Defensa expedienta a una juez militar que investiga un caso de corrupción
Acusan a la instructora de falta grave por registrar una base aérea sin avisar al jefe de un cuartel
Un coronel la retuvo en un despacho y no le permitió salir hasta que le dijo lo que buscaba
El avión con el último grupo de la misión española en Kosovo aterriza, ayer, en la base de Getafe. / S. BARRENECHEA (efe)
El Consejo General del Poder Judicial
(CGPJ) tiene una patata caliente sobre la mesa. Una juez militar, la
titular del juzgado togado territorial número 12, con sede en Madrid, se
ha dirigido al órgano de gobierno de los jueces para pedirle amparo
ante las presiones que está sufriendo en la investigación de un caso de
presunta corrupción en el Ejército del Aire. Presiones que, según la
juez, “afectan gravísimamente” a su independencia.
Lo más grave es que las injerencias procederían de quienes más obligados están a colaborar al éxito de la investigación: el coronel jefe del acuartelamiento de la agrupación de la base aérea de Getafe (Madrid), el jefe del Estado Mayor del Ejército del Aire, el Asesor Jurídico General de Defensa y el Tribunal Militar Central. Este último, al que correspondería amparar a la juez, le ha abierto un expediente disciplinario por falta grave que, más allá de la sanción económica —hasta 20 días de suspensión de sueldo—, puede acabar con su carrera profesional.
La falta imputada a la juez consistiría en no haber avisado con suficiente antelación al coronel jefe del Acuartelamiento Aéreo de Getafe (ACAR Getafe) de su decisión de proceder a un registro e inspección ocular de algunas de sus dependencias, en el curso de un sumario, declarado secreto, en el que investiga presuntos delitos de malversación de fondos públicos o falsedad documental. Es decir, que el juez instructor de una causa declarada secreta tendría la obligación de alertar de un registro al responsable del organismo sobre el que recaen las sospechas de corrupción.
Según la documentación que obra en manos del Consejo, la juez se personó en dos ocasiones en la base aérea de Getafe, el 3 y el 12 de junio, al frente de una comisión judicial y con una orden de entrada y registro que afectaba al acuartelamiento de la agrupación y a la Sección Económica Administrativa (SEA). Aunque había avisado de su llegada —a través del asesor jurídico del Mando General del Aire (MAGEN)—, primero se le impidió el acceso; y luego, se le conminó por parte del coronel para que le revelase sus propósitos.
Según el escrito elevado al CGPJ por la juez, el coronel la retuvo en un despacho, en contra de su voluntad, y no le permitió salir hasta que le dijo a dónde iba y qué buscaba. “Me sentí absolutamente vejada en mi condición de juez, persona y mujer”, alega la instructora.
Finalmente, se practicó el registro, que se prolongó casi cuatro horas y continuó a la mañana siguiente. La juez decidió regresar el 12 de junio tras comprobar que faltaban por inspeccionar algunas dependencias.
Pero el desarrollo de la investigación se ha visto condicionado por las secuelas del roce entre el coronel y la juez. La segunda decidió, a la vista del desarrollo de los acontecimientos, denunciar al mando por obstrucción a la justicia, pero el juzgado togado militar central optó por archivar la denuncia de un plumazo, sin instrucción alguna.
Por el contrario, la queja del coronel llegó al Jefe del Estado Mayor del Ejército del Aire, quien consultó con el Asesor Jurídico General de Defensa, que la trasladó al Tribunal Militar Central. Con la misma celeridad con que se archivó la denuncia de la juez contra el coronel, se le abrió expediente disciplinario a ella, sin ninguna indagación previa.
El expediente se basa en que el artículo 185 de la Ley Procesal Militar dice que, “para la entrada y registro” en instalaciones militares, “debe preceder aviso” al jefe de la misma, “a fin de que preste el debido auxilio”, salvo cuando dicho jefe esté imputado o “cuando la investigación de los hechos no lo permita”.
La juez aduce que la ley no especifica con cuánta antelación debe avisarse —ella lo hizo al llegar a la base— y que el secreto sumarial le impedía informar al coronel. La práctica de un registro, argumenta en su escrito, no puede condicionarse “al visto bueno del jefe de la unidad”. Su mayor temor es que se consagre a partir de ahora una doctrina de aplicación en las Fuerzas Armadas: “Un mando militar podrá obstaculizar la intervención del juez y la consecuencias será que se le abre expediente al juez y que el mando militar tendrá todo el respaldo de las Autoridades de Defensa”.
