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- ¿culpables?
- Estos son los responsables del desaguisado
- X.H,E.C,D.V y D.S
El cáncer nacionalista, la
burbuja financiera, la politización de la Justicia y la ingeniería
educativa. He ahí los factores de la crisis de España. Y todos esos
factores tienen rostro visible.
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Pujol: El Virrey desleal
La afirmación “España nos roba” puede ser mantenida por jóvenes
desinformados sobre la balanza fiscal real entre la autonomía y España;
puede ser mantenida por los independentistas pero no por CiU. Sería
tanto como decir que Jordi Pujol era tonto y se dejó engañar por
socialistas y populares. La realidad es que hizo con ellos lo que quiso
durante 23 años: rechazó el sistema de cupo vasco, obtuvo más
competencias que ningún otro territorio descentralizado de Europa
occidental, se llevó cuotas de impuestos estatales (IRPF), obligó a
cerrar en falso asuntos de corrupción graves. Le dieron lo que pedía,
siempre.
España pensaba que Pujol quería ser Virrey y le dejaron. El Estado, el
Ejército, la Guardia Civil se fueron de Cataluña, los altos cargos del
Estado se decidían a propuesta de CiU.
Sin embargo, ya jubilado todos descubrimos que era independentista y
que el catalanismo moderado (que le hacía ganar elecciones con el voto
de los burgueses que se sentían españoles) era solo una estrategia.
Pujol siempre trabajó lo “identitario” para que con la ingeniería
genética escolar; la lengua impuesta; y la política que implacable
aplicaba el apartheid con los López, García Rodríguez y Martínez, el
independentismo acabara imponiéndose. El sabía que no era el momento de
salir al balcón de la Generalitat para proclamar el Estat català, pero
soñaba con ello.
El Virrey fue desleal con la Corona. El monarca tuvo algunas sospechas
en los JJ OO de Barcelona’92, cuando los cachorros de CiU y algunos
veteranos se propusieron usar esos Juegos, pagados por todos, para
reivindicar el “Freedom for Catalonia”. A sus hijos les pillaron en la
conspiración. Aquello pasó a una década del 23-F y el “Tranquilo Jordi,
tranquilo”. La lealtad se podía poner en duda. No pasó nada y se impuso
un renovado: “Vamos a entendernos, que es mejor”.
La Corona tuvo mil y un detalles con Pujol y Cataluña. Hoy al Príncipe
Felipe le abuchean en el Liceo. Oímos al ex presidente catalán un
inapropiado “¡Pero qué coño es esto de la UDEF!” (cuando esa unidad
policial investigaba a su familia); pero nadie le oyó un: “¡Pero que
coño es esta falta de educación!
Todos los mecanismos sociales de control del pujolismo, alentados por
medios de comunicación con libro de estilo que prohibían usar la palabra
España, el predominio cultural y político del entorno nacionalista
siguieron funcionando como un reloj.
Incluso el Tripartito de izquierdas de Maragall los mantuvo de la A a
la Z. Eso sí, 33 años alimentado por con dinero de los impuestos de
todos los catalanes. También de los que se sienten españoles. Al final,
un día se quitó la máscara y todo aquello del catalanismo y la
descentralización se demostró una estrategia. Apareció un Pujol con piel
de lobo. Pujol pasaba a jalear un eslogan que caló en la sociedad
catalana, a pesar de estar construido sobre mentiras: “Si no nos
quieren, nos vamos”. Esa es la receta de Convergència a la crisis y sus
duros ajustes.
Los estómagos agradecidos que le nombraban “Español del Año” en Madrid
deben tener hoy tremendas diarreas. El Virrey les engañó. Su entorno
familiar no engañaba a nadie. Su esposa y sus hijos practicaban al modo
coránico la doctrina del “els nostres” (los nuestros), frente a los
otros catalanes (cuando convenía) o los “xarnegos”, las más de la
veces.
Ese sentimiento de superioridad, de pueblo elegido, es absurda en
Cataluña que tiene la mitad de su población hija de otras tierras de
España. Y los aburguesados convergentes sacaron del ropero ideas con
naftalina xenófoba para repartir entre los jóvenes, como por ejemplo:
“Si nos les gusta que se vayan” o “¡Mas President, Catalunya
independent!
¿Quién les recuerda a esos jóvenes que Cataluña se autogobierna desde
aquel Estatut de 1979? ¿Pujol y Convergència no tienen responsabilidades
en la deuda actual de Cataluña, o en el desempleo o en la pérdida de
peso económico en el conjunto de España?. Ni Felipe González, ni José
María Aznar lo hicieron, ni creo que esté en los planes de Mariano
Rajoy.
Rubalcaba: El cerebro de la deseducación
Se le recuerda, sobre todo, por haber sido el émulo del tenebroso
Fouché del aparato policial, y su función de escabel –en la sombra– para
que Zapatero pudiera llegar al poder tras el 11-M. Se le recuerda por
haberse convertido en el alter ego del zapaterismo, inmolándose por el
Partido en el periodo más bochornoso del socialismo español. Y por no
haber ofrecido ninguna explicación sobre el caso Faisán, por el
chivatazo a ETA. Se le recuerda, en fin, por los escándalos de
corrupción y guerra sucia: era el portavos de González, que tenía que
dar la cara cuando los casos GAL, Roldán, los fondos reservados o
Filesa.
Pero este histórico de la vieja guardia, que lleva en el PSOE desde el
año de Suresnes (1974), ha tenido un papel de mucho más calado, aunque
menos ruidoso y evidente, como factor de la crisis que atraviesa España.
