálculo del resto de las cajas que aún quedan por abrir y que se realizará el próximo miércoles.Abdon Núñez ha considerado un "verdadero escándalo" que con la mitad de las cajas contabilizadas ya casi se haya superado el aforo previsto.
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- Operación emperador
- El Fiscal pide anular el auto por el que Gao Ping podría ser excarcelado
- 12 comentarios EFE
- Debido al auto, uno de los lugartenientes de Gao Ping y otros dos detenidos han sido puestos hoy en libertad.
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La Fiscalía ha presentado un incidente de nulidad del auto en el que la Audiencia Nacional declaró ilegal la prórroga de la detención
aplicada por el juez Fernando Andreu a uno de los arrestados en la
operación Emperador, por el que puede ser excarcelada la cúpula de la
mafia china liderada por Gao Ping.
En un escrito remitido a la sección tercera de la sala de lo penal, los fiscales José Grinda y Juan José Rosa piden que este incidente, que presentan por "falta de motivación tanto respecto de la causa de nulidad, de la relación de causalidad como del precepto legal aplicado" para ordenar la excarcelación del miembro de la red Kay Yang, sea resuelto por el pleno, compuesto por 19 magistrados.
Según los fiscales, la sala no menciona "ni causa concreta, ni artículo ni precepto" en los que basar la "nulidad absoluta e insubsanable" de la resolución por la que Andreu ordenó, el pasado 20 de octubre, el ingreso en prisión incondicional del arrestado.
Precisan así que los magistrados no han explicado por qué el exceso del plazo de la detención, criterio que no comparten, supone una causa de nulidad de dicho auto.
"La posible vulneración de un derecho fundamental no supone, por sí sola, la nulidad de cuantas resoluciones judiciales se hayan dictado después de tal vulneración. Se requiere expresar y motivar la relación de causalidad entre vulneración y nulidad", argumenta el Ministerio Público.
Además, según el escrito, la orden de prisión que dictó Andreu no se basó en ninguna diligencia practicada con posterioridad a las 6 de la mañana del 19 de octubre, momento en el que expiraba el plazo de 72 horas de puesta a disposición judicial, y se acordó tras interrogar al detenido y a los fiscales.
Considera así que el que debió ser declarado nulo, "y no declara", es el auto del 18 de octubre, por el que Andreu ordenaba la puesta a disposición judicial transcurrida la detención policial y que la sala consideró que no se ajustaba a la doctrina del Tribunal Constitucional.
"La consecuencia de dicha omisión de la Sala es que si el auto de 18 de octubre de 2012 no es nulo, es imposible que el auto de 20 de octubre lo sea", en tanto el primero "habilitaba" al segundo.
"El auto de prisión es absolutamente válido y en él no concurre causa alguna de nulidad", concluyen, antes de subrayar que, por ello, procede anular el auto de la sala "por falta de motivación tanto respecto de la causa de nulidad, de la relación de causalidad como del precepto legal aplicado".
Según fuentes jurídicas, este incidente paraliza la excarcelación de cerca de una veintena de imputados que fueron detenidos el día 16 e interrogados por Andreu entre los días 19 y 20, la mayoría integrantes de la cúpula de la presunta trama de mafia china liderada por Gao Ping.
Estos hecho se producen después de que esta mañana la Audiencia Nacional haya ordenado excarcelar a Wei Ling, considerado uno de los lugartenientes de Gao Ping y a otros dos detenidos más en esta causa.
La sección tercera de la Sala de lo Penal ha dictado hoy tres autos excarcelando a Wei Lin, Yongping Xia y Lingzhi Hu Zhou tras decretar ayer la liberación de otro de los miembros de la red mafiosa, Kay Yang, al estimar que el juez instructor, Fernando Andreu, alargó ilegalmente su detención en octubre.