El Consejo General del Poder Judicial tendrá la última palabra.
COMENTARIOS DE LOS LECTORES DE" EL PAIS "
Lo más grave es que las injerencias procederían de quienes más obligados están a colaborar al éxito de la investigación: el coronel jefe del acuartelamiento de la agrupación de la base aérea de Getafe (Madrid), el jefe del Estado Mayor del Ejército del Aire, el Asesor Jurídico General de Defensa y el Tribunal Militar Central. Este último, al que correspondería amparar a la juez, le ha abierto un expediente disciplinario por falta grave que, más allá de la sanción económica —hasta 20 días de suspensión de sueldo—, puede acabar con su carrera profesional.
La falta imputada a la juez consistiría en no haber avisado con suficiente antelación al coronel jefe del Acuartelamiento Aéreo de Getafe (ACAR Getafe) de su decisión de proceder a un registro e inspección ocular de algunas de sus dependencias, en el curso de un sumario, declarado secreto, en el que investiga presuntos delitos de malversación de fondos públicos o falsedad documental. Es decir, que el juez instructor de una causa declarada secreta tendría la obligación de alertar de un registro al responsable del organismo sobre el que recaen las sospechas de corrupción.
Según la documentación que obra en manos del Consejo, la juez se personó en dos ocasiones en la base aérea de Getafe, el 3 y el 12 de junio, al frente de una comisión judicial y con una orden de entrada y registro que afectaba al acuartelamiento de la agrupación y a la Sección Económica Administrativa (SEA). Aunque había avisado de su llegada —a través del asesor jurídico del Mando General del Aire (MAGEN)—, primero se le impidió el acceso; y luego, se le conminó por parte del coronel para que le revelase sus propósitos.
Según el escrito elevado al CGPJ por la juez, el coronel la retuvo en un despacho, en contra de su voluntad, y no le permitió salir hasta que le dijo a dónde iba y qué buscaba. “Me sentí absolutamente vejada en mi condición de juez, persona y mujer”, alega la instructora.
Finalmente, se practicó el registro, que se prolongó casi cuatro horas y continuó a la mañana siguiente. La juez decidió regresar el 12 de junio tras comprobar que faltaban por inspeccionar algunas dependencias.
Pero el desarrollo de la investigación se ha visto condicionado por las secuelas del roce entre el coronel y la juez. La segunda decidió, a la vista del desarrollo de los acontecimientos, denunciar al mando por obstrucción a la justicia, pero el juzgado togado militar central optó por archivar la denuncia de un plumazo, sin instrucción alguna.
Por el contrario, la queja del coronel llegó al Jefe del Estado Mayor del Ejército del Aire, quien consultó con el Asesor Jurídico General de Defensa, que la trasladó al Tribunal Militar Central. Con la misma celeridad con que se archivó la denuncia de la juez contra el coronel, se le abrió expediente disciplinario a ella, sin ninguna indagación previa.
El expediente se basa en que el artículo 185 de la Ley Procesal Militar dice que, “para la entrada y registro” en instalaciones militares, “debe preceder aviso” al jefe de la misma, “a fin de que preste el debido auxilio”, salvo cuando dicho jefe esté imputado o “cuando la investigación de los hechos no lo permita”.
La juez aduce que la ley no especifica con cuánta antelación debe avisarse —ella lo hizo al llegar a la base— y que el secreto sumarial le impedía informar al coronel. La práctica de un registro, argumenta en su escrito, no puede condicionarse “al visto bueno del jefe de la unidad”. Su mayor temor es que se consagre a partir de ahora una doctrina de aplicación en las Fuerzas Armadas: “Un mando militar podrá obstaculizar la intervención del juez y la consecuencias será que se le abre expediente al juez y que el mando militar tendrá todo el respaldo de las Autoridades de Defensa”.
El Consejo General del Poder Judicial tendrá la última palabra.
COMENTARIOS DE LOS LECTORES DE" EL PAIS "
La corrupción y la prevaricación siempre han existido en el
ejército....siempre....pero pocas veces se denunciaba...por no decir
ninguna....un pacto de lobos.