Doctor en Química, hombre procedente de la Universidad, Alfredo Pérez
Rubalcaba (Solares, Cantabria, 1951) ha sido el responsable último de la
mayor transformación que ha sufrido el país en las últimas décadas: la
de las cabezas de los jóvenes escolares.
Cuando la izquierda conquistó el poder, en 1982, por primera vez desde
la II República, tenía claro que sólo podía aspirar a conservarlo,
controlando el poder judicial por un lado, y haciéndose con el timón de
la educación por otro. De lo primero se encargaron con la Ley Orgánica
del Poder Judicial. De lo segundo, poniendo en marcha una serie de leyes
escolares que equivalía a sustituir los conocimientos por consignas
ideológicas. Esas leyes se han convertido en manos de los socialistas en
una máquina de practicar ingeniería social, con la que han podido
disponer a su antojo de las cabecitas de los españoles.
La labor que inició el ministerio de José María Maravall, en los años
80, fue culminada por Rubalcaba en los 90. Primero con la LODE, después
la LOGSE, la educación pasó a estar politizada, con el caballo de Troya
de los consejos escolares. El colofón, ya en el nuevo siglo, y con el
zapaterismo sería la LOE, que incluía Educación para la Ciudadanía, una
asignatura que tal y como el PSOE la planteaba suponía romper con la
neutralidad ideológica del Estado entrando como un elefante en una
cacharrería en una esfera que no le correspondía: el derecho de los
padres.
Los informes PISA han demostrado que esas leyes no sólo han operado
como gigantescos sistemas de manipulación, sino que se han saldado en
fracaso escolar, en que más del 30% de los alumnos no consigan terminar
los estudios obligatorios; y en que los jóvenes españoles sean los
peores preparados de todos los países de la OCDE. Lo que combinado con
una cifras de desempleo del 50% condena a la juventud a un callejón sin
salida.
Todo ello es atribuible, en buena medida, a Rubalcaba, que –no se
olvide– ocupó su primer cargo público como director general de Enseñanza
Universitaria en 1985. Después, ocupó la Secretaría General de
Educación y en 1992 se convirtió en ministro del ramo.
El fue quien promovió la Ley de Reforma Universitaria (LRU), la Ley
Orgánica de Ordenación del Sistema Educativo (LOSE) y la Ley de
Ordenación General del Sistema Educativo (LOGSE) En 1996 sumó al
Ministerio de Educación el cargo de ministro de la Presidencia y el de
portavoz del Gobierno. Es decir, escaló al número dos del Gobierno, con
Felipe González, pero no soltó la cartera de Educación.
Los socialistas contaron con un equipo de ideológicos y especialistas
en educación para culminar su proyecto de ingeniería social. Desde el
sociólogo Mariano Fernández Enguita hasta Álvaro Marchesi (que fue
secretario de Estado de Educación), pasando por Alejandro Tiana
(secretario general de Educación con Zapatero). Pero no hay que olvidar
que el gran muñidor fue Rubalcaba.
El actual líder del PSOE ha sido el cancerbero del Partido, primero
mediante la Policía educativa (la Logse); y luego administrando el
ventilador de la mierda (la Policía Judicial). Y sin dejar huellas, que
para eso es químico, como recordaba en una columna un histórico del
PSOE, Pablo Castellano.n
Mafo: Cuando la (mea) culpa la tienen los demás
Miguel Ángel Fernández Ordoñez, MAFO. Esta última denominación es un
compendio de las iniciales de nombre y apellidos y dicen que no le gusta
que así se le llame.
Pero más allá de esto, Ordóñez, hermano menor del que fuera el ministro
de Exteriores más conocido de España, pasará a la historia como el gran
correponsable de todo. Corresponsable de todo lo malo que le ha
ocurrido a la estructura económico-financiera de nuestro país (por
acción y por omisión). Ni siquiera Salgado se ha llevado tan mala prensa
como Ordóñez y eso que su corresponsabilidad ha sido incluso mayor,
pero hay quien sabe esquivar a la opinión pública y quien la alimenta a
base de frases épicas, como es el caso de MAFO.
Su responsabilidad se podría simplificar en que la gestión de MAFO como
gobernador del Banco de España, siempre ha ido un paso por detrás de
todo lo que ha ocurrido en el sistema financiero español. Un paso por
detrás, aún teniendo las herramientas, la capacidad, el mandato y, sobre
todo, el conocimiento de que debía, de que tenía que ir un paso por
delante para haber evitado lo que hoy padece el sistema y, por ende, la
economía española. Porque, si todo se sabía, ¿por qué nuestro país ha
vivido un proceso por el que hemos pasado de tener un sistema “bien
gestionado, regulado y supervisado“ (Ordóñez, dixit) a tener que pedir
un rescate a Europa de 100.000 millones –para usar 40.000–?
Tras una fructífera carrera política en los Gobiernos socialistas de
González primero y Zapatero después, en 2006 es propuesto y designado,
con la oposición frontal del PP, máximo responsable del regulador
financiero de nuestro país. Para entonces, ni se sabía de las subprime,
ni de Lehman ni mucho menos se ponía en duda nuestro envidiable sistema
financiero.
Pero la realidad no se hizo esperar y en 2009 el Banco de España
intervino Caja Castilla-La Mancha (CCM). Lo que ocurría en CCM no era
sino el reflejo de lo que ocurría en las 2/3 partes del sistema
financiero español –exceptuando los bancos y alguna caja–: politización,
nula gestión y descontrol del riesgo: sobre lo primero poco quiso hacer
Ordóñez cuando su jefe Zapatero se paseaba por medio mundo presumiendo
de estar en Champions y de tener el sistema bancario más solvente del
planeta.
