ECONOMÍA
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Señala que habrá pérdida de poder adquisitivo
El Consejo Económico y Social pide que se reconsidere la reforma de pensiones
El Consejo Económico y Social (CES) aconseja al Gobierno en su
dictamen sobre la reforma de pensiones que reconsidere la oportunidad de
desligar la revalorización de las pensiones del IPC, puesto que el
nuevo índice de revalorización propuesto acarreará una pérdida del poder
adquisitivo.
El dictamen, aprobado en el pleno del CES, en el que están representados el Gobierno, sindicatos, patronal y organizaciones no gubernamentales, por 43 votos a favor, ocho en contra y tres abstenciones, señala que un índice de revalorización vinculado a los ingresos y gastos del sistema plantea dudas, ya que provocará pérdidas del poder adquisitivo de las pensiones en contextos de crisis como el actual, "que en principio no llegarían a recuperarse".
Respecto al factor de sostenibilidad, dice que no se ajusta "ni en la formulación concreta ni en el plazo previsto para su entrada en vigor" a lo establecido en la Ley 27 de 2011 y critica que la esperanza de vida sea el único parámetro utilizado en su cálculo.
En un principio estaba previsto que dicho factor entrara en vigor en 2027 y la primera revisión se hiciera cinco años después, pero el Gobierno ha propuesto que esté en vigor desde 2014 y se empiece a aplicar en 2019.
Además, el CES muestra su preocupación por los efectos de la "automaticidad" de la aplicación del factor de sostenibilidad, "basado exclusivamente en la evolución de la esperanza de vida".
Por ello, pide que se combine con la evolución de otras variables con incidencia positiva sobre los ingresos, como el empleo, la actividad económica o la participación laboral.
Asimismo, critica la premura de los plazos para la emisión del dictamen, que no ha facilitado un ejercicio de reflexión.
En términos generales, el dictamen considera que es un objetivo "primordial" garantizar la suficiencia de las pensiones y la sostenibilidad financiera. El CES señala que es una obligación contribuir a garantizar la estabilidad del sistema público de pensiones en la actualidad, y también en el medio y largo plazo, "respetando y reforzando los principios de contributividad, equidad y solidaridad intergeneracional".
No obstante, el CES echa en falta una diferenciación entre los retos de carácter coyuntural a los que se enfrenta el sistema y los estructurales relacionados con el envejecimiento de la población.
También pide que dentro del diálogo social y de la comisión del Pacto de Toledo se lleve a cabo una "profunda" reflexión para estudiar alternativas de financiación del sistema que contribuyan a su sostenibilidad y suficiencia. El CES señala que es conveniente que se abran los cauces del diálogo social pertinentes para que por consenso se continúe con el proceso de viabilidad del sistema.
COMENTARIOS DE LOS LECTORES DE ' EL MUNDO '
El dictamen, aprobado en el pleno del CES, en el que están representados el Gobierno, sindicatos, patronal y organizaciones no gubernamentales, por 43 votos a favor, ocho en contra y tres abstenciones, señala que un índice de revalorización vinculado a los ingresos y gastos del sistema plantea dudas, ya que provocará pérdidas del poder adquisitivo de las pensiones en contextos de crisis como el actual, "que en principio no llegarían a recuperarse".
Respecto al factor de sostenibilidad, dice que no se ajusta "ni en la formulación concreta ni en el plazo previsto para su entrada en vigor" a lo establecido en la Ley 27 de 2011 y critica que la esperanza de vida sea el único parámetro utilizado en su cálculo.
En un principio estaba previsto que dicho factor entrara en vigor en 2027 y la primera revisión se hiciera cinco años después, pero el Gobierno ha propuesto que esté en vigor desde 2014 y se empiece a aplicar en 2019.
Además, el CES muestra su preocupación por los efectos de la "automaticidad" de la aplicación del factor de sostenibilidad, "basado exclusivamente en la evolución de la esperanza de vida".
Por ello, pide que se combine con la evolución de otras variables con incidencia positiva sobre los ingresos, como el empleo, la actividad económica o la participación laboral.
Asimismo, critica la premura de los plazos para la emisión del dictamen, que no ha facilitado un ejercicio de reflexión.
En términos generales, el dictamen considera que es un objetivo "primordial" garantizar la suficiencia de las pensiones y la sostenibilidad financiera. El CES señala que es una obligación contribuir a garantizar la estabilidad del sistema público de pensiones en la actualidad, y también en el medio y largo plazo, "respetando y reforzando los principios de contributividad, equidad y solidaridad intergeneracional".
No obstante, el CES echa en falta una diferenciación entre los retos de carácter coyuntural a los que se enfrenta el sistema y los estructurales relacionados con el envejecimiento de la población.
También pide que dentro del diálogo social y de la comisión del Pacto de Toledo se lleve a cabo una "profunda" reflexión para estudiar alternativas de financiación del sistema que contribuyan a su sostenibilidad y suficiencia. El CES señala que es conveniente que se abran los cauces del diálogo social pertinentes para que por consenso se continúe con el proceso de viabilidad del sistema.
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