Leo con cierta reiteración que la justicia militar es a la justicia lo
que la música militar a la música, como si ello fuese un demérito de la
justicia castrense. Los más célebres compositores de música clásica han
compuesto piezas de música militar, algunas muy bellas, de las mejores
de su carrera. La ignorancia es supina. En todo caso, prefiero que la
justicia militar sea más parecida a la marcha militar de los Nibelungos
de Richard Wagner, o la antigua partitura de la marcha militar de
Beethoven, que una justicia ordinaria más parecida a la música de
Jesulín de Ubrique o de Leticia Sabater, que es la que tenemos.
La justicia civil no puede intervenir o en este caso interferir las
sentencias de un tribunal militar...son poderes totalmente separados y
con independencia, el consejo Supremo de Justicia Militar es el órgano
máximo de la justicia militar, el cual está integrado en la sala quinta
del tribunal supremo . El ministro Morenes es un muñeco en manos de los
generales del ejército español.....un subordinado mas...Por otra parte
es lamentable el repudio al que ha sido sometida la juez....es
intolerable...inadmisible y vergonzoso...La mujer socialmente aun sufre
discriminación por parte de poderes machistas, en el ejército es norma
habitual, no solo en este país....en cualquier otro estado. El ejército
es machista por naturaleza y nada ni nadie podrán cambiar eso.
Casi la mitad del pago del Yak-42 se lo repartían en comisiones seis intermediarios.
Hasta el ejército ha llegado la corrupción y la prevaricación. Todo
ello adobado con violencia, coacción y amenazas a la juez instructora
del caso. ¿En qué país estamos? ¿Sigue siendo el ejército omnipotente a
pesar de vivir, supuestamente, en democracia?
En El Ejercito, como en el resto de la Sociedad, se produce el ninguneo
y la violencia a la mejer. Caso más grave cuando se trata de una Jueza,
con una orden de registro a la que se le impide hacer su trabajo y
además se la intenta ajusticiar por hacerlo. El ejercito, anacrónico de
por si, sólo refleja lo que una parte de la sociedad consiente: el
machismo descarnado. Ya vimos la semana pasada el caso de la capitán que
denunciando a su coronel de trato vejatorio y habiendo ganado el Jucio
por el cual se condena al coronel, con pruebas contrastadas, ahora vive
un infierno y persecucien por el simple hecho de haber denunciado a un
mando. Vergonzaso. No sé si la Justicia civil puede intervenir en la
Justicia militar. Sino será el propio Ministro Morenés el que tenga que
intervenir en este y otros casos que suceden todos los días dentro del
Ejercito y que por desgracia en general tiene por protagonista a mujeres
que TAMBIEN son el EJERCITO, trabajan y participan en él. Pero siendo
como ha sido durante siglos un Coto Privado de hombres, entienden dentro
de este como natural, la violencia contra la mujer.
Bueno.....lo tienen todo bien
atado....gobierno...ejército....iglesia.....volvemos a tiempos oscuros y
siniestros. Han asesinado a la democracia sin apenas darnos cuenta.
Tejemanejes...corruptelas...pillaje. Han convertido a la constitución en
la ramera del reino la cual violan a su antojo y cuando les apetece, a
capricho, sin remordimientos a sabiendas de que no van a ser
castigados....esto no es un país, esto es una cueva de ladrones donde
solo unos miles tienen patente de corso.
El PP dice, pero quien son estos jueces para investigarnos. El ejercito
dice, pero quien es esta "Señorita", para investigar. No hemos cambio
parece que estamos en el 21 de Noviembre de 1975. Dios mio, lo que nos
espera.. Para poder controlar todo esto, y que todo parezca legal,
cambios las leyes, mejor dicho cambios a los jueces y ya está.
seguramewnrte que tu tambien comes del uniforme, que mania de meterse
con los sindicatos,podra haber algun sinverguenza como los hay en todas
partes, pero de una forma generalizada no ademas los que sois de derecha
siempre vais ofewndiendo para defender vuestras calamidades de todo
tipo,estais siempre a la defensiva acusando al resto, pero antes que la
dignidad estan los priviolegios de muchos,, para mi es al reves.
como tachar a todo el ejercito de podrido, como tu bien as dicho, habra
de todo. Y ya no es solo la corrupcion, sino los privilegios que se
quieren ver en unas instituciones y no en otras
Hostia, también en el ejército? Que institución no está pringada?
FUENTE:http://politica.elpais.com/politica/2013/06/23/actualidad/1372011998_508799.html
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