Sobre lo segundo y tercero, pudo hacer todo, pero nada hizo hasta que
no quedaba más remedio que intervenir. Lo mismo consintió con la otra
caja rescatada, CAM (Caja de ahorros del Mediterráneo). Tutelada y
animada por el supervisor a integrarse en una de las llamadas fusiones
frías, finalmente tuvo que ser intervenida ante la escandalosa situación
de su balance.
Pero el colofón a su gestión se focaliza en Bankia, cuya
judicialización proviene de aquellos polvos: fue el Banco de España el
que forzó la fusión Caja Madrid-Bancaja, fue el regulador bancario el
que insistió en la necesidad de sacar a bolsa la entidad y fue la misma
autoridad central, gobernada por Fernández Ordóñez, la que permitió,
consintió y miró para otro lado en el espectáculo de las preferentes.
Esta actuación sobre Bankia ha acabado generando pérdidas para los
ahorradores, inversores y ciudadanos.
Ordóñez tiene el dudoso honor de haber sido de los pocos en este país
que ha logrado concentrar una posición común sobre su persona: desde los
sindicatos y su propio partido, el PSOE, hasta la oposición, pasando
por el sector financiero y empresarial, han pedido en algún momento su
cabeza, su salida, su silencio o su inhibición. Todos recordarán cuando
el secretario de UGT en Madrid le invitó a “irse a su puta casa” por no
ser consciente “de quién le ha puesto ahí y a quién se debe”... tanto,
que MAFO escenificó una de las gestiones más politizadas que se
recuerden en el Banco de España.
Pero como decían en una película de Oliver Stone (Platoon), aunque de
una forma más soez, “las excusas son como el trasero, todo el mundo
tiene uno” y MAFO también tiene una excusa –o podría tenerla–. Nuestro
país y su sistema financiero jamás se habían enfrentado a una crisis
internacional de tales dimensiones y a él le tocó lidiar con una
estructura y un entorno que hacía de España el país más bancarizado del
mundo, alimentado y engordado en mandatos anteriores al suyo. La excusa
de Miguel Angel Fernández Ordóñez se llamaba Jaime Caruana.
Sala: Blanqueador de ETA
El Tribunal Constitucional acumula en su historial sonoros atropellos
contra el derecho, desde el plácet a la cacicada felipista contra Rumasa
hasta el espectáculo de pasteleo partidista que ofreció los tres años
que invirtió en avalar la mayor parte del Estatut. No le fue a la zaga
el que consumó en la pasada legislatura, al blanquear a los cachorros
del terrorismo para que se presentaran a las elecciones locales y
autonómicas y llegaran a las instituciones.
La persona decisiva, por su voto de calidad, para inclinar la balanza
del lado de los proetarras fue el presidente Pascual Sala. Ahora se va,
después de haber presidido el TC durante dos años, dejando un
“regalito”, un varapalo a las universidades católicas: empleó su voto de
calidad para imponer una sentencia que minusvalora los acuerdos del
Estado con la Santa Sede. En los votos particulares, seis magistrados
del TC afirman que el trato diferenciado que el legislador dio a la
Iglesia Católica para la creación de sus propias universidades está
justificado por el "singular estatus internacional de la Iglesia, del
que carece cualquier otra confesión religiosa", y porque "la Iglesia fue
la creadora de las primeras universidades y de las que mantienen el
máximo prestigio en la actualidad”.
Pero Sala parece haberse enrocado en su sectarismo hasta el final. Como
al principio. El hasta ahora presidente del Constitucional lo fue antes
del Supremo y del Consejo del Poder Judicial en los años de plomo del
tardofelipismo (1990-96), cuando la corrupción y el crimen de Estado
señoreaban la vida pública española.
Y Sala era una de las autoridades máximas, haciéndole el juego a los
intereses del Gobierno socialista y echando paletadas de tierra sobre la
tumba de Montesquieu.
En la España de los últimos veinte años se ha creado una burbuja
financiera y una burbuja nacionalista, pero desde que el PSOE de
González y Guerra llegó al poder en 1982, ya existía una burbuja
judicial, consistente en acabar con la división de poderes, politizar a
los jueces y disponer de un Fiscal General del Gobierno (no del Estado)
para blindarse ante la Justicia.
El primer paso de la burbuja fue la Ley Orgánica del Poder Judicial de
1985 que convertía al órgano de gobierno de los jueces en un calco de
las mayorías parlamentarias. Posteriormente, la inacción de los
distintos Fiscales Generales, que nada más acceder al cargo se ponía una
venda ante los escándalos de corrupción del Gobierno. Y por fin, la
complicidad de Sala, máxima autoridad judicial como presidente del
Supremo.
Licenciado en Derecho por la Universidad de Valencia, Pascual Sala
(Valencia, 1935) era experto en Derecho Administrativo. Durante el
Franquismo formó parte de Justicia Democrática, y en la Transición, fue
miembro de la asociación profesional Jueces para la Democracia. Ingresó
en la carrera judicial en 1962 y accedió por oposición al puesto de
magistrado de la jurisdicción contencioso-administrativa, labor que
desarrolló entre 1972 y 1982.
Fue un jurista del PSOE como se demostró tan pronto como Felipe
González llegó a la Moncloa, en 1982: fue nombrado consejero del
Tribunal de Cuentas a propuesta del Partido Socialista. Cuatro años
después se convirtió en magistrado de lo Contencioso-Administrativo del
Tribunal Supremo y en 1988 fue elegido presidente del Tribunal de
Cuentas por los miembros de dicho tribunal.
Pascual Sala negó que Felipe González declarara por los GAL y permitió
la liberación de la Mesa de Herri Batasuna desautorizando al Supremo.
