El Ayuntamiento de Alicante tendrá que pagar en los próximos diez años más de
233 millones de euros de deuda financiera para evitar la bancarrota y poder garantizar los servicios básicos de la ciudad.
Como anunció en julio, la Concejalía de Hacienda
pedirá por segunda vez el rescate del Gobierno para pagar a proveedores y
dejar "las cuentas a cero", según explicaba esta semana el edil del área,
Juan Seva. Lo mismo que dijo hace un año y medio, cuando el Ejecutivo inyectó
47 millones a cambio de aprobar un plan de ajuste que ya incluía algunas subidas de impuestos.
Para esta segunda intervención,
Montoro no va a ser tan amable. De entrada,
Alicante tendrá que reducir un 5% el capítulo de Personal. También deberá
ajustar sus tasas municipales para cubrir todo el coste de los servicios (lo que supondrá
incrementos de hasta el 100% en algunos tributos,
como en las basuras) y permitirá una intervención completa de los
hombres de negro del Ministerio en asuntos municipales. Dos ejemplos: el
Gobierno tendrá
derecho de veto sobre los presupuestos anuales y
capacidad plena para disolver organismos públicos que resulten deficitarios.
Esta pérdida de autonomía viene reflejada en la propuesta de acuerdo
que el PP aprueba este viernes en solitario en el pleno municipal. En el
punto segundo el Ayuntamiento de Alicante se compromete a aceptar
"aquellas otras condiciones que por el Ministerio de Hacienda y
Administraciones Públicas se consideren necesarias para el saneamiento
financiero del municipio". Es decir, que
da barra libre al Gobierno central para que imponga su criterio y que la ciudad deje de triturar dinero.
Además de una
subida generalizada de tasas, Alicante
también contempla prorrogar durante todo el plazo del rescate la subida
del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) de diez puntos; tampoco podrá
formar parte de "nuevos organismos, sociedades, consorcios, fundaciones o
cualquier otro ente".
Pese a estas duras condiciones, el concejal de Hacienda
no vacila en vender la necesidad de financiación externa como un éxito
del actual equipo de Gobierno. La ciudad, uno de los 27 municipios de
España de más de 50.000 habitantes con problemas económicos (según el
Ministerio),
no ha sabido paliar la falta de ingresos y el recorte de subvenciones con
un nuevo motor económico, como el turismo. En total Alicante ha tenido
que solicitar esta legislatura 70 millones de euros al Gobierno para
hacer frente a sus obligaciones.
La petición del segundo rescate pone fin a la
ceremonia de la confusión que Seva y Castedo han protagonizado en las últimas semanas, y explica el
demoledor informe
de la Sindicatura de Cuentas en el que alertaba de que la Hacienda de
Alicante era la peor controlada de la Comunidad Valenciana. El portavoz
del grupo municipal socialista,
Miguel Ull, critica la
"burla que supone para la oposición el negarse a dar información en los
foros adecuados", en referencia a la comisión de Hacienda donde 24 horas
antes Seva declinó informar sobre el rescate. El portavoz de EU, Miguel
Ángel Pavón, asegura que "Castedo y Seva gobiernan para sus amigos
empresarios, a los que siguen adjudicando jugosas contratas que arruinan
las arcas municipales". Por su parte, el edil de UPyD, Fernando Llopis,
exige "responsabilidades en la desastrosa gestión de la ciudad".
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POLÍTICA
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Esquerra Unidad denuncia 'irregularidades' en los contratos
El aeropuerto de Castellón se gastó un millón de euros en patrocinar un equipo de motos
El piloto Álex Debón, patrocinado por el Aeropuerto de Castellón. | alexdebon.com
- El contrato se firmó en enero de 2011 y en abril se incrementó por retrasos
- EU critica otro contrato por una auditoría que se firmó ya en 2013
La diputada de Esquerra Unida (EUPV) en Les Corts Marina Albiol ha hecho públicos dos contratos del aeropuerto de Castellón, que su grupo considera irregulares, por valor de 1.166.000 euros para patrocinio deportivo y para la realización de una auditoría.
En una rueda de prensa, Marina Albiol ha criticado la gestión del aeropuerto de Castellón, que "desde su principio ha estado plagada de irregularidades".
El primero de los contratos, que tiene como finalidad patrocinar a una empresa de motociclismo, fue firmado en enero de 2011 y contempla una aportación por parte del Aeropuerto de un millón de euros.