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INFORMACION PUBLICADA EN " LA GACETA"24-11-2012
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«Cebaron sin descanso la corrupta partida de los ERE»
El ex interventor de la Junta señala directamente a Griñán
Sevilla- Dos de las nueve conclusiones que contiene
el deslavazado dictamen final de la comisión parlamentaria de los
expedientes de investigación de empleo (ERE) fraudulentos apuntan
directamente a la Intervención General de la Junta, y en concreto, al ex
interventor general entre 2000 y 2010, Manuel Gómez. Preguntado ayer
si consideraba que el dictamen de la primera comisión de investigación
andaluza en 18 años constituye un ataque a la Intervención de la Junta,
Gómez contestó con rotundidad: «Es evidente que sí». De hecho, remitió
una carta al presidente del Parlamento, Manuel Gracia, titulada «Divinas
Palabras» –informe de actuación– que registró al filo de las 17:30 y
cuyo contenido es de una contundencia sin paliativos.
«Señor presidente –arranca–, el dictamen de la comisión de investigación ha unido mi nombre al caso de corrupción más importante de la historia de España, en términos económicos. Y lo ha hecho ocultando deliberadamente los datos, testimonios e informes más relevantes y pertinentes de los que disponía la comisión, todos ellos, sin excepción, opuestos al contenido de las conclusiones aprobadas por mayoría. Se trata, por tanto, de un resultado fraudulento, que se une al inmenso fraude de los ERE». Con todo, considera que las cotas más elevadas de «extravagancia» las ha acaparado el enjuiciamiento llevado a cabo por los diputados sobre el papel, a su juicio «relevante», de la Consejería de Hacienda en la trama. Se refiere en su carta a los titulares de la Consejería –Griñán, en la mayor parte del periodo investigado– y de la Viceconsejería –de Aguayo–, para lamentar que, pese a que recibieron las auditorías en las que se alertó de las irregularidades en la Consejería de Empleo, «nada hicieron para combatirlas». «Antes al contrario –añade–, cebaron sin descanso la corrupta partida presupuestaria de los ERE».
Gómez insiste en que la Intervención avisó hasta en quince ocasiones de las irregularidadesy «ninguno de los destinatarios de las auditorías» se movió en casi una década para corregirlas, «cuando podían haber terminado con el nido de corrupción en 24 horas», con «voluntad».
«Señor presidente –arranca–, el dictamen de la comisión de investigación ha unido mi nombre al caso de corrupción más importante de la historia de España, en términos económicos. Y lo ha hecho ocultando deliberadamente los datos, testimonios e informes más relevantes y pertinentes de los que disponía la comisión, todos ellos, sin excepción, opuestos al contenido de las conclusiones aprobadas por mayoría. Se trata, por tanto, de un resultado fraudulento, que se une al inmenso fraude de los ERE». Con todo, considera que las cotas más elevadas de «extravagancia» las ha acaparado el enjuiciamiento llevado a cabo por los diputados sobre el papel, a su juicio «relevante», de la Consejería de Hacienda en la trama. Se refiere en su carta a los titulares de la Consejería –Griñán, en la mayor parte del periodo investigado– y de la Viceconsejería –de Aguayo–, para lamentar que, pese a que recibieron las auditorías en las que se alertó de las irregularidades en la Consejería de Empleo, «nada hicieron para combatirlas». «Antes al contrario –añade–, cebaron sin descanso la corrupta partida presupuestaria de los ERE».
Gómez insiste en que la Intervención avisó hasta en quince ocasiones de las irregularidadesy «ninguno de los destinatarios de las auditorías» se movió en casi una década para corregirlas, «cuando podían haber terminado con el nido de corrupción en 24 horas», con «voluntad».
El fiscal busca frenar la libertad de la «mafia china»
Recurre el fallo de la Sala por no justificar la nulidad de las prisiones
MADRID- Otros tres detenidos dentro de la
denominada «operación Emperador», Wei Lin, lugarteniente de Gao Ping,
Yongping Xia y Lingzhi Hu Zoutfq quedaron ayer en libertad después de
que la Sección Tercera de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional,
presidida por Alfonso Guevara, considerada nulos los autos de prisión
contra ellos dictados por el juez Andreu. La Sala insiste, al igual que
respecto a Kai Kang, en que el magistrado prorrogó de forma indebida
esas detenciones, al haberse superado el plazo de las 72 horas que marca
la ley.