Llegó a ser calificado como “lord protector del crimen”. Eso en los años
de la guerra sucia. Casi veinte años después, siendo presidente del
Constitucional, apoyó (junto con Gay y Pérez Vera) la excarcelación del
asesino Troitiño, autor de 22 asesinatos, por los que había sido
condenado a más de 2.700 años de prisión.
Es decir, por un lado evitó que un presidente fuera interrogado por la
guerra sucia, y por otro, permitió que se riera de las víctimas un
sanguinario terrorista. La culminación de esta carrera fue la bendición
de las marcas proetarras. Tal y como temían las víctimas del terrorismo
el Constitucional terminó cumpliendo la función de agente blanqueador de
las listas que parece haberle tocado en suerte en el guión del cambio
de cromos con ETA.
De nada sirvió que el Supremo hubiera dejado claro que las candidaturas
eran “testaferros de Batasuna”. Es preciso dar la razón a Esperanza
Aguirre, que venía a recordar que el Constitucional no puede convertirse
en un Tribunal Supremo del Tribunal Supremo.
La baza que le ha dado fuelle a una banda de gángsters durante 40 años
ha sido la coartada política. Sin la complicidad de los nacionalistas y
la presencia que han ido teniendo los acólitos del crimen en las
instituciones, camuflados en formaciones políticas, ETA se hubiera
extinguido hace décadas. Bildu fue otro intento por aferrarse a ese
tablón ante el naufragio de una banda más débil que nunca. Fiel al guión
de la falsa paz de ETA, urdido por Zapatero, el TC presidido por Sala
permitió que los terroristas se burlaran del Estado de derecho y tomaran
aire, poniendo el pie en los ayuntamientos y chupando del erario
público. Eso sí, no matan. Pero tampoco han entregado las armas.
FUENTE:http://www.intereconomia.com/noticias-gaceta/politica/son-los-responsables-desaguisado-20130626
LA CORRUPCION INCESANTE EN ESPAÑA DESDE LA DEMOCRACIA ( CORRUPCRACIA)
Durante la posguerra, España sufrió un hundimiento de la producción
agrícola e industrial, adquiriendo una gran importancia el mercado
negro, llamado
estraperlo en recuerdo de aquel famoso escándalo. La corrupción económica fue un rasgo básico de la
dictadura franquista,
y estuvo muy extendida y la implicación política en la misma, hasta los
máximos niveles, fue absoluta. En algunos casos por la propia
participación directa de altos cargos, en otros, por la protección que
los estraperlistas recibieron desde el poder. Todo ello en medio de una
total impunidad. Las repercusiones de la corrupción fueron socialmente
muy graves. Para los corruptos supuso un rápido enriquecimiento,
mientras que para la mayor parte de la población implicó privaciones,
carestía, hambre y miseria.
- Caso Barcelona Traction: fue un plan político urdido con objeto de que Juan March Ordinas, cuyo apoyo fue determinante para afianzar la causa nacional en los primeros momentos de la Guerra Civil Española, se apropiara de Barcelona Traction Light & Power Co. Ltd. (conocida históricamente como La Canadiense) como retribución. El 12 de febrero de 1948
tres accionistas de la Canadiense presentaron contra la empresa en los
Juzgados de Reus una demanda que prosperó. March constituyó en 1951 las Fuerzas Eléctricas de Cataluña y aprovechó la quiebra de la Barcelona Traction para adquirir los activos de ésta por una ínfima fracción de su valor real. El caso llegó a elevarse a la Corte Internacional de La Haya, cerrándose el 5 de febrero de 1970, pero March quedó ante la opinión pública nacional como uno de los mayores contrabandistas del país y el último pirata del mediterráneo (sic) según la prensa extranjera.
- Estraperlo:
bajo este nombre se conoce el contrabando dirigido desde las mismas
insitutciones del Estado, así como la venta ilícita de las licencias de importación y exportación, de gran importancia en un régimen mercantilista y autárquico. Se destacó el Ministro de Comercio Manuel Arburua, que "empezó de botones y ahora es archimillonario" según el propio Caudillo.
- La agenda Rivara: tras casi dos décadas de autarquía e hiperproteccionismo, los proyectos de liberalización económica
hicieron temer a las grandes fortunas, que colocaron clandestinamente
más de 70.000 millones de pesetas de la época en cuentas secretas de la banca suiza. Por una casualidad, en diciembre de 1958, el enlace suizo George Laurent Rivara
fue detenido con una agenda que contenía los nombre de sus clientes
españoles y el montante de sus operaciones. Tras ser parcialmente
expurgada, la agenda quedó reducida a 872 nombres.
- Caso de Manufacturas metálicas madrileñas: la quiebra de esta
empresa, dedicada a la manufactura de cacerolas de aluminio, provocó un
escándalo que implicaba por mala gestión a un hermano del Caudillo, Nicolás Franco, uno de los principales accionistas de la empresa. El gobierno impidió el proceso judicial, y resolvió la quiebra "en familia".
- Caso Matesa:
la quiebra de Maquinaria Textil del Norte de España S.A. dejó una deuda
de más de 10.000 millones de pesetas con un banco público, el Banco de Crédito Industrial,, y abrió una crisis gubernamental sin precedentes en el franquismo, debido a una campaña de prensa propiciada por la ley de Prensa de 1966 y atizada por la enemistad entre las familias
del Régimen, en especial falangistas y tecnócratas. La comisión de
investigación de las Cortes elaboró un informe con conclusiones muy
duras para tres ex ministros y un cuarto en activo.