Albiol ha explicado que en abril de 2011 se modificó este contrato "por los retrasos en el pago del patrocinador y el importe se incrementó por ello en 150.000 euros".
"Lo más denunciable es que, sólo por el retraso de un mes en el pago, se tiene que pagar 150.000 euros más", ha criticado la diputada.
A esto, ha dicho, hay que añadir el "ridículo que ha supuesto año tras año hacer publicidad de un aeropuerto en el que no hay vuelos" y que todavía hoy permanece cerrado al tráfico aéreo.
Anomalías detectadas por la Sindicatura de Cuentas
A juicio de Albiol, este contrato "presenta muchas irregularidades, ya que no quedan especificadas las necesidades que lo justifican, carece de documentación suficiente y no cumple el artículo 175 de la ley de contratos de servicios públicos".
Tras asegurar que estas anomalías ya fueron detectadas por la
Sindicatura de Cuentas de la Generalitat, la diputada de EU ha puesto de
manifiesto que el PP "siempre actúa en beneficio de la empresa privada y de sus amigos, con el consiguiente perjuicio para el interés general".
El segundo contrato que EU considera irregular es el encargo realizado a una empresa para que realizara una auditoría sobre la situación del aeropuerto, firmado en mayo de 2013.
Según Mariana Albiol, "dos años después de la inauguración
del aeropuerto, cuando ya habíamos hecho el ridículo a nivel
internacional, todavía se gastan otros 16.000 euros en un informe absolutamente innecesario".
Este contrato hace referencia a la situación de las instalaciones aeroportuarias y gestiones comerciales,
algo que "dos años después de estar acabado el aeropuerto, debería
estar ya hecho y se debían conocer todos los procedimientos que quedan
por cumplir", ha resaltado la diputada.
El aeropuerto ha sido, a juicio de Marina Albiol, "un gasto de dinero sin utilidad" para la mayoría de los ciudadanos, pero "para determinados sectores privados sigue siendo un buen negocio".
FUENTE:http://www.elmundo.es/elmundo/2013/09/27/castellon/1380269888.html
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El juez imputa a Serra, Todó y 52 miembros de Caixa Catalunya
La fiscalía les acusa de administración desleal por cobrar retribuciones "desproporcionadas" en el año 2010
El titular del juzgado de instrucción número 30 de Barcelona ha
citado a declarar al ex presidente de Catalunya Caixa Narcís Serra, al
exdirector general Adolf Todó y a otros 52 miembros de la antigua cúpula
de la entidad por aprobar sobresueldos a altos cargos pese a su crítica
situación económica.
En un auto, el juez Josep Maria Pijuan considera que existen
suficientes indicios para citar a declarar como imputados a los 54
miembros de la antigua cúpula de Catalunya Caixa, contra los que
la Fiscalía Anticorrupción presentó una denuncia por un delito de administración desleal.
Si no hay modificaciones en las citaciones, las declaraciones de los
imputados comenzarán el próximo 21 de octubre, cuando serán interrogados
Serra, Todó y otros tres ex directivos de la entidad bancaria. El resto
de los imputados prestarán declaración ante el juez el próximo 30 de
octubre, así como los días 4, 5 y 11 de noviembre.
Serra se embolsaba 260.000 al año por trabajos de representación
El juez Josep Maria Pijuan, el mismo que investiga el Palau de la
Música, ha acordado estas imputaciones tras admitir a trámite la
denuncia que presentó el fiscal Anticorrupción Fernando Maldonado por
los "sueldos desproporcionados" que en su opinión aprobó Catalunya Caixa
para sus altos cargos en 2010, pese a la "crítica" situación económica
que atravesaba la entidad y el entorno de crisis.
Según la denuncia de la Fiscalía, los 54 miembros del consejo de
administración de Catalunya Caixa imputados aprobaron aumentos
retributivos y garantizaron indemnizaciones a los altos cargos "con
evidente abuso del cargo", ya que "utilizaron los fondos de una entidad
con connotaciones y trascendencia públicas, en beneficio propio y con
claro perjuicio para la entidad, lo cual contribuyó a su grave crisis
financiera".
Concretamente,
dichos sobresueldos se aprobaron en sendas resoluciones en enero y en octubre del año 2010,
pese a que en julio de ese mismo año la entidad tuvo que acudir al
Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) para pedir una ayuda
de 1.250 millones.
La entidad tuvo que pedir 1.250 millones al FROB en 2010
El primer acuerdo se aprobó el 19 de enero de 2010, con la oposición
de una única consejera y la abstención de otros dos, y consistió en
aumentar el sueldo variable anual del entonces director general Adolf
Todó del 35 al 50 % y de su adjunto, Jaume Massana, del 35 al 45 %.