Sin embargo, la Fiscalía Anticorrupción no ha tardado en reaccionar y ayer mismo planteó un incidente de nulidad respecto al primero de los autos dictados por la Sala, el que afectaba a Kai Kang. Esa actuación podría paralizar la excarcelación de casi una veintena de detenidos en la mencionada operación contra el blanqueo de capitales, entre ellos el considerado su principal responsable, Gao Ping.
Los dos fiscales Anticorrupción adscritos al caso reprochan a la Sala que no motivara ni justificara el precepto de la ley para decretar la nulidad del auto de prisión que dictó el juez Andreu. «No se menciona por la Sala ni causa concreta, ni artículo, ni precepto en que basa la nulidad. Es decir, no se menciona en absoluto por la Sala porqué el exceso del plazo de detención (que no comparte la Fiscalía) supone una causa de nulidad del auto» de prisión, se destaca al respecto en el escrito presentado.
Y es que, para el Ministerio Público la posible vulneración de un derecho fundamental –en este caso, se trataría del derecho constitucional a la libertad– no supone, por sí sola, «la nulidad de cuantas resoluciones judiciales se hayan dictado después de tal vulneración». Para ello, se añade, se requiere «expresar y motivar la relación de causalidad entre vulneración y nulidad».
De esta forma, sostiene la Fiscalía, la Sala no motivó «porqué la superación del plazo legal de detención determina la nulidad del auto de prisión».
Junto a ello, avala la resolución del magistrado Andreu –adoptada a instancias de la Fiscalía–, al considerarla «plenamente» válida y ajustada a Derecho en todo momento.
Por todo ello, pide que se decrete la validez de esa resolución de Andreu y, en cambio, se anule la de la Sala, la que permitió la excarcelación de uno de los detenidos –aunque afectaría igualmente a los que permanecen en prisión como a los tres liberados ayer–, «por falta de motivación, tanto respecto de la causa de nulidad, de la relación de causalidad, como del precepto legal aplicado».
Esa resolución, y dado que la decisión de la Sala «debe tener» repercusión en el resto de los encarcelados que han recurrido, y para unificar criterio de cara a futuras decisión que adopte quien debe resolver los recursos, es por lo que la Fiscalía solicita que el incidente de nulidad presentado no lo resuelva la propia Sala, sino todos los magistrados de la Sala Penal, es decir, el Pleno.
Sin embargo, la Fiscalía Anticorrupción no ha tardado en reaccionar y ayer mismo planteó un incidente de nulidad respecto al primero de los autos dictados por la Sala, el que afectaba a Kai Kang. Esa actuación podría paralizar la excarcelación de casi una veintena de detenidos en la mencionada operación contra el blanqueo de capitales, entre ellos el considerado su principal responsable, Gao Ping.
Los dos fiscales Anticorrupción adscritos al caso reprochan a la Sala que no motivara ni justificara el precepto de la ley para decretar la nulidad del auto de prisión que dictó el juez Andreu. «No se menciona por la Sala ni causa concreta, ni artículo, ni precepto en que basa la nulidad. Es decir, no se menciona en absoluto por la Sala porqué el exceso del plazo de detención (que no comparte la Fiscalía) supone una causa de nulidad del auto» de prisión, se destaca al respecto en el escrito presentado.
Y es que, para el Ministerio Público la posible vulneración de un derecho fundamental –en este caso, se trataría del derecho constitucional a la libertad– no supone, por sí sola, «la nulidad de cuantas resoluciones judiciales se hayan dictado después de tal vulneración». Para ello, se añade, se requiere «expresar y motivar la relación de causalidad entre vulneración y nulidad».
De esta forma, sostiene la Fiscalía, la Sala no motivó «porqué la superación del plazo legal de detención determina la nulidad del auto de prisión».
Junto a ello, avala la resolución del magistrado Andreu –adoptada a instancias de la Fiscalía–, al considerarla «plenamente» válida y ajustada a Derecho en todo momento.
Por todo ello, pide que se decrete la validez de esa resolución de Andreu y, en cambio, se anule la de la Sala, la que permitió la excarcelación de uno de los detenidos –aunque afectaría igualmente a los que permanecen en prisión como a los tres liberados ayer–, «por falta de motivación, tanto respecto de la causa de nulidad, de la relación de causalidad, como del precepto legal aplicado».