- Sofico: esta inmobiliaria fue creada en 1962 con objeto de construir apartamentos en la Costa de Sol, en especial en Estepona. Suspendió pagos en 1974
tras haber realizado ventas y participaciones de capital por valor de
13.000 millones de pesetas, dejando en la estacada a 4.000 empleados y
25.000 inversores. Ya en la democracia, en 1981, se declaró oficialmente que la quiebra fue una estafa y un fraude de ley.
- También tuvo gran importancia la corrupción urbanística y el llamado chabolismo vertical.
Periodo democrático
La Transición Española: los gobiernos de Adolfo Suárez González y Leopoldo Calvo-Sotelo Bustelo (1976-1982)
- Caso del aceite de colza: venta fraudulenta de aceite adulterado, que provocó el envenenamiento de 60.000 españoles y la muerte de 700.
- Caso Fidecaya:
un agujero en esta entidad de ahorro creada en 1952 e intervenida en
1980, con 250.000 afectados y una presunta estafa de 1.800 millones de
pesetas. El Gobierno forzó una liquidación que el Tribunal de Cuentas
consideró irregular. El déficit patrimonial de la empresa fue estimado
provisionalmente en más de 7.000 millones de pesetas, la mitad de los
ahorros depositados en ella, que fueron garantizado sen un 90% por el
Estado. El propietario, Edmundo Alfaro, fue procesado por estafa, y Fidecaya comprada por Rumasa, ante la oposición del Gobierno. El caso fue archivado a petición de la Fiscalía en 1989.8
Gobierno de Felipe González Márquez (1982-1996)
Durante los últimos años del gobierno de
Felipe González (especialmente en la
IV y
V Legislaturas de España), se sucedieron diversos escándalos de
corrupción:
- Caso Flick: trama española de un gran caso de financiación ilegal de partidos y evasión de impuestos en la RFA, por parte del multimillonario ultraderechista Friedrich Karl Flick. La Fundación Friedrich Ebert, próxima al SPD, destinó donaciones de Flick por valor de millón de marcos para financiar al PSOE.9
- Caso KIO:
suspensión de pagos por valor de 300.000 millones de pesetas (1.803
millones de euros). El gerente de esta sociedad en España, Javier de la Rosa, y sus colaboradores habrían robado, según la acusación particular, 30.000 millones de pesetas (180 millones de euros).10
- Caso de los fondos reservados: desvío de partidas destinadas a la lucha contra el terrorismo y el narcotráfico por valor de 5 millones de euros entre los años 1987 y 1993
para uso privado, enriquecimiento personal y pago de sobresueldos y
gratificaciones a siete altos funcionarios del ministerio del Interior.12
- Caso Rumasa: expropiación, venta y liquidación de este holding en una operación que supuso su quiebra total, debido a las irregularidades en su gestión por parte de la familia Ruiz-Mateos.13
- Caso Filesa: financiación ilegal del PSOE a través de las empresas tapadera Filesa, Malesa y Time-Export, que entre 1988 y 1990
cobraron importantes cantidades de dinero en concepto de estudios de
asesoramiento para destacados bancos y empresas de primera línea que
nunca llegaron a realizarse. Entre las personas vinculadas a estas
operaciones se encontraban el diputado socialista por Barcelona, Carlos Navarro, y el responsable de finanzas del PSOE, Guillermo Galeote.14 Posteriormente fue desglosado en:
- Caso Ave, cohecho y falsedad en relación con las supuestas comisiones ilegales obtenidas por la adjudicación del proyecto del tren de alta velocidad Madrid-Sevilla;15 a su vez desglosado en:
- Caso Seat:
pago de 175 millones de pesetas por parte del SEAT al PSOE, para la
recalificación irregular de terrenos de SEAT, con el objetivo de
financiar ilegalmente al PSOE. Aunque en la Sentencia consideró probados
los hechos, abosolvió a los acusados por haber prescrito el delito.16
- Otros 3 sumarios.
- Caso Osakidetza: en las oposiciones al Servicio Vasco de Salud de 1990 se detectó un "cambiazo"
masivo de exámenes que obligó a repetir gran parte de las pruebas, a
las que se habían presentado cerca de 50.000 aspirantes. Por su presunta
relación con este caso fueron detenidos Pedro Pérez, director de gestión económica de Osakidetza,
y otras tres personas militantes del PSOE, acusadas de fraude con
objeto de beneficiar a miembros del PSOE y UGT e instalar un grupo de
personas afines en posiciones de responsabilidad.17
- Caso Cesid: escuchas ilegales practicadas por los servicios secretos españoles en la sede de Herri Batasuna en Vitoria.18
- Operación Mengele: presunto secuestro y expermientación ilegal con tres mendigos, uno de los cuales murió, por parte del Cesid y el cardiólogo Diego Figuera, con objeto de probar un sedante que debía administrarse al dirigente etarra Josu Urrutikoetxea Bengoetxea, al que se planeaba secuestrar. La causa procesal, instruida por el juez Garzón, fue sobreseída en 1999 a petición de la Fiscalía General.19
- Caso Guerra: condena de Juan Guerra, hermano del vicepresidente Alfonso Guerra,
por los delitos de cohecho, fraude fiscal, tráfico de influencias,
prevaricación, malversación de fondos y usurpación de funciones.20
- Caso Casinos: desvío de unos 3.000 millones de pesetas de la sociedad Casinos-Inverama por parte de su presidente, Artur Suqué, mil de los cuales habrían sido destinados a la financiación ilegal de Convergencia i Unió.21
- Caso Ibercorp: especulación bursátil con valores bancarios por parte de Mariano Rubio, entonces gobernador del Banco de España.22
- Caso Urbanor: una serie de irregularidades en las transacciones para la construcción de las famosas torres KIO, cuando la sociedad Urbanor vendió los terrenos de la Plaza Castilla de Madrid, al grupo kuwaití KIO.