El segundo acuerdo se aprobó el 13 de octubre del mismo año -con
siete votos en contra y siete abstenciones- para aumentar el sueldo para
el año 2011 de los miembros del comité de dirección, de forma que Todó
pasó a cobrar 812.501 euros (frente a los 800.481 que cobraba) y Massana
610.201 (frente a los 598.428).
En la denuncia, el fiscal detalla que, tras reducir drásticamente
beneficios y entrar en pérdidas, en julio de 2010, se hizo "urgente" la
intervención del FROB, que tuvo que aportar 1.250 millones, el 23,51 %
de los recursos propios de la entidad.
En octubre de 2011, el FROB tuvo que desembolsar otros 1.718 millones
más a Catalunya Caixa, con lo que pasó a asumir el 89,74 % del capital
del nuevo banco, fruto de la fusión de las cajas de ahorros Catalunya,
Tarragona y Manresa, que fructificó en julio de 2010. Finalmente, el
FROB aportó, en diciembre de 2012, otros 9.084 millones de euros a la
entidad, por lo que pasó a ostentar el 100 % del capital. Catalunya
Caixa cerró el año 2012 con unas pérdidas de cerca de 12.000 millones de
euros.
Todó, que presidió Catalunya Caixa entre octubre de 2011 y mayo de
2013 hasta su destitución por el FROB, ganó en la entidad un total de 4
millones de euros (3,1 en retribución fija y 0,8 en retribución
variable) y se aseguró pólizas y planes de pensiones por valor de 8,2
millones, según la Fiscalía.
Además, añade la denuncia, pese a que Narcís Serra -que fue
vicepresidente del Gobierno con Felipe González- tenía un cargo
representativo en la entidad, recibía "elevados emolumentos en concepto
de dietas", que en 2006 llegaron a los 135.707 euros, hasta que entre
2007 y 2010 combinó las dietas con un salario, por lo que pasó a cobrar
entre 236.000 y 260.000 anuales.
FUENTE:http://ccaa.elpais.com/ccaa/2013/09/27/catalunya/1380289002_458551.html
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no se atreverá a adelantar elecciones por temor a un desastre
el caso bárcenas
Anticorrupción considera esta diligencia “impertinente, inútil y perjudicial” para la investigación del 'caso Bárcenas'
FUENTE:http://politica.elpais.com/politica/2013/09/27/actualidad/1380280557_552398.html
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El comercio agrava la caída de las ventas en agosto con una contracción del 4,5%
El sector acumula más de tres años consecutivos con tasas negativas sobre los ingresos
Las ventas del comercio minorista a precios constantes —eliminado el
efecto de la inflación— y corregido del efecto calendario cayeron en
agosto el 4,5% respecto al mismo mes de 2012, con lo que este indicador
encadena 38 meses a la baja, según los
datos publicados este viernes por el Instituto Nacional de Estadística (INE).
En lo que va de año, la facturación del sector acumula un descenso
medio del 6,2 %, según los datos del INE, de los que se desprende que el
retroceso de las ventas de agosto supera en un punto porcentual al
registrado en julio (3,4%).
Además, el empleo en el comercio minorista bajó el 1,9% frente a
agosto de 2012 y sumó 61 meses, más de cinco años, consecutivos de
caídas. En el acumulado del ejercicio, el sector ha destruido el 2% del
empleo.
Por segmentos, las ventas en gasolineras caen un 4,8%, en
alimentación retroceden un 2,3%, porcentaje similar a la caída sufrida
en equipo personal. Sin embargo, los mayores descensos se dan en
equipamiento para el hogar, del 15,8%, y otros bienes, del 6,9%. Una vez
descontados los efectos estacionales y de calendario, las caídas son
del 4,9% en tiendas, del 7,5% en pequeñas cadenas y del 11,1% en grandes
superficies. En grandes cadenas crecen el 0,5%.
Por autonomías, las ventas sólo subieron en las Islas Baleares (3,2%)
y en Canarias (2,7%), comunidades que se encuentran entre las que más
turistas reciben. Castilla León, con un retroceso del 9,2%; País Vasco
(8%) y Aragón (7,7 %), registraron los descensos más abultados.