Esa resolución, y dado que la decisión de la Sala «debe tener» repercusión en el resto de los encarcelados que han recurrido, y para unificar criterio de cara a futuras decisión que adopte quien debe resolver los recursos, es por lo que la Fiscalía solicita que el incidente de nulidad presentado no lo resuelva la propia Sala, sino todos los magistrados de la Sala Penal, es decir, el Pleno.
El Gobierno pide a los jueces que investiguen si Mas cometió delitos
La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de
Santamaría, ha pedido hoy a la Justicia que, con "absoluta
independencia y neutralidad", investigue si los delitos que un informe
policial atribuye al presidente catalán, Artur Mas, han sido cometidos.
Así lo ha manifestado Sáenz de Santamaría en
rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, en la que también ha
dejado claro que el fiscal superior de Cataluña y el resto de fiscales
están sometidos, por mandato constitucional, a la dependencia jerárquica
del Fiscal General del Estado.
En respuesta a las reiteradas preguntas de los informadores, la vicepresidenta ha asegurado que en este caso hay dos circunstancias que deben ser investigadas: la filtración del informe policial, que ya está llevado a cabo el Ministerio del Interior a través de Asuntos Internos de la Policía, y las acusaciones que se desprenden de ese borrador.
Deben ser los jueces, ha reiterado Sáenz de Santamaría, quienes investiguen esas acusaciones.
"El criterio debe ser siempre el mismo: investigar esas filtraciones, pero también las circunstancias que se denuncian", ha sentenciado.
Tras recordar que, "por desgracia", no es la primera vez que se produce una filtración "-con este Gobierno y con el anterior", ha dicho-, la vicepresidenta no ha querido entrar a valorar los procedimientos judiciales abiertos a representantes de CiU y se ha limitado a señalar que corresponde a los jueces, y no al Ejecutivo, investigar los supuestos delitos del informe.
En la parte que corresponde al Ministerio del Interior, ha reiterado, ya se ha pedido a Asuntos Internos que lleve a cabo una investigación sobre la filtración del borrador, que no ha leído, según ha reconocido.
Respecto a la discrepancia de criterios sobre este asunto entre el Fiscal General del Estado y el fiscal de Cataluña, la vicepresidenta ha recordado que por mandato constitucional los fiscales están sometidos a los principios de unidad de acción y actuación y de dependencia jerárquica.
Corresponde al Fiscal General del Estado, como superior jerárquico, hacer la valoración y fijar la posición de lo que corresponde llevar a cabo. "Por eso, a sus declaraciones me remito", ha añadido Sáenz de Santamaría.
A su juicio, las instituciones tienen que ajustarse a su funcionamiento constitucional, entre ellas la Fiscalía, de manera autónoma respecto al Gobierno, pero bajo los principios de unidad de criterio y dependencia jerárquica.
"En nuestro sistema, aunque sea descentralizado, la Justicia es un poder único para todos e independiente de todos, pero especialmente independiente de otras administraciones", ha puntualizado Sáenz de Santamaría.
Ha aludido también a las manifestaciones del ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, y ha insistido en que en España, "no es que no se puedan tener cuentas fuera, es que tenemos la obligación de declararlas y pagar por los rendimientos de esas cuentas".
Si no se hace así, ha advertido, se está defraudando no sólo a la Agencia Tributaria, sino al resto de los españoles que "pagan religiosamente lo que les corresponde".
Además, ha recordado que la obligación de cualquier agencia tributaria, y por tanto, del ministro de Hacienda, es investigar "si existen esas cuentas no declaradas en el exterior" porque "quien no paga los impuestos, perjudica el servicio público que reciben los españoles, que en su inmensa mayoría pagan".
"Es bueno, por pedagogía, que todos los ciudadanos que tengan cuentas fuera y no las declaren sepan que la obligación es investigar esas cuentas, averiguar si existen y hacer pagar por lo que no han pagado", ha apostillado.