Reconociendo los hechos delictivos, el Tribunal Supremo absolvió a los
acusados por las prescripción de los mismos. Sin embargo, la Audiendia
de Madrid dictó en 2010 pena de cárcel, ratificada por el propio
Supremo, por falsedad documental en su defensa.23
- Caso Sarasola: gestión irregular por parte de este empresario guipuzcoano del Hipódromo de La Zarzuela y la concesión de la quiniela hípica; presuntos delitos de estafa y alzamiento de bienes en la Sociedad Española de Banca de Negocios.24
- Caso Urralburu:
una trama de prevaricación y cohecho por el cobro de comisiones
ilegales en las obras públicas realizadas por el gobierno del presidente
socialista de Navarra, Gabriel Urralburu, entre 1987 y 1991. Urralburu, fue procesado y condenado junto al ex consejero Antonio Aragón.25
- Caso Bardellino: la liberación bajo fianza y huida del dirigente de la camorra napolitana Antonio Tonino Bardellino.26
- Caso Godó: escuchas ilegales o espionaje telefónico realizadas en 1992 por ex agentes del CESID a personal del periódico La Vanguardia, por encargo del empresario Javier Godó, el cual fue finalmente exculpado. El informe policial acusaba al propio CESID de controlar la red.27
- Caso BFP:
en 1992 se descubrió un delito de estafa cometido a través de una red
de pagarés de empresa falsos de BFP Gestión y Asesoramiento Financiero,
por valor de 4.000 millones de pesetas. En 1994 fueron procesados y
encarcelados Jordi Planasdemunt, alto cargo de CiU y director general del Institut Català de Finances, y otras 10 personas, entre ellas Salvador Forcadell, Caries Vila y Joan Basols.28
- Caso Gran Tibidabo: causa contra el empresario Javier de la Rosa y otras siete personas, entre ellas Manuel Prado y Colón de Carvajal
y la esposa de la Rosa, Mercedes Misol, por la descapitalización de la
compañía Grand Tibidabo presuntamente en beneficio propio, bajo la
acusación de delitos de estafa, apropiación indebida, falsedad
documental y contra la Hacienda Pública.29
- Caso Estevill, trama de corrupción judicial en torno al ex juez y ex vocal del Consejo General del Poder Judicial, Luis Pascual Estevill, condenado por delitos de cohecho y prevaricación.30
- Caso Turiben:
una presunta red de facturas falsas utilizada por miles de militares y
agentes de policía para estafar al Estado justificando dietas.31
- Caso Salanueva: Detención de la ex directora del BOE, Carmen Salanueva, por una presunta malversación de fondos el 29 de noviembre de 1993.
Se estima que pudo cometer un fraude al adquirir papel prensa por un
valor total de 2.385 millones de pesetas, prtecio muy superior al del
mercado, causando un perjuicio de más de 653 millones para el BOE y
Hacienda. Fue puesta en libertad el 1 de diciembre. En 1994 fue denunciada por imitar por teléfono la voz de Carmen Romero y de la Reina para quedarse con cuadros de un pintor famoso con falsas promesas.32
- Caso Expo'92:
cohecho, prevaricación y un agujero de más de 210 millones de euros.
Fue arhivada por juez Garzón tras siete años de instrucción.33
- Caso Roldán: llamado así por Luis Roldán, director de la Guardia Civil entre 1986 y 1993,
enriquecido ilícitamente con el robo de 400 millones de pesetas de
fondos reservados y 1.800 millones más en comisiones de obras del
Instituto Armado.34
- Caso Banesto:
un agujero patrimonial de 3.636 millones de euros (605.000 millones de
pesetas) que dejó en la estacada a siete millones de clientes, medio
millón de accionistas, 15.000 trabajadores y 50 empresas en las que la
entidad participaba.36
- Caso Palomino: el cuñado de Felipe González, Francisco Palomino,
ganó 346 millones de pesetas gracias a la venta de su empresa, en
quiebra técnica, por 310 millones a CAE, (luego comprada por Dragados), cuya cartera de obras para el MOPU se multiplicó. Posteriormente, una investigación le vinculó con la mala calidad de las rejas de la cárcel de Sevilla 1.37
- Caso GAL: creación y financiación ilegal de una organización terrorista que asesinó a 27 personas del entorno de ETA entre 1982 y 1987, con implicación de policías, guardias civiles y altos cargos del gobierno socialista, entre ellos el ministro del Interior José Barrionuevo, el secretario de Estado de seguridad Rafael Vera, el gobernador civil de Vizcaya, Julián Sancristóbal, el secretario general del PSOE en Vizcaya, Ricardo García Damborenea y el General de la Guardia Civil Enrique Rodríguez Galindo. El propio González fue acusado de ser el "señor X", el dirigente del entramado GAL.
- Petromocho: fraude perpetrado por un tal Jean-Maurice Lauze, presunto intermediario en una falsa inversión saudí de 100.000 millones de pesetas en un proyecto para construir una refinería de petróleo en las cercanías del puerto de El Musel, en Gijón. El proyecto debía recibir una subvención estatal de 1.000 millones de pesetas. El escándalo provocó la dimisón del presidente socialista de Asturias, Juan Luis Rodríguez-Vigil, sin que el asunto llegara nunca a aclararse completamente.38
- Caso Naseiro: financiación ilegal del Partido Popular a través de la exigencia de pagos a empresas inmobiliarias.
- Caso PSV: fraude y apropiación indebida de 18.588 millones de pesetas, para enriquecimiento personal y financiación ilegal de la UGT a través de esta cooperativa de viviendas y de su gestora, IGS.
