El Gobierno excluye de la Dependencia a 30.000 personas con derecho a una ayuda
Solo percibirán su subvención los moderados que tenían los trámites más avanzados
Ya se conoce la cifra exacta: 29.838 personas con dependencia
moderada reconocida no recibirán la ayuda a la que tienen derecho. El decreto de Rajoy del 30 de diciembre paralizó la Ley de Dependencia
para estas personas durante todo 2012, pero no se sabía qué iba a
ocurrir con los que ya tenían reconocido ese derecho durante este año.
El Gobierno ha decidido que solo percibirán su ayuda los que tenían los
trámites más avanzados, o sea, el documento donde se señala la ayuda que
recibirán y aquellos que lo hayan solicitado y la comunidad haya
excedido en seis meses el plazo para atenderlos. Si alguien lo solicita
después del 1 de julio pierde el derecho porque la comunidad puede
retrasarse seis meses sin ser penalizada.
Responsables del Ministerio de Sanidad se han reunido previamente con las comunidades para discutir entre todos el criterio que se utilizaría para decidir qué dependientes moderados tendrán sus ayudas y quiénes no. Y esta ha sido la decisión. Los famosos seis meses vienen del decreto anticrisis anunciado en mayor de 2010 por Zapatero. Entonces se concedió un plazo de seis meses a las comunidades autónomas para resolver el expediente de una persona con dependencia. Si en esos seis meses no se resuelve correrían con los pagos de los atrasos.
Las asociaciones de profesionales no coinciden con el criterio usado para determinar la efectividad del derecho. “Creemos que deberían recibir su ayuda todos aquellos que durante 2011 estuvieran declarados dependientes moderados [grado I, nivel II], esa es la interpretación correcta. La justicia debería decidir esto, y esperamos que algún afectado o entidad lo recurra en tribunales”, dice el presidente de la Asociación Estatal de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales, José Manuel Ramírez. “Es totalmente arbitrario que la efectividad del derecho dependa de la agilidad de cada comunidad al gestionar los trámites, pero así va a ser: las que han sido más diligentes habrán salvado a más dependientes”.
Sacar a 29.838 personas de la estadística mediante este procedimiento ha tenido el efecto de reducir artificialmente la lista de espera, que cae prácticamente en el mismo número. Ya no son 305.941 dependientes los que esperan su ayuda sino 276.028.
A estos afectados hay que añadir alrededor de 30.000 más cuya entrada estaba prevista para 2012. Sumados todos y calculadas las ayudas que recibirían, el ahorro apenas supone el 1% del coste anual del sistema: unos 80 millones. Por lo demás, las estadísticas presentadas este miércoles, con casi un mes de retraso, indican la misma tendencia: la ley está paralizada y en retroceso, no solo para los dependientes moderados, sino para todos. En los últimos meses, desde mayo pasado, cuando se limpiaron las estadísticas, apenas cuatro comunidades sostienen los datos, Castilla y León, Andalucía, Madrid y País Vasco, que tienen un saldo positivo y relativamente alto de nuevos beneficiarios. En ese mismo periodo nueve comunidades tienen un saldo negativo, es decir, ingresan en el sistema menos personas de las que causan baja. Son Aragón, Castilla-La Mancha, Navarra, Asturias, Valencia, La Rioja, Extremadura, Baleares y Cantabria.
Por otro lado, las estadísticas hechas públicas demuestran las muchas deficiencias del sistema de información usado para esta ley. Se observan trampas como que en la Comunidad Valencia prácticamente coinciden el número de solicitudes con el de ciudadanos valorados, como si la valoración fuera inmediata, precisamente en una comunidad donde los plazos se alargan muchísimo. O que en Ceuta y Melilla haya más atendidos que personas con derecho, un claro error informático.
Responsables del Ministerio de Sanidad se han reunido previamente con las comunidades para discutir entre todos el criterio que se utilizaría para decidir qué dependientes moderados tendrán sus ayudas y quiénes no. Y esta ha sido la decisión. Los famosos seis meses vienen del decreto anticrisis anunciado en mayor de 2010 por Zapatero. Entonces se concedió un plazo de seis meses a las comunidades autónomas para resolver el expediente de una persona con dependencia. Si en esos seis meses no se resuelve correrían con los pagos de los atrasos.
Las asociaciones de profesionales no coinciden con el criterio usado para determinar la efectividad del derecho. “Creemos que deberían recibir su ayuda todos aquellos que durante 2011 estuvieran declarados dependientes moderados [grado I, nivel II], esa es la interpretación correcta. La justicia debería decidir esto, y esperamos que algún afectado o entidad lo recurra en tribunales”, dice el presidente de la Asociación Estatal de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales, José Manuel Ramírez. “Es totalmente arbitrario que la efectividad del derecho dependa de la agilidad de cada comunidad al gestionar los trámites, pero así va a ser: las que han sido más diligentes habrán salvado a más dependientes”.
Sacar a 29.838 personas de la estadística mediante este procedimiento ha tenido el efecto de reducir artificialmente la lista de espera, que cae prácticamente en el mismo número. Ya no son 305.941 dependientes los que esperan su ayuda sino 276.028.
A estos afectados hay que añadir alrededor de 30.000 más cuya entrada estaba prevista para 2012. Sumados todos y calculadas las ayudas que recibirían, el ahorro apenas supone el 1% del coste anual del sistema: unos 80 millones. Por lo demás, las estadísticas presentadas este miércoles, con casi un mes de retraso, indican la misma tendencia: la ley está paralizada y en retroceso, no solo para los dependientes moderados, sino para todos. En los últimos meses, desde mayo pasado, cuando se limpiaron las estadísticas, apenas cuatro comunidades sostienen los datos, Castilla y León, Andalucía, Madrid y País Vasco, que tienen un saldo positivo y relativamente alto de nuevos beneficiarios. En ese mismo periodo nueve comunidades tienen un saldo negativo, es decir, ingresan en el sistema menos personas de las que causan baja. Son Aragón, Castilla-La Mancha, Navarra, Asturias, Valencia, La Rioja, Extremadura, Baleares y Cantabria.
Por otro lado, las estadísticas hechas públicas demuestran las muchas deficiencias del sistema de información usado para esta ley. Se observan trampas como que en la Comunidad Valencia prácticamente coinciden el número de solicitudes con el de ciudadanos valorados, como si la valoración fuera inmediata, precisamente en una comunidad donde los plazos se alargan muchísimo. O que en Ceuta y Melilla haya más atendidos que personas con derecho, un claro error informático.
- fuente:http://sociedad.elpais.com/sociedad/2012/02/29/actualidad/1330545868_294321.html
No hay comentarios:
Publicar un comentario