Una vez abierta la investigación interna, corresponde a los jueces investigar -"espero que así lo hagan", ha enfatizado- los asuntos y delitos que "allí (en el borrador) se contienen y dictaminar sobre los mismos".
"A lo largo de estos años, ha habido múltiples procedimientos judiciales que afectan a CiU, pero es a ellos a quienes corresponderá en su caso dar las oportunas explicaciones políticas", ha subrayado antes de manifestar que como Gobierno no podía entrar a hacer "mayores valoraciones" sobre cómo afecta a la formación nacionalista este asunto.
INFORMACION DE " LA RAZON"
En respuesta a las reiteradas preguntas de los informadores, la vicepresidenta ha asegurado que en este caso hay dos circunstancias que deben ser investigadas: la filtración del informe policial, que ya está llevado a cabo el Ministerio del Interior a través de Asuntos Internos de la Policía, y las acusaciones que se desprenden de ese borrador.
Deben ser los jueces, ha reiterado Sáenz de Santamaría, quienes investiguen esas acusaciones.
"El criterio debe ser siempre el mismo: investigar esas filtraciones, pero también las circunstancias que se denuncian", ha sentenciado.
Tras recordar que, "por desgracia", no es la primera vez que se produce una filtración "-con este Gobierno y con el anterior", ha dicho-, la vicepresidenta no ha querido entrar a valorar los procedimientos judiciales abiertos a representantes de CiU y se ha limitado a señalar que corresponde a los jueces, y no al Ejecutivo, investigar los supuestos delitos del informe.
En la parte que corresponde al Ministerio del Interior, ha reiterado, ya se ha pedido a Asuntos Internos que lleve a cabo una investigación sobre la filtración del borrador, que no ha leído, según ha reconocido.
Respecto a la discrepancia de criterios sobre este asunto entre el Fiscal General del Estado y el fiscal de Cataluña, la vicepresidenta ha recordado que por mandato constitucional los fiscales están sometidos a los principios de unidad de acción y actuación y de dependencia jerárquica.
Corresponde al Fiscal General del Estado, como superior jerárquico, hacer la valoración y fijar la posición de lo que corresponde llevar a cabo. "Por eso, a sus declaraciones me remito", ha añadido Sáenz de Santamaría.
A su juicio, las instituciones tienen que ajustarse a su funcionamiento constitucional, entre ellas la Fiscalía, de manera autónoma respecto al Gobierno, pero bajo los principios de unidad de criterio y dependencia jerárquica.
"En nuestro sistema, aunque sea descentralizado, la Justicia es un poder único para todos e independiente de todos, pero especialmente independiente de otras administraciones", ha puntualizado Sáenz de Santamaría.
Ha aludido también a las manifestaciones del ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, y ha insistido en que en España, "no es que no se puedan tener cuentas fuera, es que tenemos la obligación de declararlas y pagar por los rendimientos de esas cuentas".
Si no se hace así, ha advertido, se está defraudando no sólo a la Agencia Tributaria, sino al resto de los españoles que "pagan religiosamente lo que les corresponde".
Además, ha recordado que la obligación de cualquier agencia tributaria, y por tanto, del ministro de Hacienda, es investigar "si existen esas cuentas no declaradas en el exterior" porque "quien no paga los impuestos, perjudica el servicio público que reciben los españoles, que en su inmensa mayoría pagan".
"Es bueno, por pedagogía, que todos los ciudadanos que tengan cuentas fuera y no las declaren sepan que la obligación es investigar esas cuentas, averiguar si existen y hacer pagar por lo que no han pagado", ha apostillado.
Una vez abierta la investigación interna, corresponde a los jueces investigar -"espero que así lo hagan", ha enfatizado- los asuntos y delitos que "allí (en el borrador) se contienen y dictaminar sobre los mismos".
"A lo largo de estos años, ha habido múltiples procedimientos judiciales que afectan a CiU, pero es a ellos a quienes corresponderá en su caso dar las oportunas explicaciones políticas", ha subrayado antes de manifestar que como Gobierno no podía entrar a hacer "mayores valoraciones" sobre cómo afecta a la formación nacionalista este asunto.
INFORMACION DE " LA RAZON"
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