- Caso Hormaechea: prevaricación y malversación de caudales públicos por parte del popular Juan Hormaechea, ex alcalde de Santander y ex presidente de Cantabria, condenado en octubre de 1994 a seis años de prisión mayor y 14 de inhabilitación.
- Caso de la minería: subvención ilegal de compañías mineras por parte de Miguel Angel Pérez Villar, ex senador por el PP y consejero de Economía de Castilla y León, condenado por el Tribunal Supremo a ocho años de inhabilitación por prevaricación continuada.39
- Caso Sóller:
prevaricación y cohecho en la adjudicación de las obras del túnel de
Sóller por parte del ex presidente de Baleares por el PP, Gabriel Cañellas. Absuelto de prevaricación en los tribunales, se dio por prescrito el probado delito de cohecho.40
Gobierno de José María Aznar López (1996-2004)
Durante el gobierno de
José María Aznar (
VI y
VII Legislatura de España) trascendieron los siguientes:
- Caso Zamora: iniciado en 1997
para investigar la presunta financiación ilegal del Partido Popular en
Zamora a través del cobro de un "impuesto" de dos millones de pesetas y
el 8% de comisión por cada obra pública entre 1987 y 1991. Fueron
imputadas 33 personas, en su mayoría políticos del PP y constructores,
aunque el caso feu archivado en 2002.41
- Caso Pallerols: en 1997 salió a la luz pública esta presunta operación de financiación irregular de Unió Democràtica a través del desvío de las subvenciones recibidas por las empresas controladas por el empresario Fidel Pallerols y su esposa para realizar cursos de formación laboral. Sobreseído provisionalmente en diciembre de 2005, fue reabierto por la Sección Décima de la Audiencia Provincial de Barcelona en noviembre de 2006.42
- Caso del Lino: en 1999 la Junta de Castilla-La Mancha
denunció un presunto caso de ayudas irregulares al cultivo lino y
desvío de fondos en favor de altos cargos del gobierno popular, entre
ellos la ministra de Agricultura Loyola de Palacio.
En julio de ese mismo año, la Comisión de Investigación constituida a
solicitud del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso de los
Diputados, no halló ninguna irregularidad. No obstante, el Fiscal
anticorrupción Carlos Jiménez Villarejo redactó un informe denunciando la existencia de un “fraude generalizado”. Tras una instrucción de 6 años a cargo de Baltasar Garzón, el 23 de abril de 2007
la sección cuarta de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional
absolvió por completo a los 18 imputados, no hallando ninguna prueba de
fraude o falsedad, y confirmando las conclusiones de la Comisión de
Investigación. Finalmente, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea halló en 2009 deficiencias en el sistema de control de las ayudas al lino, y condenó a España a devolver 129 de los 134 millones de euros cobrados.43
- Caso Tabacalera: presunto enriquecimiento ilícito a través de la compraventa de acciones con información privilegiada por parte de César Alierta, entonces presidente de Tabacalera, su mujer y un sobrino, en concreto entre 1997 y 1998. En 2010 fue absuelto al considerarse prescrito el delito.46
- Caso Forcem: presunto fraude en la Fundación para la Formación Continua (FORCEM), constituida en 1992 por CCOO, UGT, CEOE, CIG y CEPYME
para la gestión de las subvenciones para la formación de los
trabajadores concedidas por el INEM con fondos de la Unión Europea.
Algunas de las empresas receptoras de fondos realmente carecían de
actividad, empleados y alumnos. La Fiscalía pidió el procesamiento de 6
cargos de UGT por el fraude de 100 millones de euros, y el informe del
Tribunal de Cuentas remitido al Congreso detectó responsabilidades
penales y civiles en dos de sus máximos responsables.47
Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero (2004-2011)
Durante el gobierno de
José Luis Rodríguez Zapatero (
VIII y
IX Legislatura de España) han trascendido los siguientes:
- Caso Zarrafaya: en 2005 el alcalde socialista de esta localidad granadina, Salvador Zamora,
fue condenado a nueve meses de cárcel y 2.160 euros de multa, junto con
tres concejales -sentenciados a 7 años de cárcel-, por un delito de
prevaricación administrativa, al autorizar un complejo hotelero en suelo
rural no urbanizable. Su sucesor, el también socialista José Miguel Muñoz, fue condenado a nueve meses de cárcel por desobediencia grave a la autoridad al negarse a paralizar la construcción.49
- Caso de la Ciudad del Golf:
presuntos delitos de prevaricación, malversación de caudales públicos y
fraude en torno a la construcción un complejo de golf y chalés en una
zona de importancia medioambiental. Todos los imputados fueron
absueltos.50
- Caso Salmón: En 2008, el presidente del PP de Canarias, José Manuel Soria, fue imputado por cohecho. El caso fue archivado al no encontrarse pruebas de delito.52
- Caso Matsa: En 2009, la Junta de Andalucía otorgó una subvención de 10,1 millones de euros a la empresa de minería Matsa. La oposición del Partido Popular y el sindicato Manos Limpias
denunciaron en dos ocasiones que esta subvención violaba la ley de
incompatibilidades, puesto que Paula Chaves, la hija del presidente
andaluz Manuel Chaves,
trabajaba en Matsa. El Tribunal Supremo archivó las dos querellas
presentadas considerando que Chaves no había incurrido en ningún delito.54
- Caso Plasenzuela: presunta Prevaricación, malversación, estafa y delitos urbanísticos por parte del alcalde socialista de esta localidad cacereña, José Luis Villegas,
imputado por el desvío de 4,4 millones de euros de fondos públicos y
apropiación de otros 66.000 por una residencia y un polideportivo.