El empleo sólo creció en Baleares (1 %), Canarias (0,9%) y Valencia
(0,7%), en tanto que en La Rioja se mantuvo estable. Los mayores
recortes se dieron en la Comunidad de Madrid (5,7%), donde el turismo
internacional ha bajado en agosto 22,2% y los comercios pueden abrir con
total libertad.
FUENTE:http://economia.elpais.com/economia/2013/09/27/agencias/1380266513_751885.html
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stás en:
20 millones de pérdidas en los últimos cinco años
Justifica el cierre en el
«devastador» efecto que tuvo para la empresa la entrada en vigor de la
Ley de medidas de sostenibilidad energética
Cumpliendo lo que anunció el martes a la Comisión Nacional
del Mercado de Valores (CNMV), Sniace está haciendo llegar las cartas
de despido a los 533 trabajadores de la plantilla. En la misiva
justifica la rescisión de contratos por causas objetivas de naturaleza
económica y dice que el ERE de extinción para toda la plantilla se
produjo como consecuencia del «devastador» efecto que tuvo en la
compañía la entrada en vigor el 1 de enero de la Ley de medidas de
sostenibilidad energética. Además, explica a los despedidos que ni
siquiera tiene «caja» con la que hacer frente a las indemnizaciones (20
días por año trabajado).
La carta de despido (seis folios escritos por las dos
caras) es enviada a los trabajadores mediante un burofax. En ella, el
coordinador de la dirección, Miguel Gómez de Liaño, dice que lamenta
tener que poner en conocimiento de los trabajadores la decisión de la
empresa de proceder a la extinción de su relación laboral mediante un
despido motivado por «causas objetivas de naturaleza económica».
Gómez de Liaño explica que es un hecho de «notorio
conocimiento» que el grupo empresarial, formado por Sniace, Viscocel y
Celltech, presentó el citado expediente de regulación de empleo el 19 de
agosto, finalizando sin acuerdo las negociaciones con el comité el
pasado lunes. Añade que «esa realidad» supone que la empresa haya tenido
que comunicar su decisión de proceder a la extinción de los 533
contratos de trabajo. El coordinador de la dirección deja claro en la
misiva que la decisión alcanza, sin distinción alguna, a la totalidad de
la plantilla «ante la inviabilidad de proseguir con la actividad».
Sniace ofrece a los trabajadores la posibilidad, que ya
tuvo el comité de empresa, de acceder a la documentación «acreditativa y
justificativa» del cierre. No obstante, en la carta explica de forma
resumida las causas económicas que justificaron el ERE y cómo la entrada
en vigor de la referida Ley tuvo un efecto «devastador» en las cuentas
de la compañía, cifrando el incremento de costes entre 8 y 9 millones.
Pérdidas en los últimos años
La dirección reconoce que Sniace ya venía arrastrando
pérdidas, concretamente 20 millones en los últimos cinco años, y afirma
que las nuevas condiciones impositivas del Gobierno, que establecen un
impuesto a la producción eléctrica y otro al consumo de gas, han hecho
que «la supervivencia del grupo en su configuración actual se haya
convertido en imposible».
También hace hincapié en que, de forma adicional al impacto
de la Ley de medidas de sostenibilidad energética, durante los últimos
ocho trimestres, la empresa ha cosechado pérdidas de explotación que
«ascienden a más de 63 millones».
Para finalizar, la compañía explica que los impactos
negativos que en términos de tesorería han supuesto para ella la
paralización de la actividad en Viscocel y la significativa reducción de
la misma en Sniace y Celltech desde el inicio del primer ERE (mediados
de enero), junto con el impacto de las huelgas de mayo y julio, así como
el bloqueo de la financiación por la presentación del concurso de
acreedores (150 millones de deuda), «nos impiden abonar las
indemnizaciones, así como los finiquitos».
«Por lo tanto -concluye Gómez de Liaño-, no es posible
hacer entrega simultánea con esta carta de la indemnización legal de 20
días que la empresa debe abonarle como consecuencia de la extinción de
su contrato de trabajo. Esta circunstancia ya le fue manifestada al
comité de empresa durante la negociación del ERE, debiendo los
trabajadores afectados acudir al Fogasa para reclamar la indemnización.
La carta de despido, enviada ayer de forma masiva a los trabajadores, no
hace alusión ni al proceso negociador con el presidente de Cantabria,
Ignacio Diego, ni a los cambios normativos aprobados por el Gobierno
sobre el 'céntimo verde' y las primas a la cogeneración.
FUENTE:http://www.eldiariomontanes.es/v/20130927/economia/destacados/sniace-dice-siquiera-tiene-20130927.html