También fueron imputados un concejal socialista, el secretario
municipal, y el alcalde del cercano pueblo de Torremocha, Domingo Galán Encina, del Partido Popular.56
- Caso Castelfollit: presunta falsedad de documento público por parte del alcalde de Castellfollit de la Roca, Moisés Coromina, para poder cobrar una subvención para construir el nuevo ayuntamiento.57
- Caso Campeón:
una presunta trama dedicada a captar subvenciones ilegales para
determinadas empresas gallegas, que se saldó con la detención del
director y un subdirector del IGAPE. Se investiga la implicación dos diputados autonómicos socialistas, del alcalde socialista de Lugo, José López Orozco, y del convergente Oriol Pujol, hijo de Jordi Pujol. Su derivación más grave es la acusación de cohecho y tráfico de influencias por parte del ministro de Fomento y vicesecretario del PSOE José Blanco López, que se reunió en una apartada gasolinera con el empresario Jorge Dorribo, que le habría entregado 400.000 € al primo de Blanco cambio de subvenciones.60
- Caso ITV: derivado del anterior, una presunta trama de trama de concesiones irregulares de ITV en Cataluña. Condujo a la detención, en marzo de 2012, de dos altos cargos del gobierno catalán, los convergentes Josep Tous, coordinador general de la Diputació de Barcelona, e Isidre Masalles, subdirector general de Seguridad Industrial, y tres empresarios. El sumario acusa a Oriol Pujol de connivente con los presuntos delitos.61
- Caso Porcuna: la ex alcaldesa socialista de esta localidad jienense, Ana María Moreno de la Cova,
fue condenada a 21 años de inhabilitación y multa de 2.190 euros tras
admitir haber concedido tres licencias de construcción ilegales entre
los años 2004 y 2006. Tres concejales fueron condenados a 14 años de
inhabilitación y el pago de una multa de 1.460 euros.64
- Caso Nueva Rumasa: quiebra y venta de este grupo empresariañ debido a las presuntas irregularidades en su gestión por parte de la familia Ruiz-Mateos.65
- Caso Tótem: Detenido el Alcalde, jefe de la Policía Local y secretaria del Ayuntamiento de Totana (Murcia), entre otros.67
Gobierno de Mariano Rajoy Brey (2011-...)
Durante el gobierno de
Mariano Rajoy (
X Legislatura de España) han trascendido los siguientes:
- Caso Emarsa: presuntas irregularidades cometidas por los directivos vinculados al Partido Popular de la empresa Emarsa que se dedicaba a depurar las aguas residuales del área metropolitana de Valencia y cuya principal misión era la gestión de la planta depuradora de Pinedo. Los dos principales imputados son el expresidente de la empresa, el popular Enrique Crespo, y Esteban Cuesta, gerente de Emarsa, y exalcalde pedáneo de Benimámet nombrado por la alcaldesa de Valencia Rita Barberá.69
- Operación Pitiusa:
88 detenidos -entre ellos 15 empleados públicos- en una red de robo y
tráfico de datos confidenciales de la administración, con centro en Barcelona
y actividades extendidas por 11 comunidades autónomas. La información
se vendía a empresas privadas, muy singularmente bancos y operadoras de
telecomunicaciones, a través de agencias de detectives privados.70
- Caso Dívar: El presidente del Poder Judicial, Carlos Dívar, costeó con dinero público 30 viajes a la Costa del Sol,
con estancias en hoteles de cuatro estrellas. Tras ser exonerado por
sus pares, y después de dos semanas de fuerte presión parlamentaria y
mediática, Dívar presentó su dimisión, siendo el primer presidente del
Poder Judicial que deja el cargo.71
- Caso Nóos: caso que emerge en noviembre de 2011 cuando Iñaki Urdangarin, duque consorte de Palma de Mallorca, fue acusado de desviar fondos públicos para su propio beneficio mediante el Instituto Nóos, cuyo gestor era su socio Diego Torres. En abril de 2013, la Infanta Cristina es imputada por el Juez por presunta apropiación indebida de fondos públicos.74 La Fiscalía Anticorrupción dice que recurrirá dicha imputación al no existir pruebas sólidas.75
- Caso Bárcenas: El 18 de enero de 2013, El Mundo76
publicó que Bárcenas «distribuía cada mes sobres con cantidades entre
5.000 y 15.000 euros a secretarios ejecutivos, cargos públicos y otros
miembros del aparato», con dinero B
procedente «de constructoras, empresas de seguridad y donaciones». La
práctica se habría extendido durante 20 años. El diario exculpa a Rajoy y Cospedal que no habrían cobrado esas comisiones ilegales. según el diario Rajoy puso fin a la práctica en 2009.77 78 Publicaciones posteriores muestran datos que sugieren que el presidente Rajoy, y otros miembros de la actual cúpula del PP y ministros, como Cospedal cobraron dichos sobresueldos y que estos eran pagados por empresarios.79
Un informe de la Policía Nacional indica que los presidentes de varias
empresas constructoras donaron 3,4 millones de euros al PP, en
cantidades superiores por las permitidas por la ley, que fueron
ingresados por Bárcenas como si se tratase de donaciones anónimas. Las
empresas de estos constructores recibieron contratos por valor de 12.281
millones desde gobiernos del PP.80
- Caso Amy Martin: en enero de 2013, salía a los medios de comunicación el caso Amy Martin, donde la Fundación Ideas, vinculada al PSOE,
facturaba a nombre de una persona inventada. Más tarde se descubrió que
Amy Martin estaba encarnada por la mujer del director de la Fundación, Carlos Mulas. DESDE
